Está más allá de toda duda que, al expirar el año 1999, también concluirá un período de la política exterior argentina por demás interesante y dinámico, en cuyo contexto las relaciones con los Estados Unidos ocuparon un lugar preponderante. Podrá coincidirse o no con el contenido de las relaciones argentino-norteamericanas durante la última década, pero no puede negarse que sólo un grupo reducidísimo de temas de manejo bilateral (como la consolidación de los lazos con Brasil y el impulso al Mercosur, la recomposición de los vínculos con Chile o la normalización de las relaciones con Gran Bretaña) parece haber gozado de un grado de prioridad semejante en las agendas de trabajo de la Casa Rosada, el Palacio San Martín, la cartera de Defensa y otros actores institucionales de la estructura decisoria local.

Un análisis no demasiado exhaustivo del citado decenio permite identificar en su transcurso, sin demasiado esfuerzo, un período de importancia relativa mayor: el que discurre entre 1989 y 1993. Aún cuando la especial valorización de este lapso pueda ser concebido como una arbitrariedad asociada a la subjetividad del investigador, hay dos motivos que justifican la elección: el primero, que indudablemente durante el mismo se realizó prácticamente la totalidad del esfuerzo gubernamental argentino por incrementar cuantitativamente y mejorar cualitativamente las relaciones bilaterales, sorteando el potencial escollo del recambio presidencial estadounidense entre el republicano George Bush y el demócrata William Clinton.

La segunda razón de la elección, indisociada de la primera, es que en ese lustro la evaluación de buena parte de la opinión pública sobre la relación argentino-norteamericana fue particularmente crítica, enfatizando en cinco supuestos. Primero, que el mencionado vínculo adoptó la forma de mera subordinación del gobierno argentino a las demandas de su homólogo estadounidense; segundo, que tales relaciones fueron en extremo lineales, prácticamente exentas de procesos de negociación, en un modelo formulación de demandas-satisfacción de demandas; tercero, que la agenda bilateral se circunscribió a unas pocas temáticas vinculadas únicamente con intereses de los EE.UU., justificando de esa manera su inclusión en la agenda; cuarto -percepción derivada de las tres anteriores-, que la atención prodigada por EE.UU. a la Argentina estuvo guiada únicamente por la resolución de situaciones conflictivas y la obtención de beneficios en forma unilateral, sin que existiera intención de colaborar con la contraparte ni conocimiento sobre la evolución de su situación; quinto, que hubo un protagonismo casi exclusivo del Presidente de la Nación en las aludidas relaciones, relegando a una función de índole secundaria a la estructura encargada de manejar las Relaciones Exteriores y a otras reparticiones de gobierno.

Aquí nos hemos concentrado en uno de los temas más relevantes de la agenda bilateral de aquellos momentos, el que se refiere a la desactivación del proyecto de misiles Cóndor de la Fuerza Aérea. Para algunos, muestra cabal del renunciamiento nacional a la potestad de desarrollar tecnología de avanzada; para otros, uno de los actos más lúcidos de la política exterior de los últimos tiempos, en un contexto signado por la condena del sistema internacional a la proliferación de armas de destrucción masiva y vectores; para adherentes y detractores, un caso de aplicación clara del planteo conocido como realismo periférico. No es nuestra intención analizar el sustento de una u otra corriente de pensamiento, respaldadas por innumerables artículos periodísticos, investigaciones académicas y posturas políticas. Sí lo es, en cambio, utilizar al caso Cóndor para poner de relieve algunas características de los procesos de toma de decisiones implementados por Argentina y EE.UU. en su relación bilateral; subsidiariamente, también se buscará validar algunos de los cinco supuestos que sustentan la percepción que sobre el vínculo bipartito se formó buena parte de la opinión pública.

Sobre un total de trece características relevantes detectadas en esos procesos bilaterales respecto al lapso 1989-1993, tomando como universo más de veinte temas de agenda (01), en la cuestión misilística se comprueba la presencia de una decena de las mismas. De ahí que la utilidad del caso Cóndor como leading case en el análisis de los procesos de toma de decisiones sea insoslayable, y probablemente contribuya a este último campo de las Relaciones Internacionales en nuestro país, que ha sido escasamente abordado. De hecho, la Argentina no escapa a la influencia de teorías residuales de política exterior, de naturaleza estadocéntrica, característica ésta que se especificará párrafos más adelante.

La estructura metodológica de este trabajo, subproducto de otros anteriores (02), consta de cuatro partes fundamentales: la presente introducción, en la cual se plantean los objetivos de la investigación y las razones que lo sustentan; un mínimo marco teórico, condición sine qua non para la existencia de rigor científico; la descripción de la evolución de la cuestión Cóndor entre 1989 y 1993; y el enunciado y demostración de la decena de características relevantes presentes en el tratamiento del citado caso dentro de la agenda bilateral Argentina-EE.UU.

Cualquier análisis de Política Exterior se basa, en última instancia, en una previa definición de intereses. Si los mismos no están definidos e identificados, entonces no puede hablarse de Política Exterior. Entonces, entenderemos como intereses a aquello que los Estados procuran, o podrían, proteger o lograr frente a otros Estados. Una clasificación primaria de los intereses permite subdividirlos en vitales y secundarios; los primeros son aquellos que se vinculan en forma directa con la supervivencia del Estado y, en consecuencia, este último podría llegar (en un punto extremo) a emplear la fuerza por los mismos. Ejemplo de esto, los inventarios de intereses vitales de todos los Estados suelen incluir la preservación del territorio y el resguardo de su prestigio contra un gran descrédito. Por último, suele decirse que los intereses vitales son usualmente conservadores debido a que, aunque pueden abarcar metas hasta ese momento no fijadas u obtenidas, por lo general están ligados a la preservación de un status quo.

Por contraste, los intereses secundarios de un Estado son aquellos que no se vinculan en forma directa con su supervivencia y que, por consiguiente, difícilmente deriven en un empleo de la fuerza. También se dice de los mismos que, en tanto son transables, los mismos pueden ser materia de negociación en el contexto de una política exterior. Definidos de esta manera los intereses, podría esbozarse una definición primaria de la Política Exterior: una selección de intereses nacionales, presumiblemente formulados de modo tal que constituyan un todo lógicamente coherente que, luego, se pone en práctica (03).

Que la mencionada definición sea primaria y no definitiva obedece a que los intereses seleccionados para su formulación en la Política Exterior del Estado no necesariamente se plasman en la misma de manera automática. Por el contrario, previamente tiene lugar un proceso por el cual esos intereses se compatibilizan con la cantidad y calidad de medios y recursos estatales que los pueden respaldar, factores éstos que pueden denominarse potencialidad del Estado y que constituyen su Capacidad. Teniendo en cuenta la capacidad del Estado podemos obtener una definición más precisa acerca del significado de la Política Exterior: el conjunto de acciones que el mismo produce hacia el ambiente internacional, en función de sus Intereses y Capacidades (04).

A partir de esta aproximación al significado de la Política Exterior que contempla sólo dos factores, Intereses y Capacidad, podemos avanzar hacia el análisis de los procesos de articulación de la misma. Desde la perspectiva de Radel la llamada Capacidad de un actor (en este caso un Estado), que él llama Capacidades, puede descomponerse en una estructura de tres factores fundamentales y concurrentes. En primer lugar, en una cantidad dada de Poder, especialmente localizado para su uso en un área en particular; segundo, la misma está limitada a un período de Tiempo durante el cual el mencionado Poder es aplicable; en tercer término, los factores Poder y Tiempo deben ser complementados con la mayor y más variada Información respecto al objetivo hacia el cual va dirigida la política exterior.

Definida la Capacidad, la misma es evaluada en la Preparación de la Política Exterior, fase en la cual se establece el objetivo de la misma. Sólo una porción de tal capacidad es empleada e incluida en la siguiente fase, que es la Planificación; a ésta sigue la fase de Implementación, en su mayor parte a cargo del cuerpo diplomático estable, de la cual emergerán los correspondientes Resultados. Debido a que la Política Exterior es una actividad ininterrumpida, los Resultados deben ser meticulosamente evaluados para determinar su efecto, positivo (incremento) o negativo (reducción), en las Capacidades, recomenzando un nuevo ciclo de Planificación de Política Exterior. Así, a partir de las fases planificación, implementación, y obtención de resultados el autor determina que la estructura de una política exterior responde a una imagen triádica (figura Nº 1) (05).

Cabe agregar aquí, para una mejor comprensión de este proceso de articulación, que normalmente el establecimiento en las fases de preparación e planificación, así como su posterior búsqueda en la implementación, implica priorizar determinados intereses nacionales y subordinar otros, excluyendo su alternativa, en una relación de costo-beneficio donde los beneficios potenciales del interés elegido son mayores que los de la alternativa descartada, ocurriendo exactamente lo contrario respecto a los costos. Esta elección ha sido denominada contrabalance de intereses nacionales (06).

Los procesos de articulación descriptos indican que en la mayoría de los casos, como el de las relaciones Argentina-EE.UU. analizado en esta investigación, una Política Exterior encierra en realidad varias políticas exteriores específicas, sucesivas unas a otras, pudiéndose agregar que cuantas menos sean las mismas mejor labor de preparación, planificación e implementación hubo. Esto es así debido a que una finalidad accesoria de la Política Exterior, y en realidad de toda política, es tornar más predecibles y consistentes decisiones futuras, protegiendo al decisor de la contingencia de aplicar cambios cotidianos a la misma, reduciendo su consistencia y efectividad (07).

Entendiendo el significado de la Política Exterior, su proceso de articulación y su composición por políticas exteriores específicas, resta abordar la cuestión de los procesos de toma de decisiones. El análisis de la mecánica decisoria en el campo de la Política Exterior elimina niveles de generalidad en el mismo, dado que deja de lado tres postulados en que se basaban las Relaciones Internacionales hasta la década del 50 aproximadamente: que el Estado era el principal, cuando no el único, protagonista de la política internacional; que los gobiernos siempre despliegan un comportamiento unívoco y deben ser considerados como un actor monolítico; finalmente, que el objetivo fundamental de los Estados era aumentar su margen de seguridad, a través de una política coherente.

Así, contrariando estos postulados, el estudio de los procesos de toma de decisiones dejó de analizar al Estado como algo monolítico, para considerarlo una entidad conformado por personas o grupos que toman las decisiones en representación de aquel, interactuando entre sí y con otros actores no gubernamentales. Se ha dicho que este cambio significó una verdadera revolución en el campo de las Relaciones Internacionales, por cuanto implicó el abandono de la ya mencionada visión estadocéntrica de la Política Exterior y su reemplazo por otra en la cual esa política es la resultante de decisiones particulares adoptadas por múltiples actores (08).

