Han pasado cinco años desde entonces y el problema del agua en Cochabamba apenas ha cambiado. La empresa multiplicó su planta laboral sin haber mejorado los servicios. Es casi imposible obtener sus estados financieros, no cuenta con datos estadísticos sobre conexiones, cobranzas y consumo de agua, las obras que hace son costeadas en parte por trabajo vecinal o quedan inconclusas en zanjas y baches que ni la Alcaldía objeta. Eso sí, tiene un excelente servicio de relaciones públicas que coloca a la empresa en planas enteras de la prensa llenas de promesas, proyectos e ideas.

Algunos dirán que, en la guerra contra el agua, la imaginación llegó al poder. En realidad, sólo fue el ilusionismo. Sin embargo, algo se avanzó. Sutiles presiones de la cooperación externa permitieron atraer técnicos y profesionales de alto nivel a su cuerpo ejecutivo, pero es poco lo que ellos pueden hacer en una institución maniatada desde adentro y desde afuera. Desde adentro, por la fuerza gremial y corporativa que es la que al final conduce la empresa. Y desde afuera, por la persistencia de ideas preconcebidas y promesas demagógicas como las que renuevan el problema estos días. Lo grave es que si es poco lo que pueden hacer, es todavía menos lo que quieren hacer.

El otro avance fue la conclusión del túnel de Misicuni y de obras complementarias que permiten ofrecer 400 litros por segundo. No son los 4 mil que podrían llegar cuando se construya la represa o que en su tiempo ofreció Corani, pero algo es algo. Aún escasa, esa agua de Misicuni ha reavivado la controversia sobre el precio del agua y las tarifas, poniendo nuevamente en evidencia la falta de voluntad y seriedad con que se maneja este tema en Cochabamba y la persistencia de una ceguera demagógica en muchos que fueron y siguen siendo influyentes protagonistas.

La empresa Misicuni, en la cual el país y los cochabambinos invertimos más de 72 millones de dólares y que finalmente puede proveer cerca de 400 litros de agua por segundo (lo que hace del túnel el pozo más caro del mundo), ha propuesto cobrar 1,2 bolivianos por metro cúbico. Se trata de una módica suma, si se piensa que los camiones aguateros cobran más de 10 bolivianos por metro cúbico y los que les compran por turriles llegan a pagar hasta 35 bolivianos por esa misma cantidad. La propia Semapa cobra a los usuarios unos 3 bolivianos por metro cúbico de agua, sin contar que por el alcantarillado cobra una suma proporcional al consumo de agua, de modo que en realidad obtiene casi 4 bolivianos por metro cúbico.

No ignoro que la empresa tiene costos y debe cubrirlos. Transporta el agua, la potabiliza, la distribuye, recoge la que descartamos los clientes, la vuelve a tratar, repara la red, etc. De modo que tiene que haber una diferencia entre el precio que paga por el agua que obtiene, y la tarifa que cobra al consumidor. Pero ahora Semapa asegura que el precio del agua de Misicuni es muy alto y que no podrá pagarlo sin aumentar las tarifas o sin que le perdonen sus deudas. Ante semejante dilema se ha planteado la idea de transferir las deudas de Semapa al Tesoro General de la Nación.

Aquí hay tres problemas. Por un lado, el que tiene que ver con Misicuni y su financiamiento. Hace ocho años se estimó que para financiar la obra completa, es decir, con el embalse incluido, se necesitaría cobrar más de 2 bolivianos por metro cúbico de agua cruda, y eso siempre que se lograra un crédito barato y se pudieran además vender los sobrantes para riego. Dames & Moore calculó que, sin represa, el agua de trasvase podía llegar a costar casi 7 bolivianos. De modo que es probable que la empresa Misicuni haya propuesto una tarifa tan baja que no le será posible atraer nuevos recursos para continuar con el proyecto. ¿Cómo pensará financiarlo? Por lo visto los cochabambinos seguiremos exigiendo Misicuni, pero negándole apoyo real.

Por otro lado, está el problema de Semapa y el congelamiento de tarifas, que es el problema de la injusticia más flagrante. Porque mientras los clientes de Semapa, que somos apenas la privilegiada mitad de la ciudad, pagamos hasta 3 bolivianos por metro cúbico, el resto se las arregla como puede con pozos de dudosa calidad, sistemas precarios, camiones cisterna o turriles, configurando la estructura de distribución más injusta de América Latina, porque los más pobres son los que pagan más caro por la peor agua. Y no es una casualidad que la mortalidad infantil aumente a medida que disminuye el acceso al agua potable. Aunque estos dramas no se toman nunca en cuenta en las tarifas, o son ignorados por quienes las defienden bajas aunque sean excluyentes, no debemos ignorarlos.

A todo esto, ¿qué significa la supuesta solución que se ha planteado en estos días? Significa un tercer problema. No será difícil lograr que el gobierno, en su lógica de evitar conflictos, acepte hacerse cargo de la deuda de Semapa. Dicen que se trata de 240 millones de bolivianos. La pregunta clave es, sin embargo, ¿quién los pagará cuando el TGN los absorba?

No serán las Universidades, que saben bien cómo arrancar presupuesto del gobierno, ni los militares, que bastante pobres andan por las fronteras. Tampoco serán los maestros ni las regiones, a quienes les sobra fuerza para presionar. Mucho menos las municipalidades, que con razón se resistirán a pagar lo que los cochabambinos usamos y consumimos. ¿Quiénes, entonces, pagarán la deuda de Semapa si no lo hacemos nosotros? No lo sé, pero me preocupa y entristece, porque estoy seguro de que serán débiles, vulnerables, pobres y desorganizados. Si logramos esta nueva "victoria" en nuestra guerra contra el agua, cada vez que muera alguien porque no hubo antibióticos o vacunas para salvarlo, y cada vez que alguien permanezca ignorante porque no se pudo pagar a un maestro, tendremos que recordar que algo de culpa nos toca porque se impuso al TGN una deuda que, como ciudad, no quisimos pagar.

Yo no sé qué piensa usted de todo esto. A mí me parece inmoral.