DROGAS Y MEDIO AMBIENTE: UNA RELACIÓN DIFÍCIL

Carlos Alberto Alvarez S
Sociólogo

INTRODUCCIÓN

La producción, trafico y consumo de drogas en América Latina no sólo ha impactado al sistema económico-social de algunos países de la región, sino que, además, viene generando importantes efectos en el medio ambiente de la zona.

En efecto, el informe de la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe de 1989 señala que-. "el cultivo de la coca degrada rápidamente los suelo. Se están deforestando los bosques en donde le impacto sobre la flora y fauna pueden ser irreversible. Se han invadido algunas de las más importantes áreas protegidas de¡ piedemonte andino. Se utilizan agroquímicos altamente contaminantes para su cultivo, y los productos utilizados para la refinación de la coca (kerosene, ácido sulfúrico, acetona, etc.) se descargan sin límite en ríos y arroyos" (PNUD-BID, 1989-1 44). Este informe fue un llamado de alerta, hoy se observan las consecuencias.

Según el informe citado, el problema no es sólo de lucha contra el narcotráfico, sino que requiere replantear las políticas de cooperación para el desarrollo, las políticas de uso de las tierras, de la agricultura campesina y de las relaciones norte-sur. La búsqueda de alternativas de cultivo debe superar todo el sistema que se ha generado; en Bolivia se debe reconvertir al 16% de la población y encontrar alternativas de cultivo para un producto que actualmente representa un monto equivalente al PIB formal boliviano.

Paralelamente, las últimas orientaciones sobre el control y la erradicación de los cultivos de coca y amapola, apuntan hacia la defoliación de los plantíos mediante el uso de pesticidas. Este camino, independientemente de sus éxitos, provocaría un conjunto de consecuencia no buscadas. En efecto, la erradicación de las plantaciones que no se haga acompañar de políticas sociales y económicas, estas últimas referidas al desarrollo agrícola alternativo, podría provocar que muchos agricultores, excluidos del desarrollo y de los beneficios sociales, se aferren y busquen el apoyo de grupos armados subversivos y paramilitares. Paralelamente, hagan recrudecer la violencia entre las organizaciones criminales por el control de las zonas que no han sido erradicadas y, finalmente, aumenten los niveles de violencia asociada a la droga en las ciudades al aumentar considerablemente el precio de ésta.

El documento que a continuación se presenta da cuenta del estado de situación del tema en cuestión y pretende contribuir a la discusión en torno al tema de las dimensiones del narcotráfico y los efectos de su combate.

ANTECEDENTES

1. Deforestación

El cultivo y la producción de drogas genera serios efectos en el medio ambiente. En primer lugar se encuentra la deforestación. Día a día, miles de hectáreas son arrasadas para servir al cultivo de cocaína y amapola. Se estima que cada año, más de 11 millones de hectáreas de bosques tropicales se desmontan para darle uso productivo a la tierra. A esta creciente tendencia, se suma la expansión de cultivos ¡lícitos, que no sólo contribuyen a la deforestación de los bosques tropicales pero que causan uno de los daños más severos al medio ambiente (Conace, 1997- 22). Actualmente, en la región de Cochabamba, existen unas 30 mil hectáreas de bosque tropical que se utilizan para el cultivo de hoja de coca, calculándose que el 95% de la producción se destina a la fabricación de cocaína.

Por otra parte, la erradicación de los cultivos produce erosión, cuando se queman las superficies plantadas, y contaminación, cuando se utilizan herbicidas en la fumigación de los plantíos.

Se estima que en Bolivia, el cultivo de hoja de coca ha producido una extensa deforestación del trópico cochabambino en los últimas dos décadas. En este sentido, se piensa que a medida que decae la fertilidad del suelo en las áreas desmontadas, el campesino se ve obligado a habilitar nuevas superficies de bosque primario y secundario, alterando de esta manera el ecosistema.

Así, al mismo tiempo que los campesinos buscan habilitar nuevas áreas de cultivo, los gobiernos de Perú y Bolivia implementan programas comprensivos de erradicación de superficies plantadas de hoja de coca. El intento de estos países por acabar con la producción de la materia prima para la elaboración de cocaína y sus derivados, ha generado múltiples reacciones de sectores campesinos y sindicales. En efecto, los primeros meses de 1998 se han sucedido movilizaciones y se ha declarado, por parte del campesinado boliviano, la "guerra a muerte" contra la erradicación forzosa.

Informaciones de prensa han señalado que unos tres mil campesinos productores de coca de los Yungas, juraron no permitir la erradicación de cocales en sus zonas de cultivo, dado que su producción es destinada al consumo tradicional. Los campesinos, durante casi dos horas, protestaron en La Paz contra el plan de erradicación, argumentando que en los Yungas sólo existen 9.000 ha, las cuales son destinadas íntegramente al consumo tradicional de sus habitantes. (para fines medicinales, alimentarlos y culturales).

El plan de erradicación implementado por el gobierno boliviano, llamado "Plan Dignidad", considera erradicar 38.000 ha. en los próximos cinco años y no sólo abarcar la zona del Chapare, como ocurrió durante 1997.