Pese a su importancia, este campo de estudio de la Política Exterior ha sido poco profundizado en nuestro país, apelándose en forma recurrente a trabajos de autores extranjeros de cierta antigüedad, particularmente Graham Allison. Una de las pocas excepciones a esta regla sería un trabajo de Russell (09) que brinda herramientas adicionales para comprender la toma de decisiones en política exterior. Por un lado, la Dinámica Decisoria aborda el proceso que discurre entre la Planificación y la Implementación (o más bien en la primera de estas fases), en el cual intentan influir en el decisor otros actores, locales o externos, gubernamentales o no; por otro, la Estructura Decisoria alude al número de actores gubernamentales que intervienen en la misma, así como sus características.

Tanto la Dinámica como la Estructura decisorias son mejor comprendidas a la luz del fenómeno de la interdependencia compleja. Sin abordarlo en forma pormenorizada, por cuanto es ajeno al tema de esta investigación, cabe recordar que el mismo se compone de tres características principales, la tercera de las cuales (rol menor de la fuerza militar) no resulta de interés para el presente trabajo; las otras dos aluden a la multiplicidad de canales de interconexión entre actores y la ausencia de jerarquía entre cuestiones de agenda. Las sociedades, y por ende los actores, se encuentran interconectados por múltiples canales informales. Estas interconexiones informales alcanzan las élites gubernamentales, los funcionarios del servicio exterior, elites no gubernamentales y organizaciones transnacionales; a través de estos canales los actores societales transmiten sus demandas a los actores incorporados a la Estructura Decisoria de la Política Exterior, constituyendo para estos últimos una de las tres corrientes de información a la cual están expuestos: la corriente de información del mundo exterior, que también incluye la proveniente del ambiente internacional.

Las otras dos corrientes son las que provienen del interior del propio actor estatal, es decir de otros puntos de la estructura decisoria, así como de su propia memoria y experiencia. Consideradas en conjunto estas tres corrientes de información serán las que definirán la conducta de un actor determinado de la estructura decisoria, en un proceso que Karl Deutch ha denominado combinación de nueva información con viejas memorias (10).

La ausencia de jerarquía entre diversas cuestiones de la agenda, en tanto, implica a los fines de este trabajo que en la misma se instalan cuestiones originalmente encuadradas en el ámbito político interno; que muchas veces las mismas no afectan directamente al Estado, sino a los intereses particulares de un actor no gubernamental; que las mismas son manejadas por diferentes actores gubernamentales y a distintos niveles, con probable participación de actores no gubernamentales; y que en esa fragmentación, tanto la descoordinación como la diferencia de percepciones puede redundar en situaciones conflictivas. Las interconexiones informales, la ausencia de jerarquía entre diversas cuestiones, la falta de relación entre los temas de agenda y los intereses del Estado y la fragmentación de decisores en diversos organismos y niveles, son elementos que complican la aplicación de uno de los issues más tradicionales de la toma de decisiones en política exterior: la vinculación entre cuestiones, o linkages (11).

Finalmente, no puede excluirse de este marco teórico una breve descripción del postulado del realismo periférico, mencionado en un pasaje anterior. Básicamente el mismo remarcaba la importancia que tenía el desarrollo de relaciones políticas cooperativas a largo plazo con la potencia hegemónica del área (EE.UU.) por parte de países como Argentina, económicamente dependientes y estratégicamente irrelevantes; la ejecución de esas relaciones políticas cooperativas debía ser consecuencia de una desideologización de la política exterior, sometiendo todas sus decisiones a un estricto cálculo de costos y beneficios y manteniendo posiciones de confrontación sólo en cuestiones vinculadas directamente al interés nacional concreto.

Esta línea de pensamiento se completaba indicando que el sostenimiento de relaciones conflictivas innecesarias hacia EE.UU. por países como Argentina era un lujo que países como Argentina no podían darse, tanto por los costos eventuales que podrían originarse en áreas verdaderamente vitales del vínculo bipartito para la parte de menos poder a través de linkages temáticos, como por la posibilidad de no obtener beneficios en las llamadas emergencias internacionales: circunstancias históricas en que para países dependientes es particularmente importante gozar de buenas relaciones con la potencia hegemónica, el que puede pasar facturas a los primeros en función de las características de esa relación bilateral, discriminando entre quienes son confiables y cooperativos y los que no lo son. De todas maneras, la ejecución de una política exterior basada en los criterios del realismo periférico no implica per se garantía alguna de éxito, aunque sí se minimizarían sus probabilidades de fracaso al eliminar obstáculos políticos que conspirarían contra el resultado buscado (12).

El proyecto Cóndor II consistía en el desarrollo de un cohete con sistema inteligente de guía que, según algunas fuentes, se remontaba en sus orígenes a fines de la década del 70. El mismo habría sido concebido y desarrollado por la Fuerza Aérea, aparentemente durante el período en el cual la jefatura de la fuerza correspondió al brigadier Omar Graffigna, con el objetivo de alcanzar cierta autarquía del exterior en lo referente al manejo de tecnologías de punta aplicables tanto al campo civil como al militar; específicamente se pretendía lograr una carga útil de hasta 500 kg que permitiera la colocación de satélites en órbita.

El primer proyecto en este sentido habría sido el Cóndor, o Cóndor I, con unos 150 Km de alcance. La versión más sofisticada Cóndor II habría sido esbozada luego del Conflicto del Atlántico Sur de 1982 y, a diferencia con su antecesor, contemplaba el cambio de una cola fija a una móvil; un sistema computarizado de guiado en vuelo; combustible sólido; mayor carga útil y un alcance de hasta 1000 Km. El Cóndor II medía 16 metros de longitud, uno de diámetro y su motor tenía un peso de 600 Kg. En buena medida los componentes tecnológicos que incluiría el vector y las maquinarias de avanzada que requeriría su fabricación, provenían del exterior, concretamente de empresas de diversa nacionalidad nucleadas en la compañía Consen. Durante el gobierno del radical Raúl Alfonsín, los decretos presidenciales secretos 604/85 y 1315/87 dieron continuidad al proyecto, más allá de los avatares presupuestarios.

De todas maneras, buena parte de la financiación habría venido del exterior, sobre todo de Egipto, país al cual se transferiría tecnología para la elaboración de combustible sólido y para la instalación de una fábrica de montaje de vectores, así como el envío a ese país de un llamado recipiente-motor, sin cola y sin nariz. De acuerdo a las diferentes versiones, el aporte financiero egipcio al proyecto Cóndor II podría haber fluctuado desde menos de U$S 100 millones hasta U$S 300 millones.

Debido al grado de reserva con que fue manejado, el Cóndor II no había salido a publicidad durante la mayor parte del gobierno de Alfonsín, hasta que en 1988 es detenido en EE.UU. un militar egipcio bajo la acusación de sacar ilegalmente del país tecnología sensible, concretamente un compuesto denominado carbón-carbón que se utiliza en la fabricación de aleaciones para misiles. Las investigaciones realizadas en ese momento relacionaron la sustracción con el desarrollo tecnológico argentino y la vinculación del gobierno egipcio con el mismo. Igualmente, el caso Cóndor II no integró la agenda de negociaciones argentino-norteamericana durante la administración radical. Empero, en las postrimerías del mismo se formularon evaluaciones que auguraban un futuro incremento de la importancia de ese tema en la relación bilateral, estimándose que probablemente el mismo se constituyera en un caso conflictivo en la misma (13).

Antes de asumir como titular del Poder Ejecutivo, las posiciones públicamente asumidas por Carlos Menem, así como documentos elaborados desde el seno del Partido Justicialista, permitían suponer que el desarrollo del proyecto Cóndor contaría con el respaldo gubernamental. El candidato, tras considerar que la dependencia tecnológica del exterior era el peor tipo de dependencia a la que podía estar sometido un país, había calificado al mismo como un ejemplo de la capacidad argentina para desarrollar en forma autárquica tecnología de punta (14). Desde el justicialismo, en tanto, se elaboraban informes que consideraban a la Investigación y Desarrollo (I+D) militar como una actividad multiplicadora del sector industrial en general, generadora de empleo y mejoradora de la balanza de pagos, sustituyendo importaciones y generando productos exportables; por lo tanto, se señalaba la necesidad de instrumentar una Política de Defensa que privilegie la fabricación nacional y la generación de I+D (15).

El caso Cóndor II irrumpió, en la agenda diplomática bilateral, exactamente un mes después de finalizado el gobierno radical del presidente Alfonsín. Ese 9 de agosto de 1989 la Agencia de Control de Armas y Desarme (ACDA) norteamericana difundió un crítico documento en el cual incluía a Argentina en un listado de 16 países poseedores o impulsores de misiles balísticos. En nuestro caso, el citado dossier decía que "la Argentina, en cooperación con Egipto e Irak, desarrolló el Cóndor I y Cóndor II, este último de dos etapas y con combustible sólido, que tiene un alcance de hasta 800 a 950 km".

La difusión de ese documento no parece haber tenido una traducción inmediata en los contenidos de la agenda. De hecho, el caso no fue incluido en el programa de actividades del embajador Richard Kennedy y el senador Richard Lugar, quienes arribaron a Buenos Aires una semana después del suceso para analizar cuestiones políticas. Sin embargo, no tardó en observarse la primera reiteración de EE.UU. sobre el tema, la que tuvo lugar los días 12 y 13 de septiembre y estuvo protagonizada por el Subsecretario para Temas Militares del Departamento de Estado. Este funcionario mantuvo reuniones con los titulares de las carteras de Defensa y RR.EE., Ítalo Lúder y Domingo Cavallo; el Secretario de RR.EE., embajador Mario Cámpora, y Terence Todman. En el transcurso de las mismas, que dado su reserva parecerían haber sido desviadas por voceros oficiales al tratamiento de la cuestión del narcotráfico, el funcionario norteamericano ratificó la percepción contraria a la proliferación misilística de la Administración Bush: "la proliferación de misiles desestabiliza las conversaciones para desmontar los conflictos regionales", habría dicho.

El descargo argentino pareció basarse en tres grandes líneas argumentales empleadas anteriormente: en primer lugar, que el desarrollo del Cóndor II obedecía a objetivos pacíficos, sobre todo al de poder colocar un satélite en el espacio en forma autónoma y con fines metereológicos, de comunicaciones, de control de cosechas o de investigación básica; segundo, que determinadas características del Cóndor II como su vuelo de órbita baja (200 a 1000 Km), su rotación inversa a la tierra y su carga útil limitada a aproximadamente 300 Kg dificultaban su empleo militar; en tercer término, que en definitiva el punto no estaba en el probable empleo dual de esta tecnología, sino en la decisión política del gobierno de utilizarla únicamente con fines pacíficos.

