El abuso y las causas de la corrupción (1)



Por: José Garriga Picó

Recientemente se ha hablado mucho en los medios de Puerto Rico sobre la corrupción, sus causas y sus posibles soluciones. La idea que se le vende al público es que hay que denunciar un cúmulo de actos de corruptos que impactaron nuestro sistema político en el pasado para encontrar la manera en que se pueda prevenir en el futuro.

Por eso, vale la pena analizar detenidamente las “teorías” que, implícita o explícitamente, se le han ofrecido a la opinión pública sobre el origen y las causas de la corrupción. Así, podremos distinguir lo que es verdadero análisis de lo que son meras agendas políticas.

Para empezar, sin embargo, deseo dejar meridianamente clara mi posición ante la corrupción: repudio totalmente todos los actos de corrupción, pienso que no hay razón política que excuse a los que los lleven a cabo, por lo que es mi deseo y esperanza que todos los corruptos, independientemente de sus convicciones o militancia política, sean procesados por la justicia y cumplan la pena adecuada.

No debe entenderse mi análisis posterior, por tanto, como un intento de justificar los delitos, cometidos o por cometer, por ningún político. Los corruptos, como decía José Candelario Trespatines, “¡a las rejas!”, sean cuales fueren sus “colores”.

Por esa razón, felicito a las diversas instancias de gobierno que a lo largo de los pasados años han legislado y reglamentado contra la corrupción, o perseguido, capturado y procesado a los que se apropiaron o manejaron indebidamente bienes públicos. Incluyo entre esas instancias a la Asamblea Legislativa, La Fortaleza, el Contralor, el Departamento de Justicia, el FBI, la Fiscalía federal y los tribunales locales y federales.

Pero con igual vehemencia censuro a los que, aprovechándose de los actos de los corruptos, elaboran agendas para beneficiarse personal o políticamente de esas situaciones con lo cual pervierten y corrompen los objetivos de las posiciones que ocupan. Sus acciones son aún más censurables cuando se utilizan para perseguir a sus adversarios ya sea mediante las pesquisas al estilo “expedición de pesca” para intimidar inocentes; el procesamiento selectivo para presentar imágenes; la manipulación de la opinión pública mediante filtración de información a la prensa, la actitud de presunción de “culpabilidad por asociación”; o la insinuación por parte de los “investigadores” al presentarse en los medios.

Eso es lo que yo llamo “el abuso de la corrupción”.

Esas acciones, de hecho, pudieran constituir, a su vez, un tipo de corrupción que podría llevar en su día a acciones civiles o criminales contra los “investigadores” si, además de traicionar la confianza del pueblo, abusaran los presupuestos, violaran los derechos civiles o transgredieran de alguna otra forma las constituciones y las leyes que rigen sobre nuestra sociedad.

Dejando establecido lo anterior, comencemos el análisis de las causas de la corrupción desechando aquellas que se han ofrecido. Al expresarse sobre la corrupción algunos toman lo que llamaré “la perspectiva del policía ingenuo”, es decir, que la corrupción es sencillamente el producto de las malas inclinaciones y acciones de ciertas personas, los corruptos. Éstos, a veces, actúan de manera individual pero, generalmente, lo hacen confabulados con otros formando de esa manera organizaciones criminales.

Esta concepción es la apropiada entre las personas encargadas de hacer cumplir la ley y no hay nada malo en ella mientras no se convierta en una manera de perseguir a grupos. Si se usa para la persecución da base a la elaboración indebida de expedientes investigativos (las llamadas carpetas), es decir, la persecución sistemática por razones ideológicas políticas, como por tantos años se hizo contra los independentistas.

Más recientemente la afirmación de que “la corrupción tiene nombre y apellido: Partido Nuevo Progresista” es una expresión clara de persecución política que ejemplifica ese abuso. Sobre todo cuando del récord público surge claramente que ha habido políticos que han abusado de la hacienda pública en todos los partidos.

La intención y el efecto de una frase como ésta, sobre todo si es dicha a mitad de una campaña electoral, tiene que ser de naturaleza político partidista, y el agente de la ley o funcionario del Tribunal que la emita está reconociendo de manera más que implícita una intención selectiva de vigilancia e investigación a un grupo de personas por sus convicciones e identificación política. Esto es abuso, de nuevo, de la corrupción.

