Reconocer las restricciones

Daniel Artana

Tal cual como anticipáramos desde FIEL hace unos meses atrás, los sucesos de las últimas semanas han comenzado a confirmar algunas debilidades de la economía argentina. En la competencia política hacia las elecciones de Octubre varios de los referentes principales de los partidos políticos parecieron olvidar que los problemas macroeconómicos de la Argentina no están resueltos. Se recomendó que en lugar de recortar el gasto había que aumentar el endeudamiento, se habló de extender la cobertura de programas sociales sin especificar el origen del financiamiento, se habló de reestructurar la deuda de acuerdo a lo que el país pueda pagar, e incluso se coqueteó con la salida de la convertibilidad para mejorar la competitividad.

La fortaleza de la Argentina para resistir un ataque especulativo es indudable. Se destacan la solidez del sistema financiero y la cobertura anticipada de los próximos vencimientos de deuda pública nacional. Lo que está en discusión es si la incertidumbre profundiza la recesión.

La economía argentina durante la Convertibilidad ha sido capaz de crecer a tasas muy elevadas y estabilizar el nivel general de precios. La enorme transformación de la economía fue ayudada por varios factores: una economía brasileña en buen crecimiento, y sobre todo por la posibilidad de endeudarnos externamente y de aumentar el gasto público a un ritmo vertiginoso en parte financiado con un crecimiento espectacular de la deuda pública. Entre 1994 y 1999 la deuda de los gobiernos nacional y provincial ha crecido de 32% del PBI a 42%, la carga de intereses ha crecido a casi 3% del PBI (y si la medimos por la tasa marginal que pagamos sería todavía mayor llegando a 4% del PBI). En todo este período, independientemente de la tasa de crecimiento de la economía y la mejora en la recaudación tributaria, fuimos incapaces de generar un superávit fiscal primario consolidado que llegara a 1% del PBI. Aún en épocas de buen ritmo de crecimiento se dió este resultado (déficit primario de Nación y provincias de 0.3% en 1994 y superávit primario de 0.5% y 0.6% en 1997 y 1998). En otras palabras, durante las recesiones el sector público mantuvo su gasto y aumentó la deuda pública (lo cual tiene alguna lógica), pero en los momentos de alto crecimiento siguió gastando y endeudándose.

Esta estrategia tiene un límite natural cuando la deuda pública alcanza niveles altos. Este es precisamente el caso de la Argentina. Lo relevante no es mirar la deuda con relación al PBI, sino evaluar cúan grande es con relación a los ingresos del sector público. El cuadro No. 1 muestra nuestra debilidad. La deuda de la Nación y las provincias es algo más del doble de la recaudación, y además sucesivos fallos judiciales la continúan incrementando más allá del crecimiento que causa el déficit fiscal. La mayoría de los países del gráfico tienen indicadores mejores que la Argentina, incluso nuestro vecino Brasil. Además, los que aparecen con un cociente peor que el nuestro han realizado recortes de deuda enormes en los últimos años y se prevé que continúen en este camino (por ejemplo, según los estudios de la OECD, entre 1997 y el año 2000 la deuda de Bélgica caería 10% del PBI, la de Canadá 13.5%, la de Italia 6.5%, la de Grecia 5%, y la de Portugal 7%; sólo Japón empeoraría su relación, pero a partir de un enorme exceso de ahorro en el sector privado).

Las cifras externas de la Argentina también muestran una debilidad. La relación deuda externa exportaciones es la peor de los países emergentes que muestra el gráfico 2. Es cierto que este cociente es sólo indicativo porque en un país con Caja de Conversión lo relevante es la capacidad del estado de resolver su problema fiscal, pero las calificadoras de riesgo lo utilizan y le asignan una gran importancia para definir el riesgo país.

