Las empresas públicas fueron creadas por el Estado en su esfuerzo por contar con instrumentos eficaces para dinamizar el desarrollo nacional. Tenían la tarea de crear y expandir mercados, atraer nuevas inversiones, aprovechar los recursos naturales y crear empleos productivos. Y así fue, pero sólo en algunos casos y en algunos momentos.

Con el tiempo dichas empresas quedaron solamente con el rótulo de públicas, pues se fueron convirtiendo en reductos controlados por élites burocráticas y gremios privilegiados que conservaban su poder tolerando y provocando la corrupción de políticos ocasionalmente encargados de la gestión gubernamental. Es decir, eran formalmente públicas pero funcionaban en realidad como privadas, ya que servían sobre todo para el enriquecimiento de unos pocos.

Quienes se beneficiaban de ese sistema prácticamente no arriesgaban nada, pues nunca aportaban capital y sus pérdidas se cubrían con subvenciones, donaciones y deudas. Es decir, con los impuestos de los ciudadanos comunes. Lo peor es que cuando eso ocurría los costos terminaban siendo pagados por los más pobres, debido a que el gobierno tenía menos recursos para atender las escuelas, los hospitales y los caminos destinados a los grupos más pobres.

A la privatización de facto en que terminó convertida la empresa pública se le opuso la privatización legal. Consistía en recuperar el patrimonio de esas empresas, transfiriéndolas mediante subasta a los inversionistas que quisieran hacerse cargo de su operación. Los recursos así recuperados, una vez en manos del Estado, debían permitir la realización de inversiones de necesidad y utilidad públicas (escuelas, caminos, hospitales), el pago de deudas, o el respaldo a diversas necesidades de gasto fiscal.

Con la privatización el Estado obtenía recursos frescos y se libraba de una posible fuente de corrupción y de pérdidas. Al mismo tiempo, la empresa pasaba al control exclusivo y directo de sus nuevos dueños, quienes podían desmantelarla, trasladarla, ampliarla o cerrarla. Algunos, exahustos por el esfuerzo de la compra, no pudieron mejorarlas por falta de recursos y terminaron revendiéndola por piezas, como fue el caso de las Fábrica de Aceites de Villamontes. Otros lograron acceso a créditos y lentamente mejoraron su producción, como es el caso de la Fábrica de Explosivos de Cochabamba.

Pero más allá de las experiencias de unas y otras, quedó rápidamente en claro que la privatización no estaba generando nuevas inversiones con capacidad para influir en un cambio real de la estructura productiva. Los recursos aportados por los inversionistas compraban máquinas e instalaciones viejas, y el dinero pasaba por las manos de los mismos funcionarios y burócratas que habían capturado al Estado para fines particulares.

Ahí surgió la propuesta de la capitalización, mediante la cual el aporte de los privados incrementa el capital de la empresa, dándole así la oportunidad de crecer y expandirse de manera inmediata. En el caso de Bolivia el proceso se complementó transfiriendo la propiedad estatal a los ciudadanos a través de los fondos de pensiones, que quedaron encargados de distribuir esos recursos a la población adulta mediante una bonificación anual.

En septiembre del 2000, la Federación de Empresarios de Cochabamba convocó a un Seminario sobre Capitalización, Concesionamiento y Privatización. Fue la única vez en la cual las empresas presentaron una información detallada sobre sus operaciones y primeros resultados, frente a un auditorio plural y que tuvo también la oportunidad de realizar preguntas y pedir aclaraciones (ver "La capitalización y los bolsillos de la gente").

En esa ocasión fueron despejadas muchas de las interpretaciones que se han hecho de estos procesos, pero los prejuicios ideológicos y el interés electoral han insistido en ignorar los hechos.