Declaraciones como las mencionadas ponen en peligro hasta la propia capacidad del gobierno para procesar exitosamente a personas que hayan cometido crímenes.

Igualmente, podríamos analizar y señalar los conceptos y el ánimo que subyacen al llamado “Blue Ribbon Committee”, es decir, todos los corruptos son de un mismo partido, por lo tanto, tenemos que dedicarnos a investigar exclusivamente a personas de la misma ideología porque sólo esos son sospechosos.

Para legislar de manera que se prevenga la corrupción en el futuro, además, necesitamos un conocimiento más objetivo y científico de lo que promueve la corrupción en nuestro sistema político. A ese examen voy mañana en la segunda parte de esta columna.

Por hoy, baste concluir que en Puerto Rico no podemos permitir que se vuelva a entronizar la costumbre de perseguir política y jurídicamente a las personas por sus ideales o su afiliación política. Recordar las consecuencias nefastas de la historia de la persecución contra los independentistas debe servir como manera de prevenirnos contra presentes y futuros abusos de la corrupción.

El abuso y las causas de la corrupción (2)
Por: José Garriga Picó
11/16/01


Ayer les hablaba de “el abuso de la corrupción”, es decir, cómo algunas personas están explotando ese problema real y trágico para su beneficio personal, profesional o político. En ésta y mi próxima columna presentaré mis consideraciones sobre las causas de la corrupción en Puerto Rico. Más adelante analizaré qué podríamos hacer para prevenirla.

No hay duda que el tema de la corrupción es parte de la Ciencia Política desde los escritos filosóficos de la antigüedad griega. Desde entonces la corrupción ha sido mencionada en la historia como factor contribuyente a la caída de imperios, inicio de revoluciones y causa de toda clase de penurias para las naciones. Ni un solo escrito he encontrado en mi carrera profesional que presente algún beneficio que justifique, aunque sea de manera práctica, la corrupción. Siempre es una lacra para la sociedad.

Si bien todas las naciones han sufrido y sufren este mal, sus causas y expresiones toman formas particulares en cada nación. Por eso, es necesario conocer y entender esas particularidades para detectar su incidencia, castigarla y prevenirla.

Mi interés en esta columna es presentar unas consideraciones sobre las particularidades de los patrones de corrupción en Puerto Rico que puedan ser posteriormente objeto de estudios empíricos sistemáticos basados en una metodología científica.

Podemos clasificar los factores que promueven la corrupción en dos grandes categorías usando unas figuras de los estudios de migración: los de “pull” y los de “push”. Llamare “de pull” a los factores que aunque puedan tener un origen externo, actúan sobre el funcionario internamente impeliéndolo a manejar indebidamente la hacienda pública. Llamaré “de push”. aquellos factores externos que crean un ambiente que facilita o promueve el comportamiento indebido.

Entre los factores de “pull”, a lo largo de los últimos años se distinguen: el aumento vertiginoso en los gastos de campaña, la recaudación de fondos que los niveles centrales de los partidos requieren de sus candidatos y funcionarios del ejecutivo, el ánimo consumista. Entre los factores externos creo que es necesario privilegiar el tamaño del presupuesto gubernamental, la reglamentación excesiva y la burocracia. Veamos éstos en detalle.

En cuanto a los factores de “pull”, es necesario comenzar diciendo lo que tantos ya han dicho antes, que cada día el gasto de correr una campaña política es más apabullante, pero les daré una perspectiva del problema que no he escuchado a nadie señalar.

Muchos de los funcionarios que incurren en corrupción comienzan su carrera criminal con violaciones al código electoral en la recolección y lavado de fondos para sus campañas y las de sus colectividades. Una vez usted tiene “dinero sucio” en sus manos (o en una caja de zapatos) es fácil tomar, sin informar, unos cuantos miles para sus gastos personales, ropa, hoteles, comidas y bebidas sin que por ningún lado aparezca el desfalco.

El funcionario que así patine durante la campaña y gane su posición, al ocuparla poco le importará ser honesto. Bastará evitar que detecten su pifia. Por eso, ahora vemos políticos que a los pocos meses de estar en el cargo ya están señalados por actos de corrupción.

Un segundo factor de “pull” son las contribuciones a los niveles centrales de los partidos que se le requieren tanto a legisladores en busca de la reelección como a funcionarios del ejecutivo. Este factor lleva al tipo de venta de influencias que se han denunciado en las ventas de los llamados CDT a raíz de la reforma de salud.