Todo indica que las respuestas recibidas por el visitante fueron consideradas insuficientes por EE.UU., o que este país consideró conveniente obtener una ratificación de las mismas a un mayor nivel decisorio. A esto habría obedecido el pedido norteamericano para incluir la cuestión Cóndor II en la agenda del primer encuentro presidencial Menem-Bush, que tendría lugar en Washington días después; aunque en principio no serían los mandatarios quienes abordarían la cuestión, sino el canciller Cavallo y James Baker, Secretario de Estado.

Tres datos de importancia deben rescatarse de este pedido de tratamiento. Uno, que el mismo no concebía como única alternativa la suspensión o desmantelamiento del proyecto, sino también a la obtención de garantías contra una eventual venta de tecnología a determinados países, considerados conflictivos; segundo, que queda claramente establecido el Palacio San Martín como interlocutor válido para los EE.UU. en el tema, y no la cartera de Defensa; finalmente, que el titular de la Cancillería también consideraba que la reticencia al proyecto misilístico estaba relacionada en forma inversamente proporcional a la existencia de garantías en lo atinente a ventas al exterior: "estamos, sin embargo, observando con mucho cuidado los acuerdos o compromisos que puedan indirectamente involucrar a nuestro país, a fin de poder adoptar las decisiones más convenientes".

No sería descabellado pensar que en el encuentro de Washington la preocupación del gobierno local sobre el tema Cóndor fue planteada en términos mucho más duros que en las instancias anteriores, y en diferentes niveles: aunque según lo previsto lo trataron primordialmente Cavallo y Baker, también fue comentado por Bush y su par argentino, y planteado a este último por diversos senadores. Es muy probable también que en algún momento de ese viaje se le haya planteado al presidente Menem la posibilidad de detener el proyecto misilístico, frente a las argumentaciones de EE.UU. que en esta ocasión incluían -según fuentes del Departamento de Estado- otros tres elementos que se agregaban a las argumentaciones anteriores: se complicaba la buscada recomposición de relaciones con Gran Bretaña, dado que las Islas Malvinas entraban en el alcance teórico de un Cóndor II lanzado desde la Patagonia; disminuían las posibilidades de obtener en el Senado un levantamiento a la enmienda Humphrey-Kennedy de prohibición a la venta de armas; por último, se afectaba la política global estadounidense de control a la proliferación de misiles y tecnologías avanzadas de empleo militar.

Ninguna fuente del Ministerio de RR.EE., ni de ninguna otra área del Poder Ejecutivo, corroboró esta posibilidad; contrariamente, fuentes diplomáticas negaron que haya existido tal compromiso de detención, aunque sí, en cambio, confirmaron el compromiso político gubernamental a no exportar tecnología de punta a zonas en conflicto. Este argumento fue reafirmado por el propio presidente Menem, en el transcurso de una réplica a declaraciones formuladas poco antes por Barber Conable, titular del Banco Mundial. Concretamente, Conable había considerado que el conjunto de los países en desarrollo debía eliminar buena parte de los U$S 200 mil millones que gastaban anualmente en armamento, sugerencia a la cual el mandatario contestó que esa sugerencia debía orientarse en primera instancia hacia Estados con inmensos arsenales y graves problemas presupuestarios, como la (todavía existente) Unión Soviética y EE.UU.; el presidente Menem agregó en la oportunidad que Argentina seguiría con su programa de fabricación de cohetes "para su comercialización en el afianzamiento de la paz, como dicen Francia y EE.UU. cuando venden armas a otros países".

Como quiera que sea, el Cóndor II dejó de ocupar un puesto relevante en la agenda bilateral durante cerca de medio año, hasta abril de 1990, dejando su carácter prioritario a otros temas como la posibilidad de obtener créditos que atenúen la conflictiva situación económica local, o el derrocamiento del gobernante panameño Manuel Noriega, entre otros. El día 24 de ese mes, el presidente argentino realizó el primer anuncio oficial respecto al controvertido proyecto, sosteniendo que el mismo estaba desactivado por falta de recursos desde hacía tiempo -no se establecía cuánto- y aceptando que en la decisión gubernamental de efectivizar la desactivación se había tenido en cuenta la conveniencia de evitar una situación de enfrentamiento con EE.UU. y otros países. Una ratificación de este estado de cosas habría sido dada por el ministro Cavallo a James Baker.

Pese a las declaraciones del mandatario y el canciller, a las que deben agregarse garantías que habría dado en los departamentos de Estado y Defensa de EE.UU. el brigadier José Juliá, titular de la Fuerza Aérea, durante un viaje a ese país -mencionó en más de un año la duración de la detención-, el gobierno de Washington adoptó una doble medida tendiente a ratificar la veracidad de la información. La misma fue protagonizada en Buenos Aires, aunque autónomamente en cada caso, por un alto jefe militar ante el Ministerio de Defensa y un diplomático de primera línea en la Cancillería. Así el General Maxwell Thurman, jefe del Comando Sur de EE.UU., obtuvo del ministro Romero, sucesor de Lúder en la cartera de Defensa, la ratificación del congelamiento, mientras el embajador Richard Kennedy obtenía igual respuesta en el marco de la V Reunión de Consulta Argentino-Norteamericana sobre Temas Nucleares. De ambos negociadores, sólo Kennedy emitiría declaraciones públicas, en las cuales validó tácitamente la suspensión del Cóndor: "pensamos que el gobierno argentino se está comportando de materia impecable en materia de no proliferación".

La invasión a Kuwait por parte de Irak el 2 de agosto de 1990 y el consecuente inicio del conflicto que culminaría en la llamada Guerra del Golfo, reavivó los debates acerca del Cóndor II. Debe deducirse que por aquellos momentos se efectuaron reservadamente al gobierno quejas y presiones respecto a la triangulación de tecnología misilística al régimen de Bagdad, sustentadas en pruebas y evidencias. Sólo desde esta perspectiva puede entenderse que, menos de un mes después de la mencionada invasión, el canciller Cavallo admitiera públicamente esa posibilidad, diciendo que tal transferencia se podría haber producido "no de manera directa, pero existía el peligro de que el proyecto Cóndor de Argentina fuera a Irak (...) porque había ciertas empresas que tenían la posibilidad de adquirir la tecnología, y que luego comenzaron a aparecer en listas de firmas que podían estar diseminando tecnología en el Medio Oriente".

Esos momentos de la Guerra del Golfo marcaron un profundo cambio cualitativo en el tratamiento del, teóricamente, cancelado proyecto. Tal cambio, que redundó en una complejización del tratamiento del tema, fue producido por la interacción de tres situaciones: en primer lugar, la incorporación del partido opositor Unión Cívica Radical (UCR) a las discusiones sobre el proyecto; segundo, la modificación de los decisores en el lado argentino, en el marco de cambios en el gabinete ministerial; en tercer término, la modificación de la perspectiva norteamericana sobre el futuro del Cóndor II.

La UCR no se involucró voluntariamente en este caso, sino que fue afectado por la acción del oficialismo, que en esos momentos buscaba en el Congreso respaldo a su decisión de enviar naves de guerra al Golfo Pérsico, con el objeto de participar en el bloqueo naval multinacional contra Irak. La reticencia radical a avalar tal envío redundó en la amenaza del canciller Cavallo, en septiembre de 1990, de poner en estado público los decretos presidenciales secretos 604/84 y 1315/87 de apoyo al desarrollo del Cóndor. Cuatro meses después se repitió la amenaza ante la reprobación radical a la intención gubernamental de extender las funciones de los buques destacados en Medio Oriente, del bloqueo al apoyo logístico a las naves que participaban de las acciones bélicas.

En ambas oportunidades el gobierno se impuso a la oposición. En el primer caso resolviendo la discusión en los estrados parlamentarios, y en el restante involucrando a Horacio Jaunarena, último ministro de Defensa radical, y amenazando con la constitución de una comisión parlamentaria que investigue la existencia de triangulación tecnológica al exterior. El primer contragolpe radical se dio a publicidad un mes después de manera indirecta. En el marco de numerosas entrevistas otorgadas a los investigadores Rogelio García Lupo y Newton Carlos, para la obra El arsenal secreto de Sadamm Hussein, tanto Jaunarena como Alfonsín juzgaron que la conducta del gobierno respecto al misil debía comprenderse como una manifestación más de la sumisión a EE.UU..

Por otra parte, las necesidades de modificar las medidas económicas vigentes hasta ese momento, que se habían revelado ineficaces para contener la inflación, generaron reacomodamientos internos en el entorno presidencial. Tras un año y medio de gestión, Domingo Cavallo abandonó la Cancillería para ocupar el ministerio de Economía; su titular, Érman González, pasó a desempeñarse como máximo responsable de la Defensa, en tanto a su antecesor en el cargo Humberto Romero no se le asignaban nuevas funciones en el Poder Ejecutivo. Sí se le establecían, en cambio, al hasta entonces embajador ante el gobierno de Washington, Guido Di Tella, quien reemplazó a Cavallo. De esta manera Cavallo dejaba de estar afectado al tema, se incorporaba al esquema decisorio Di Tella y, lo que es más importante, también lo hacía González, avanzando sobre un tema que había sido prácticamente monopolizado por RR.EE. En este sentido, González marcaba una clara diferencia con su antecesor, quien se había concentrado en otros temas como el rol de las FF.AA. en la lucha contra el narcotráfico y el reequipamiento militar.

El nuevo cuadro decisorio rápidamente se mostró conflictivo. En su primera visita a Washington como canciller, iniciada el 10 de febrero de 1991, Di Tella obtuvo del gobierno norteamericano -a través de Baker- el compromiso de avanzar conjuntamente en un proyecto de intercambio tecnológico y científico que continúe utilizando los recursos correspondientes al programa Cóndor "pero con fines pacíficos". Quedaba por definir la forma que adoptaría el proyecto: Argentina se inclinaba por el desarrollo de un cohete sin sistema de guía, similar a los que resultaron de proyectos bilaterales entre EE.UU. y Noruega.

