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Comúnmente cuando hablamos de planificación en la Administración Pública Venezolana nos ubicamos en un ambiente muy reducido: Plan de la Nación, Plan Operativo Anual y Presupuesto. Inclusive en esta época de cambios, cuando señalamos la palabra Planificación hacemos alusión simplemente a ¿ qué se va ha hacer ¿ en cierta y determinada área, por ejemplo, decimos que planificamos en la política de vivienda cuando en el Plan Operativo Anual reseñamos que se van a beneficiar a un número de familias con la construcción de la misma cantidad de viviendas. La planificación se encierra en un simple número. Y no es solo en Venezuela donde sucede esto ya que es característica general de toda América Latina.

Igual situación se presenta cuando hablamos de Planes Estratégicos en entes del ámbito público nacional. Los Planes estratégicos solo se limitan a señalar determinados Valores, Visiones, Misiones y Objetivos. Es evidente que estos planes no provienen de un estudio previo de realidades para establecer correctivos y redireccionar actuaciones, fijando como consecuencia determinadas estrategias. No se evidencia el análisis de ambientes internos y externos para poder determinar la conocida Matriz FODA ( Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas ).

Una verdadera Planificación, debe intentar resolver tres problemas elementales:

1. - Su direccionalidad, su relación causal, el alcance de la propuesta que tiene como fin redirigir o alterar las tendencias reales.

2. - Su viabilidad, lo que implica que el planificador debe, a partir de una situación determinada, producir un instrumento con capacidad de transformar las normas en un momento situacional real que siga la dirección predeterminada.

3. - Su operacionalidad, que no es mas que la articulación entre la planificación y la gestión.

Estas reflexiones tienen el fin de relacionar lo que supuestamente es un plan y lo que debe hacerse para "garantizar" su éxito como tal.

La direccionalidad, se inserta en el plano del deber ser, dimensionando su contenido - el del plan - y estableciendo su causalidad y su alcance a través del análisis de la relación fin - medio. Básicamente, la direccionalidad establece la racionalidad de esta relación y determina la eficacia de la misma.

En cuanto a la causalidad; se refiere a verificar si los medios que se seleccionan para la implementacion del plan, tienen la fuerza suficiente para producir los cambios debidamente identificados con los fines. En consecuencia, el alcance de la direccionalidad impone la adecuación entre los recursos que requiere el plan, y los recursos verdaderamente disponibles, limitando de esta manera el avance en la ejecución hasta el limite de los recursos obtenibles.

La viabilidad, se inserta en el plano del poder ser. Es un proceso dinámico, en el que quien planifica encuentra diferentes obstáculos que tienden a restringir su poder.

Encuentra restricciones de tipo económico que se la imponen las situaciones reales, y restricciones organizacionales también impuestas por las situaciones reales. Es por ello que la viabilidad debe tener un entorno político, económico y organizativo suficiente para imponerse a los oponentes que se le presentan constantemente.

En cuanto a la operacionalidad del plan; Supone asumir la planificación como una necesidad endogena, y no como una imposición de la realidad externa o de los diferentes actores con intereses definidos y/o particulares.

La jerarquía del plan va a depender de la situación en que se planifica y en la que se planifica, y del propósito con el que se planifica. Aquí es donde se demuestra la debilidad del plan diseñado por el gobierno, dado que su direccionalidad esta supeditada a postulados político económicos totalmente fuera de la realidad de la Venezuela actual, es decir; el deber ser no se corresponde con el poder ser. Así mismo la posición desde la que se esta planificando esta fuertemente mediatizada por el entorno, lo que evidentemente pone en desventaja a los actores planificadores. Y por ultimo, la viabilidad del mismo escapa totalmente de cualquier posibilidad de implementacion del plan, salvo que se cumplan con ciertos requisitos indispensables impuestos por los oponentes que en este caso son los que tienen el poder de decisión real en lo que a la aprobación del plan, si es que podemos llamarlo así, se refiere.

El proceso de planificación en Venezuela tiene su origen en el decreto No. 492 de fecha 30 de diciembre de 1958, mediante el cual se crea la Oficina Central de Coordinación y Planificación. La definición, diseño y elaboración de planes nacionales, planes regionales y operativos, ha tendido a consolidarse en esta unidad técnica desde la misma década de los 60, como respuesta para atender a la necesidad de tener un instrumento que permita la definición de objetivos de desarrollo, la formulación de metas de crecimiento y la racionalización del proceso de toma de decisiones.

En el decreto se concibe la Planificación como un sistema y no sólo como una técnica, eleva la coordinación al mismo nivel de la planificación y se le considera como una forma racional de pensar y decidir las acciones del gobierno, creando una actitud que se contrapone a la improvisación y toma de decisiones en forma aislada que tome en cuenta las aspiraciones y medidas de todos los sectores, canalizando fundamentalmente su acción al logro de una mejora del bienestar económico de la población. Entre las funciones que realizaba la Oficina Central de Planificación eran entre otras:

a.) Hacer estudios sobre desarrollo económico y social de la nación, que sirvieran de base para la preparación de las respectivas proyecciones alternativas, así como mantener al día un plan general de desarrollo económico y social.

b.) La unificación de la programación y coordinación de trabajos sectoriales.

c.) La consolidación de los presupuestos de inversiones y servicios que presentasen los ministerios, para realizar análisis de los planes vinculados con el presupuesto nacional de ingresos y gastos y preparar lineamientos generales de la planificación física y espacial en escala nacional.

El decreto N° 369 con Rango y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto N° 253 con Rango y Fuerza de ley Orgánica de la Administración Central, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.775 de fecha 30 de agosto de 1999 Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.850 de fecha 14 de diciembre de 1999), en su Artículo 51° expresa lo siguiente: “Corresponde al Ministerio de Planificación y Desarrollo la regulación, formulación y seguimiento de las políticas de planificación y desarrollo institucional; la formulación de estrategias de desarrollo económico y social de la Nación; y la preparación de las proyecciones y alternativas; la formulación y seguimiento del Plan de la Nación, del Plan Operativo Anual y del Plan de Inversiones Públicas; la propuesta de los lineamientos de la planificación del Estado y de la planificación física y espacial en escala nacional; la coordinación y compatibilización de los diversos programas sectoriales, estadales y municipales; la coordinación de las actividades de desarrollo regional, la asistencia técnica a los órganos del Poder Público; la asistencia técnica y financiera internacional; la vigilancia y evaluación de los programas y proyectos de asistencia técnica que se ejecuten en el país.

Le corresponde, además, la regulación, formulación y seguimiento de las políticas de la función pública; la coordinación y administración del sistema integral de información sobre personal de la Administración Pública; la regulación y formulación de las políticas de reclutamiento, selección, formación, evaluación, promoción, remuneración, seguridad social y egreso de los funcionarios públicos; la supervisión y coordinación de las oficinas de personal de la Administración Pública Nacional, así como las competencias que le señale la Ley de Carrera Administrativas la evaluación de la gestión de recursos humanos de los órganos de la Administración Central y Descentralizada funcionalmente.

Le corresponde, además, la modernización institucional de la Administración Pública Nacional, que comprende el estudio, propuesta, coordinación y evaluación de las directrices y políticas referidas a la estructura y funciones en todos sus sectores y niveles, así como las propuestas, el seguimiento y la evaluación de las acciones tendentes a su modernización administrativa en general; la realización de la evaluación de los resultados de la gestión de los organismos que integran la Administración Pública Nacional y su divulgación, particularmente, la evaluación del desempeño institucional de los órganos de la Administración Central y Descentralizada, funcionalmente y la formulación de los convenios que sean suscritos entre el Ejecutivo Nacional y los organismos sujetos a evaluación de sus resultados; así como las demás competencias que le atribuyan las leyes.

La Planificación Operativa anual, tiene como propósito sustantivo contribuir a explicar el funcionamiento de la economía y facilitar la instrumentación de la política económica en el corto plazo, de forma tal que permita que los objetivos, programas y proyectos contenidos en los planes a mediano plazo se hagan realidad. De allí que en la práctica la planificación operativa se inspira y está inserta en un programa de objetivos y enfrenta el desafío de traducir dichos objetivos en acciones específicas, aplicables en el más corto plazo posible.

