CAMBIO DEL MODELO

Roberto Laserna

“Cambiar el modelo” ha sido una demanda recurrente desde que la crisis inflacionaria fue detenida con el shock del 21060. Y ha sido también una oferta política frecuentemente planteada por los partidos, ya sea que se definan de izquierda, de centro o de derecha, nacionalistas o socialistas. Más allá del uso demagógico del slogan, el tema se refiere a la necesidad de definir en nuevos términos el rol del Estado y su relación con la sociedad, de precisar el sistema de prioridades de las políticas públicas, y de precisar cuáles deben ser los núcleos dinamizadores del sistema productivo.

Aunque la mayor parte de los bolivianos no percibimos claramente en qué está cambiando, cómo y hacia dónde, hay indicios de que “el modelo” ya empezó a cambiar.

Algunos indicios son notables. Es el caso de los reclamos del dirigente máximo de la COB, Saturnino Mallku, proclamando su derecho a defender la propiedad privada. Lo decía luego de que la policía desalojara la manifestación que se oponía al proyecto de restitución del Bonosol. Luego de años de haber tenido un sistema de pensiones que no tenía dueño, plagado de pérdidas por ineficiencia y corrupción, ahora las movilizaciones populares expresan preocupación por las inversiones que pueden realizarse con los recursos del nuevo sistema. Y en esa línea están, unidos, el MAS y el NFR, pero curiosamente lejos ambos de la solidaridad que entraña financiar el Bonosol con los recursos del Fondo de Capitalización Colectiva, y ajenos a la posibilidad de que esa solidaridad comparta los riesgos de invertir en las empresas capitalizadas que ellos mismos ofrecían recuperar.

El sistema de pensiones basado en la “capitalización individual” no solamente ha ampliado la cobertura en comparación al anterior y ofrece a los depositantes información precisa sobre sus ahorros y el rendimiento que obtienen, sino que tiene ya quién lo defienda. Son sin duda cambios notables.

Otros tienen que ver con el seguro universal materno infantil. Frente a los mismos opositores, que argumentan que es mejor no hacer nada a hacer algo pequeño, y a la resistencia de algunas alcaldías que no alcanzan a comprender lo que la población espera de ellas, se aprobó la ley que ampliará la cobertura gratuita de servicios de salud a los niños hasta los cinco años y a las madres hasta seis meses después del parto. El desafío de poner en marcha esta ley es enorme, pues implica llevarlo sobre todo a las áreas rurales más alejadas. Pero me atrevo a pensar que será aún mayor el que se viene después, cuando la gente se pregunte ¿por qué sólo hasta los 5 años de edad? ¿Por qué sólo a las madres? Es probable que dentro de poco tiempo crezca la demanda por un seguro universal, y ojalá que así ocurra pues habrá que plantearse entonces, con más seriedad, cómo hacermos para financiarlo.

Es obvio que la única manera de financiar un seguro de esa naturaleza es con recursos públicos que, en definitiva, provienen de las contribuciones de los propios ciudadanos. Y entonces o se cambian las asignaciones, como ahora, imponiendo una nueva distribución que disminuya el pavimento y aumente las probabilidades de vida de las madres y los niños, o nos esforzamos seriamente por aumentar la productividad de nuestro trabajo y generamos más recursos.

Este cambio puede ser central para el nuevo modelo que ya emerge en el país. Hasta ahora la seguridad social pasaba por el mercado, donde unos pocos compran servicios médicos de acuerdo al dinero que tienen, o por un sistema vinculado al trabajo. Si uno es asalariado y tiene un contrato más o menos estable con una empresa, puede acceder, con su familia, a servicios médicos. Pero un seguro universal como el que empezamos a construir puede otorgar seguridad a la persona independientemente del empleo que tenga.

Si este sistema se desarrolla rápidamente, el obrero y el empleado tendrán la misma protección cuando cambien de empresa e incluso cuando al hacerlo queden temporalmente cesantes. Esto les dará mayor libertad para buscar mejores condiciones de trabajo, se aferrarán menos a lo que tienen, y las empresas también podrán adecuarse más rápido a las cambiantes condiciones del mercado, lo cual es clave para asumir los costos de la innovación y la competitividad.

Si consideramos en conjunto el sistema de pensiones que descansa en las capitalizaciones (colectiva e individual) y en un seguro de salud que poco a poco se amplía, hemos de admitir que los ciudadanos bolivianos, independientemente de su condición laboral o de su residencia, ya tienen más oportunidades y pueden seguir ampliándolas. Con el actual sistema de pensiones cualquiera, y no sólo los asalariados, puede acceder a una jubilación. La vendedora ambulante y el abogado, el albañil, el chofer o la pastora, el campesino o el empresario pueden planificar su jubilación, ahorrando en una cuenta individual de la que son continuamente informados. Y las madres y los niños de su familia tendrán acceso a la salud como, si luchamos y trabajamos por ello, todos podríamos tenerlo en el futuro.

Está cambiando el modelo y en él es posible que se reduzcan los costos sociales de un desarrollo que estará cada vez más sujeto a la competencia internacional y a la innovación tecnológica. El Estado, incluidas las municipalidades, están perfilando un nuevo rol.

Lo lamentable es que quienes más exigían un cambio orientado a la equidad y con mayor insistencia ofrecían algo nuevo, son ahora los que más se oponen. Si no los motiva la equidad o la justicia social, ¿cuál es su impulso?

Publicado en Los Tiempos, domingo 24 de Noviembre de 2002