En aquél seminario los datos dijeron más que las palabras. Las inversiones realizadas estaban cambiando el país, y para entonces ya habían mejorado significativamente sus perspectivas de futuro. Las telecomunicaciones eran cada vez más accesibles y eficientes, la energía eléctrica y otros servicios públicos ampliaban continuamente su cobertura, los ferrocarriles daban mejores servicios aunque también dejaron sin ellos a rutas que habían sido abandonadas por los usuarios, el sistema de pensiones cubría a una proporción creciente de la población y los hidrocarburos se habían convertido en la base más importante de negociación internacional y de planificación del futuro económico del país.

Adicionalmente, una atenta lectura de los datos permitía concluir que el Estado contaba con más recursos de libre disponibilidad. Montos mayores pero que además ya no eran absorbidos por demandas de subvención causadas por la corrupción y la ineficiencia de las empresas, acompañadas frecuentemente por la presión gremial y sindical de los grupos que las controlaban.

Los datos fueron proporcionados por las empresas y eso, para quienes se opusieron a la capitalización, era una razón para desconfiar pese a que provenían de informes supervisados por los organismos públicos.

Los partidos de gobierno, temerosos de que se les enrostraran responsabilidades en la crisis recesiva que empezó a vivir el país desde 1999, apelaron de inmediato al fácil recurso de señalar a la capitalización como la causa fundamental de la crisis porque, según afirmaban, le había quitado recursos al Estado.

En realidad, las reformas del periodo anterior no le quitaron recursos al Estado sino al gobierno central. Entre 1993 y 1997 una parte significativa de los recursos públicos pasó directamente a las Municipalidades y Prefecturas, limitando la discrecionalidad del poder central. Y con las empresas públicas lejos de las burocracias y de los partidos de gobierno, éstos tenían también menos recursos para mantener la lógica de la prebenda y el clientelismo. Pero lo cierto es que el conjunto de los ingresos fiscales no solamente fueron mayores sino que continuaron aumentando incluso cuando el producto nacional cayó con la crisis.

Mayor es la falacia de afirmar que la capitalización pudiera haber causado la recesión. ¿Cómo podría explicarse que un flujo de inversiones nuevas, que en cinco años alcanzó a cerca de mil seiscientos millones de dólares, hubiera reducido la capacidad productiva? Si así fuera, Bolivia sería el único caso en la historia económica en el que las inversiones provocan una crisis recesiva, con estancamiento del producto y caída en los precios, y tendríamos aquí, observándonos con detenimiento y pasmo, a los mejores y más serios economistas del mundo.

Lo evidente es que las inversiones llegaron y que la capitalización ha contribuido a transformar profundamente la estructura productiva del país. Lo que es más, ha fortalecido la economía fiscal y ha redefinido el lugar de Bolivia en el mundo.

Esta vez no lo dicen las empresas ni el partido del expresidente Sánchez de Lozada, sino un grupo de economistas jóvenes y desprejuiciados preocupados por los resultados. Su libro titula "La Capitalización cinco años después. Realidades y desafíos" y ellos son Fernando Salinas Gamarra, Xavier Lema Pabón y Lourdes Espinoza Vásquez. Lo publica la Fundación Milenio que, por sus vínculos con el MNR, tiene obvio interés en que dichos estudios se difundan. Pero antes de marcar a los autores de sospechas, vale recordar que sus investigaciones se realizaron en los marcos académicos de la Universidad Católica y del Programa de Maestrías de Harvard, que no arriesgarán su prestigio apoyando a un partido.

En el libro los autores revisan sistemáticamente cada uno de los casos y comparan el desempeño de las empresas en sus primeros cuatro años, con los últimos cuatro que estuvieron bajo control estatal tanto en términos de productividad, empleo y rendimiento, como en los de su aporte a la economía fiscal. Destacan, claro está, que hay luces y sombras, muchos éxitos y algunos fracasos, pero la conclusión de conjunto es que la capitalización ha beneficiado al país, entendiendo por país no sólo al Estado sino también a la gente.

El beneficio ha sido directo, porque la base productiva se ha ampliado y fortalecido, generando impactos favorables en la calidad y el costo de los bienes y servicios a disposición del público. Y también porque la suma de impuestos, regalías y transferencias al Estado es mayor que la correspondiente al periodo anterior.