Este tipo de planificación se ha utilizado en países industrializados con el fin de poner en marcha políticas anticíclicas, que atenúen los efectos de una adversa coyuntura y orienten el proceso de inversión. En cambio la experiencia de la planificación a corto plazo en los países en vías de desarrollo se hace más difícil y compleja por cuanto, además de atender la solución de la problemática coyuntural, tiene también que estar dirigida a producir, cambios en las condiciones estructurales que predominan en las economías subdesarrolladas.

La planificación operativa tiene que estar enmarcada dentro de los lineamientos dados por el plan a mediano plazo , pero su acción comúnmente abarca un período de un año y por lo tanto sus objetivos, metas e instrumentos de políticas se expresan en términos anuales. Es por ello que se precisa un grado de detalle mayor al contenido de los planes de mas alcance; la política económica y su instrumental deben ser bien definidas y los programas y proyectos ejecutados conforme al cronograma de asignación de recursos y de realización de las obras previstas; el programa anual esbozado en esta forma, proporciona un valioso instrumento al proceso de toma de decisiones, el cual supone un alto grado de concertación y una actitud solidaria de todos los organismos comprometidos en este proceso.

Además, la planificación de corto plazo permite evaluar la ejecución de los planes a mediano plazo, así como las políticas implícitas o explícitas puestas en ejecución por un equipo de gobierno, revisar la viabilidad de estas políticas frente a la coyuntura, y mantener un sistema de información que haga posible la introducción de correctivos pertinentes, establecer la coherencia necesaria entre fines y medios y lograr hacer compatibles las políticas que se tomen en distintas áreas económicas, sectores y regiones.

Un aspecto importante en la planificación operativa, es que debe ser lo mas participativa posible, por cuanto su ejecución a nivel de políticas, programas y proyectos, depende por una parte del apoyo gubernamental al mas alto nivel y por la otra a la adscripción de los organismos públicos en las acciones que se lleven a cabo para lograr las metas y objetivos previstos. La acción planificadora en corto plazo facilita la asignación de recursos públicos, al darle una jerarquía a los programas y proyectos en función de los objetivos y prioridades contemplados en el plan. Ello contribuye a definir el papel de los organismos del Gobierno Central, de los entes descentralizados perceptores de transferencias y del sector público en su globalidad.

El Plan Operativo anual incluirá materias que forman parte de la política económica contingente, tales como política fiscal monetaria, financiera, precios, salarios, balanza de pagos, abastecimiento, etc; y que por lo general son tratados en forma mas general en los planes a mediano plazo.

Según el "Manual de Elaboración del Presupuesto por Programas", conocido como ducumento de Tucumán con ligeras adaptaciones, y el que se extracta de las Bases Teóricas del Presupuesto por Programas, publicación hecha por esta Oficina, se conoce como Presupuesto al sistema mediante el cual se elabora, aprueba, coordina la ejecución, controla y evalúa la producción pública (Bien o Servicio) de una institución, sector o región, en función de las políticas de desarrollo previstas en los Planes.

La técnica debe incluir además, en forma expresa, todos los elementos de la programación (objetivos, metas, volúmenes de trabajo, recursos reales y financieros) que justifiquen y garanticen el logro de los objetivos previstos.

Así concebido el presupuesto se constituye en un excelente instrumento de gobierno, administración y planificación.

El presupuesto es un medio para prever y decidir la producción que se va a realizar en un período determinado, así como para asignar formalmente los recursos que esa producción exige en la praxis de una institución, Sector o Región. Este carácter práctico del presupuesto implica que debe concebírselo como un sistema administrativo que se materializa por etapas: formulación, discusión y sanción, ejecución, control y evaluación.

Bajo este enfoque, el presupuesto debe cumplir con los siguientes requisitos:

· Primero: El presupuesto debe ser agregable y desagregable en centros de producción, donde el producto de cada centro debe ser excluyente de cualquier otro producto, de cualquier otro centro de producción de su mismo ámbito. De no ser así, el total de asignación de recursos que se exprese el nivel del gasto presupuestario no tendría significado y encerraría duplicaciones y confusiones.

· Segundo: Las relaciones entre los recursos asignados y los productos resultantes de esa asignación deben ser perfectamente definidas; no puede haber dudas sobre el producto que se persigue con determinada asignación de recursos y un mismo recurso o parte fraccionable del mismo no puede ser requisito presupuestario de dos o más productos.

· Tercero: La asignación de recursos para obtener los productos, que directamente requieren los objetivos de las políticas (productos terminales) exige también de la asignación de recursos para lograr otros productos que permitan o apoyen la producción de los productos terminales (productos intermedios). De manera que, una parte de la producción expresada en el presupuesto es un requisito directo de las políticas y otra parte sólo es un requisito indirecto de tales políticas.

· Cuarto: El presupuesto debe expresar la red de producción donde cada producto es condicionado y, a la vez, condiciona a otros productos de la red, existiendo así unas determinadas relaciones de coherencia entre las diversas producciones que se presupuestan.

