Síntesis Nacional
Repsol lanzó una oferta de compra en efectivo de la totalidad de las acciones de
YPF, en lo que constituye la mayor oferta de adquisición de una empresa argentina. Los
españoles están dispuestos a pagar u$s 13.437 millones (u$s 44,78 por cada acción, un
25,4% superior al precio de mercado) por el 85,01% de las acciones que no le pertenecen en
la actualidad. Para financiar la operación, la empresa acudió a un sindicato de bancos
dispuestos a entregarle hasta u$s 15.500 millones y diseña una ampliación de capital por
u$s 5.000 millones. Repsol anunció que piensa impulsar la marca en Latinoamérica y
esperan aumentar un 50% la cantidad de bocas de expendio para el 2002. En tanto, en YPF
decidieron tomarse un tiempo antes de aceptar y resolvieron solicitar a una consultora
internacional una evaluación más profunda que sirva de respaldo de la opinión que deben
presentar a los accionistas.
El Poder Ejecutivo dispuso una baja inicial del gasto público comprometida con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) en unos $ 520,5 millones. Economía era la cartera que
más cedía, con $ 369 millones, seguida Presidencia, con $ 267 millones, y Educación con
$ 164 millones. La baja que apareció detallada en el decreto surgía de la aplicación de
una reducción total de partidas por $ 1.055,5 millones y un refuerzo para dos áreas: el
Ministerio de Trabajo ($ 94 millones) y para el pago de intereses de la deuda ($ 519
millones). En desacuerdo con el recorte presupuestario a su cartera, la ministra de
Educación, Susana Decibe, presentó su renuncia y fue reemplazada por el ex-viceministro
Manuel García Solá. Por otra parte, y en protesta por el ajuste, la Federación
Universitaria Argentina (FUA) organizó una toma de facultades en las 35 universidades
nacionales del país. Finalmente, en el pico de protesta docente y luego de que el
Gobierno soportase críticas de todo el espectro político, la Cámara de Diputados
decidió dar marcha atrás y obligar al Ministro de Economía a reducir el ajuste en $ 350
millones. Además del recorte educativo, el Congreso repuso partidas para los jubilados, e
impidió reasignar fondos de Educación, Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Por otra
parte, se anunció desde el Gobierno que no habrá veto, ya que la medida fue
"previamente consensuada".
El Gobierno anunció que se implementará una reducción del 25% del peaje para el
sector agropecuario, específicamente para los granos. Según explicó Economía, las
empresas concesionarias sólo pondrán su colaboración para llevar adelante el control en
los puestos de peaje, pero el total del subsidio saldrá del Presupuesto Nacional.
Se canjearon 10 títulos de la deuda publica de la Argentina (los Bocon
previsionales en pesos y e dólares, los Bocon proveedores, el Eurobono en pesos 2002, los
Brady FRB, los Bonos de tasa variable BTVA en pesos y en dólares, y los Bote 10) por los
Bonos del Tesoro (Bontes) con vencimiento en los años 2001 y 2004, por un monto de 20.000
millones de dólares de valor nominal. Como la operación es por el valor de mercado, esto
le permitirá al Gobierno reducir el monto de la deuda que se mide en valor nominal.
El Ministro de Justicia presentó un proyecto de ley para la regulación de los
servicios públicos que establece, entre otras cosas, el derecho de los usuarios a tener
"libre acceso a instrumentos de medición de los consumos" e instaura un
concepto "federal" que reconoce el derecho de las asociaciones de consumidores
de integrar los órganos directivos de los organismos de control.
Frente a la amenaza de una suba en la tasa de desempleo, el Presidente de la
Nación lanzó un "plan de empleo y desarrollo productivo" que consiste en
otorgar subsidios a las empresas pertenecientes a "sectores en crisis". Entre
otras medidas, se encuentra la devolución de cargas sociales para el sector de la
construcción y del agro, y que posteriormente se haría extensivo a otros sectores en
crisis laboral. El objetivo es concretar la creación o mantenimiento de hasta 1,2
millones de puestos de trabajo, para lo cual se destinará recursos por más de $ 600
millones.
Para aliviar la carga financiera de las pequeñas y medianas empresas, el Poder
Ejecutivo instruyó a la Secretaría de la PYME, estudiar una propuesta de
refinanciamiento de la deuda del sector y de un sistema de garantías que permita acceder
a créditos con menores tasas y que no superarían el 10% anual.
Los exportadores brasileños denunciaron "una nueva traba argentina para las
exportaciones de Brasil", a partir de una resolución de la AFIP que establece la
necesidad de una declaración detallada de la mercadería que ingresa a los depósitos
fiscales. El gobierno brasileño presentó un reclamo formal a su par argentino en la
reunión del Grupo Mercado Común (GMC) en Asunción del Paraguay, porque la medida puede
"retardar e inhibir las importaciones".
Con la Resolución General 586, se implementó en el país el Impuesto Automotor,
cuya recaudación ayudará a aumentar los salarios de los docentes. Para consignar el
valor aceptado por el fisco para los vehículos, los propietarios deberán consultar los
listados por marca, modelo y año elaborados por la AFIP. Las alícuotas del impuesto
serán del 1% anual cuando se trate de automotores, motocicletas y motos cuyo valor no
supere los $20.000, en tanto que la alícuota se incrementará a 1,50% para vehículos que
superen el valor de $20.000
El Gobierno bonaerense preadjudicó por más de $ 438,55 millones al grupo
norteamericano Azurix, cuyo principal accionista es Enron, los servicios que presta en 49
distritos la empresa Obras Sanitarias de la provincia. La empresa se hará cargo de
abastecer, entre otros partidos, los distritos de La Plata, Berisso, Ensenada, Bahía
Blanca, Florencio Varela, San Vicente, Bragado, Carlos Casares, Villa Gesell y Dolores.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto que impedía a
jueces y funcionarios del Poder Judicial jubilarse con un haber equivalente a 85% de los
sueldos que percibían cuando estaban en actividad, con lo que se puso de nuevo en
vigencia la polémica por las denominadas jubilaciones de privilegio.
La Cámara de Diputados, cuyos miembros se vieron apremiados por la inminencia de
la venta de YPF a la empresa Repsol, aprobó y giró al Senado el proyecto de Ley de
Defensa de la Competencia. De esta manera, lograron establecer que "los actos
indicados que impliquen la participación de empresas en una cuota igual o superior al 25%
del mercado relevante", deberán ser notificados para su examen previo al Tribunal de
Defensa de la Competencia. Esta medida trata de evitar acciones monopólicas y fusiones
empresarias que tengan como objetivo adquirir una posición dominante en el mercado, y
asimismo prohibir la venta a menos del costo de determinados productos.