Dadas nuestras debilidades fiscal y externa la posibilidad de continuar con el festival de gasto público financiado con endeudamiento ha llegado a su fin. Aún cuando la economía se recupere el crecimiento en la recaudación que ello generaría nos dejaría con un superávit primario insuficiente para mostrar una mejora en la solvencia del sector público. No hay otra posibilidad que ajustar al fisco. Esto requiere de una decisión firme de los parlamentos de la Nación y de las provincias. No basta con aprobar la ley de convertibilidad fiscal y la reforma a la coparticipación federal de impuestos sino que es necesario reducir el gasto. El problema es que las propuestas de un buen número de los dirigentes políticos parecen apuntar en sentido contrario. Afortunadamente es relativamente sencillo hacer el ajuste porque las pérdidas de recursos que originan las promociones a sectores de altos ingresos, y la enorme ineficiencia de numerosas partidas de gasto público permiten recortar el gasto. Lo que falta es la decisión de hacerlo y esa es la principal incógnita que el futuro gobierno deberá encargarse de resolver. ¿Se continuará con los privilegios presupuestarios o se focalizará el gasto en los sectores más necesitados de la sociedad? Ya no hay espacio para el derroche y la ineficiencia que caracterizan a numerosas partidas presupuestarias de la Nación, las provincias y los municipios.

Ante este panorama puede aparecer la tentación de encontrar salidas facilistas. La primera, que mantiene las reglas de juego macroeconómicas pero que no es efectiva, es aumentar los impuestos. Este ha sido el camino seguido durante los últimos años, pero que no puede repetirse por la alta presión nominal que enfrentan hoy quienes cumplen con sus obligaciones fiscales. La mejora en la recaudación producto de la reducción de la evasión debería ser utilizada para rebajar las alícuotas que son altísimas para un país del nivel de desarrollo de la Argentina (casi 30% de IVA cuando se suman a este impuesto las tasas provinciales y municipales de impuestos a las ventas de las empresas, y alrededor de 40% de impuesto marginal a las ganancias cuando se suma a la tasa de este impuesto la de Bienes Personales convertida en el equivalente sobre flujos; alta imposición al uso de trabajo; impuestos sobre los vehículos de más de 4% de su valor y sobre las propiedades de casi el 1%; elevada la tributación especial sobre combustibles y cigarrillos con relación a otros países, y un altísimo nivel de aranceles aduaneros para los bienes de consumo durable).

Otras variantes escapistas se insinuaron a fines de mayo. Reestructurar la deuda o salir de la convertibilidad. Es cierto que los ajustes deflacionarios son traumáticos, pero no es menos cierto que no hay experiencias exitosas de devaluaciones en economías bimonetarias como la Argentina.

En materia de default la tragedia económica de los ochenta nos enseñó bastante. Por ello, es más productivo olvidarse del tema y encarar el problema de otra manera. Lamentablemente, la posibilidad de ayudar a la reducción de costos que debe encarar el sector privado con rebajas de impuestos está limitada a lo que pueda reunirse reduciendo el gasto público, porque aumentar todavía más la deuda estatal no parece disponible.

La reestructuración voluntaria de la deuda pública ha sido realizada exitosamente por el Ministerio de Economía durante los últimos años. Si se pensó en continuar con esta política debió haberse dicho así; porque sino la sensación que se deja es que lo que se tiene "in mente" es una reestructuración forzosa. Una decisión en este sentido sería una catástrofe para la Argentina; de corto plazo porque se evaporaría la entrada de capitales y ello provocaría una profunda recesión; de mediano plazo porque aumentaría el riesgo país tal cual demuestran las experiencias de Rusia en 1998 y de nuestro país en 1982 y 1988.

Nuestros dirigentes deben reconocer que no hay salidas fáciles. Llegó la hora de la eficacia en la gestión pública y ello requiere de una convicción que hasta ahora no han sido capaces de demostrar. Un mensaje en este sentido en la elaboración del presupuesto nacional y los de las provincias, junto con las reformas a la coparticipación federal de impuestos y la ley de Convertibilidad Fiscal y una efectiva desregulación laboral ayudarían a convalidar que mantendremos el rumbo de la economía. Puede parecer difícil pero la experiencia internacional y nuestra historia nos marcan que no hay otro camino posible.