1.	Programación: Se desprende de la propia naturaleza del presupuesto y sostiene que éste -el presupuesto- debe tener el contenido y la forma de la programación.
	a. Contenido: establece que deben estar todos los elementos que permitan la definición y la adopción de los objetivos prioritarios. El grado de aplicación no está dado por ninguno de los extremos, pues no existe un presupuesto que carezca completamente de una base programática, así como tampoco existe uno en el que se hubiese conseguido la total aplicación de la técnica. b. Forma: en cuanto a la forma, con él deben explicitarse todo los elementos de la programación, es decir, se deben señalar los objetivos adoptados, las acciones necesarias a efectuarse para lograr esos objetivos; los recursos humanos, materiales y servicios de terceros que demanden esas acciones así como los recursos monetarios necesarios que demanden esos recursos.
	Respecto de la forma mediante este principio se sostiene que deben contemplarse todos los elementos que integran el concepto de programación. Es decir, que deben expresarse claramente los objetivos concretos adoptados, el conjunto de acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos, los recursos humanos, materiales y otros servicios que demanden dichas acciones y para cuya movilización se requieren determinados recursos monetarios, aspecto este último que determina los créditos presupuestarios necesarios.
2.	Integralidad: en la actualidad, la característica esencial del método de presupuesto por programas, está dado por la integralidad en su concepción y en su aplicación en los hechos.El presupuesto no sería realmente programático si no cumple con las condiciones que imponen los cuatro enfoques de la integralidad. Es decir, que el presupuesto debe ser:
	a. Un instrumento del sistema de planificación; b. El reflejo de una política presupuestaria única; c. Un proceso debidamente vertebrado; y d. Un instrumento en el que debe aparecer todos los elementos de la programación
3.	Universalidad: dentro de este postulado se sustenta la necesidad de que aquello que constituye materia del presupuesto debe ser incorporado en él. Naturalmente que la amplitud de este principio depende del concepto que se tenga de presupuesto. Si este sólo fuera la expresión financiera del programa de gobierno, no cabría la inclusión de los elementos en términos físicos, con lo cual la programación quedaría truncada. En la concepción tradicional se consideraba que este principio podía exponerse cabalmente bajo la "prohibición" de la existencia de fondos extrapresupuestarios.
4.	Exclusividad: en cierto modo este principio complementa y precisa el postulado de la universalidad, exigiendo que no se incluyan en la ley anual de presupuesto asuntos que no sean inherentes a esta materia. Ambos principios tratan de precisar los límites y preservar la claridad del presupuesto, así como de otros instrumentos jurídicos respetando el ámbito de otras ciencias o técnicas. No obstante, de que en la mayoría de los países existe legislación expresa sobre el principio de exclusividad, en los hechos no siempre se cumplen dichas disposiciones legales. En algunos países de América Latina, particularmente en épocas pasadas, se estableció la costumbre de incluir en la ley de presupuestos disposiciones sobre administración en general, y de personal en particular, tributación, política salarial, etc., llegando, excepcionalmente, desde luego, a dictar normas que ampliaban o reformaban el Código Civil y el Código de Comercio. Sobre todo, en este último aspecto, tal inclusión no era fruto de un error, sino que se procuraba evitar la rigurosidad del trámite parlamentario a que están sujetas tales cuestiones.
5.	Unidad: este principio se refiere a la obligatoriedad de que los presupuesto de todas las instituciones del sector público sean elaborados, aprobados, ejecutados y evaluados con plena sujeción a la política presupuestaria única definida y adoptada por la autoridad competente, de acuerdo con la ley, basándose en un solo método y expresándose uniformemente. En otras palabras, es indispensable que el presupuesto de cada entidad se ajuste al principio de unidad, en su contenido, en sus métodos y en su expresión. Es menester que sus políticas de financiamiento, funcionamiento y capitalización sean totalmente complementarias entre sí.
6.	Acuciosidad: para el cumplimiento de esta norma es imprescindible la presencia de las siguientes condiciones básicas en las diversas etapas del proceso presupuestario:
	a. Profundidad, sistema y organicidad en la labor técnica, en la toma de decisiones, en la realización de acciones y en la formación y presentación del juicio sobre unas y otras, y b. Sinceridad, honestidad y precisión en la adopción de los objetivos y fijación de los correspondientes medios; en el proceso de su concreción o utilización; y en la evaluación de nivel del cumplimiento de los fines, del grado de racionalidad en la aplicación de los medios y de las causas de posibles desviaciones.
	En otras palabras, este principio implica que se debe tender a la fijación de objetivos posibles de alcanzar, altamente complementarios entre sí y que tengan la más alta prioridad.
7.	Claridad: este principio tiene importancia para la eficiencia del presupuesto como instrumento de gobierno, administración y ejecución de los planes de desarrollo socio-económicos. Es esencialmente de carácter formal; si los documentos presupuestarios se expresan de manera ordenada y clara, todas las etapas del proceso pueden ser llevadas a cabo con mayor eficacia.
8.	Especificación: este principio se refiere, básicamente, al aspecto financiero del presupuesto y significa que, en materia de ingresos debe señalarse con precisión las fuentes que los originan, y en el caso de las erogaciones, las características de los bienes y servicios que deben adquirirse. En materia de gastos para la aplicación de esta norma, es necesario alejarse de dos posiciones extremas que pueden presentarse; una sería asignar una cantidad global que serviría para adquirir todos los insumos necesarios para alcanzar cada objetivo concreto y otra, que consistiría en el detalle minucioso de cada uno de tales bienes y servicios. La especificación significa no sólo la distinción del objetivo del gasto o la fuente del ingreso, sino además la ubicación de aquellos y a veces de éstos, dentro de las instituciones, a nivel global de las distintas categorías presupuestarias, y, en no contados casos, según una distribución espacial. También es indispensable una correcta distinción entre tales niveles o categorías de programación del gasto.
9.	Periodicidad: este principio tiene su fundamento, por un lado, en la característica dinámica de la acción estatal y de la realidad global del país, y, por otra parte, en la misma naturaleza del presupuesto. A través de este principio se procura la armonización de dos posiciones extremas, adoptando un período presupuestario que no sea tan amplio que imposibilite la previsión con cierto grado de minuciosidad, ni tan breve que impida la realización de las correspondientes tareas. La solución adoptada, en la mayoría de los países es la de considerar al período presupuestario de duración anual.
10.	Continuidad: se podría pensar que al sostener la vigencia del principio de periocidad se estuviera preconizando verdaderos cortes en el tiempo, de tal suerte que cada presupuesto no tiene relación con los que le antecedieron, ni con los venideros. De ahí que es necesario conjugar la anualidad con la continuidad, por supuesto que con plenos caracteres dinámicos. Esta norma postula que todas la etapas década ejercicio presupuestario deben apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y tomar, en cuenta las expectativas de ejercicios futuros.
11.	Flexibilidad: a través de este principio se sustenta que el presupuesto no adolezca de rigideces que le impidan constituirse en un eficaz instrumento de: Administración, Gobierno y Planificación. Para lograr la flexibilidad en la ejecución del presupuesto, es necesario remover los factores que obstaculizan una fluida realización de esta etapa presupuestaria, dotando a los niveles administrativos, del poder suficiente para modificar los medios en provecho de los fines prioritarios del Estado. Según este principio es necesario sino eliminar, por lo menos restringir al máximo los llamados "Recursos Afectados" es decir, las asignaciones con destino específico prefijado. En resumen, la flexibilidad tiende al cumplimiento esencial del presupuesto, aunque para ello deban modificarse sus detalles.
12.	Equilibrio: este principio se refiere esencialmente al aspecto financiero del presupuesto aún cuando éste depende en último término de los objetivos que se adopten; de la técnica que se utilice en la combinación de factores para la producción de los bienes y servicios de origen estatal; de las políticas de salarios y de precios y en consecuencia, también del grado de estabilidad de la economía.

Estas clasificaciones pueden referirse tanto a los recursos como a los gastos públicos y en cada una de éstas, la información se clasifica en atención a diferentes criterios como los que se exponen a continuación:
1.	De los recursos públicos: (Ingresos Públicos) · De acuerdo a su periodicidad · Económica · Según los sectores económicos de origen
	1.1	De los Recursos (Ingresos) Públicos: son las diversas formas de agrupar, ordenar y presentar los recursos (ingresos) públicos, con la finalidad de realizar análisis y proyecciones de tipo económico y financiero que se requiere en un período determinado. Su clasificación depende del tipo de análisis o estudio que se desee realizar; sin embargo, generalmente se utilizan tres clasificaciones que son: · De acuerdo a su periodicidad · Económica · Por sectores de Orígen De acuerdo a su periodicidad: esta agrupa a los ingresos de acuerdo a la frecuencia con que el Fisco los percibe. Se clasifican en ordinarios y extraordinarios, siendo los ordinarios, aquellos que se recaudan en forma periódica y permanente, provenientes de fuentes tradicionales, constituidas por los tributos, las tasas y otros medios periódicos de financiamiento del Estado. Los ingresos, extraordinarios por exclusión, serían los que no cumplen con estos requisitos. De acuerdo al Artículo 14 de Ley Orgánica de Régimen Presupuestario: "Son extraordinarios los ingresos fiscales no recurrentes, tales como los provenientes de operaciones de crédito público, de Leyes que originen ingresos de carácter eventual o cuya vigencia no exceda de tres años y de la venta de activos propiedad del Estado". No obstante, para efectos de la clasificación presupuestaria, deben considerarse también como ingresos extraordinarios las existencia del Tesoro no comprometidas al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal anterior al vigente, utilizadas de acuerdo al artículo 17 de la misma Ley que al efecto establece: "Cuando fuere indispensable para cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la presente Ley, en el presupuesto de ingresos se podrá incluir hasta la mitad de las existencias del Tesoro no comprometidas y estimadas para el treinta y uno de diciembre del año de presentación del Proyecto de Presupuesto". "Esta fuente de financiamiento tendrá carácter de ingreso extraordinario". Económica: según esta clasificación los ingresos públicos se clasifican en corrientes, recursos de capital y fuentes financieras. Los ingresos corrientes son aquellos que proceden de ingresos tributarios, no tributarios y de transferencias recibidas para financiar gastos corrientes. Los recursos de capital son los que se originan por la venta de bienes de uso, muebles e inmuebles, indemnización por pérdidas o daños a la propiedad, cobros de préstamos otorgados, disminución de existencias, etc. Las fuentes financieras se generan por la disminución de activos financieros (uso de disponibilidades, venta de bonos y acciones, recuperación de préstamos, etc.) y el incremento de pasivos (obtención de préstamos, incremento de cuentas por pagar, etc.) Por Sectores de Origen: esta clasificación se fundamenta en uno de los aspectos que caracterizan la estructura económica de Venezuela, donde una elevada proporción de productos se realizan en actividades petroleras y de hierro, lo cual implica que la mayoría de los ingresos surgen de las operaciones ejecutadas en el exterior. Dicha clasificación presenta el esquema siguiente: Sector externo: · Ingresos Petroleros · Ingresos del Hierro · Utilidad Cambiaria · Endeudamiento Externo Sector Interno: · Impuestos · Tasas · Dominio Territorial · Endeudamiento Interno · Otros Ingresos
2.	De los egresos públicos: (gastos públicos) · Institucional · Por la naturaleza del gasto o por partidas · Económica · Sectorial · Por Programas · Regional · Mixtas
	2.1	De los Egresos Públicos: Estos constituyen las diversas formas de presentar los egresos públicos previstos en el presupuesto, con la finalidad de analizarlos, proporcionando además información para el estudio general de la economía y de la política económica que tiene previsto aplicar el Gobierno Nacional para un período determinado. A continuación se presentan las distintas formas de clasificar el egreso (gasto) público previsto en el presupuesto: Clasificación Institucional: a través de ella se ordenan los gastos públicos de las instituciones y/o dependencias a las cuales se asignan los créditos presupuestarios, en un período determinado, para el cumplimiento de sus objetivos. Clasificación por Naturaleza de Gasto: permite identificar los bienes y servicios que se adquieren con las asignaciones previstas en el presupuesto y el destino de las transferencias, mediante un orden sistemático y homogéneo de éstos y de las variaciones de activos y pasivos que el sector público aplica en el desarrollo de su proceso productivo. Clasificación Económica: ordena los gastos públicos de acuerdo con la estructura básica del sistema de cuentas nacionales para acoplar los resultados de las transacciones públicas con el sistema, además permite analizar los efectos de la actividad pública sobre la economía nacional. Descripción de los principales rubros de la Clasificación Económica: Gastos corrientes: son los gastos de consumo y/o producción, la renta de la propiedad y las transacciones otorgadas a los otros componentes del sistema económico para financiar gastos de esas características. Gastos de Capital: son los gastos destinados a la inversión real y las transferencias de capital que se efectúan con ese propósito a los exponentes del sistema económico. Clasificación Sectorial: ésta presenta el gasto público desagregado en función de los sectores económicos y sociales, donde el mismo tiene su efecto. Persigue facilitar la coordinación entre los planes de desarrollo y el presupuesto gubernamental. Clasificación por Programa: ésta presenta el gasto público desagregado en función de los sectores económicos y sociales, donde el mismo tiene su efecto. Persigue facilitar la coordinación entre los planes de desarrollo y el presupuesto gubernamental. Clasificación Regional: permite ordenar el gasto según el destino regional que se le da. Refleja el sentido y alcance de las acciones que realiza el sector público, en el ámbito regional. Clasificación Mixta: son combinaciones de los gastos públicos, que se elaboran con fines de análisis y toma de decisiones. Esta clasificación permite mostrar una serie de aspectos de gran interés, que posibilitan el estudio sistemático del gasto público y la determinación de la Política Presupuestaria para un período dado. Las siguientes son las clasificaciones mixtas más usadas: · Institucional por Programa · Institucional por la Naturaleza del Gasto · Institucional Económico · Institucional Sectorial · Por objeto del Gasto Económico · Sectorial Económica · Por Programa y por la Naturaleza del Gasto