La cantidad de dinero necesario para satisfacer esas contribuciones hace que los candidatos y funcionarios de la rama ejecutiva dependan de las contribuciones de personas y firmas que tengan mucho dinero. Todo el que tiene capital y hace contribuciones calcula el beneficio que puede recibir posteriormente por su “generosidad”. Hay veces que esas gestiones se quedan dentro de los límites de lo legal pero otras veces lo trascienden convirtiéndose, sencillamente, en venta de influencias.

Interesantemente, hay un tercer factor en que los propios representados pueden ser una fuerza que haga que la corrupción hale al funcionario público. En nuestra sociedad, el ocupar posiciones públicas se toma como un símbolo de éxito, y, el tener una imagen de exitoso es, a su vez, una necesidad para poder aspirar a posiciones públicas superiores. Debido al consumismo prevaleciente, sin embargo, nadie puede proyectar una imagen de completo éxito sin tener más propiedades y gozar de más bienes de consumo y hasta objetos de lujo que el promedio de las personas que representa o sobre la cual gobierna.

Entonces, además del instinto natural de toda persona a desear tener más y mejores cosas para su persona y su familia, los políticos se ven empujados por la realidad de que verse como un “arrancao” es un factor negativo en sus aspiraciones políticas. Lejos está el día en que tener poco capital al momento de ocupar una posición pública y menos aún al completar su término se tomaba como un modelo del buen servidor.

Hoy, los propios electores esperan de sus funcionarios un nivel de éxito personal y de acceso a bienes de consumo para considerarlos buenos funcionarios.

Ante esa realidad, ¿cuántos alcaldes en los pueblos de Puerto Rico han tenido que construir sus casas, a veces mansiones, durante el tiempo que ocupan la poltrona municipal sin poder explicar el origen de los fondos para pagar por ellas?

Ciertamente, hay muchas otras causas que halan a los funcionarios públicos en Puerto Rico, de todos los partidos, a corromperse, pero las anteriores son, en mi experiencia, las más importantes. Mañana analizaré las principales causas que los empujan a eso en la tercera columna de esta serie sobre el abuso y las causas de la corrupción.

El abuso y las causas de la corrupción (3)
Por: José Garriga Picó
11/22/01


En las primeras dos columnas de esta serie, la semana pasada denuncié la manera en que ciertos grupos políticos y algunas personalidades de los medios han manipulado el tema de la corrupción para su beneficio electoral, profesional o pecuniario.

El propósito de este “abuso de la corrupción” para los que están en los medios es ganar “ratings” a través de la histeria que generan con el tema. Para otros, ese abuso promueve sus carreras como “perseguidores de corruptos”. Más allá, están los que abusan para su beneficio político electoral. Así no se combate la corrupción. Más bien se corrompe aún más la misión del servicio público y de la prensa.

Es claro, sin embargo, que si lo que se desea es buscar soluciones a este mal real, es necesario estudiar las causas o factores que generan la corrupción de tal manera que se pueda legislar y tomar otras acciones para reducir sus efectos.

En mi última columna distinguí entre los factores de “pull” y de “push”. Consideré los más importantes factores de “pull”, los que impelen desde adentro al funcionario público a corromperse, destacando el costo de las campañas políticas, las contribuciones que les requieren los partidos, y la presión sobre los funcionarios de poder mostrar éxito material ante su base política.

Paso hoy a otros factores que llamaré de “push”, los que empujan desde afuera a los funcionarios a la corrupción.

Para poder comprender las bases de la corrupción es necesario entender no sólo las fuerzas que mueven al que se corrompe sino, además, las que mueven a la parte que la paga, los corrompedores. Aplica aquí, “mutatis mutanda”, la famosa estrofa de Sor Juana Inés de la Cruz: “¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga o el que paga por pecar?” ¿Quiénes son un mayor peligro para nuestro sistema de gobierno, los funcionarios que se corrompen o las personas y compañías que promueven esa corrupción? ¿Cuándo será más intensa la persecución, y severo el castigo, para los corrompedores que para los corrompidos? De hecho, pudiera parecer que los medios ponen todo el énfasis en la responsabilidad de los funcionarios públicos con el propósito de opacar la de los que, desde afuera, se benefician de ella.