La precondición para la viabilidad de este acuerdo, al que no se oponía González, era la cancelación del Cóndor. Sin embargo, este ministro sostenía que el concepto cancelación debía entenderse únicamente como suspensión del desarrollo. Acorde con esta percepción, González declararía el 17 de abril de 1991 que "no se le puede pedir al país que tire por la ventana y al viento una inversión y un know how tan importantes", agregando días después desde Córdoba que no era su propósito "poner una bandera de remate en cada una de las unidades productivas" de su repartición. Comprensiblemente la Fuerza Aérea, en tanto responsable directa del desarrollo del Cóndor, adhirió a la posición de su jefe civil, solicitando por su intermedio al presidente Menem una orden expresa de destrucción de las piezas del proyecto, en su carácter de Comandante en Jefe de las FF.AA., y sugiriendo la negociación de un resarcimiento monetario que sea acorde con la inversión efectuada.

Evidentemente, la perspectiva estadounidense se había endurecido al punto de plantearse la siguiente paradoja: la condición previa para la puesta en marcha de programas tecnológicos bilaterales, que eventualmente empleen recursos asignados originalmente al Cóndor II, era la destrucción de los misiles terminados, las partes todavía no ensambladas e, incluso, la inutilización de la planta de fabricación de Falda del Cármen. A esta demanda, que había sido puesta en conocimiento de la Cancillería, se habría agregado una oferta formal realizada por el embajador Todman -que recién en este momento participaba del caso- por la cual EE.UU. proveería los recursos humanos especializados que requería tal destrucción.

En un contexto de fuertes críticas opositoras, caracterizadas por declaraciones de Alfonsín que consideraba a la opción de desguace como una regresión y una pérdida de soberanía, tal alternativa comenzó a ganar cuerpo en el entorno presidencial. A la misma adhirieron Di Tella y el ministro Cavallo, quienes se habrían reunido en forma reservada con González el 4 de mayo, para que éste modifique su postura. Tal encuentro no produjo resultados consensuados y así lo dejó en claro el titular de Defensa, en un comunicado oficial emitido al día siguiente donde se explicaba que hasta el momento no existía "ninguna determinación oficial", a la vez que relativizaba los alcances de la reunión con los otros ministros.

Fue el propio presidente quien adoptó la decisión final, siendo inevitable concluir que de alguna manera, y ante el disenso existente, laudó entre sus colaboradores según su propia visión de los hechos: el 6 de mayo Menem decidió la total desactivación del proyecto, soslayando el previsible impacto negativo de la medida en los mandos aeronáuticos ("El Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las FF.AA. no admite tensión ni presión de ninguna naturaleza") e ignorando nuevas expresiones de Alfonsín, para quien "se hace más de lo que pide EE.UU.".

Indudablemente la decisión presidencial tuvo, entre su elenco de colaboradores más cercanos, ganadores y perdedores. Entre los primeros se destaca en forma especial Di Tella, quien agregó a la posición pública que había adoptado en los últimos tiempos según la cual "Argentina está más segura sin el Cóndor que con el Cóndor", las siguientes apreciaciones sobre el vector: que era nocivo y pernicioso; que impedía al país recibir tecnología espacial del exterior, y que en su versión original tenía destino militar y en tal sentido no era útil a los intereses nacionales. En las antípodas del canciller se encontraba González. No sólo asistía a una decisión presidencial con la que disentía, sino que debía avalar la misma ante sus subordinados, inclusive mediante sanciones disciplinarias. Cabe recordar en este sentido que el Brigadier (RE) Ernesto Crespo, para quien el mencionado desmantelamiento convertía a la Argentina en un país bananero, fue sancionado por el Brigadier. Juliá con un mes de arresto domiciliario, en tanto Menem solicitaba la apertura de un sumario por indisciplina que podría aumentar su castigo.

Comparativamente con la cancelación anunciada trece meses antes (abril de 1990), el desmantelamiento revelaba una profunda modificación de los actores que manejaban la cuestión, así como de la repercusión de la misma en términos de política exterior. En el primer caso, mediante el decreto 995/91 del 28 de mayo se constituyó la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CNAE) bajo directa dependencia presidencial, aunque bajo control parlamentario, a la cual se transferirían el personal, instalaciones y bienes antes dependientes de la Fuerza Aérea. El ministro González dejaba así de tener bajo su órbita el caso, no obstante lo cual fue el responsable de anunciar ese mismo día, por la cadena nacional de radio y TV, la desactivación en cuestión. En ese discurso, el funcionario precisó los alcances de la decisión presidencial, aclarando que todos los elementos del misil existentes serían desactivados, desmantelados, reconvertidos o inutilizados según las posibilidades de uso en aplicaciones y destinos pacíficos.

Es de resaltar que en esa alocución, como en otras posteriores, González hizo suyos los contenidos discursivos de Di Tella; al respecto dijo que el Cóndor "lejos de contribuir a nuestra seguridad, la hacía más vulnerable, aumentaba la inestabilidad en otras regiones del mundo y comprometía seriamente el prestigio del país", agregando que la política espacial nacional "debe reflejar claramente la voluntad del país de incorporarse en plenitud y como socio creíble al Nuevo Orden Internacional". También correspondió a González, en ese discurso del 28 de mayo, anunciar la intención gubernamental de adherir al Régimen de Control de Tecnologías Misilísticas (MTCR), organismo multilateral a través del cual las naciones más desarrolladas de Occidente intentaban supervisar la proliferación y difusión de tecnologías duales, así como su posesión por países proliferadores, proclives a desarrollar armamento de destrucción en masa.

Aunque técnicamente también estaba fuera de su injerencia, correspondió a Di Tella seguir manejando algunas cuestiones vinculadas al Cóndor. Una de ellas fue la comparecencia al bloque de diputados justicialistas en compañía de su presidente José Luis Manzano, brindando a los legisladores un informe de carácter reservado respecto a los fundamentos del Poder Ejecutivo sobre el caso misilístico. En forma coherente con anteriores instancias, el expositor remarcó que el avance logrado en materia de cohetería era menor que el que se empeñaba en considerar la oposición, y que la desactivación abriría a la Argentina canales de acceso a la tecnología satelital de avanzada. Tales explicaciones no se hicieron extensivas a otras bancadas parlamentarias, desde donde se calificaba a la actitud del gobierno, por ejemplo, como resultado de una política exterior ingenua y una sumisión indiscriminada a los EE.UU., que implicaba la tácita aceptación de que el espacio ultraterrestre es un privilegio exclusivo de los países desarrollados.

La otra responsabilidad del canciller en cuanto al Cóndor parece haber sido la de comunicar las últimas novedades a la Administración Bush y tratar con ésta la mencionada opción del empleo civil y conjunto de la tecnología disponible. La primera tarea fue cumplida, aunque parezca extraño, en Chile, en el contexto de una asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su interlocutor en esos momentos fue Lawrence Eagleburger, de quien se obtuvo, más allá de las felicitaciones formales, un aval de significación: el compromiso del Departamento de Estado de propiciar los contactos con la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA) estadounidense, y la traducción práctica de ese contacto en programas conjuntos de cooperación.

La materialización de esos compromisos tuvo lugar menos de un mes después. En el marco de su viaje a EE.UU. para rubricar por la parte argentina el entendimiento entre el gobierno estadounidense y los socios del Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR), conocido como 4 + 1, e inclusive antes que el presidente Menem designara al titular de la CNAE -distinción que recaería finalmente en el astrónomo Jorge Saade- Di Tella protagonizó una reunión con el almirante Richard Truly, presidente de la NASA. Ese encuentro no redundó automáticamente, y así se sabía previamente, en acuerdos concretos, sencillamente porque se estimaba que recién a fin de año el Poder Ejecutivo recibiría los informes y evaluaciones que le permitirían diseñar el Plan Nacional de Actividades Espaciales, prerrequisito básico para cualquier compromiso con instituciones extranjeras (16). Sin embargo, se obtuvo el apoyo de la NASA para efectuar la planificación de tareas conjuntas o trilaterales, contemplando en este caso la eventual incorporación de Brasil.

Di Tella también ratificó ante Truly la decisión del presidente Menem de adherir al MTCR, siendo el segundo mensaje gubernamental a EE.UU. en tal sentido en menos de un mes, agregando que Argentina no exportaría tecnología susceptible de ser empleada en el diseño y construcción de misiles con más de 300 millas de alcance. El tercer mensaje respecto al MTCR, de igual contenido que los anteriores, fue planteado días después por Di Tella ante el secretario James Baker.

La inexistencia del Plan Nacional argentino no conspiraba contra la necesidad de un entendimiento global entre la CNAE y la NASA en cuyo contexto se insertaran posteriormente los proyectos específicos. El mismo tuvo lugar menos de dos meses después, en el contexto de la visita a la Argentina del vicepresidente Dan Quayle. A principios de agosto de 1991, Quayle y Menem suscribieron un Acuerdo Marco de Cooperación en los Usos Civiles del Espacio Ultraterrestre entre los organismos especializados de ambas partes, además de un memorándum de entendimiento para el diseño y lanzamiento del satélite científico argentino SAC-B, para investigaciones en las áreas de la física solar, solar-terrestre y astrofísica (17). Este memorándum constituiría el primer resultado concreto de la suspensión del Cóndor II, dado que el satélite argentino, que ya había sido precalificado positivamente por la NASA años antes, había sido suspendido para hacer lugar a proyectos de universidades de EE.UU.; por otra parte, el lanzamiento tendría un costo global de U$S 15 millones, de los cuales Argentina cubriría U$S 5 millones y EE.UU. los restantes U$S 10 millones.

No existe evidencia respecto a la inclusión del tema del ingreso argentino al MTCR en las reuniones que Quayle sostuvo con Menem. Sin embargo este último sí lo haría ante Bush, quien elogió la iniciativa, y frente al Poder Legislativo norteamericano en su visita oficial a EE.UU. de noviembre de ese año. A partir de ese momento y por espacio de casi medio año disminuirían las insistencias argentinas ante interlocutores estadounidenses para ingresar a ese régimen; por otra parte, transitoriamente tal posibilidad dejó de estar vinculada con la desactivación del Cóndor, pasando a depender de la conducta del gobierno argentino respecto a la exportación de tecnología nuclear.

En este último campo, la empresa argentina INVAP (18) había suscrito en 1991 un acuerdo con el gobierno de Irán por el cual le vendería máquinas herramientas para centrales atómicas, por un monto de U$S 18 millones. Hacia mediados de enero de 1992, cuando se estaba por concretar la primer entrega de material al régimen de Teherán, el gobierno de EE.UU. -no se sabe qué repartición- presentó a través del embajador Todman una carta al ministerio de RR.EE. argentino en la cual planteaba su preocupación por la transferencia de tecnologías de punta a un país que amenazaba la paz y seguridad de Medio Oriente. En respuesta a esa inquietud la Cancillería suspendió temporalmente la operación y solicitó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) información completa sobre el tipo de ventas que INVAP había efectuado al exterior; la medida también fue comunicada al gobierno de la provincia de Río Negro, en su carácter de accionista de esa empresa. El resultado final de la suspensión obedecería a las investigaciones que se realizarían sobre las potenciales aplicaciones bélicas de la tecnología adquirida.

