La matanza ocurrida esta semana en Rucamañío ha conmocionado al país y especialmente a los osorninos. Muchos estereotipos que existían sobre nuestra comunidad mapuche han caído por los suelos y deberán ser revisados en los próximos días. Todos los que en alguna ocasión hemos tenido que describir a la comunidad huilliche de Osorno utilizando palabras como "pacífica" y "dialogante" nos hemos quedado atónitos ante el despliegue de violencia del miércoles pasado.

De pronto, un Afganistán, con sus guerras tribales y sus "señores de la guerra" ha surgido a nuestras espaldas. Y digo espaldas porque San Juan de la Costa ha sido hasta ahora el patio trasero de un Osorno que prefiere mirar hacia el volcán y hacia los lagos.

Hace apenas unos días este diario daba cuenta de la apertura de un nuevo camino a una apartada comunidad costera. Sospecho que con esta nueva interacción que generan las vías públicas comenzaremos a conocer mejor a las comunidades indígenas que habitan allí y a las que sólo veíamos de refilón cuando se aventuraban a los mercados rahuinos, el punto donde se encontraban nuestro Chile formal y nuestro Chile real.

No sería extraño que durante décadas los problemas de tierras en esa zona se hallan estado solucionando por medio de la violencia sin que nos diéramos por enterados. De hecho esta falta de información es la que permitió en el pasado que individuos inescrupulosos realizaran compras fraudulentas de terrenos indígenas, reduciendo de manera dramática la superficie de las tierras ancestrales de los mapuches—huilliches.

En diversas ocasiones, los gobiernos chilenos han intentado abordar el problema de la propiedad de las tierras indígenas con distinta suerte, lo cual ha ido generando una superposición de derechos. Los títulos de dominio han ido pasando de mano en mano, pero los mapuches—huilliches siempre han estado allí. Ocurrió con la ley de Propiedad Austral de 1930 donde quienes reclamaban la titularidad de grandes fundos inscribían como inquilinos o trabajadores a las familias huilliches que vivían en sus tierras desde tiempos inmemoriales. La ley, afortunadamente, descubrió muchos de estos intentos de fraudes.

Ahora, sin embargo, una acción afirmativa del gobierno como es la reconstitución de comunidades que lleva a cabo la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) se ha encontrado con que, por pura ineficacia, asignó en 1999 a la Comunidad Choroy—Traiguén una extensión de tierras donde habitaba una familia (los Lefián—Marileo) que no se consideraba parte de esa comunidad.

El conflicto se halla subjúdice, la Conadi ha fracasado en dos ocasiones en sus intentos de conseguir un avenimiento entre las partes y había numerosos signos de que la violencia se podía desatar en cualquier momento, pero nadie fue capaz de escapar a la modorra de la canícula osornina y evitar un densenlace sangriento.

Las vacaciones mentales de algunos políticos y funcionarios son tan profundas que un hecho absolutamente indicativo de lo que iba a ocurrir —la violenta expulsión de su vivienda de un miembro de los Lefián el 2 de enero—, que incluso apareció en este diario con caracteres de denuncia, fue soslayado, mirando para otro lado.

Se puede estar de acuerdo o no en que la violencia estructural que padece la población indígena se ha manifestado en este horrible crimen. Se pueden considerar también otros muchos aspectos que inciden en él, como el expolio y acorralamiento progresivo de los indígenas en superficies cada vez más pequeñas, como los problema de desempleo y alcoholismo que en la zona se han hecho casi endémicos o como los desafíos que plantea a la ley indígena el hecho de que sus propiedades no se pueden subdividir hasta el infinito a medida que crece el número de descendientes de un clan.

Pero lo que no se puede discutir es que se debe aplicar todo el rigor de la ley a los autores —sean mapuches o no mapuches— materiales o intelectuales de estos deleznables crímenes. No pueden existir contemplaciones de orden cultural o sociológicas en este sentido. La ley sólo es ejemplo de civilización cuando es igual para todos.

Resulta insólito que el jefe de una comunidad organizada, a quien se le suponen ciertas dotes de liderazgo y cultura, las emprenda a palos al frente de una muchedumbre contra una familia que desea hacer valer sus derechos. El incidente deja seriamente tocada la idea de que los mapuches prefieren la propiedad colectiva de sus tierras frente al dominio individual como ocurre con otros particulares y pone de manifiesto las características autocráticas y demagógicas del sistema de cacicados que muchos defienden como un signo de progresismo cuando se trata de un puro retraso institucional y cultural.
Rucamañío