En los años ochenta, tras décadas de creer en las virtudes del Estado, la gente empezó a darse cuenta de que el peso del Estado era excesivo y que las reglamentaciones pesadas y complejas prevalentes en los mercados laborales, financieros y de bienes y servicios eran nefastas para el empleo y el crecimiento. Se originó entonces un movimiento de privatización y de liberalización que en algunas áreas, como la política agrícola común o las rigideces del mercado laboral, encontró bastante oposición por parte de los grupos de intereses establecidos y sus "lobbies". El resultado es que, en la mayoría de los países europeos, con la excepción notable del Reino Unido, las reformas fueron tímidas y caóticas, con frecuentes vueltas atrás, y, además, para lograr su aceptación política hubo que realizar verdaderas contorsiones legales, de modo que, en vez de simplificar las reglas de la actividad económica, las reformas las complicaron.

 Hoy el margen de maniobra para reformas adicionales parece estrecho, dado que una gran parte de la población y grupos de presión poderosos rechazan los remedios ortodoxos para curar el paro; a saber, una disminución de la protección al empleo, del salario mínimo y de los subsidios de paro. La recuperación de la economía ha puesto las reformas estructurales en un segundo plano de la agenda política. Los gobiernos esperan que dicha recuperación baste para ganar las próximas elecciones, y no ven la utilidad de arriesgarse a tomar decisiones impopulares para reducir a plazo el paro.

 La incapacidad de los "liberales" para convencer a los sindicatos y al público de que sus recetas son las buenas se hace en un principio difícil de entender. La retórica de la "mano invisible", basada en los resultados teóricos del análisis económico e implícita en las prescripciones de la OCDE y del FMI, dice que se logra mayor eficiencia dejando que los mercados operen libremente. ¿Cómo puede ser, pues, que tantas personas se opongan a un aumento de la eficiencia? La respuesta es que la distribución de los beneficios puede ser muy sesgada, con una minoría de ganadores. Sin embargo, dado que  los beneficios totales serían mayores que las pérdidas, se podría compensar a los perdedores de manera monetaria. Si estas transferencias se calcularan adecuadamente, a fin de cuentas todo el mundo saldría ganando. De modo que, una reforma estructural que sin transferencias no es políticamente factible, se podría llevar a cabo mediante este instrumento monetario.

 Obviamente no es fácil calcular el importe que se debe pagar para que todo el mundo gane, pero es extraño que la idea de las compensaciones monetarias se halle tan ausente del debate sobre las reformas. Toda reglamentación crea o detrae rentas para algunos grupos sociales, y es natural que la sociedad compre el acuerdo de estos grupos si quiere imponer un cambio que les reduce o suprime dichas rentas. Es decir, una manera de aumentar la viabilidad política de las reformas es crear un mercado para las reformas. Muchas reformas fueron demasiado lentas, fragmentarias o bloqueadas porque nunca se planteó la cuestión de cuál es el precio de la reforma. Por ejemplo, durante décadas sectores en declive como la siderurgia, el textil y la agricultura, han sido subvencionados y protegidos contra la competencia internacional, a un coste tremendo para el consumidor y el contribuyente. Lo más grave es que esto crea incentivos para elegir profesiones en esos sectores, aun cuando son ineficientes. Este flujo de trabajadores hacia sectores ineficientes fomenta el apoyo político al mantenimiento de la protección e impide que el problema desaparezca. Hay constancia también de que las subvenciones aumentan la presión salarial de los sindicatos en tales sectores, dañando aún más su competitividad y creando la necesidad de mayores subvenciones en el futuro. Los economistas Leonard y van Audenrode han mostrado que, por este efecto, las subvenciones, en vez de reducir el paro, lo aumentan; y además, que los subsidios benefician generalmente a empresas con pocas perspectivas de crecimiento y gran peso político. Hubiera sido mejor pagar un importe compensatorio a los trabajadores cuando fue patente que estos sectores tenían que cerrar, y cerrarlos. En el caso de la agricultura, sólo en años recientes la Comisión Europea se ha dado cuenta que había que subvencionar la no producción, y no la producción. Lo que puede considerarse una mejora si es un primer paso para la reconversión de los agricultores hacia otras ocupaciones más productivas y de la agricultura en una actividad económicamente rentable. En algunos sectores, como el carbón a escala de la Unión Europea, el 16% del valor añadido está subvencionado, es decir un cuarto de los salarios (En España es aun más). Estos significa que para el contribuyente cerrar este sector pagando dos años de salario a cada empleado hubiera sido una inversión amortizada en menos de diez años.