Insumo: recurso humano, material, equipo o servicio que se requiere para el logro de un producto, expresado en unidades físicas o en su valoración financiera.
Producto: bien o servicio que surge como un resultado, cualitativamente diferente, de la combinación de insumos que requiera su producción.
Relación Insumo Producto: relación técnica que expresa la combinación de diversos insumos en cantidades y calidades adecuadas y precisas para obtener un producto.
Relación de Condicionamiento: relación técnica por la cual determinados productos condicionan y a la vez, son condicionados por la producción y característica de otros.
Red de Producción: una de las formas en que se establecen las relaciones de condicionamiento entre todos los productos dentro de un determinado ámbito presupuestario.
Política: desde el punto de vista presupuestario, queda reservado para aquellos aspectos que trasciende la esfera interna de la institución y se refiere a cuestiones básicas de la sociedad.
Acción Operacional: micro proceso de producción que culmina en un producto primario e indivisible.
Acción de Regulación: es una norma cuyo propósito o resultado es regular los comportamientos externos a la institución y tiene como condicionante una o varias acciones operacionales.
Condiciones de lo Presupuestario:
	Condiciones de Posibilidad: los productos deben ser perfectamente definibles y diferenciables de otros productos pertenecientes a otras relaciones de insumo producto.
	Condición de Relevancia: el producto presupuestario requiere de un centro de gestión productiva de suficiente relevancia dentro de la red de acciones presupuestarias de una institución al cual resulte eficiente la asignación formal de recursos.
	Acción Presupuestaria: tipo especial agregado o combinado de acciones operacionales cuyos insumos y productos son definibles y perfectamente diferenciables de otros recursos y productos pertenecientes a otras relaciones de insumo producto.
	Centro de Gestión Productiva: es el centro de planificación, combinación y asignación formal de recursos en función de una producción previsible.
		Centro de Gestión Productiva Diversificado: es aquel que por razones de economías de escala de producción, tiene bajo una misma organización formalmente individida o de mínimo nivel, varios procesos productivos diferenciados y, en consecuencia produce diversos tipos de bienes o servicios.
		Centro de Gestión Productiva Especializado: es aquel donde sólo se lleva a cabo un proceso productivo homogéneo, en razón de que así lo permitan las economías de escala.
	Unidad Ejecutora: unidad administrativa responsable en forma total o parcial de la gestión a nivel de una acción presupuestaria.
	Unidad Coordinadora: es una unidad administrativa que además de reunir los requisitos de una unidad ejecutora, es responsable de planificar, en forma integral, la gestión productiva que se lleva a cabo en una acción presupuestaria.
	Responsable de Acción Presupuestaria: es el funcionario designado por autoridad competente para gerenciar en forma integral una acción presupuestaria.
	Red de Acciones Presupuestaria: es una de las formas en que se establece el condicionamiento entre los productos de todas las acciones presupuestarias dentro de un determinado ámbito presupuestario.
	Ambitos de Programación: es la agrupación de centros de gestión productiva, bien sea a nivel institucional sectorial o regional.
	Tecnología Institucional de Producción: está conformada por la relación de condicionamiento que se establece entre las diversas acciones presupuestarias.
	Tecnología del Centro de Gestión Productiva: este tipo de tecnología viene dada por la combinación en cantidad, calidad y naturaleza de los insumos que se requieren para lograr la producción.
	Categorías Programáticas: de acuerdo al tipo de producción (terminal o Intermedia), de las acciones presupuestarias y del tipo y ámbito de la red de dichas acciones existen diversas categorías programáticas.
		· Programa: es aquella donde la producción es terminal de la red de acciones presupuestarias de una institución, sector o región. Tiene las siguientes características: Es la categoría programática de mayor nivel en el ámbito de la producción terminal. Expresa la contribución a una política, ya que la producción terminal refleja un propósito esencial en la red de acciones presupuestarias que ejecuta una institución, sector o región. Se conforma por la agregación de categorías programáticas de menor nivel que confluyen al logro de su producción. · Subprograma: es aquella cuyas relaciones de condicionamiento son excluidas de un programa. Por sí solo, cada subprograma resulta en producción terminal. Tiene las siguientes características: La producción terminal de cada subprograma precisa, a un mayor nivel de especificidad, la producción del programa. La producción de todos los subprogramas es sumable en unidades físicas, sin pérdida del significado de la unidad de medición de la producción del programa del cual forma parte. La tecnología de producción es diferente para cada subprograma de la producción del programa del cual forma parte. Los insumos de todos los subprogramas son sumables en términos financieros y cada tipo de insumo de todos los subprogramas es sumable en términos de unidades físicas a nivel de programa. · Actividad: es aquella cuya producción es intermedia, es condición de uno o varios productos terminales o intermedios. Las actividades pueden ser específicas, centrales o comunes. Actividad Específica: categoría programática cuya producción es exclusiva de una producción terminal y forma parte integral del programa, subprograma o proyecto que la expresa. Actividad Central: categoría programática cuya producción condiciona a todos los productos de la red de acciones presupuestarias de una institución o sector y no es parte integrante de ningún programa o subprograma. Actividad Común: tiene todas las características de una actividad central, salvo que condiciona dos o más programas, pero no a todos los programas de la institución o sector.

