Algunas reflexiones iniciales sobre la adquisición de YPF por parte de Repsol

Santiago Urbiztondo

La española Repsol realizó una oferta pública por YPF que seguramente le permitirá obtener una posición controlante de la empresa, y ha anunciado que en caso de lograrlo la fusionará con sus otras empresas controladas en el sector (Pluspetrol, Astra y EG3 serían las principales). Este hecho ha generado un repentino acuerdo en la Cámara de Diputados de la Nación para la sanción de una nueva Ley de Defensa de la Competencia (o antimonopolios) donde se prevé el control previo de ciertas fusiones y adquisiciones de gran magnitud, tendiente a impedir las mismas si ello involucra un riesgo para el interés económico general, en particular, por facilitar posibles abusos de posición dominante de mercado. Una cuestión legal todavía sin clarificar es si, aún cuando se sancione inmediatamente la Ley, la misma sería aplicable en relación a un proceso de adquisición ya iniciado durante el mes de Abril.

El propósito de esta nota es presentar un análisis preliminar de las cuestiones más relevantes en la operación comercial de referencia desde el punto de vista de la política de defensa de la competencia. Como resultado de este análisis surge la presunción de que el foco de mayor atención debe estar en el mercado del gas natural, y que en ese sentido la ley actualmente vigente es idónea para lidiar con eventuales conductas nocivas a la competencia tanto al presente como futuras, al tiempo que aún si la nueva legislación no pudiese aplicarse en ocasión de la adquisición y fusión de YPF-Repsol la misma podría subsanar conductas violatorias de la misma ex-post. En otras palabras, el caso Repsol-YPF no justifica ni requiere apuros legislativos que induzcan los errores e inconsistencias que contiene la redacción de la nueva legislación: la legislación actual permite medidas de defensa de la competencia que reducen significativamente los problemas que la operación generaría sobre el funcionamiento de los mercados.

• YPF tiene posición dominante en el mercado del crudo y también en la producción de gas natural: produce 40% del petróleo y 34% del gas natural en la Argentina. Repsol, por intermedio de Pluspetrol, Astra y EG3, produce aproximadamente el 10% en cada caso (una situación similar ocurre con las estaciones de servicio y refinerías). De esta manera, las participaciones post–adquisición y fusión oscilarían entre el 45% y el 50% de la producción de petróleo y gas natural.
• El precio del petróleo –correctamente medido, esto es, sin impuestos y considerando "productos similares"– es algo mayor en la Argentina que en EE.UU. –entre 5% y 20% dependiendo del tipo de nafta y de la evaluación a nivel mayorista o minorista "full service"–.
• El precio del gas en boca de pozo ha aumentado significativamente (25%) desde 1993, pero en 1995 era sólo el 50% de los valores correspondientes al Reino Unido, Alemania y Francia y un 25% inferior al de EE.UU.
• Desde 1986 la producción total de petróleo aumentó 95%, mientras que la producción de gas natural aumentó un 100%. Desde 1993 los aumentos respectivos fueron del 42% y del 45%, mientras que en este último período YPF aumentó su producción 49% y 4% respectivamente, sacrificando una importante participación del mercado en este último caso (del 47% al 34%). Al mismo tiempo, mientras las reservas comprobadas de petróleo aumentaron 17% desde 1986, las reservas comprobadas de gas natural aumentaron sólo un 2% (considerando el período desde 1989, por ejemplo, las variaciones de reservas comprobadas fueron del 21% y del –8% respectivamente).
• Puesto que se observa una reducción de las reservas del gas respecto de las de petróleo, no puede descartarse alguna (o varias) de las siguientes alternativas: i) la extracción de gas ha requerido incorporar pozos más costosos; ii) los requerimientos ambientales que ordenan la reducción del venteo del gas implican costos de extracción crecientes; iii) la exploración de gas no resulta suficientemente atractiva a los precios vigentes; iv) los proyectos de exportación a países vecinos representan un crecimiento en la demanda futura que anticipa un aumento de precios en función de las restricciones de oferta existentes. En cualquiera de estos casos, la evidencia sería consistente con algún incremento en el precio del gas aún en un mercado perfectamente competitivo por cuanto el crecimiento de la producción implicó (o implicará) costos de extracción crecientes o bien las mayores inversiones de exploración requieren precios más atractivos. En ese sentido, no es posible saber cuán competitivo ha sido el mercado antes de cuantificar la importancia de estos aspectos. Por otra parte, la comparación con el precio inicial es informativamente muy limitada ya que el mismo difícilmente pueda considerarse "de equilibrio" (los precios del gas de YPF estatal estaban subsidiados en los 1980s y posiblemente también en 1993).
• Hay distintos indicadores indirectos para estimar el grado de competencia en el mercado (mayorista) de gas natural, entre ellos los siguientes: 1) la constancia en las participaciones de mercado de las distintas empresas y el movimiento de productores en cuanto a la entrada y salida del mercado; 2) la evolución del grado de concentración (evolución del HHI) para medir el eventual incremento de competencia; y 3) comparaciones internacional con países donde hay abundancia del recurso. Todos son indicadores imperfectos pero son indicios al fin, y en su conjunto arrojan esperanzas al menos en cuanto al potencial competitivo del sector: 1) la participación de YPF en la producción cayó del 47% al 34%; 2) el índice HHI de producción de gas natural (construido como la suma de las participación del mercado elevadas al cuadrado, alcanzando valor 1 para un monopolio y un valor 0,2 en caso de haber cinco empresas de igual tamaño cada una, por ejemplo) pasó de un valor de 0,187 en 1993 a 0,166 en 1998 (vgr., disminuyó un 11% en el período); y 3) los precios son muy bajos respecto de algunos países y son razonables al compararlos con otros donde el recurso es abundante.
• YPF comercializa gas de terceros (productores menores) como resultado de contratos de largo plazo heredados de la etapa previa a la privatización, alcanzando una participación total de 61,6% en las ventas aproximadamente (el HHI de ventas es 0,4, indicando una concentración sólo algo inferior a la de un duopolio dimétrico). De esta forma, la fusión con las empresas de Repsol elevaría este porcentaje por encima del 70% (con un HHI en ventas superior a 0,5), sin dudas sumamente elevado.