Esos corrompedores externos, a su vez, están movidos, además de por su falta de moral, por unos factores administrativos entre los cuales es necesario destacar: el abultado presupuesto del gobierno, la excesiva reglamentación y la burocratización de los procesos administrativos.

El presupuesto del Gobierno de Puerto Rico de sobre $20 billones es miel para los contratistas del sector privado, y, dónde hay miel hay moscas. Ganar una subasta del gobierno para, por ejemplo, venderle millones de dólares en computadoras a las escuelas, o en comida para los comedores escolares, para hacer una carretera o un edificio gubernamental, etc., puede hacer que una compañía sea exitosa o que una persona sea rica el resto de su vida.

Igualmente pingües, por ejemplo, son las ganancias que pueden obtenerse de los anuncios que el gobierno tiene que publicar en los medios. Tantos son los beneficios que pueden obtenerse de los contratos del gobierno que aún compañías poderosas e individuos muy ricos a veces tratan de obtenerlos corrompiendo funcionarios públicos o mediante la manipulación indebida de diversos aspectos de la gestión pública.

Una segunda área que genera fuerzas para la corrupción es la excesiva reglamentación del gobierno de la actividad económica y empresarial. Como recientemente ha aceptado la Gobernadora al volver a proponer los llamados procesos “fast track” que antes denunció, la excesiva reglamentación puede impedir y hasta imposibilitar ciertas actividades económicas beneficiosas e, indirectamente, puede promover la corrupción.

Muchas de las peticiones que los funcionarios públicos reciben de líderes del sector privado para que les den unas “ayuditas” para mover tal o más cual proyecto se deben a la reglamentación innecesaria y, a veces hasta abusiva, aún cuando muchas veces es ineficiente para lograr los supuestos objetivos por los que se reglamenta.

La “burocratización” es un tercer elemento relacionado que genera en muchas personas deseos de encontrar “maneras creativas” de aliviar la pena, la espera y las pérdidas económicas que causan trámites burocráticos y la cultura de la abulia y el “venga mañana, temprano por la mañana” que exhiben muchos empleados en las agencias de gobierno. Obviamente, muchas veces esos esfuerzos creativos conllevan “tratar de manera especial” a las personas de la burocracia que están encargadas de completar el trámite.

Esa clase de corrupción de la que todos hemos escuchado hablar se ha denunciado desde los niveles más bajos, como alguaciles en los tribunales (que pueden salvarlo de estar una mañana sentado en un banco del tribunal), u oficiales de la sección de pagos en Hacienda (que le sacan un cheque de la gaveta en que está durmiendo), hasta los más altos niveles que consiguen tasas preferenciales al contratar con el gobierno (para, por ejemplo, construir y operar un parking) o dispensas de la reglamentación en momentos críticos, la aprobación de legislación que dé unos beneficios o facilite trámites para los adinerados (como las amnistías contributivas).

Todos estos factores impactan nuestra administración pública de manera nefasta. Los esfuerzos que de verdad busquen combatir el mal de la corrupción prospectivamente deben abandonar las concepciones de “el policía ingenuo” y de “el perseguidor político” para lidiar de manera productiva con la corrupción. Si no se hace así, sólo se estará dando espacio para que germinen y florezcan nuevos corruptos a quienes les llegó ahora la oportunidad de robar.

En próximas columnas abordaré el tema de los valores cambiantes de la sociedad y su impacto sobre el clima de la administración pública y haré recomendaciones sobre maneras efectivas de combatir el abuso y las causas de la corrupción.

El abuso y las causas de la corrupción (4)
Por: José Garriga Picó

El incremento en los casos de corrupción que en estos días y desde hace unos años hemos visto se debe, de manera cercana, a los factores que señalé en mis tres columnas anteriores.

Definí factores de “pull” entre los que destaqué el costo de las campañas políticas, las contribuciones que el nivel superior de los partidos les requieren a los candidatos locales y, en fin, la presión que el ánimo consumista pone sobre los funcionarios públicos, sobre todo los electivos, para mostrar éxito material ante su base política.

Entre los principales factores de “push” que promueven la corrupción identifiqué el abultado presupuesto gubernamental al presente, la reglamentación retardataria e ineficaz que pesa sobre las operaciones del sector privado, y, el excesivo burocratismo.

Debo admitir, sin embargo, que mi argumento es limitado pues, si un individuo tiene una constitución moral robusta, ninguno de estos factores debe obligarlo a incurrir en actos de corrupción.

