Roberto Laserna
El Presidente recibirá a Otto Reich, alto
funcionario de Bush, y ambos han dado señales de apertura. Sobre las
negociaciones en curso Reich dijo que interesan resultados... no la manera en
que se llegue a ellos. Sobre la Ley 1008, el Presidente dijo que “se cumple o
se cambia, pero no se ignora”.
El diálogo será útil si en vez de tratar los
medios se concentran en los fines, y los definen de manera viable. Pausa o
erradicación, Ley 1008 o militarización, son medios que tienen sentido sólo si
hay acuerdo sobre los fines.
Reich destaca el interés de su gobierno en
reducir cultivos para disminuir el flujo de drogas. Su política, discutible, es
un dato que no podemos ignorar. Pero dada la tradición democrática de su país
podemos también pensar que esa meta debe armonizar con la defensa de la
democracia, no solo por su valor, sino porque abre los caminos del desarrollo.
Estos objetivos son seguramente compartidos por el gobierno boliviano y por los
campesinos.
Desde el punto de vista de éstos, sin embargo,
la cuestión es más concreta: tiene que ver con oportunidades económicas para
una vida digna y segura.
La Ley 1008 ha sido un medio clave de la
política antidrogas. Se la aprobó en tiempos de emergencia. Los cultivos de
coca crecían sin control y el tráfico de drogas expandía su influencia. Se
calculaba en el Chapare cerca de 50 mil hectáreas de coca: Bolivia era el
segundo productor mundial y abastecía pasta base a los traficantes colombianos.
Este era un negocio floreciente para miles de necesitados y aventureros que
aprendían, diseminaban y adaptaban
tecnología, expandiendo el mercado de la coca campesina, y ganaban dinero
vendiendo a rescatistas que llevaban el contrabando a Colombia o, en algunos casos, refinaban droga en Santa Cruz
o el Beni. El narcotráfico era un poder y el Chapare tierra de nadie. La única referencia institucional
allá era el sindicato campesino, nexo de la colonia con el sistema político.
Han pasado casi quince años. El Chapare es una
zona rural excepcional: con caminos y electricidad, una densidad
comparativamente mayor de escuelas y postas sanitarias y una economía más
diversificada. Hay varios centros poblados y desde 1994 las municipalidades se
han hecho más fuertes y útiles. Las oficinas del Defensor del Pueblo y de
derechos humanos vigilan y denuncian excesos, y una División del Ejército está
asentada allá para actuar cuando el bien común sea amenazado. Los cultivos de
coca apenas representan una parte marginal del sistema ilegal.
Hay nuevas condiciones y las metas y
procedimientos deben adecuarse a ellas y al riesgo latente de que la violencia
desbarate todo. La 1008 ha sido ya modificada en sus aspectos penales y parece llegada la hora de cambiar el
régimen de la coca. Es que la misma Ley es un estorbo que crea delincuencia
donde no la hay, e impide controlar los cultivos con esa caprichosa división en
zonas tradicionales y en transición.
Es posible y necesario hacer de la coca un
cultivo regulado, apelando a los instrumentos existentes, como las
municipalidades, los sindicatos, el INRA y los sistemas satélite, y hacerlo con
procedimientos que reconozcan la importancia de la coca en las economías
campesinas, promuevan el desarrollo sostenible y garanticen la paz y la
vigencia del Estado de derecho.
El cultivo autorizado bajo condiciones
verificables, y un sistema combinado de penalidades individuales y colectivas
puede ayudarnos a fortalecer la economía campesina, ampliar la democracia,
controlar el narcotráfico y desalentar el terrorismo.
La visita de Reich es importante. Si no hay
dobles discursos, la política hacia la coca podría hacerse más razonable.