 Hay muchos otros casos donde la utilización de precios puede ayudar a llevar a cabo reformas que parecen bloqueadas. Por ejemplo, España padece unos costes de despido muy altos que dañan la creación de empleo. Los sindicatos no quieren reducirlos porque el hecho de tener derechos de propiedad sobre sus empleos forma parte de su poder de negociación. El resultado es que para reducirlos se han utilizado contratos temporales que han generado un mercado laboral a dos velocidades, pero en estos costes no sólo hay pagos a los empleados despedidos, sino también muchas reglamentaciones y una jurisprudencia compleja, de manera que los jueces se implican en la gestión empresarial y los empresarios sufren una gran incertidumbre jurídica. En vez de este sistema la ley podría simplemente especificar un importe pagado por el empresario al trabajador despedido, ignorando la causa del despido. De este manera los empresarios conocerían de antemano y exactamente el precio de un despido. Se lograría una mayor flexibilidad laboral sin renunciar a la protección de los empleados. Otro ejemplo es la regulación sobre horarios comerciales, una de las más arcaicas de Europa. Si lo que se pretende así es proteger al pequeño comercio, quizás porque tiene peso político, sería mejor dar dinero directamente a estos comerciantes (por ejemplo con tasas de IVA distintas a las de las grandes superficies) que impedir el consumo durante una parte substancial del tiempo.

 A veces la utilización de transferencias puede verse bloqueada porque existen problemas de credibilidad. Si las transferencias se pagan antes de la reforma, aquellos que pierden en la reforma tendrán incentivos para aplazarla o pedir más dinero a pesar de que ya han cobrado. Si se pagan después, los que ganan tienen incentivos para negarse a hacerlo. Por eso es importante establecer instituciones que realicen estas transferencias de manera automática. Un ejemplo, en el caso de la liberalización del comercio internacional, es una distribución más equitativa del capital. Muchos trabajadores temen que la globalización tenga efectos negativos sobre sus salarios, al imponerles la competencia de los países menos desarrollados. Los beneficios de la globalización se los comen los "capitalistas", que pueden aumentar sus beneficios invirtiendo en estos países y "deslocalizando" sus actividades al extranjero. Aunque no hay ninguna evidencia de que la "globalización" sea responsable del estancamiento de los salarios en los EEUU ni de la subida del paro en Europa, es claro que en el futuro el miedo a la globalización puede bloquear los progresos del comercio internacional y dañar seriamente el crecimiento y el bienestar de los consumidores. Se podrían redistribuir los beneficios de la liberalización del comercio de manera más equitativa desarrollando la participación de los asalariados en dichos beneficios (no sólo de la empresa donde trabajan, sino también en los de toda la economía) mediante la distribución de acciones. Las privatizaciones y el desarrollo de los fondos de pensiones constituyen una oportunidad para iniciar este proceso. Con el desarrollo de este "capitalismo popular" se reduciría mucho la oposición a toda reforma que, como la apertura al comercio internacional, aumenta la eficiencia pero al coste de redistribuir la renta de los trabajadores a los capitalistas.

 Para que las transferencias monetarias sean parte del debate también se precisa un cambio de retórica. Porque cada grupo de presión justifica sus rentas con argumentos de interés general. Así los sindicatos dicen que un aumento de los salarios es bueno para el empleo (porque el consumo aumenta), a veces se oye que la agricultura o la siderurgia son bienes "estratégicos", etc. Es costoso en términos de legitimidad reconocer que se está simplemente buscando el propio interés. Hacerlo parecería cínico, pero ampliaría las posibilidades de reforma.

 La entrada en la unión monetaria europea y el pacto de estabilidad suponen una reducción en el uso de los sustitutos suaves para las reformas estructurales (devaluaciones, déficits o contratación de funcionarios). Por eso es urgente e importante comenzar una reflexión sobre el diseño de las reformas y tener una visión más amplia del conjunto de los instrumentos que se pueden utilizar. Estas reformas estructurales no son una utopía "derechista". Los recursos públicos gastados en una reglamentación excesiva y en activiades de redistribución entre grupos de presión, podrían ser invertidos en educación e infraestructuras, tan imprescindibles para competir en el mercado global del siglo XXI.