" El empleo y los monopolios del Estado "

El tema del desempleo es ciertamente común a muchos países del mundo. Permanentemente los gobiernos están procurando crear planes y facilidades para fomentar el empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo.

A su vez, la tendencia a nivel mundial es que los sectores más dinámicos en cuanto a empleo se refiere son los de telecomunicaciones, logística, transporte, servicios en general.

Precisamente, las cifras divulgadas por Naciones Unidas indican que en los países desarrollados, más del 75% de los puestos de trabajo se encuentran en el sector terciario (Comercio y Servicios), un 20% en la Industria y un 5% en el Agro.

En nuestro país, estos porcentajes tienen una significación parecida a la de los países desarrollados. En efecto, el Agro representa el 10% del Producto, la Industria 20% y el Comercio y los Servicios no financieros privados, el 40%.

A su vez, si analizamos la tasa de ocupación, el Agro ocupa poco más del 5%, la Industria el 16% y Comercio y Servicios no financieros privados, el 36,5%.

Es decir, que cuando hablamos de políticas de empleo, o de reactivación productiva, no podemos olvidar que la mayor parte del Producto y la mayor cantidad de puestos de trabajo se encuentran en el sector de Comercio y Servicios.

A su vez, dentro de Comercio y Servicios, los sectores más dinámicos en cuanto a generación de nuevos puestos de trabajo, en casi todos los casos están en manos del Estado (telecomunicaciones, puertos, etc.).

Dadas las restricciones de gasto existentes esto significa que poco o nada se puede esperar en cuanto a creación de empleo por parte de estos sectores.

Así por ejemplo, de haber prosperado algunas iniciativas como la de permitir la asociación de ANTEL con empresas privadas, se hubiera incrementado la inversión en valores que hoy no podemos tener debido a que el peso del Estado ya es demasiado elevado, y se hubieran creado miles de empleos genuinos, siguiendo las tendencias internacionales.

Ya en forma más general, mantener el monopolio en las empresas del Estado es condenar al consumidor uruguayo a pagar siempre más caros los servicios públicos y al trabajador a perderse de las oportunidades que en otras partes del mundo tienen en estos sectores en tanto generadores de empleo.

Pero además, no podemos olvidar que acceder a tarifas de servicios públicos a precios internacionales -ciertamente mucho menores que los que actualmente pagamos los uruguayos- permitiría no sólo aumentar el bienestar de los consumidores sino también la competitividad de las empresas y así, también en otros sectores se generarían nuevas fuentes de trabajo.

La situación está clara: o mantenemos los servicios monopólicamente en manos del Estado y nos condenamos a consumir y producir más caro y con menos empleo, o nos decidimos a quebrar la inercia del estatismo y abrimos la economía también en estos sectores beneficiándonos todos de una mayor competitividad, unos servicios de mayor calidad y más baratos, y sobre todo, una mayor posibilidad de empleo para miles de uruguayos.

María Dolores Benavente

Asesor Económico de la Cámara Nacional de Comercio.
Vicepresidente de República Afap.
Directivo de la Academia Nacional de Economía.