Una serie de hechos recientes ha puesto de manifiesto que aunque Chile figure en los ránkings como uno de los países con un menor índice de corrupción en los asuntos públicos, hay fuertes indicios de que las cosas están cambiando. El nepotismo, por ejemplo, se ha instalado en el centro de los males nacionales.

Primero se supo que altos magistrados promovían a sus hijos como secretarios privados, creando así unas castas familiares en la administración de la Justicia donde unos pocos apellidos dominan el sector. Después, un senador fue sorprendido contratando a su propia esposa y, en voz muy baja, algunos reconocieron que en las cámaras esto es práctica común.

Hay que reconocer que el problema viene de lo más alto. Desde el principio de su gestión, el presidente Ricardo Lagos no mostró ningún pudor a la hora de designar a sus familiares o parientes de su esposa en empleos públicos. No existieron críticas al respecto y el ejemplo, se ve, se ha ido extendiendo por los demás poderes del Estado.

En italiano, nepote significa sobrino y pronto pasó al castellano, donde nepote es un familiar del Papa que trabaja a su servicio. Muy probablemente la casta valenciana de los papas Borgia, con todos sus excesos, contribuyó a la incorporación del término a nuestro lenguaje.  De allí vino nepotismo, esa preferencia desmedida que algunos dan a sus familiares para obtener concesiones o para ocupar empleos públicos.

Está claro que las críticas a la Concertación de que no protege a la institución familiar son falsas. La prueba es que la familia es lo primero, incluso a la hora de repartir los salarios del Estado. El único indicio positivo contra el nepotismo es el acuerdo de la Corte Suprema del 3 de julio que impide la contratación de hijos de magistrados como secretarios privados. Pero fue esta sana medida de autorregulación la que permitió que los chilenos descubrieran que muchos ministros se llevaban los árboles genealógicos al trabajo.

Me cuentan que el saliente contralor general de la República, Arturo Aylwin Azócar, ha defendido que la contratación de familiares no siempre es indicio de corrupción. Según Aylwin, los familiares son los que mejor conocen a quienes desempeñan funciones públicas y en muchos casos están perfectamente cualificados para el cargo. Además, tradicionalmente los oficios se pasaban de generación en generación.

No cuenta don Arturo que se pasaban de generación en generación especialmente en la Edad Media y que desde el siglo XIX, cuando la igualdad de oportunidades se convierte en derecho ciudadano, se ha considerado el nepotismo una lacra para la sociedad. Curiosamente -y el inciso vale la pena-, Arturo Aylwin ha sido una figura que nunca fue cuestionada desde la perspectiva del nepotismo. Pese a que su hermano Patricio ocupó la más alta magistratura del país, nunca nadie desconoció la elevada cualificación profesional y personal de Arturo para ocupar los puestos públicos que ostentó. Y hay muchos más casos parecidos en nuestra historia, pero resultan tan claros que la opinión pública no necesita muchas explicaciones para percibir cuando hay nepotismo y cuando no lo hay.

El nepotismo exagerado es el que lleva a un gobernante a nombrar a su caballo favorito como miembro del gabinete. Afortunadamente aquí no hemos llegado a estos excesos, pero si se revisa con cuidado descubriremos a muchos equinos emboscados en la administración y cobrando de los impuestos.

Un caso que también tiene que ver con la familia es el que se ha vivido en la Contraloría General de la República, donde los lazos del subcontralor Jorge Reyes (cuyo hijo es militante de la UDI) fueron, según versiones periodísticas, un elemento importante para que no se le nombrara como sucesor de Aylwin, como estipulaba la tradición. La decisión de nombrar al "número tres" es perfectamente legal, pero desató una batalla de dimes y diretes en Santiago. Sobre todo cuando Reyes apenas ocuparía el cargo por un año, ya que en 2003 cumple la edad máxima legal para ejercer como contralor.

De toda la bronca, lo que más me llamó la atención fue leer en un medio electrónico del gobierno (www.primeralinea.cl) un artículo donde se buscaba justificar la ruptura de la tradición por parte del presidente Lagos. En él se le recordaba a la UDI que en 1978 el senador Sergio Fernández ocupó fantasmalmente la contraloría porque el titular del cargo renunció al no querer tomar razón del decreto que organizaba la consulta popular de ese año. Y se utilizaba este hecho para argumentar que no siempre en la Contraloría se había respetado la tradición de nombrar al "número dos" en el puesto titular.

Bueno, no es de recibo comparar períodos tan dispares ni aludir soterradamente a la política del ojo por ojo. Entonces teníamos una dictadura, un régimen de excepcionalidad, y ahora una democracia constitucional y es indigno de cualquiera que se diga demócrata -aunque sea un converso- utilizar sus mismos argumentos.
Cuestiones de familia