A partir de una solicitud de la gobernación de Río Negro a la Cancillería para que se gestione ante EE.UU. algún tipo de resarcimiento económico por la cancelación de la venta a Irán, habida cuenta que INVAP no recibía subsidios estatales y se autofinanciaba a través de sus ventas, esa alternativa fue explorada en forma conjunta y reservada con el Departamento de Estado, facilitándose la firma de un acuerdo entre la empresa argentina y General Atomics (19). En cuanto a la operación con Irán, la misma fue suspendida definitivamente el 27 de abril de 1992 cuando el Poder Ejecutivo argentino emitió el Decreto Nº 603/92 que prohibía la exportación de materiales, tecnologías y equipos empleables en la fabricación de armamento de destrucción masiva y vectores misilísticos. Ese decreto también establecía que una Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico de composición triministerial (Economía, Defensa y Relaciones Exteriores) verificaría y aprobaría cualquier venta al exterior en los citados rubros.

El decreto del gobierno argentino fue elogiado por su homólogo estadounidense a través de un comunicado del Departamento de Estado, quien lo consideró un testimonio elocuente del compromiso argentino para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva. Accesoriamente, se facilitaba el acceso al MTCR, teniendo en cuenta que se percibía como uno de los principales escollos para plasmar ese ingreso la carencia de instrumentos legales que evitaran esa proliferación.

Las últimas acciones del ministro González con relación al Cóndor II deberían haber sido dos: extraoficialmente y respecto a EE.UU., la entrega a título de colaboración de un informe a su par Dick Cheney, en el marco de una visita a Washington motivada por la necesidad de obtener financiamiento para llevar a término algunas privatizaciones del sector Defensa; oficial y localmente, el traspaso a la CNAE de las instalaciones de Falda del Cármen, el que se llevó a cabo el 11 de febrero de 1992, no sin que días antes efectuara una visita reservada a esa fábrica una delegación de especialistas del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa. Tal visita habría sido presidida, por la parte argentina, por Juan Ferreira Pinho, Secretario de Asuntos Militares, mientras que los extranjeros estaban encabezados por Robert Walpol, Subsecretario Adjunto para Control de Armamentos del Departamento de Estado.

Sin embargo, el caso seguiría involucrando a la cartera de Defensa más allá de febrero de 1992, ya no en relación a la viabilidad del proyecto, sino respecto al destino final que tendrían sus componentes y partes remanentes. Según la información publicada, desde el mismo momento de la constitución de la CNAE la Cancillería asumió, además de las tratativas con la NASA, la responsabilidad de concretar acuerdos de cooperación con terceros países, que permitan una efectiva reconversión de la tecnología disponible al ámbito civil. El peso de esa misión habría recaído en Andrés Cisneros, jefe del gabinete del ministro Di Tella y representante del ministerio de RR.EE. ante la CNAE. Durante el primer semestre de 1992 este funcionario inició gestiones con el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (INTA) de España, que redundaron el 1º de junio de ese año en el arribo al país de una delegación de ese organismo para estudiar junto a diplomáticos locales la posibilidad de firmar acuerdos bilaterales; los mismos reorientarían las instalaciones y bienes del Cóndor al desarrollo de vectores binacionales que permitan la colocación de satélites civiles en órbita.

No obstante este despliegue del Palacio San Martín, es dable suponer que simultáneamente el gobierno estadounidense disponía de indicios suficientes como para concluir que, aun después del traspaso de Falda del Cármen a la CNAE, Defensa continuaba teniendo injerencia real -no formal- en el destino de la tecnología del Cóndor. La obtención de garantías al respecto motivó sendas reuniones de Ferreira Pinho con Reginald Bartolomew, Subsecretario Adjunto para Asuntos de Seguridad Internacional del Departamento de Estado y reconocido experto en armamentos. Entre el primer encuentro de ambos funcionarios, realizado en Buenos Aires el 30 de abril, y el segundo llevado a cabo en Washington a mediados de junio, tuvo lugar, simultáneamente a la visita de los científicos españoles, la filtración a la opinión pública de la presunta existencia en algún lugar de dos misiles Cóndor completos, que la Fuerza Aérea habría retirado de Falda del Cármen en 1991. No queda claro si el Poder Ejecutivo estaba al tanto de la existencia de tales vectores, aunque sí lo sabría el ministro, dado que se mencionaban fuentes de esa cartera que aludían al carácter de secreto militar que tenía el tema.

Tampoco se sabe si el Departamento de Defensa incorporó tal filtración a la agenda de la visita de Ferreira Pinho, ni qué respuesta obtuvo del mismo en caso de haberlo hecho. Sin embargo, sí se sabe que el mismo Bartolomew el 17 de julio, y Bernard Aronson -Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos- en fecha cercana, manifestaron al propio González en Washington el deseo norteamericano de que se proceda a la destrucción de los motores. De todas maneras, el tema volvió a ser colocado sobre el tapete por el periódico The New York Times en su edición del 19 de agosto.

Un artículo publicado en ese medio y rubricado por Nathaniel Nash afirmaba que Argentina no había destruido la primera sección de un total de 14 unidades Cóndor, las que permanecían almacenadas en Falda del Cármen, y que hasta ese momento no se habían podido localizar algunos sistemas de guía de origen francés. Según la nota, correspondía a la Fuerza Aérea la responsabilidad del equipamiento desaparecido, aunque sugería por otra parte que este estado de cosas obedecía a una falta de control y a una cierta indulgencia por parte del gobierno respecto a los mandos aeronáuticos. Finalmente The New York Times aseguraba que la administración norteamericana había ofrecido dinamitar los motores misilísticos en Falda del Cármen, idea a la cual los argentinos rechazaban, sugiriendo en cambio su rellenado con cemento.

Esta nota de Nash produjo un fuerte impacto en el gobierno, que reaccionó otorgando a la acusación una importancia que no condecía con el origen periodístico de la misma. La explicación de esto, visto en el tiempo, es que la información del The New York Times era exacta, pese a no haber sido difundida anteriormente, y que en tal sentido debía haber sido originada en una filtración. El ministro González por el ministerio de Defensa y el embajador Cisneros por el de RR.EE. admitieron tanto la existencia de los motores como la decisión política de reciclarlos y no destruirlos. Específicamente el diplomático aceptó también haber recibido sugerencias externas para dinamitarlos, idea que consideró inviable "a menos que se esté dispuesto a volar también la ciudad de Carlos Paz" cercana a Falda del Cármen, y que la CNAE había demorado en establecer el destino final de los remanentes del proyecto debido a las limitaciones que le imponía su magro presupuesto de U$S 9 millones para ese año 1992.

Un día después de la publicación del artículo de Nash y de las declaraciones de Cisneros y González, este último se entrevistó con Todman, quien reafirmó el deseo norteamericano de que se inutilicen los motores, habiendo brindado -según la fuente periodística- tres opciones: las ya mencionadas del dinamitado o el rellenado con cemento, o la destrucción de los mismos fuera del país. Nuevamente, esta entrevista fortalece la hipótesis de que residiría en Defensa, antes que en RR.EE., la reticencia a la destrucción de los motores.

Nuevamente se asiste en estos momentos a la adopción de la decisión final por parte del presidente, modificando las posiciones internas en su entorno mediante la alteración de los decisores: el 22 de agosto, tras anunciar en La Rioja que el Cóndor "no tiene más vida ni la tendrá" y que el mismo era "un triste y lamentable recuerdo (...) que ha costado mucho dinero y no sirvió para nada", designó al Brigadier Andrés Antonietti al frente del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. Antonietti, cabe destacarlo, era una persona de directa confianza del Presidente de la Nación y mantenía discrepancias con la cúpula aeronáutica, a la que se acusaba de ocultar partes del misil.

Aparentemente, fue en esos momentos cuando se adoptó en el marco de una reunión de gabinete la decisión de que las partes del Cóndor sean enviadas a España para su conversión o destrucción. Por ese entonces la UCR reclamó infructuosamente, a través de sus diputados, información al Poder Ejecutivo exigiendo con igual resultado la comparecencia a ese recinto legislativo de los ministros de Defensa, RR.EE. y Economía. Esta decisión trascendió a la opinión pública recién a fines de noviembre de 1992, datándose erróneamente como fecha de la misma el 26 de ese mes, agregándose como datos novedosos: que la orden había emanado directamente del presidente Menem, quien esperaba reafirmar ante el gobierno demócrata que sucedería a Bush el cumplimiento de los compromisos asumidos previamente, razón por la cual se esperaba concluir la operación antes del traspaso presidencial del 20 de enero; que el envío se haría en el contexto del acuerdo marco firmado en julio entre la CNAE y el INTA, dependiente del Ministerio de Defensa español (20); y que la propuesta en el seno de la reunión de gabinete correspondía a Di Tella.

La materialización de la decisión gubernamental habría insumido casi un mes, a partir del 18 de diciembre, incluyendo la reunión del material a transportar en Falda del Cármen, su acondicionamiento en containers especialmente diseñados -con gas inerte-, su traslado a la Base Naval Puerto Belgrano, su transbordo al buque ARA Bahía San Blas y, finalmente en la noche del 8 de enero de 1993, el inicio del viaje al puerto español de Rota. En la fase final de este procedimiento, es decir la supervisión del embarque en Puerto Belgrano, participaron técnicos de cinco países miembros del MTCR, Japón, Canadá, Francia, Italia y EE.UU.; de la CNAE y de las carteras de Defensa y RR.EE. La misma estuvo a cargo de la Cancillería y de un equipo de la embajada estadounidense en Buenos Aires, del cual formaban parte el embajador Todman y Paul Maxwell, consejero científico de esa representación y delegado de su país al grupo de especialistas del mencionado régimen.

En total, fueron embarcados hacia Rota 17 caños sin costura, 14 motores y 2 maquetas de madera del misil, constando todo esto en actas firmadas; las maquetas, que se encontraban en una tornería de la provincia de Mendoza sirviendo de modelo para el diseño de los containers especiales, eran los hipotéticos dos misiles sobre los cuales había alertado The New York Times en su artículo del 19 de agosto de 1992. Dos días después del inicio del viaje del Bahía San Blas, Di Tella y su par español Javier Solanas suscribieron en Madrid un principio de acuerdo para firmar posteriormente un convenio de cooperación espacial, que brindaría el marco legal necesario para que el INTA y la CNAE intenten reciclar con fines pacíficos las partes del Cóndor.

