· El Ministerio de Economía dio el visto bueno para que se pueda cancelar anticipadamente la venta del 10% de las acciones de Edesur, correspondientes al Programa de Propiedad Participada (PPP) del personal de la distribuidora eléctrica. El paquete accionario de los empleados tiene un valor de $95 millones, y en caso de no haber acuerdo con Endesa o Pérez Companc (que tienen el 51% de la distribuidora), llamarán a una licitación internacional.

· El bono para refinanciar las deudas de las Pymes acercará financiamiento al Estado por unos $ 300 millones, debido a que el Tesoro no asumirá los riesgos de incobrabilidad que si lo harán los bancos. Según lo acordado, el Estado garantizará las deudas con un bono tipo Brady sólo a aquellas empresas que pacten a 15 o 20 años, pero no en plazos más pequeños. El Tesoro percibirá en efectivo el 10% del valor nominal antes de que se apruebe la refinanciación, en tanto que los intereses los tendrá que recibir el banco, que asumirá los posibles riesgos de incumplimiento, ya que seguirán siendo sus clientes. El tope máximo a refinanciar por entidad será de $200.000.

· El Poder Ejecutivo anunció un proyecto de reformulación del sistema previsional, que recortará gradualmente la Prestación Básica Universal (PBU) en mayor proporción para quienes perciban haberes más altos. Otras modificaciones anunciadas son un aumento en las jubilaciones mínimas en $50, topes para las jubilaciones de privilegio y cambios graduales en la edad jubilatoria de las mujeres (a razón de seis meses por año) para llegar a 62 años en el 2004.

· A partir de un decreto del Poder Ejecutivo se dispuso la suba en las primas de los seguros accidentales de trabajo en un 40%, mientras que el monto máximo por fallecimiento subirá a $ 180.000 (de los $110.000 fijados actualmente), de los cuales $50.000 deberán pagarse en efectivo. Como contrapartida, el Ministro de Trabajo prometió a los ejecutivos de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) mantener cerrado el listado de enfermedades profesionales.

· La empresa Metropolitano fue la única empresa que elevó una propuesta técnica al Ente Nacional Administrador de Bienes Ferroviarios (Enabief) para obtener la concesión por 20 años de la terminal ferroviaria de Plaza Constitución, terminal del ramal Roca. La inversión rondará los us$ 13 millones.

· La Unión Europea donará us$ 3 millones para promover el desarrollo de la pequeñas y medianas empresas argentinas, mediante un convenio que se firmará con la Secretaría de Pymes. Los fondos serán destinados al proyecto de Desarrollo Regional y Reforzamiento de las Estructuras de Apoyo a las Pymes argentinas, que recibirá además us$ 1.500.000 del Estado Nacional.

· La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Convertibilidad Fiscal que establece topes en el gasto público en función de la evolución del PBI, con el objetivo de llegar al año 2002 con "déficit cero". El proyecto establece además que el déficit fiscal no deberá superar 1,7% del PBI en el 99, 1,3% para el 2000, y 0,6% en el 2001.

· La empresa Autopista del Oeste anunció su llegada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de esta forma abrirá el 49% de su capital en la búsqueda de $100 millones. Como líderes de la colocación actuarán los bancos Río/Santander, el Galicia y el BBV Banco Francés, los mismos que financiaron hace cinco años la construcción de la autopista, que corre desde General Paz hasta Luján.

· Ante la declaración del estado de "emergencia económica y financiera" de las prestaciones médicas y sociales que brinda el PAMI, el Gobierno cerró la negociación de un crédito por $200 millones para cubrir el bache financiero que arrastra la obra social desde enero, y que además genera un déficit mensual de $40 millones.

· El flamante gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, firmó un decreto para rebajar un 30% los impuestos provinciales (inmobiliario urbano y rural y los ingresos brutos en beneficio de pequeñas empresas) y fijar una moratoria general. También por un decreto elevó a consideración de ambas cámaras una rebaja del 30% en los salarios del gobernador y vice, así como de los ministros y secretarios.

· El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley Federal de Pesca por medio de un régimen con el que se introduce modificaciones al sistema de dominio y administración de los recursos marinos dentro del Mar Argentino, lo que le da mas atribuciones al Gobierno en la determinación de cuotas. Además, detalla los procedimientos para la aplicación de sanciones por infracciones a la legislación.

· La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) firmó el Plan Jerónimo, un programa de renegociación de deudas impositivas y de la seguridad social para PyMes. De esta forma, las deudas inferiores a los $200.000 podrán refinanciarse a 30 meses con un interés de 1,125 mensual, en tanto que las que superen ese monto lo harán en 12 cuotas mensuales con un interés de 1,5 mensual. Se estima que la resolución alcanzará al 80% de las PyMes que enfrentan un fuerte endeudamiento.

· Ante el paro nacional convocado por el sector empresario del transporte automotor de carga contra el pago del impuesto destinado al aumento a los docentes, el Senado aprobó una moratoria en el pago hasta noviembre y su eliminación a partir del 2000. De esta manera, el Poder Ejecutivo se verá obligado a aumentar el próximo presupuesto en $ 700 millones para los docentes. La medida otorga además un premio consuelo a los que pagaron a término con un crédito fiscal de 10% que los particulares podrán descontar de tasas municipales, previo acuerdo de la AFIP con las comunas.

· El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió un préstamo de us$ 73,8 millones al sector privado en la Argentina para la construcción y operación del puente sobre el Río de la Plata que unirá las ciudades de Rosario y Victoria.

· La Comisión de Industria de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen por el cual se proponen modificaciones a la ley que rige la actividad de las plantas armadoras de las automotrices en el país. Entre los principales cambios que se impulsan están los de elevar la integración nacional de los vehículos a un 50% del valor total y se fija a las empresas la obligatoriedad de equilibrar su balanza comercial externa.