2.	Tipos de Modificaciones Presupuestarias:
	2.1	Créditos Adicionales: Son incrementos a los créditos presupuestarios que se acuerdan a los programas, subprogramas, proyectos, obras, partidas, subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas que expresamente señalen la Ley de Presupuesto y la distribución institucional de cada año. El Ejecutivo Nacional, al tramitar la modificación presupuestaria en referencia, debe demostrar que el Tesoro Nacional dispondrá de los recursos para atender la erogación
	2.2	Rectificaciones: Son incrementos de créditos presupuestarios que se acuerdan a los programas, subprogramas, obras, partidas y subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas de los organismos ordenadores de compromisos y pagos, para gastos necesarios no previstos o que resulten insuficientes. La fuente de financiamiento es la partida "Rectificaciones al Presupuesto" prevista en la Ley de Presupuesto anual; por ello, el uso de esa partida aumenta los créditos del organismo, pero no al total de las asignaciones acordadas en dicha Ley.
	2.3	Insubsistencia o anulaciones de créditos: Es una modificación presupuestaria mediante la cual se anulan, total o parcialmente, los créditos no comprometidos acordados a programas subprogramas, proyectos, obras, partidas, subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas de la Ley de Presupuesto; constituye una de las modificaciones que provoca rebaja a los créditos del presupuesto de gastos.
	2.4	Ajustes en los créditos por Reducción de Ingresos: Es una modificación presupuestaria mediante la cual se anulan total o parcialmente los créditos no comprometidos acordados a programas, subprogramas, proyectos, obras, partidas, subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas de la Ley de Presupuesto. Estas reducciones a los créditos se originan cuando se evidencia una disminución de los ingresos previstos para el ejercicio fiscal.
	2.5	Traspasos de créditos: Consiste en una reasignación de créditos presupuestarios entre partidas y sub partidas genéricas, específicas y subespecificas de un mismo programa o distintos programas que no afectan el total de los gastos previstos en el presupuesto. De acuerdo a los niveles de aprobación los traspasos se clasifican en:

Con la finalidad de abordar los aspectos que se consideran básicos dentro de cada una de las técnicas empleadas se describen a continuación las características más resaltantes de los sistemas de presupuesto tradicional, Planeamiento-Programación-Presupuestación (PPBS), Presupuesto por Programas y Presupuesto Base Cero.
1.	Presupuesto Tradicional: el fundamento del presupuesto tradicional es la asignación de los recursos tomando en cuenta, básicamente, la adquisición de los bienes y servicios según su naturaleza o destino, sin ofrecer la posibilidad de correlacionar tales bienes con las metas u objetivos que se pretenden alcanzar. Es sólo un instrumento financiero y de control. Por otra parte, la metodología de análisis que emplea es muy rudimentaria, fundamentándose más en la intuición que en la razón, es decir, que las acciones que realizan las diferentes instituciones no están vinculadas a un proceso consciente y racional de planificación. Otra desventaja que ofrece el método tradicional es que los usuarios del documento presupuestario, no dispone de la información suficiente que le permita observar en que se utilizan los ingresos que se recaudan por los diversos conceptos.
2.	Presupuesto por Programas: aparece para dar respuesta a las contradicciones implícitas en el Presupuesto Tradicional y en especial para que el Estado y las instituciones que lo integran dispongan de un instrumento programático que vincule la producción de los bienes y servicios a alcanzar con los objetivos y metas previstas en los planes de desarrollo.
3.	Sistema de Planeamiento-Programación-Presupuestación (PPBS) La otra forma que se ha utilizado para presupuestar dentro del sector público, ha sido la conocida como "Planeación-Programación-Presupuestación (PPBS)", empleada originalmente por los Estados Unidos de Norteamérica como una manera de disponer criterios efectivos para la toma de decisiones, en la asignación y distribución de los recursos tanto físicos como financieros en los diferentes organismos públicos.
4.	Presupuesto Base Cero: Esta técnica presupuestaria es de reciente data. Comienza a utilizarse a partir de 1973 en algunas entidades federales del gobierno Norteamericano, la nueva metodología pretende determinar si las acciones que desarrollan los diferentes órganos que conforman el Estado son eficientes. Si se deben suprimir o reducir ciertas acciones con el fin de propiciar la atención de otras que se consideran más prioritarias.

Una de las grandes preocupaciones nacionales, expresadas de diferentes maneras por la colectividad, es la angustia de llegar al fin del siglo y entrar en el próximo milenio con una Venezuela sin rumbo, en una de sus peores crisis, tanto en lo económico como en lo social, con una democracia que cada día parece responder menos a las necesidades de la población .La dirigencia política, empresarial, laboral y ciudadana solo parecen sustentar el desarrollo y la estabilidad del país, a través del recurso de resultados inmediatos, la mayoría de las veces no articulados con las transformaciones necesarias de la economía y la sociedad venezolana para su fortalecimiento en el largo plazo.

Tal pareciera que esta actitud nacional obedece a un cierto desasosiego causado por una transición hacia algo desconocido que no alcanzamos a entender plenamente; sin embargo, si no nos esforzamos por comprender los cambios del futuro y encauzar nuestros esfuerzos individuales y colectivos a lograr estas transformaciones profundas dentro del complejo fenómeno de la globalización mundial, difícilmente podremos ubicarnos de manera optimista para enfrentar nuestros retos.

Con la idea de motivar una discusión amplia sobre el tema, en diciembre de 1.996, la autora del presente artículo concluyó, conjuntamente con otros colegas, para la Fundación Integración y Desarrollo. FID, un estudio titulado: " MIRANDO AL FUTURO : Un estudio sobre la experiencia de planificación en Venezuela.

Una de la herramientas principales para orientar el desarrollo nacional en la segunda mitad del presente siglo, lo ha constituido la planificación. La planificación, entendida como mecanismo para coordinar y canalizar las aspiraciones nacionales. Este mecanismo, instrumentado a través del Sistema Nacional de Planificación que se estableció en 1.959 con la creación de CORDIPLAN, permitió reunir en los planes de desarrollo nacional, en la década de los sesenta, los principales objetivos de crecimiento y desarrollo del país. Lo anterior estuvo acompañado de un gran acuerdo, el Pacto de Punto Fijo, que le dio sustento político a los postulados de los planes de desarrollo y permitió comprometer en su ejecución a los grandes partidos nacionales.

A partir de 1.975, con el impacto de los ingresos petroleros generados por la crisis en el Medio Oriente, se produce en Venezuela un cambio en los paradigmas nacionales, que la llevan a intentar avanzar mas rápidamente hacia el logro de los objetivos de mayor crecimiento y bienestar. Esta circunstancia permitió acelerar los grandes proyectos de inversión del Estado en las industrias básicas, fomentar la expansión general del sector privado y mejorar substancialmente los niveles de ingreso de la población, sin embargo no se cuidó la coherencia de las variables macroecómicas y sin pensar en lo transitorio de los ingresos recibidos.

La primera consecuencia de esta situación fue el abandono, sino teórico al menos en la práctica, de un crecimiento coherente y sistemático, y aún cuando se preparó el V Plan de l Nación: La Gran Venezuela , el mismo se vio determinado por las disponibilidades de recursos financieros que permitieron actuar en todos los campos de la vida nacional, sin tener que priorizar las acciones y los proyectos.

Cuando el elevado volumen de ingresos petroleros dejó de fluir, nos encontramos en la necesidad de enfrentar los resultados: alto endeudamiento público y privado, cambio en las magnitudes de las aspiraciones nacionales, proyectos de inversión pública en el área industrial y de servicios sin concluir, abandono de la inversión privada, deterioro de los indicadores sociales, avance de la corrupción y deterioro del consenso político.

Retomar de nuevo el camino para encauzar las aspiraciones nacionales, de acuerdo a una visión ordenada del crecimiento y el desarrollo y detener el deterioro creciente de los indicadores económicos y sociales ha sido una tarea casi imposible en los últimos 20 años. La pérdida de la brújula no ha sido sustituida por otro instrumento de orientación y canalización de las aspiraciones nacionales, lo cual, unido a lo errático del nivel de los ingresos petroleros ha permitido mantener la esperanza de poder alcanzar los niveles deseables para satisfacer cualquier aspiración nacional.

Este sentimiento subyacente en la población y en los dirigentes nacionales de todas las tendencias políticas, no ha permitido efectuar los ajusten necesarios para reordenar el desarrollo nacional dentro de una visión de largo plazo que aproveche la dotación de recursos del país y propenda a su modernización dentro del mundo globalizado de hoy.