Cuando el transporte naval argentino arribó al puerto español el 29 de enero, su carga fue trasladada a una instalación militar española y revisada por personal técnico de EE.UU., confirmando que la misma no incluía los elementos de guiado. Concretamente, las computadoras de control y guiado y los mezcladores informáticos o interfases, que en función de las órdenes de la computadora de guiado modifican la orientación de la cola basculante, y por extensión del misil. Estos elementos faltantes serían los que convertirían en inteligente al misil (21). No existe información acerca del organismo o representación oficial al cual pertenecían los técnicos norteamericanos, ni cómo se manejó la información dentro de los procesos decisorios de EE.UU.; sí se sabe que, llegada la misma al Departamento de Estado, fue trasladada a la Cancillería argentina a través de la embajada en Buenos Aires, en la forma de un non paper en el cual también se expresaba la preocupación estadounidenses por los mezcladores de combustible sólido que habían quedado instalados en Falda del Cármen.

La reconstrucción de lo acontecido en esos momentos indica que el non paper fue presentado por Todman a la Cancillería antes de mediados de febrero, generando -otra vez- sendas posturas opuestas entre Di Tella y González: mientras el primero recordaba la decisión presidencial de enviar a España todos los componentes del Cóndor II, sugiriendo implícitamente que tal vez no se había cumplido con esa orden, el titular de Defensa (y en esto se pensaba igual desde la CNAE) argumentaba que no se puede entregar lo que no existe.

El 2 de marzo de 1993, Di Tella también recurrió a la forma de un non paper para ratificar al Departamento de Estado, a través del embajador Todman, la voluntad del presidente de no retener ningún componente del Cóndor, incluyendo como garantía de esa postura el levantamiento del secreto militar del proyecto misilístico. Tal garantía habría sido consensuada entre Di Tella, el Secretario de Asuntos Militares Ferreira Pinho y el jefe aeronáutico Brigadier José Juliá, en el marco de una reunión informal mantenida el 28 de febrero en la residencia particular del primero; de la misma participó también Edgardo Bauzá, Secretario General de la Presidencia, presencia que obedecía a una indicación expresa del Dr. Menem de mediar entre las posiciones sostenidas por diplomáticos y militares. En la reunión de ese día Ferreira Pinho habría comentado que los especialistas de la Fuerza Aérea se amparaban en el carácter secreto que oficialmente seguía teniendo el proyecto, para no incurrir en una eventual traición a la Patria al responder si efectivamente se habían retenido partes del Cóndor II.

Logrado tal acuerdo, se convino anticipar los resultados a la embajada norteamericana a través de una doble vía: la primera, un segundo cónclave que tuvo lugar ese mismo día con la presencia de integrantes de esa representación diplomática y los participantes de la primera reunión, a excepción de Di Tella que estuvo representado por un alto funcionario de su repartición; la segunda, un desayuno de trabajo que tuvo lugar la mañana siguiente entre Todman y Juliá, militar éste que expuso a su interlocutor los flamantes acuerdos intragubernamentales obtenidos. El dato relevante de este acuerdo es que del mismo fue marginado Erman González, de gira oficial por el exterior, y aun más, sus posturas en favor de la inexistencia de las partes inteligentes del misil. Esa posición la habría planteado a mediados de febrero al mismo Todman en presencia de Di Tella, en el marco de una reunión donde se analizaron cuestiones presupuestarias relacionadas con la participación argentina en operaciones de paz en Kuwait.

Quedan tres incógnitas por resolver: la primera, si la argumentación de Ferreira Pinho sobre el recelo de la Fuerza Aérea para responder sobre los componentes inteligentes del Cóndor debe interpretarse como una tácita aceptación de la probable existencia de los mismos. Si así fuera, entonces este funcionario adoptó una posición diferente a la de su superior inmediato, quien el 4 de marzo seguía sosteniendo que las mentadas partes inteligentes nunca habían existido, por la sencilla razón de no haberse contado con los conocimientos necesarios para desarrollarla.

La segunda incógnita alude a la postura del canciller Di Tella. Si bien sus ya descriptas posiciones asumidas tras la llegada del primer non paper, durante las negociaciones que coordinó Bauzá y en la entrega a Todman del non paper propio permiten presumir que no descartaba la existencia de la cabeza inteligente, posteriormente parece acercarse a las posturas de González al declarar dos días después que éste que Argentina había entregado a España todo lo existente, no reteniendo componente alguno. Esta última declaración cobra importancia por haber sido emitida como réplica a nuevas demandas sobre la existencia de las mentadas piezas inteligentes, las que fueron efectuadas por el Departamento de Defensa (y no de Estado) a través de su portavoz oficial, mayor Bryan Witman.

El tercer y último interrogante apunta a las causas por las cuales EE.UU., que supervisó en Puerto Belgrano con sus expertos el embarque del Cóndor II a España, soslayó la falta de los componentes inteligentes. Un conocido catedrático y periodista local esboza al respecto dos hipótesis: la primera señala que tal supervisión se efectuó sobre un inventario previamente elaborado en el cual no se incluían esos elementos; la segunda, que no contradice a la anterior, dice que ese listado abarcaba en forma excluyente los bienes e insumos almacenados en Falda del Cármen en tanto la cabeza inteligente, de haber existido, podría haber sido guardada en otro lugar, por ejemplo en Mendoza (22).

Más allá de estas preguntas que la información disponible no ha permitido despejar, el grueso de los componentes enviados a España fueron luego reenviados por vía marítima EE.UU. Allí, según el citado portavoz militar norteamericano Witman, el Departamento de Defensa asumió la responsabilidad de su destrucción, tanto en instalaciones castrenses propias como mediante la labor de empresas civiles. No debería comprenderse a partir de este hecho que el rol de España fue el de mero triangulador, dado que este país fue el que destruyó (por aplastamiento) las estructuras metálicas tubulares (caños sin costura) que había recibido.

El 8 de marzo la embajada de EE.UU. en Buenos Aires difundió un comunicado del Departamento de Estado a través del cual el Poder Ejecutivo de ese país encomiaba a su par argentino por sus esfuerzos en reducir la diseminación de tecnología misilística, reconociendo los progresos logrados en la materia y, en consecuencia, comprometiendo el respaldo de la Casa Blanca para que la Argentina sea aceptada en el MTCR, tema que la entidad abordaría en su inminente encuentro de Camberra. Pese a que este mensaje constituía una clara expresión de respaldo a la conducta del gobierno argentino con relación al Cóndor, indudablemente del mismo se desprendía que la cuestión no había llegado a su fin con el embarque de piezas a España; así, se hablaba de esfuerzos y progresos, aunque no de resultados definitivos. Este detalle, que dejaba traslucir la impresión estadounidense que restaban entregar elementos no enviados a España, se corroboraba con los contenidos del último párrafo del comunicado, donde se decía que EE.UU. y otros socios del MTCR seguían trabajando estrechamente con la Casa Rosada para que ésta se desprendiera de los elementos sobrantes de su programa misilístico.

El curso de acción que anticipaba el comunicado del 8 de marzo se cumplió en su totalidad. Por un lado, la posición favorable norteamericana había facilitado que tres días después el MTCR invitara formalmente a la Argentina a integrar el régimen desde fines de año, cuando volvería a reunirse en la localidad suiza de Interlaken; junto con nuestro país, Hungría también había alcanzado tal distinción. Simultáneamente, se siguió insistiendo a través de non papers sobre los componentes inteligentes del Cóndor II que no habían sido enviados a suelo español y sobre la preocupación que generaba la existencia de las mezcladoras de combustible sólido en Falda del Cármen, instalaciones que se sugería destruir. La presentación de los non papers estuvo acompañada por gestiones personales del embajador Todman ante Oscar Camilión, ex embajador en Brasil y ministro de Relaciones Exteriores que había reemplazado a Erman González en el ministerio de Defensa, días después de la felicitación estadounidense y la invitación a integrar el MTCR. Medios periodísticos contabilizaron tres encuentros de este tipo entre comienzos del mes de abril y comienzos del mes de junio, en cuyo transcurso el funcionario argentino ratificó que no se habían retenido componentes inteligentes del misil, que era suficiente con lo hecho hasta el momento por Argentina y que no debían destruirse instalaciones cuya valuación, efectuada por la Fuerza Aérea en las postrimerías de la gestión de su antecesor, fluctuaba entre U$S 250 y U$S 300 millones.

La falta de satisfacción a las demandas estadounidenses, en momentos en que restaba menos de un mes para la concreción del primer encuentro oficial entre los presidentes Carlos Menem y Bill Clinton en Washington, motivó una doble iniciativa por parte de la diplomacia de ese país: el Departamento de Estado incluyó al tema Cóndor II en la agenda de negociaciones entre los mandatarios y el embajador Todman buscó la mediación del Secretario General de la Presidencia ante el ministro de Defensa. El 8 de junio se realizó una reunión entre los tres personajes aludidos en cuyo transcurso Todman y Camilión no arribaron a acuerdo alguno, opinando este último que la destrucción del Falda del Cármen era una humillación innecesaria a la Fuerza Aérea argentina.

La ineficacia de la mediación del secretario Bauzá, mecanismo al cual ya había apelado el presidente Menem en otros casos vinculados con las relaciones con EE.UU., unida a la inminencia de la visita oficial a ese país, llevó al mandatario a adoptar una doble decisión. Para evitar los pedidos de destrucción de la planta cordobesa, solicitaría a Clinton el asesoramiento de expertos en tecnologías duales de ese país respecto a los potenciales usos pacíficos de la misma. Además, se eliminaría mediante un decreto presidencial la clasificación de secreto que pesaba sobre la cuestión del Cóndor. Ese decreto sería el 1317/93 y se emitiría recién el 30 de junio, siendo suscrito por el Presidente de la Nación y los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa.

Esta última medida podía ser comprendida como una iniciativa destinada a restar argumentaciones a la Fuerza Aérea, que se amparaba en la incurrencia en traición a la Patria por difusión de información secreta, para no revelar si había retenido partes inteligentes del Cóndor II, tal cual lo había anticipado el 28 de febrero el secretario de Asuntos Militares del ministerio de Defensa, ante el ministro de Relaciones Exteriores y el titular de la Aeronáutica. También quitaba base de sustento a otra posición que habían planteado los aviadores en los últimos días de la gestión de González en Defensa, según la cual no era necesario satisfacer pedidos externos que oficialmente no existían, dado que habían sido formulados mediante un non paper. Así, EE.UU. podía satisfacer sus inquietudes sin despertar las reticencias que generaría un pedido de información formal.

