CARLOS LUPPI *
Vale la pena reiterar que, a
nuestro juicio, en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) radica la
principal esperanza de la economía nacional. El crédito de las
instituciones financieras es el gran motor de desarrollo de las naciones y
las empresas. En el caso de las PyMEs, su importancia es todavía mayor.
Todos sabemos que hoy en Uruguay, por motivos
que no corresponde analizar aquí, el crédito ha alcanzado un alarmante
grado de enlentecimiento. Y que, como ha afirmado el doctor Ramón Díaz,
“sin crédito no hay reactivación”. Debemos, pues, abocarnos a
estimular el crédito a las PyMEs formulando algunas consideraciones
imprescindibles. Primero, existen afortunadamente en Uruguay instituciones públicas
y privadas que otorgan crédito diferencial a las PyMEs. Nuestra principal
institución financiera, el BROU, la Corporación Nacional para el
Desarrollo (CND), la mayor parte de la banca privada –clásica y
cooperativa– y algunas ONG como Fundasol, IPRU y Fuamm, lo vienen
haciendo.
La segunda consideración es que, si bien el
crédito constituye la principal forma de expansión, un crédito mal
otorgado –por el motivo que sea, y hay muchos, que van desde el mero error
al amiguismo– puede llevar al fin del emprendimiento, el patrimonio, la
familia y aun de la vida del empresario. Acaso en ninguna otra área se deba
proceder con mayor cautela y rigor. La tercera consideración es que nuestro
sistema financiero –y esto puede ser objeto de una profunda reflexión–
padece de rigideces que tornan a veces muy difícil la canalización de créditos
adecuados a PyMEs. Uno de los principales problemas radica en la exigencia
de garantías a proyectos viables cuyos emprendedores no las tienen en grado
suficiente.
Una de las soluciones a tan difícil problema
está en la implementación de Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR),
instrumento que ha sido desarrollado con éxito en Europa y que en Uruguay
está vigente desde la Ley de Urgente Consideración del 29 de junio de
2000. La Dinapyme ha venido trabajando sostenidamente en el estudio,
normatización e implementación de las SGR. La normativa y su concepto son
claros: un grupo de empresarios constituye una sociedad cuyo objeto
principal es garantizar los respectivos créditos. Nace así un concepto
superior de corresponsabilidad, eficiencia empresarial y solidaridad. Dichas
sociedades tienen claramente establecidos parámetros de funcionamiento y límite
de las operaciones a avalar, lo que es objeto de control permanente por los
propios empresarios, principales interesados en la marcha y salud financiera
de la sociedad.
Las instituciones financieras, que en su
mayoría son en Uruguay muy reticentes, deben comprender en toda su dimensión
que en las PyMEs –que son las que siempre pagan, las que no se van, las
que no tienen acceso a lobbies– radica una gran posibilidad de negocios
para ambas partes. Las SGR constituyen un instrumento para poder hacer
efectivo este círculo virtuoso que aumente la producción, la exportación
y la calidad de vida de los uruguayos.
Estas sociedades constituyen un ejemplo cabal
de cómo las formas asociativas –entre las que también se destacan los
Consorcios de Exportación– potencian las posibilidades de desarrollo. La
misión del Estado es estar al servicio de la iniciativa privada como motor
de creación de riqueza y mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.
Digámoslo otra vez: en las PyMEs radica la gran esperanza económica de
Uruguay.
(*) Director de la Dirección Nacional de
Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas
(Dinapyme)