Por el contrario parece no existir una clara visión de las limitaciones que impone la situación y de la falta de rumbo del país, aun cuando todos estamos conscientes del deterioro ,especialmente el social y de los peligros que ello entraña para el sostenimiento de la democracia y para entrar al próximo milenio en condiciones de aprovechar nuestras potencialidades.

Nos encontramos frente a enormes desafíos para nuestra economía, apoyada aún en un solo producto de exportación, con una población joven, ávida de bienestar, frente a una sociedad desorientada, especialmente en sus valores espirituales y cada día mas impotente para resolver sus múltiples necesidades. Ante esta situación pareciera imprescindible adoptar de nuevo un camino que conduzca a la senda perdida del desarrollo, siendo capaces de canalizar nuestras aspiraciones nacionales en el mundo global y utilizar en forma óptima la dotación de recursos naturales, humanos y financieros con que cuenta el país.

La respuesta a lo anterior se encuentra en dos áreas: la primera, en la construcción de un liderazgo moderno, abierto, concertador, capaz de canalizar las aspiraciones nacionales, sin demagogias, con firmeza y claridad de visión; la segunda en el retomar la planificación, entendida como actitud, como concepto, como forma de poner juntas las acciones necesarias de los sectores público y privado en aras de alcanzar objetivos y metas concretas, dentro de un lapso mayor que el de las actuaciones de un gobierno, capaz de suministrar a los líderes nacionales los instrumentos y estrategias para llevar a cabo las grandes transformaciones que el país necesita.

Venezuela utilizó las mismas bases conceptuales que la mayoría de los países de América Latina para fijar las bases de su desarrollo en la década de los sesenta y para entonces, la sustitución de importaciones era la orientación acertada como política para lograr el aprovechamiento de los recursos nacionales, generar empleo creciente y bien remunerado, procurar insertarse en la economía mundial mediante el estímulo a la promoción de exportaciones no tradicionales de rubros complementarios al proceso de sustitución de importaciones y el desarrollo de ventajas comparativas en base a recursos naturales. Este modelo se agotó, tanto en América Latina como en Venezuela aunque no así los fundamentos de las ventajas competitivas del país

La década de los 90 ha traído nuevos desafíos. Se trata de resarcir el deterioro económico y social ocurrido la década perdida, como se ha llamado la década de los ochenta para América Latina y preparar las economías para insertarse en un mundo globalizado y abierto, tanto en lo económico como en lo social. América Latina se volcó masivamente hacia las nuevas políticas de apertura, Chile, México, Argentina las iniciaron desde finales de la década pasada y Venezuela realizó su primer intento en 1.989, paradojicamente bajo el mandato del Presidente Carlos Andrés Pérez a quien le tocó gobernar durante el quinquenio 1.974-1.979, período donde se acentuó el papel del Estado en la economía.

Circunstancias sociales y políticas deterioraron rápidamente las ideas de modernización y apertura y retrotrajeron al país a políticas mas conservadoras por unos pocos años, hasta abril de 1.996 cuando de nuevo se inicia el camino de la modernización económica expresada en la Agenda Venezuela, pero con los mismos errores de óptica del pasado. Ni El Gran Viraje, ni la Agenda Venezuela se han insertado en una visión compartida de largo plazo sobre el país que queremos, ninguno de los dos esfuerzos ha definido la Venezuela del próximo milenio para poder de esa manera instrumentar programas de largo aliento en sectores tan sensibles y determinantes del futuro como la educación, la salud y la modernización de la estructura productiva.

Sin esta visión de largo plazo vamos a continuar teniendo éxito transitorio en el ajuste de las variables macroeconómicas, sin lograr las transformaciones de la estructura productiva que consoliden los avances logrados en el marco global; dentro de poco tiempo estaremos de nuevo planteándole al país un nuevo sacrificio para modernizar la economía y es probable que en una nueva oportunidad, el país no acepte un nuevo programa de ajuste que recaiga sobre las grandes mayorías nacionales empobreciéndolas más.

Para evitar lo anterior se debe abordar de inmediato una reflexión nacional sobre el país que queremos para nuestros hijos y no quedarnos allá sino avanzar sistemáticamente , sin prisas pero sin pausas, en la estrategia de transformación de la base productiva del país y en el mejoramiento social de la población.

Pareciera incongruente con los resultados obtenidos el insistir en repensar la planificación como mecanismo para alcanzar las metas nacionales, pero si realizamos un análisis desprejuiciado de lo que ha sido la planificación en Venezuela y sus aportes al desarrollo, podemos evidenciar algunos hechos relevantes que pueden garantizar un mejor desempeño futuro.

Si partimos del reconocimiento de que en Venezuela la planificación encontró un mejor ambiente que el que existió en la mayoría de los países latinoamericanos, basado por una parte, en la capacidad del Estado de imponer orientaciones al sector privado y avalarlas con acciones concretas por ser dueño de una parte importante de los recursos financieros y propietario de las principales materia primas, y por la otra, por haberse generado suficiente consenso desde el momento de su concepción en la necesidad de fijar prioridades para el desarrollo y actuar en consecuencia., podremos decir que estas ventajas han permitido que aún, en medio de la mayor crisis de valores y recursos del país, la planificación aún sea reconocida como un instrumento de orientación y vista como elemento favorable para la reducción de la iniquidad social.

La planificación en Venezuela ha sido apolítica, en un país altamente politizado. Se ha usado como instrumento de desarrollo y como una técnica, desprovista de ideologías y por eso ha sobrevivido los cambios de gobierno . Este hecho, aparentemente favorable, también le ha restado eficacia porque si bien, ha generado proyectos de amplio consenso, no ha generado suficiente compromiso político para defender su realización en forma oportuna y generar las acciones necesarias para su instrumentación.

La compatibilidad entre Programas de Gobierno de los candidatos presidenciales que han ganado las elecciones en Venezuela y los postulados de los planes que le ha correspondido elaborar en el Gobierno, en general, no están correlacionados. Esta tal vez es la razón de que todos estamos con el Plan pero el Plan no es de nadie. Por su parte, las fuerzas políticas en el Congreso han dedicado muy poco tiempo a discutir las orientaciones de mediano plazo, produciéndose de esta manera un desmontaje de las estrategias del desarrollo al aprobarse leyes sin vinculación o contrarias a los objetivos planteados y aprobar presupuestos desvinculados de los programas de acción necesarios para instrumentar el plan. En otros casos, el retardo en la aprobación de leyes ha neutralizado el esfuerzo de coherencia de las medidas propuestas.

Muchas son las deficiencias en el diseño de los planes y en su instrumentación, pero al lado de las mismas, se pueden rescatar valores importantes desarrollados al amparo de la planificación. La búsqueda del mayor bienestar para toda la población como objetivo final del desarrollo permanece como concepto inmutable en la mente de los constructores de la Nación. La estrategia para lograrlo ha pasado por circunstancias difíciles y sería arriesgado afirmar que se pueden mostrar progresos importantes en estos momentos. Pero no siempre fue así. Venezuela aprovechó en los primeros años de democracia para dar el salto cualitativo hacia la modernidad y hacia el fortalecimiento de las capacidades de su recurso humano. Los problemas crecieron mas rápido que las soluciones y hemos visto un franco retroceso en la mayoría de las variables sociales que debe ser revertido en el futuro mediato.

La visión de mediano plazo de una economía mas independiente del petróleo, de un país menos rentista y mas productor, favoreció la estrategia de sustitución de importaciones permitiendo la creación del potencial productor que hoy detentamos. No hubo suficiente decisión para introducir progresivamente los cambios de rumbo necesarios y hoy frente a la necesidad de una apertura mayor, la estructura productiva esta siendo sometida a un ajuste drástico dirigido por las fuerzas del mercado, de un mercado imperfecto por la propia estructura existente y el tamaño del mismo. No fue defecto de la planificación, fue la falta de una voluntad política para enfrentar los intereses de los grupos de presión que permitieron que una actividad naciente lo fuera de por vida y por lo tanto disfrutara de amplio apoyo gubernamental para su expansión y diversificación. Es decir , no se actuó con coherencia entre los planteamientos del Plan y la instrumentación del mismo.