Una semana después del anuncio presidencial referido a la solicitud de colaboración a EE.UU. el gobierno de ese país aceptó el pedido y anunció que se trasladaría a Falda del Cármen un equipo de expertos de la Agencia de Comercio y Desarrollo (TDA), una entidad independiente del Departamento de Comercio, la que trabajaría conjuntamente con la CNAE en la elaboración de un menú de opciones sobre el que debería decidir la Casa Rosada, para su desarrollo por la empresa privada (23). Esta recomendación corrió por cuenta de Todman y fue efectuada ante el canciller Di Tella. De esta manera por segunda vez consecutiva el diplomático de EE.UU. excluía al ministro Camilión de sus interlocutores sobre el tema misilístico: tres días antes había vuelto a solicitar la satisfacción de las demandas de su gobierno ante Bauzá, quien trasladó el pedido a la cartera de Defensa; de su titular se obtuvo como respuesta, una vez más, que no se habían retenido componentes inteligentes.

La marginación de Camilión del proceso de negociaciones entre Argentina y EE.UU. respecto al reciclado de la planta cordobesa se repitió cuatro días después, el 22 de junio, cuando el canciller Di Tella, el Secretario de Asuntos Especiales de esa cartera, Andrés Cisneros, y Richard Feinberg del NSC sostuvieron una reunión en el Departamento de Defensa en la cual se analizó en detalle la instrumentación de la colaboración norteamericana para reconvertir la planta misilística. En esa ocasión la parte argentina ratificó su compromiso de cumplir estrictamente los procedimientos previstos en el MTCR para desarticulación de misiles estratégicos.

Simultáneamente a las gestiones del embajador Todman se habría registrado un cambio en el conflicto en torno a los componentes inteligentes del Cóndor II. Fuentes periodísticas indicaron en aquellos momentos que un grupo de altos jefes aeronáuticos habían planteado al brigadier Julio Paulik, quien desde el 10 de junio reemplazaba a José Juliá como Jefe de Estado Mayor (24), la necesidad de flexibilizar la posición asumida en torno al problema teniendo en cuenta el cariz político y diplomático que había adquirido la cuestión, así como el efecto negativo que podría tener la antigua postura en el acceso a nuevos programas de cooperación militar bilateral, que por ese entonces analizaban ambos gobiernos. Teniendo en cuenta que esta versión fue difundida el 25 de junio y que los referidos programas de cooperación fueron analizados los días 22 y 23 de ese mes en Washington, en el marco de conversaciones sobre temas de seguridad regional, la decisión de la Fuerza Aérea habría tomado cuerpo el día 24.

Lo cierto es que el 25 de junio el agregado científico norteamericano de la embajada en Buenos Aires visitó la base aérea Quilmes, donde se hallaba almacenado material vinculado al proyecto Cóndor II que había sido encontrado en las últimas semanas. Ese material estaba constituido por camiones lanzadores abandonados en un galpón cercano a Falda del Cármen, así como por otros elementos cuyo detalle no fue dado a publicidad. Con relación a esa visita el ministro Camilión negó que haya sido la Fuerza Aérea quien decidió mostrar al diplomático norteamericano los componentes misilísticos que retenía, debido a que una decisión de tal naturaleza compete al poder político; implícita e indirectamente, el ministro admitía así que se habían retenido componentes misilísticos.

El cambio de situaciones generado por la mutación de la postura de la Fuerza Aérea y la visita del personal científico de la embajada de EE.UU. a las instalaciones de Quilmes, donde se hallaban ubicados nuevos componentes del misil Cóndor II, encontró su punto culminante el 28 de junio. En esa fecha los mismos fueron embarcados a España, novedad transmitida personalmente por el presidente Menem a su homólogo Clinton un día después, al visitar oficialmente Washington. La actitud del gobierno estadounidense frente a estos hechos fue de total respaldo. Clinton elogió la decisión argentina de desmantelar totalmente el proyecto, en tanto el Secretario de Estado, Warren Christopher, auguraba un incremento de la cooperación bilateral en los campos nuclear y espacial, asegurando que esperaba satisfacer los pedidos argentinos de asistencia en la materia. El general Colin Powell, jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor (Joint Chief of Staff, JCS), calificó a la decisión argentina como sabia y ejemplar para el mundo.

La última fase de tratamiento del caso Cóndor II dentro de la agenda diplomática Argentina-EE.UU., es decir la que se extendió desde la primera remisión de componentes misilísticos a España hasta el envío con igual destino de piezas remanentes en forma simultánea al encuentro Menem-Clinton, registró manifestaciones aisladas de la oposición política contra la conducta del Poder Ejecutivo argentino; en buena medida, las mismas no se tradujeron en conducta partidaria alguna, limitándose al plano declamatorio.

Así, el antecesor de Menem en la titularidad del Poder Ejecutivo, Raúl Alfonsín, criticó el desmantelamiento del proyecto misilístico al considerar que Argentina tenía derecho a contar con tecnología que le permitiera colocar satélites en órbita. Horacio Jaunarena, ministro de Defensa de la gestión gubernamental radical, profundizó tales conceptos planteando que la desactivación implicaba la renuncia al desarrollo de una tecnología que le hubiera permitido al país reducir la brecha tecnológica con naciones avanzadas; coartaba las posibilidades de acceso a conocimientos de punta y suponía la disolución de equipos científicos; constituía una decisión innecesaria, dado que la confiabilidad internacional de Argentina en materia misilística podía garantizarse mediante salvaguardias de uso pacífico de la tecnología en cuestión; por último, que el caso revelaba una intromisión inaceptable de EE.UU. sobre áreas de legítimo y autónomo desarrollo argentino.

Con igual tenor se expresaron casi simultáneamente dos diputados radicales, de igual apellido. Federico Storani consideró al desmantelamiento del proyecto como una de las tantas evidencias de alineamiento incondicional con EE.UU., que recibía como respuesta la venta de granos subsidiados de aquel país a Brasil. Por su parte Conrado Storani, realzando el empleo pacífico del Cóndor II, relativizaba su sofisticación al compararlo con proyectos en desarrollo en naciones más avanzadas y caracterizaba la conducta gubernamental en la materia como una política de sumisión y claudicación frente a EE.UU. que no registraba ningún tipo de contrapartida. Días después y en el marco de un informe del ministro Camilión a la Cámara de Diputados, este último legislador volvería a calificar la posición del gobierno en la materia como una actuación "con seguidismo, obsecuencia y sumisión" a EE.UU.(25).

Al contrario que en estos casos aislados, sí se observó una conducta articulada de la UCR con posterioridad al encuentro Menem-Clinton, específicamente en el ámbito legislativo. En la Comisión de Defensa de la Cámara Baja los diputados Conrado Storani y Victorio Bisciotti por un lado, y Antonio Berhongaray por otro, presentaron sendos pedidos de interpelación al ministro Camilión en relación a versiones periodísticas según las cuales el gobierno, a través de la Fuerza Aérea, habría impulsado a retirarse anticipadamente al comodoro Miguel Guerrero, especialista aeroespacial egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que había tenido a su cargo el proyecto Cóndor. Estos pedidos no prosperaron dado que su tratamiento se frustró, a principios del mes de agosto, por falta de quórum de los legisladores oficialistas (26).

Finalmente, nunca cobró estado público el informe elaborado por la TDA para el reciclado de Falda del Cármen. Un año después Conrado Baroto, reemplazante de Jorge Saade al frente de la CNAE, aseguraba que la misma sería reconvertida en dos sentidos, ambos con un horizonte de realización estimado para mediados de 1995 -no cumplido-: por una parte, produciendo bienes con alto valor agregado para aplicaciones especiales, sobre todo por la industria metalúrgica de avanzada, sustituyendo importaciones y generando ventas al exterior; por otra, instalando en su predio el Instituto Espacial Argentino, destinado a formar los profesionales de la comisión. Baroto agregó en esa oportunidad que la reconversión no estaba sujeta a presión política alguna, que no destruirían las mezcladoras de combustible (como lo reclamaba EE.UU.) ni ningún otro equipamiento existente en el lugar, y que en proyecto estaba contemplada la participación de la empresa privada.

En más de una oportunidad, aquellos procesos de toma de decisiones en los cuales los actores que conformaban su estructura sostenían posiciones incompatibles que tornaban conflictiva la dinámica decisoria y dificultaban la planificación de la política a adoptar, registraron la incorporación de un tercer actor con el propósito de "mediar" entre las referidas posiciones, dando paso a una postura de consenso. Esa incorporación surge a partir de una designación del máximo decisor, es decir el Presidente de la Nación.

El caso del Cóndor II es especialmente ilustrativo al respecto, en dos oportunidades. La primera de ellas aconteció a poco de asumir Di Tella la titularidad del ministerio de Relaciones Exteriores y González igual cargo en la cartera de Defensa, cuando el primero de los nombrados propició la revisión de la conducta gubernamental frente a EE.UU. en relación a ese proyecto misilístico, considerando que su incompatibilidad con la mejora de las relaciones bilaterales no era transitoria sino permanente. El canciller consideró que no bastaba con suspender el proyecto sino que había que cancelarlo definitivamente, alternativa a la que se opuso un ministro de Defensa proclive a la armonización entre las relaciones con EE.UU. y la supervivencia del mismo, más allá de su suspensión transitoria.

La intransigencia de ambas posiciones motivó la participación del ministro de Economía, Domingo Cavallo, en un proceso de acercamiento entre las mismas el 4 de mayo de 1991 que, al mostrarse ineficaz, llevó al mandatario a optar por una de ellas, en este caso la sustentada por el ministro de Relaciones Exteriores.

Otra situación de similares características se registró, también en relación al Cóndor, a principios de 1993 cuando EE.UU. reclamó la destrucción de elementos de guiado misilístico que el ministerio de Defensa insistía en desconocer, mientras la Cancillería recordaba que era voluntad presidencial no retener componente alguno del Cóndor, en un mensaje que parecía destinado más al otro ministerio que al gobierno estadounidense. En este caso la mediación y búsqueda de una posición consensuada correspondió a Eduardo Bauzá, Secretario General de la Presidencia y funcionario de la máxima confianza presidencial, siendo exitosa debido a que durante un tiempo el ministerio de RREE respaldó la posición del de Defensa.

En una relación bilateral, la intensidad con que se percibe que las partes recurren a linkages temáticos está supeditada a las formas de manifestación de estas vinculaciones que se reconozcan. Este detalle remite a la necesidad de contar con un criterio de clasificación de las mismas y, en el caso particular de las relaciones Argentina-EE.UU., los linkages registrados se diferencian entre sí en función de los tipos de temas que involucran, de su carácter positivo o negativo y de la forma que adopta la respuesta de una de las partes a una acción previa de la restante.