El problema de la corrupción no es principalmente una falla del sistema político sino que, en última instancia, es reflejo de un profundo fracaso de nuestro sistema moral.

Las instituciones religiosas de nuestra sociedad han fracasado totalmente en su misión moralizadora, o, se han dedicado a otras cosas en vez de enseñar los fundamentos de la moral personal, o ambas. Este es el primero de los factores de largo plazo de la corrupción.

En un plano secundario, pero en este mismo sentido, han fallado las familias y las escuelas, sobre todo las primarias, que han sido incapaces de moldear individuos de carácter incorruptible.

Sobre el fracaso de las religiones, cultos e iglesias no hay nada que podamos hacer desde una perspectiva pública pues, los principios de libertad religiosa y separación de iglesia y gobierno impiden, con toda razón, que la legislación interfiera con sus acciones o promueva sus gestiones. Está de parte de los feligreses servir de pastores de los engreídos jerarcas para que abandonen su vanidad triunfalista o su activismo ideológico. En esa tarea, contradicción de contradicciones, el recato en el cesto pudiera ser más efectivo que la oración fervorosa y la confrontación abierta.

El deber de las familias es hacer que sus hijos se desarrollen con unos valores morales imperturbables. Pero cómo podrán familias en las que el padre y la madre a su vez se criaron en ambientes que no se les enseñó a darle primacía a los valores morales, enseñárselos a sus hijos. Este es un segundo factor de largo plazo de la corrupción.

Es obvio que el Gobierno, especialmente a través de las escuelas, tiene que intervenir en auxilio de esas familias.

Pasando entonces al sistema educativo debemos tener claro que éste no puede suplir las deficiencias de las iglesias o las familias en la ense–anza de la moral atada a creencias religiosas particulares. Intentar tal cosa sería inconstitucional y antipedagógico. Pero, las escuelas, en especial las primarias, tienen un papel fundamental en formar el carácter ético de sus estudiantes.

Está de parte de la escuela, y en particular de los maestros, infundir, primero, un sentido profundo de respeto a la ley, la autoridad, el derecho ajeno y las instituciones sociales; segundo, promover actitudes de juego limpio, camaradería y solidaridad con sus compañeros; y, finalmente, hacer que los educandos internalicen que el éxito se logra mediante el esfuerzo personal dedicado al trabajo, el estudio, la investigación y la creación.

Pregúntese si nuestras escuelas han estado logrando, o por lo menos trabajando por lograr, esas metas. Si la contestación es que no, ya sabe cuál es el tercer factor de largo plazo en la etiología de la corrupción.

Tenemos que tener claro que algunos maestros, desgraciadamente, no tienen la capacidad moral para lograr esa meta. Esos hay que identificarlos y, mediante el proceso evaluativo de ley, removerlos de sus puestos. Muchos otros maestros, sin embargo, tienen la capacidad de lograr la meta de infundir valores éticos en sus estudiantes, pero, no cuentan con el respaldo adecuado y necesario.

A los maestros, sobre todos los del sistema público, no los apoya la estructura legal que más bien se dedica a velarlos como si fueran depredadores que a respaldarlos como educadores. No reciben el apoyo del Departamento de Educación y los superintendentes de escuelas que se dedican a evitar problemas con los padres, sobre todo si pueden tener repercusiones políticas. No reciben el apoyo de los padres que sólo desean de ellos un servicio de guardería en lo que trabajan o se dedican a sus asuntos y negocios. No los apoya su unión que sólo desea evitar problemas legales.

Sin autoridad ni respaldo los maestros dejan de ser figuras de autoridad y formación de carácter para convertirse en fuentes de entretenimiento o de burla para sus estudiantes. La impotencia y la frustración llevan al ritualismo académico, a las promociones inmerecidas, al relajamiento de las normas, al engaño y la mentira sobre las destrezas supuestamente adquiridas y, en el próximo paso, a no entrar a la universidad, o entrar sin las destrezas necesarias.

Si no es así, reto a que me desmientan los propios maestros.

Todos estos factores de base son, verdaderamente, la etiología de la corrupción y la criminalidad en nuestro país. Cuando nuestros políticos quieran bregar seriamente con el tema de la corrupción pídanle que dejen de lado las persecuciones y la politiquería para de verdad entender y atacar los abusos y las causas de la corrupción.

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