La mayor concentración en un mercado es potencialmente dañina para el interés económico general si existen condiciones que permitirían abusar del poder de mercado (esto es, si el mercado no es suficientemente "desafiable"). Desde esa perspectiva, el petróleo es un bien comerciable internacionalmente y las limitantes son mayormente de corto plazo y están dadas eventualmente por restricciones en la capacidad de almacenamiento y cierta logística en estaciones de servicio. En consecuencia, más allá de reacomodamientos que seguramente se verificarán dentro del sector, la operación no debería presentar graves problemas, y el desprendimiento de algunas estaciones de servicio y alguna destilería por parte de Repsol debería prima facie considerarse suficiente resguardo en defensa del interés económico general que tutela la Ley de Defensa de la Competencia.

El gas, en cambio, no es un bien comerciable internacionalmente más allá de la región y sujeto a las restricciones que plantea la red de transporte. Por lo tanto, existe riesgo cierto de abuso de posición dominante o colusión entre productores y en ese sentido el examen del funcionamiento del mercado antes de la operación comercial Repsol-YPF está plenamente justificado desde el punto de vista económico.

Sin embargo, a partir de los datos anteriormente resaltados, puede observarse que la concentración en la producción de gas natural post–adquisición y fusión, si bien no sería despreciable, no alcanzaría al 50% y eso es menos que lo que hoy comercializa YPF (61%).

Surge así claramente que el potencial problema de excesiva concentración en el mercado es independiente de la operación de Repsol: YPF actúa como un "agente de ventas común" en la comercialización de gas y no resultan obvios los justificativos de eficiencia productiva asociados –la venta conjunta por parte de productores menores puede contener alguna justificación en términos de eficiencia, pero este no parece ser el caso de YPF– y a que dicha conducta puede constituir un mecanismo de cartelización para lograr obtener mejores precios por el gas para YPF, para los pequeños productores que le ceden a ella la comercialización de su producto y también –aunque sin proponérselo– para los competidores.

Por lo tanto, antes de cuestionar la operación Repsol-YPF, una medida a adoptar en caso de comprobarse el eventual abuso de la posición dominante de YPF al presente o bien anticipar como muy probable el abuso de la posición dominante post–adquisición por parte de Repsol, que está al alcance de la legislación existente, es evitar la coordinación de las ventas de los productores por intermedio de la comercialización conjunta del gas (cuanto menos, este debería ser el foco de análisis inicial). Debe recordarse que los contratos entre privados, como los son los contratos entre los productores menores e YPF, más allá de los términos en que benefician a cada una de las partes, pueden ser objetables en tanto afecten negativamente el interés económico general.

En lo que se refiere al proyecto de Ley aprobado el 19 de Mayo por la Cámara de Diputados, finalmente, su art. 46 prevé que si el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (TNDC) detecta una empresa que realiza actos anticompetitivos o abusa de su posición dominante o haya adquirido posición monopólica u oligopólica violando dicha ley, puede pedir la división de la misma ("divestiture") al Juez competente, de forma tal que en el futuro podrían realizarse pedidos del TNDC de división de empresas en cualquier actividad (al menos si no están sujetas a una regulación directa), cualquiera sea el motivo por el cual estas empresas son dominantes, mientras abusen de su posición o hayan adquirido la misma por medio de prácticas prohibidas. Eventuales penalizaciones a conductas de este tipo, tanto para Repsol como para otras empresas, deberían ser una amenaza suficiente en resguardo del interés económico general.