El desarrollo de grandes proyectos para la transformación de los recursos naturales, la mejora en la evaluación de proyectos públicos en general, el mejor aprovechamiento de la red de asistencia y financiamiento internacional, la formación de funcionarios con visión global de los problemas, la mejora en la capacitación del recurso humano del sector público, la necesaria referencia a una visión común de los problemas, son algunos de los elementos positivos rescatables de la planificación venezolana, aunque algunos de ellos se hayan revertido en los últimos años.

Se habla de una nueva planificación. Ha surgido el concepto de gestión estratégica en contraste con la planificación situacional del pasado. Se atiende mas a las decisiones, a la acción y al funcionamiento que a las trayectorias voluntaristas de las variables. Supone sopesar los comportamientos previsibles de los agentes económicos, sociales y políticos frente a las decisiones de gobierno.

La definición de gestión estratégica contiene la noción de una finalidad, del logro de objetivos concretos en distintos horizontes de tiempo y en consecuencia la visión de largo plazo coherente con las de mediano y corto plazo son consustanciales a este concepto e implican un mayor grado de participación política en el diseño y ejecución de la gestión de planificación para garantizar por esta vía los consensos necesarios.

Al lado de la nueva planificación está la reconstrucción del Estado para atender con coherencia, oportunidad y claridad las decisiones necesarias para garantizar que el mercado opere con transparencia, en beneficio de la colectividad y no de unos pocos. Un Estado mas pequeño, eficiente y con altos valores éticos es indisoluble del nuevo concepto de gestión estratégica.

En Venezuela, el reconocimiento de la realidad de una economía mixta donde el petróleo continuará por muchos años proveyendo los recursos para financiar parte importante del funcionamiento de la economía; donde las diferencias de productividad del sector exportador y del resto de los sectores llevará años reducirlas, establece la imperiosa necesidad de la acción y orientación del Estado para reducir las inequidades, compatibilizar las aspiraciones regionales y nacionales, velar por el acelerado crecimiento de las regiones mas rezagadas y dotar de oportunidades a todos los venezolanos, a la vez que establece el marco general de funcionamiento de una sociedad mas abierta y competitiva. Este es el reto de la planificación en el nuevo milenio. Parece oportuno aprender de lo realizado, mejorando las capacidades existentes para desde allí apoyándonos en nuestros propios pies diseñar el futuro con visión amplia viendo el bosque además del árbol.

Construir una organización tiene como meta principal lograr un nivel aceptable de eficiencia en la administración de los recursos. La explosión demográfica de los empleados, las irregularidades en el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, y otros casos extraídos de la inagotable cantera de la insensatez nacional en el manejo de la cosa pública deben inscribirse más bien en los anales del favoritismo y la corrupción administrativa antes que ser tomados como testimonio de que el Estado es ineficiente a la hora de gastar.

La variedad de las demandas y la complejidad de los mecanismos destinados a satisfacerlas exigen, en el momento de consolidar el presupuesto, la formulación de políticas que deben saldar la puja que por los recursos libran diferentes sectores. De la correcta solución de este sistema con más incógnitas que ecuaciones resultará la escasez o la suficiencia de los recursos.

En primer lugar, deben identificarse explícitamente las necesidades que se aspira a satisfacer, luego formularse la política específica para atenderlas, a ésta asignarse recursos, todo lo que se materializa en un presupuesto, cuya apertura programática resultará suficiente y representará el proceso productivo de los bienes y servicios.

Por añadidura, el presupuesto incluirá la cuantificación de la producción del programa, a través de indicadores de metas físicas, de ser posible. El ejecutor del programa establecerá un sistema que le permita evaluar el resultado de su gestión y la rendición de cuentas ante sus superiores y la comunidad.

La definición de demanda en condiciones de mercado reúne dos elementos: que exista un estado de necesidad revelado, y un poder adquisitivo que lo acompañe. Es la misma persona la que, al realizar el gasto, satisface su necesidad.

No ocurre lo mismo con la cosa pública. Todos contribuimos a financiar actividades públicas, para satisfacer necesidades comunes y programas focalizados destinados a resolver necesidades específicas. La determinación del monto, y en qué se gasta y la forma como se financia son facultades del Congreso de la Nación.

No siempre se dispone de información relevante actualizada sobre las necesidades insatisfechas, en cuanto al grado de insatisfacción ni en cuanto a la cantidad de personas afectadas, lo que dificulta la selección de la política más adecuada.

Esta selección suele estar precedida por problemas de diagnóstico, como el que pone en evidencia el relato del político que recorre las comunidades sobre un camión cargado de juguetes. Se detiene en una de ellas, donde un poblador se le acerca para saber qué se le ofrece. «¡Soy candidato a diputado nacional y traigo juguetes para los chicos!», contesta, impaciente, el político. «¿Juguetes? -pregunta el ciudadano-. Gracias, pero aquí los chicos no comen.» «Ah, así que no comen, ¿eh? Muy bien, ¡entonces no hay juguetes!» El político no sólo ignoraba que allí los chicos no comían, sino que al enterarse interpretó que no lo hacían de caprichosos.

Tanto el plan de gobierno cuanto el conjunto de políticas que lo conforman se expresan en el presupuesto nacional. Los actores involucrados en su formulación y aprobación son múltiples, y la divergencia entre sus intereses suele introducir nuevas variables en el proceso.

La necesidad de contar con un presupuesto aprobado antes del inicio del ejercicio anual lleva a generar arduas negociaciones para lograr su cierre, y en esas negociaciones muchas veces un gobierno puede verse forzado a sacrificar objetivos y hasta la coherencia misma de su plan.

La experiencia de los últimos años indica que contar con un presupuesto aprobado no es el último filtro por el que debe pasar la formulación de una política. Al no cumplirse las metas de recaudación, el gobierno se ve obligado a efectuar recortes en los recursos de los programas. El resultado final es que algunos organismos terminan cubriendo exclusivamente sus costos fijos, pero no así los operativos, lo que afecta seriamente la eficacia y eficiencia de sus políticas.

Por todas estas causas, lograr la eficiencia en la gestión, es decir, la mejor utilización y combinación posible de recursos reales y financieros necesarios para producir bienes y servicios, es una tarea compleja.

Teniendo los problemas identificados, y habiendo excluido la corrupción y las corruptelas del ámbito técnico de la eficiencia del gasto, estamos en condiciones de formular algunas propuestas vinculadas con las herramientas por utilizar para lograr la economía, eficacia y eficiencia del gasto público.

La ley establece que las autoridades máximas de cada organismo son las responsables de conducir en forma económica y eficiente las actividades institucionales. Por otra parte, la Oficina Central de Presupuesto realiza un análisis crítico de los resultados físicos y financieros obtenidos.

Si bien es mucho lo que se ha hecho, mucho es lo que queda por hacer en cuanto a la formulación presupuestaria, su ejecución y su evaluación.

No caben dudas de que la posibilidad de hacer control de gestión en el Estado está íntimamente ligada a la existencia de un modelo de gestión por resultados. No se pueden monitorear correctamente eficacia y eficiencia si no están definidas las relaciones producto/necesidad social, insumo/producto y financiamiento/insumo.

Es imperativo, por lo tanto, establecer un modelo de gestión por resultados que, utilizando herramientas de planificación estratégica y modernas técnicas de gestión, ponga énfasis en la obtención de los resultados de manera eficiente y eficaz.

Es imprescindible desarrollar un sistema de información para la toma de decisiones que se alimente de un sistema de costos capaz de asociar cada gasto con el resultado obtenido, y también de datos externos y de indicadores relevantes, de modo tal de monitorear en tiempo real los efectos de las políticas públicas y sustentar la toma de medidas correctivas.

Estas medidas se complementan con la elaboración de un nuevo esquema periódico de rendición de cuentas por áreas de gestión, incluyendo la participación comunitaria en la evaluación de los programas sociales.

Esas son las asignaturas pendientes, tareas de envergadura que requieren un gran compromiso, calidad técnica y programación seria. No sólo serán posibles entonces las mediciones de la eficacia y eficiencia del gasto, sino que por sí mismas tenderán a introducir mejoras en los resultados de los procesos públicos.

Muchos males de nuestro país comienzan con políticas desordenadas, y no podemos, como dijo Einstein, resolver problemas recurriendo al mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos.