Y ha sido también indirecto, porque al disponer el Estado de mayores recursos y enfrentar menos demandas de subvención para cubrir pérdidas y pagar deudas, ha logrado aumentar la inversión social: educación, saneamiento básico, salud, etc.

¿Cómo se explica entonces la crisis recesiva que afecta al país?

Fuera de las causas externas y el efecto que tienen sobre nuestra economía los problemas asiáticos, brasileros, la última recesión americana y la dramática situación argentina, la clave se encuentra en la política económica que se ha seguido durante los últimos años.

La política antidrogas erradicó de la economía nacional una fuente importante de recursos que dinamizaban el mercado interno. El entonces ministro de Hacienda y hoy candidato Ronald McLean estimó ese impacto entre quinientos y setecientos millones de dólares. Por ahí se descapitalizó la economía campesina sin que al mismo tiempo se lograran establecer fuentes alternativas de ingreso. Es posible que, como señalan a veces las autoridades, los esfuerzos en ese sentido hayan sido obstaculizados por la beligerancia sindical, pero el hecho innnegable es que la economía fue golpeada por esa política. En estos días el mismo Presidente Quiroga ha vuelto a recordar a los más desarrollados que el país todavía espera un aporte sustancial de su parte en correspondencia al esfuerzo realizado.

Puede decirse que este argumento no vale ya que se refiere a una economía ilegal o de destino repudiable. Pero lo que está en discusión es la crisis, y los costos de esa política contribuyeron a profundizarla.

Otro factor recesivo, al que nos referimos en un artículo anterior ("¿Déficit fiscal con deflación?"), ha sido el manejo del déficit fiscal. Por una confusión contable el costo de la reforma de pensiones se registra en los gastos corrientes y no en las cuentas de capital, lo cual distorsiona significativamente los resultados. El gobierno y el FMI "creyendo" estar en déficit, redujeron el gasto fiscal, acentuando la recesión. En términos reales, "sin pensiones", el déficit es muy pequeño y en algunos años incluso hubo superávit, que en los hechos quiere decir que el gobierno ha gastado menos de lo que recibió.

Finalmente, no debe olvidarse que la política económica ha sido excesivamente rígida y que puede haber provocado la reducción de la cartera de la banca. En estos cinco años, la cartera vigente, que es un capital de trabajo en manos de las empresas y de los particulares, se ha reducido en cerca de mil seiscientos millones de dólares entre diciembre de 1998 y febrero del 2002. Si a eso se añaden los casi doscientos millones de dólares que están en poder de la banca como "bienes adjudicados", tenemos que en estos años se ha producido una verdadera descapitalización de la economía nacional. Descapitalización que ha afectado sobre todo a las empresas medianas, pequeñas y familiares, llevándolas a la quiebra o a la contracción de sus operaciones. Una descapitalización real de semejante magnitud ha tenido fuertes repercusiones sobre el empleo, por lo que no puede sorprender que éste se ubique ahora por encima del 11% de la fuerza laboral.

Es claro que en este proceso no tuvo absolutamente nada que ver la capitalización de las empresas públicas de hidrocarburos, energía, transporte y telecomunicaciones.

En conclusión puede afirmarse que sin la capitalización la crisis hubiera representado una verdadera catástrofe nacional, pues además de perder recursos, estaríamos en este año 2002 empezando a importar hidrocarburos para satisfacer los contratos con el Brasil y las necesidades del mercado interno, que es lo que se pronosticó que ocurriría si no se lograba cambiar radicalmente el funcionamiento de YPFB y el del sector público en general.

No podemos, en este momento, correr el riesgo de poner marcha atrás y mucho menos si esa decisión se basa en mentiras y falacias como las que han animado hasta ahora el debate sobre la capitalización, proceso que ha sido satanizado para encubrir la descapitalización ocurrida en los últimos cinco años.

(Para publicación en PULSO, mayo de 2002)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (1 a 4). Instituto Nacional de Estadística (5-6). Elab. propia.