La historia personal de los políticos chilenos está llena de objetos contundentes y armas arrojadizas. Más o menos el mismo día en que un cenicero salió volando por la ventana de la oficina del intendente Patricio Vallespín, me contaron que una cosa parecida ocurrió durante el gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964) y el protagonista fue el entonces ministro de Justicia, Enrique Ortúzar, quien más tarde redactaría los borradores de la Constitución de 1980.

Alessandri no ocultaba su predilección por Ortúzar y por eso era uno de los pocos ministros que tenía despacho oficial en el palacio de La Moneda. Un buen día, la esposa del ministro, a cuyos oídos había llegado la especie de que éste tenía un "affaire" sentimental con una funcionaria, se presentó en la oficina y armada con su paraguas las emprendió contra ambos. La Moneda intentó silenciar el asunto, pero la historia llegó a oídos del conocido periodista Hernán Millas que trabajaba en el diario "Clarín" donde tenía una columna que se llamaba "La Moneda de dos caras".

Millas publicó el escándalo de los "paraguazos" y Ortúzar, que negaba los hechos, fue durante varios días el protagonista del sarcasmo nacional y su relación matrimonial fue objeto de las más diversas especulaciones.

Pero Ortúzar, con la anuencia de Alessandri, pensó que la venganza es un plato que se sirve frío y comenzó a redactar la famosa "Ley Mordaza" que vería la luz en 1964. La normativa consideraba como ofensa la publicación de cualquier información o comentario que dañara la dignidad, reputación y credibilidad de las personas aunque se tratara de hechos veraces. De paso se limitaron severamente las informaciones de carácter sensacionalista sobre crímenes, la llamada "crónica roja".

Aunque la "Ley Mordaza" fue derogada por la Ley de Abusos de Publicidad de 1967, una parte importante de su filosofía se mantiene vigente. El interés personal de Ortúzar por el asunto se ha infiltrado en la actual Constitución que recoge el derecho a la honra en el artículo 19, número cuatro. La introducción de este derecho novedoso en nuestra historia constitucional no fue defendida públicamente por Ortúzar en su momento (porque sabía que todo el mundo se acordaría de los "paraguazos"), sino por su alumno y amigo Jaime Guzmán Errázuriz.

Y es así como este escándalo ocurrido hace más de 40 años ha tenido un efecto jurídico y político de enorme trascendencia en la vida de Chile. Por esta razón, no sabemos qué puede ocurrir ahora con el incidente de los "corcheterazos" y "cenicerazos" en la Intendencia. Lo cierto es que al haberse producido daños en la propiedad pública, la pelea era difícil de desmentir, pero si la Ley Ortúzar hubiera estado en vigor, Vallespín hubiera podido meter en la cárcel a los periodistas de medio Chile.

De hecho eso fue lo que Enrique Ortúzar hizo con la redacción de "Clarín". Me contaba Carlos Alberto Cornejo, un periodista que con apenas 14 años ya escribía de cine en ese desaparecido diario con el seudónimo "Incinerador" y elaboraba los guiones de la tira cómica "Lolita" que dibujaba Alberto Vivanco, que con la "Ley Mordaza" en la mano, el gobierno de Alessandri mandó a la cárcel a todos los periodistas desde el director, el polémico Darío Saint-Marie, hasta el jefe de Deportes, a la sazón "el pelao" Arellano y el jefe de rotativas. Porque Ortúzar introdujo en su normativa la famosa "cascada de responsabilidades" según la cual, si no se podía identificar al autor de un artículo, iba preso el director, y si no su segundo y así hasta el jefe de talleres. En aquella ocasión, en "Clarín" sólo se salvaron dos personas: el jefe del archivo y el propio Carlos Alberto porque era menor de edad.

Aunque en Chile la doctrina de la ocultación promovida por Ortúzar y sus amigos ha hecho escuela, sobre todo en los partidos de la derecha, lo cierto es que los hechos familiares y privados de las personas públicas adquieren relevancia cuando pueden mediatizar su desempeño. Ahí esta, en los años 60, el famoso caso del ministro británico de Defensa, John Profumo. Que el ministro engañara a su mujer no era de interés público, pero si lo hacía con una bella espía soviética, la seguridad nacional estaba en peligro.

El caso de Patricio Vallespín es bastante más pedestre que el de Profumo. De hecho, si no fuera por la pelea en una repartición pública, su separación matrimonial no tendría por qué aparecer en la prensa ni interesaría a nadie. También parece exagerado sacar conclusiones sobre el desempeño de Vallespín a partir de este incidente o cuestionar a todos los nuevos intendentes, en su mayoría jóvenes, que nombró Ricardo Lagos en la última remodelación de su gobierno simplemente por su edad.

El intendente ha sido valiente asumiendo los hechos, guardándose el orgullo herido y evitando las reacciones histéricas de censura y ocultación tan características de otras épocas. Pero no se puede ocultar que la ciudadanía, con toda lógica, tiende a pensar que él puede estar más preocupado de su vida privada que de los asuntos públicos. Si su despechada esposa quería marcar su carrera política, sin duda que lo consiguió con su mala puntería a la hora de lanzar los ceniceros.
Paraguas y ceniceros:
de Ortúzar a Vallespín