· Separación de la política y la administración: debido a la cantidad de decisiones que debe adopter, el consejo municipal, en su calidad de órgano político rector, no puede ocuparse de detalles. De otro modo se convertiría en un remador en lugar de operar como timonel. Por ello es conveniente separar los niveles políticos de los administrativos. A ello se añade que el consejo y la administración suscribirán anualmente un "contrato" para fijar las prestaciones y el presupuesto necesario para financiar éstas (management contractual).

· Orientación hacia el cliente y el mercado: la administración se concibe como empresa prestadora de servicios, que se organiza a partir del mercado. La administración debe orientarse por las necesidades del cliente y allí donde sea necesario organizar una competencia artificial que permita la comparación con las prestaciones de otras unidades administrativas y de otros proveedores.

· Manejo del output en lugar del input: los servicios que presta la administración se definen cuantitativa y cualitativamente como productos, y los resultados de la acción administrativa constituyen lo central en el cumplimiento de las tareas. Esta reorientación permite un enfoque económico y sienta las bases para las decisiones políticas.

· Administración descentralizada de los recursos: la separación tradicional de responsabilidades entre las decisiones de carácter especializado, por un lado, y su financiamiento, por otro, son catalogadas a menudo de "sistema de irresponsabilidad organizada". Ambas instancias responsables deben coordinar sus actividades para posibilitar a las oficinas la asignación directa y económica de recursos, y permitirle al órgano de control político un manejo político-financiero.

· El controlling: la separación de la responsabilidad política de la ejecución administrativa lleva a una concentración y a una delimitación del manejo político. Por medio de un sistema de información de cobertura territorial con el que la administración alimenta a los órganos de control se crean las premisas objetivas para la adopción de las tareas de conducción política.

· Nueva forma de contabilidad: la contabilidad tradicional se reemplaza por el sistema de la doble contabilidad comercial. Este método empleado en el sector privado facilita la comparación contable con empresas privadas, así como el logro de un resultado global consolidado, el "balance de consorcio".

· Política de personal: el eje central de la reforma administrativa lo conforma la relación del personal con su labor administrativa. Por ello la imagen del empleado administrativo debe inspirarse en la de un "public manager" con grandes responsabilidades, manager que se orienta hacia la ciudadania, que dispone de una concepción económica y goza de competencia en su especialidad. Debe desarrollarse un concepto de personal que se base en la planificación individual del desarrollo del personal, en una capacitación permanente, con remuneraciones que estimulen el rendimiento y con otros elementos motivadores.

Un análisis critico muestra que los elementos aqui nombrados han sido discutidos durante largo tiempo y que en parte ya tienen carácter de ley, aunque en numerosos casos no se aplique lo suficiente. Lo novedoso radica en que la conjugación de las propuestas ha generado un concepto global nuevo.

La planificación estratégica puede ser entendida como un estilo gerencial que se manifiesta en la conciencia de la necesidad de que la organización actué en función de su entorno, se amolde a él, cree valores y a su vez establezca un norte, un rumbo o una dirección que permitan al ente que la ejecute lograr una posición sólida a través de ventajas competitivas.

Cualquier ejercicio de planificación estratégica debe contemplar una clara definición de que se quiere alcanzar, a donde se quiere llegar y cual es el camino más conveniente a seguir para alcanzar esa meta.

Los objetivos se fijan como un mecanismo para hacer operativa la misión, indicarían junto con las metas, la parte mas visible del elemento filosófico de la misión. Las estrategias se diseñan y justifican porque señalan en que y como hacer para lograr esos objetivos, aprovechando de la mejor manera las oportunidades y enfrentando en forma efectiva las amenazas.

Es importante resaltar que a mayor dinamismo del entorno, mayor necesidad de planificación, esto recae principalmente en nuestro país ya que la planificación se basa principalmente en un ambiente de incertidumbre. El sentido de la planificación es identificar nuevos métodos para su desarrollo, Y es que los vicios en los sistemas de planificación parecen poseer como causa dos elementos.

La primera básicamente se puede identificar como un problema de periodos en el cual se desarrollan, ya que parece impredecible saber que acontecerá en el futuro inmediato. La segunda, es un problema de clara definición sobre lo que se esta haciendo cuando se construyen tales planes, los planes deben entenderse como un medio y no como un fin, pues el objetivo d su elaboración debe ser el desarrollo de alguna actividad que permita revisar permanentemente la actuación con los cambios del entorno.

Pienso entonces, que la receta para la mejora de los procesos de planificación se basa en la construcción de sistemas de información que suministren los datos necesarios y oportunos del entorno y que sirvan de insumo para los continuos cambios que se deban generar.

El presupuesto por programas, es un nuevo concepto de aplicación de la técnica presupuestal y aunque los resultados obtenidos con su implantación, son más objetivos en los organismos gubernamentales, empresas descentralizadas, entidades estatales, etc. no deja de estar dentro de las entidades privadas.

Por lo que su uso no está limitado, ya que se puede adoptar a cualquier tipo de negocio.

Un presupuesto que utiliza el gobierno se maneja de la siguiente manera: primero plantean cuales son las necesidades o gastos que va a haber en un periodo o tiempo determinado y después investigan como pueden solventar sus gastos y de hecho un presupuesto es eso, ahora, solamente que mediante números o cifras se va a guiar al dirigente de un ente, entendiéndose como ente en este caso a una empresa ya sea pública o privada.

Giordani, Jorge. LA PLANIFICACIÓN COMO PROCESO SOCIAL. Vadell Hermanos Editores.

Corredor Ruiz, Julio. LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA. Vadell Hermanos Editores.

E. DÜRR "ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA", Madrid 1978, 8 págs.

		a)	Subestimaciones o sobreestimaciones de los créditos asignados originalmente en la Ley de Presupuesto y en la distribución institucional.
		b)	Incorporación de nuevos programas.
		c)	Reajuste de gastos acordados por el Presidente de la República, con miras a un uso más racional de los mismos o motivado por situaciones de tipo coyuntural no previstas.
		d)	Alteración de las metas o volúmenes de trabajo en los programas que desarrolla el organismo.
		e)	Gastos no previstos.

La planificación del desarrollo económico y social constituye una de las responsabilidades fundamentales del sector público; el sistema de planificación está constituido por diversos instrumentos, cada uno de los cuales cumple una función especifica, complementaria por los demás; y que, dentro de ellos, al Plan Anual Operativo le corresponde la concreción de los planes de largo y mediano plazo. Uno de los componentes del Plan Operativo Anual es el Presupuesto del Sector Público, a través del cual se procura la definición concreta y la materialización de los objetivos de dicho sector. La concepción moderna del presupuesto está sustentado en el carácter de integridad de la técnica financiera, ya que el presupuesto no sólo es concibido como una mera expresión financiera del plan de gobierno, sino como una expresión más amplia pués constituye un instrumento del sistema de planificación, que refleja un a política presupuestaria única. Bajo este enfoque de la integridad se sustenta la necesidad de que las diversas etapas del proceso presupuestario, sean concebidas como aspectos igualmente importantes del sistema presupuestario y, por lo tanto, estén debidamente coordinados.

1.	Plan Operativo Anual: Instrumento de Gestión de apoyo a la acción pública, que contiene las directrices a seguir: áreas estratégicas, programas, proyectos, recursos y sus respectivos objetivos y metas, así como la expresiónfinanciera para acometerlas.
2.	Presupuesto: es la expresión financiera para apoyar la ejecución de las acciones contempladas en el Plan Operativo Anual Nacional (P.O.A.N.)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD YACAMBÚ

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

		1.	Los que ameriten modificación de las partidas o de las subpartidas controladas, requieren aprobación del Congreso de la República.
		2.	Los que ameriten modificación de las partidas o de las subpartidas no controladas, requieren aprobación del Congreso de la República, si el monto es mayor al cinco por ciento (5%)
		3.	Los que ameriten modificación de las partidas o de las subpartidas no controladas, requieren aprobación de la Oficina Central de Presupuesto si el monto es igual o menor al cinco por ciento (5%).
		4.	Los que afecten a las subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas no controladas de una partida, deben ser autorizadas por la máxima autoridad del organismo o su delegado.