Se han sucedido marchas de protestas contra el Plan, en donde han participado, además de los campesinos, miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), de la Asamblea de Derechos Humanos y de las Federaciones de Cocaleros. Conjuntamente al rechazo rotundo a la política de erradicación y de desarrollo alternativo, los manifestantes expresaron su oposición a la política neoliberal seguida por el gobierno y la sumisión a Estados Unidos, anunciando acciones concretas de protesta como bloqueos de caminos, huelgas de hambre y marchas.

El gobierno de Bolivia ha comisionado a su ministro de Gobierno, Guido Nayar, para viajar a EE.UU. en febrero y presentar el plan "Por la Dignidad" contra el narcotráfico, el cual requiere US $952 millones para ser aplicado en los próximos 5 años. Ello está ligado directamente a la solicitud boliviana de replantear el monto de la ayuda financiera anual que entregará EE.UU., que alcanzaría a US $12 millones.

Paralelamente a la ayuda financiera, EE.UU. ha propuesto la militarización del Plan, aspecto criticado por los sectores sociales contrarios a él. No obstante, en abril de este año comenzó la erradicación forzosa de cultivos en el Chapare. Se estima que 3.000 efectivos del Ejército y la policía han ocupado la región, destruyendo por la fuerza las plantaciones, sin que los campesinos puedan evitarlo, aunque realizan protestas y presentan una férrea resistencia. Conforme a la Ley N' 1.008 se permite la erradicación de cultivos excedentarios. Hoy, los cocaleros se preparan para resistir organizando los comités de autodefensa.

En Perú, según el Informe Anual del Observatorio Geopolítico de Drogas (OGD) de septiembre de 1997, y en materia de control de drogas, existe el Decreto Supremo 031 del 22 de agosto de 1996 que se titula «Acuerdo operativo entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de Estados Unidos para el proyecto de control de las drogas». Sus objetivos proponen, en primer lugar, la represión en desmedro del desarrollo alternativo. El 7 y 8 de octubre de 1996, unos aviones que habían despegado de la base de Santa Lucía lanzaron defoliantes sobre los cocales del valle del Alto Huallaga. Los cultivos legales también resultaron afectados por los productos tóxicos y, según especialistas entrevistados por el corresponsal del OGD, las tierras quedarán inutilizables para el desarrollo alternativo.

La situación es tanto más grave por cuanto los cultivos de café, cacao y bananas ya estaban siendo atacados por enfermedades. Mientras las manifestaciones campesinas se sucedían, el gobierno anunciaba iniciativas de desarrollo alternativo dentro de algunos meses. El anuncio fue acogido con escepticismo, dado que este tipo de decisiones va raramente acompañado de efectos. Paralelamente, el Ministro del Interior anuncia la creación, en el departamento de Loreto, de una tercera base antidroga de la policía, que viene a sumarse a las de Santa Lucía y Mazamri. Destinada a controlar los valles de los ríos Amazonas, Napo, Ucayali, Marañón y Pastaza, la base contará con un efectivo de 300 hombres, dos aviones Antonov, una flotilla de helicópteros y una quincena de lanchas motoras.

Con esto será posible, según la OGD, superar las 300 toneladas de precursores químicos incautados y las 37.000 hectáreas de cocales destruidos durante 1996. Un balance que justifica el apoyo de Estados Unidos a Fujimori, aunque, según la OGD, los motivos estadounidenses sean en realidad otros -se piensa en la lucha contra la subversión, vitrina del neoliberalismo-. Pero se puede dudar que estos esfuerzos contribuyan a frenar las narcoactividades. A fines de 1996, un informe secreto de la Unidad Operativa Táctica Antidroga de Tingo María sostenía que, en ese momento, habían 30 organizaciones criminales operando en las zonas productoras de drogas de los valles amazónicos.

2. Contaminación

Un segundo efecto que produce el cultivo y producción de droga es la contaminación de terrenos y recursos hídricos. Los laboratorios clandestinos ocupan miles de litros de sustancias químicas que en la mayoría de los casos son vertidos en la tierra o en los causes de ríos, afectando irreversiblemente el ecosistema.

La contaminación de la tierra, en particular, tiene mucho que culpar al proceso de fabricación ¡lícita de drogas. En efecto, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), estima que a los menos 600 millones de litros de precursores químicos son usados anualmente en la producción de cocaína solamente en Sudamérica. Así, para cada hectárea de cultivo se necesitará usar 2 toneladas métricas de químicos para la producción de cocaína.

La revista Gran Angular, de Cochabamba, señala que por cada 80 litros de kerosene empleado en el proceso de fabricación de pasta base, se desechan 10 que van a parar al suelo y a los ríos aledaños. Además los fabricantes desechan indiscriminadamente otros tantos litros de gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, carbonato de sodio y cal. Aún más, en

Colombia, se calcula que la fabricación de clorhidrato de cocaína provoca el desperdicio anual de unos 20 millones de litros de éter etílico, ácido hidroclorhídrico y acetona, entre otras sustancias necesarias para tal fin.

De acuerdo a los expertos muchos de los ríos tributarios carecen de vida animal y vegetal. Los ríos y arroyos ven reducir sus corrientes durante la época seca, privando al bosque tropical de un abastecimiento adecuado de agua. Además, el agua contaminada tiene menor calidad y no puede ser empleada en la irrigación de cultivos. Los químicos alteran el PH del agua y reducen el oxígeno, lo que es causa de una severa intoxicación de peces, provocando mutaciones genéticas en la mayoría de ellos. (Op.cit- 22)

De acuerdo a informes de prensa, los cultivadores de coca tanto en Colombia, Perú y Bolivia utilizan insecticidas y herbicidas la limpiar nuevas tierras y para controlar la aparición de maleza y pestes en sus plantaciones.

El control y la erradicación de cultivos también genera daños al ecosistema. En efecto, un informe de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) de la zona del Chapare, tomando como fuente radiogramas y partes operativos, señala que durante los años 1994 y 1996 se destruyeron las siguientes sustancias químicas y combustibles: 4.781 Its. de ácido sulfúrico, 1.261 Its. de amoníaco, 16.961 Its. de kerosene y 398.096 Its. de petróleo diese¡.

Es decir, durante 1994 y 1996 se vertieron cerca de 421.099 litros de sustancias quimicas y combustibles en las zonas cercanas a los laboratorios clandestinos de producción de cocaína. Se estima que gran parte de estos fue vertido en riachuelos provocando un daño ecológico irreparable en uno de los pocos pulmones del mundo, como lo es la selva del Chapare.

El periódico capitalino La Tercera, citando información proveniente del Diario El País, señaló que Estados Unidos presiona a Bogotá para que utilice TEBUTHIURÓN, un herbicida especialmente tóxico contra las plantaciones de coca en todo el país, lo que ha levantado amplias protestas y no pocos miedos en Colombia. No se sabe cuando se iniciarán las fumigaciones y el tema es manejado con sigilo por el gobierno.

El principal reparo contra el herbicida es el daño que produce en el ecosistema. Las organizaciones ambientalistas han mostrado informes en los que se demuestra que el herbicida permanece largamente en tierra y la lluvia lo arrastra a los ríos y demás corrientes de agua. Además, se adhiere por largo tiempo a las plantas, y con la lluvia va goteando lentamente a las aguas superficiales y subterráneas.

En EE.UU. -país que presiona por el uso del tebuthiurón- el producto está restringido sólo para ciertos usos. Además, se comprobó que el 80% de las pruebas presentadas para demostrar que su potencial de contaminación acuática es bajo se falsificaron.

De esta manera, la destrucción química de cultivos desarrollaría a las organizaciones de narcotraficantes y empobrecería aun más a los pequeños cultivadores. Por todo esto, la utilización de tebuthiurón sólo se explicaría por el deseo de satisfacer las exigencias de EE.UU. en esta materia.

Finalmente, algunos países de la región, especialmente Bolivia, sindican a Chile como el principal proveedor de precursores químicos para la producción de drogas en la zona del Chapare. Sin embargo, con la aparición de la Ley N' 19.366 en 1995 esta práctica se penalizó y, actualmente, dados los controles existentes, la desviación de productos químicos es considerablemente baja.

Un mayor control redunda en una mayor incautación de sustancias químicas. En efecto, se estima que desde 1995 a la fecha se han incautado cerca de 15.275 litros de acetona que iba a ser destinadas a la producción de droga. Esto significa que existen almacenados en algún punto de la ciudad de Arica, 76 tambores, de 200 litros cada uno, de acetona. Situación peligrosa, desde un punto de vista ecológico, sobre todo si se piensa en la posibilidad de derrames, incendios e intoxicaciones de la población colindante al recinto de acopio.

CONCLUSIONES. LOS ESCENARIOS FUTUROS

Los siguientes son los escenarios posibles de aparecer en el futuro en la medida que las condiciones y los factores analizados se desarrollen y decanten. Es por ello que el proceso de toma de decisiones en materia de control de la producción y tráfico de drogas deberá considerar al menos las siguientes situaciones:




REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Conace. Conace Informa N' 13: "Desvío de Precursores". Conace, noviembre de 1997.

Dourojeann, M.J. "Impactos ambientales del cultivo de la coca y a la producción de cocaína en la Amazona Peruana ". En: León y de la Mala (eds.) "Pasta básica de cocaína: un estudio multidisciplinario " Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas. 1989.

Gran Angular. "Los Daños al ecosistema ". Gran Angular, revista sobre el desarrollo de Cochabamba, Bohvia, agosto de 1997. En: Conace Informa N' 13. "Desvío de Precursores". Conace, noviembre de 199 7.

La Tercera. "Combate Previo a Guerra Antidroga". Publicación en base a información proveniente del Diario El País. 26 de abril de 1998. Observatorio Geopolítico de Drogas. "Geopolítica Mundial de Drogas 1995-1996 ". OGD, septiembre 1997.

Ofice of National Drug Control Policy (ONDCP). Narcolics: The Environmental Consequences. sf.

PNUD-BID. "Nuestra Propia Agenda". Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, 1989.


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