Respecto a los tipos de temas que involucra un linkage, el mismo puede plantearse entre dos o más temas incluidos en la agenda bilateral, más allá de la jerarquía de los mismos en ese contexto, o entre temas de agenda preexistentes y otros hasta el momento ajenos a la misma. Por otro lado, un linkage puede ser positivo o negativo, dependiendo si una de las partes preoferta contraprestaciones a la otra que son beneficiosas para esta última, a manera de "recompensas", o por el contrario preanuncia o adopta sin aviso decisiones lesivas a la misma a modo de "castigo". Finalmente, en un linkage la respuesta de una de las partes, de hecho de la que planea la vinculación, a un acto previo de la otra puede ser puntual y rápida, o dilatada en el tiempo.

Puede mediar tiempo entre la adopción de una decisión y la acción de la contraparte que le dio origen, o bien puede pasar que la contraprestación no sea puntual sino que esté compuesta por actos parciales que cobran real dimensión al ser considerados en su conjunto. Esta aclaración indica un doble riesgo de análisis en situaciones como la arriba descripta: por un lado, no percibir el efecto del linkage al no detectar las respuestas que genera determinada acción; por otro, y en sentido contrario a lo anterior, detectar las acciones que constituyen la respuesta, pero no relacionarlas con una acción anterior de la otra parte.

Un ejemplo de linkage entre temas de agenda con otros ajenos a la misma es el desarrollo de proyectos tecnológicos comunes que propone EE.UU. el 10 de febrero de 1991, en un encuentro entre el canciller Di Tella y su colega James Baker, a cambio del desmantelamiento del Cóndor; esta oferta se concretaría en los encuentros de Di Tella con el almirante Truly de la NASA y en la suscripción de un acuerdo bilateral para la cooperación aeroespacial entre Menem y el vicepresidente Quayle, en Buenos Aires a comienzos de agosto de 1991. Dentro del tema Cóndor y en sentido contrario a lo expuesto, erróneamente se percibe que un linkage como recompensa fue el respaldo norteamericano para el ingreso de Argentina al MTCR, debido al desmantelamiento del citado proyecto misilístico.

Cabe recordar que la primera declaración de la Casa Rosada respecto a su deseo de incorporarse a ese régimen data del discurso del ministro de Defensa del 28 de mayo de 1991 cuando se anuncia la desactivación del Cóndor, voluntad que fue ratificada por Di Tella ante Baker y el titular de la NASA, y por el propio Menem a Bush en la cumbre bilateral de noviembre de 1991. Sin embargo, previamente al discurso de González en ningún momento EE.UU. había ofrecido su respaldo, como tampoco lo comprometieron los interlocutores del Canciller ni Bush. El apoyo en cuestión llegaría recién el 8 de marzo de 1993 y, si bien es cierto que en el mismo incidió la transferencia a EE.UU. y España de elementos del Cóndor para su destrucción, no menos válido es que había facilitado esa acción la constitución de una comisión interministerial de control de exportaciones sensitivas, el 27 de abril de 1992; el detonante inmediato para la creación de este organismo no había sido el caso Cóndor, sino una venta de material nuclear a Irán pactada por la empresa local Invap y frustrada a último momento.

La relación entre el desmantelamiento del Cóndor y la suscripción de acuerdos de cooperación aeroespacial no sólo ejemplifica un linkage con forma de contraprestación preofertada entre un tema de agenda preexistente y otro que hasta el momento no estaba incluido en la misma; también muestra una vinculación temática en la cual la forma de la relación, en este caso la "recompensa" es puntual, sin mediar demasiado tiempo entre la misma y la acción que la originó.

El ciclo básico de articulación de una política exterior indica que debe partirse de la identificación del objetivo para luego, en función de las Capacidades existentes, diseñar las fases de planificación e implementación que determinarían la estructura y dinámica decisorias. Sin embargo en algunos casos puede suponerse que, sin alterarse la estructura en términos de actores institucionales, la modificación de los individuos que ocupan sus máximas jerarquías puede incidir en la reformulación del objetivo, dando lugar a una nueva política exterior con sus respectivas fases de planificación e implementación. Dentro de esta línea de pensamiento, los puntos de vista personales de las máximas jerarquías de esos actores tienen mayor peso que la conducta determinada en etapas anteriores por sus respectivas instituciones.

Un caso que se presta a este tipo de lecturas se refiere al Cóndor y se ubica temporalmente a comienzos de 1991 cuando una demanda de neto corte doméstico, la necesidad de mejorar la evolución de la economía, altera la estructura decisoria de ese tema de la agenda bilateral con EE.UU.: Domingo Cavallo reemplaza en el ministerio de Economía a Erman González, quien a su vez sustituye a Humberto Romero en la cartera de Defensa, mientras Guido Di Tella asume la titularidad del ministerio de Relaciones Exteriores.

En esos momentos el canciller impulsó la revisión del objetivo de la conducta desarrollada por el gobierno frente a EE.UU. en relación a ese proyecto, que era subordinar su continuación (oficialmente estaba suspendido desde abril de 1990) a la evolución de las relaciones bilaterales, opciones que se visualizaban como momentáneamente incompatibles. La revisión se basaba en que tal incompatibilidad sería permanente, razón por la cual no bastaba con suspender el proyecto sino que había que desmantelarlo totalmente. Por su parte el nuevo ministro de Defensa reivindicaba mayor participación para su cartera en el tratamiento del caso y se mostraba proclive a buscar una armonización entre los vínculos con EE.UU. y la existencia del proyecto tecnológico, pese a su suspensión. Finalmente, el Presidente se decidió por el punto de vista del canciller.

Empero, este mismo caso se presta a lecturas diferentes que redundan en evaluaciones distintas, si se presta atención a los resultados que había arrojado hasta esos momentos la política exterior vigente. La planificación de la misma había identificado como principales líneas argumentales la aparentemente dudosa utilidad del Cóndor con fines militares; la decisión política del Poder Ejecutivo de desarrollarlo con fines pacíficos; una tercera línea argumental apuntaba a desvincular la cuestión de la política estadounidense de contraproliferación a nivel global, garantizando que esa tecnología no sería exportada a áreas conflictivas.

En épocas de la Guerra del Golfo, la certeza que una parte del know how del Cóndor II había llegado por vías indirectas a la zona del Medio Oriente y específicamente a Irak, en momentos en que ese país enfrentaba a EE.UU. y adquiría un claro perfil de proliferador de armas de destrucción masiva, invalidó la citada planificación en todas sus líneas argumentales y con ella el objetivo y la implementación: demostró que el proyecto podía tener aplicaciones militares; relativizó la utilidad (no la sinceridad) del anuncio gubernamental argentino de perseguir fines pacíficos con el mismo y puso seriamente en duda su capacidad para controlar la difusión internacional de esa tecnología.

Visto desde esta perspectiva, la revisión del objetivo de la política argentina respecto al Cóndor sugerida por Di Tella y las resistencias de González no deben vincularse a las lecturas personales sino a un contexto diferente al que enfrentaron sus antecesores Cavallo y Romero. Obviamente no existe manera de corroborar esta hipótesis dado que no puede suponerse qué conducta hubieran asumido Di Tella y González en el contexto en que actuaron Cavallo y Romero, ni la de estos últimos a partir de las novedades que surgieron en épocas de la Guerra del Golfo.

La conclusión entonces es la de destacar el riesgo que supone evaluar en qué medida un cambio de objetivo en una política exterior, que acontece en forma simultánea a una alteración del contexto internacional (y consecuentemente al stock de Fines y medios) y a un cambio de las personas que ocupan los máximos puestos de los actores institucionales involucrados en la estructura decisoria, se ve influido por cada uno de estos dos factores.

La multiplicidad de actores que suelen intervenir en la planificación e implementación de determinada decisión en política exterior, así como la interacción permanente de los mismos con homólogos de la contraparte, resta veracidad a los puntos de vista que consideran a los encuentros entre mandatarios como las principales instancias de implementación de una política exterior de un país hacia otro y, consecuentemente, al jefe de Estado o gobierno como un participante prácticamente excluyente de su estructura decisoria.

No obstante, la evolución de las relaciones entre EE.UU. y Argentina muestra que al menos desde la perspectiva de este último país las reuniones cumbre fueron percibidas como instancias en las cuales sus protagonistas plantean en forma más o menos explícita sus respectivas posturas en relación a cuestiones comunes. El mero tratamiento de un caso en estas reuniones determina que el mismo tiene cierta prioridad en la agenda bilateral, por lo menos para una de las partes.

La traducción de esta percepción en hechos muestra que la inminencia de reuniones cumbre operó repetidamente en el gobierno argentino como aceleradora en la adopción de determinadas decisiones referidas a cuestiones que podrían tratarse en esos encuentros. Y que, según la naturaleza de la cuestión, tales decisiones podían orientarse tanto a fortalecer la misma como a debilitarla; o dicho de otro modo, tanto para incrementar la convergencia entre las partes como para limitar las divergencias.

En el caso del Cóndor, entre marzo y junio de 1993 el gobierno argentino se negó sistemáticamente a aceptar que se hubieran retenido componentes "inteligentes" del misil, aduciendo que todo lo existente ya había sido enviado a España; también había comprometido, ya el 2 de marzo de 1993 a través de Di Tella en un non paper al Departamento de Estado, que para garantizar lo antedicho se levantaría la clasificación de secreto que pesaba sobre el Cóndor, haciéndolo público; finalmente, había rechazado sugerencias de igual procedencia respecto a la conveniencia de destruir o desmantelar la planta de ensamblado de misiles de Falda del Cármen.

Con este contexto el Departamento de Estado decidió incorporar la cuestión del Cóndor a la agenda del encuentro entre Menem y Clinton, que tendría lugar en Washington menos de un mes después. Resulta llamativo que después de esa decisión surgieran tres novedades en la evolución del caso, con sólo unos pocos días de diferencia entre ellas: en primer lugar, el gobierno evitó nuevas presiones respecto a Falda del Cármen solicitando a EE.UU. colaboración especializada para su reconversión a la producción civil; segundo, el mismo actor levantó (con casi cuatro meses de demora respecto a lo prometido) el carácter secreto del Cóndor, mediante el decreto presidencial Nº 1317/93; en tercer término, finalmente se hallaron en dependencias aeronáuticas nuevos componentes del Cóndor que serían aquellos que fundaban el reclamo norteamericano.

Estos últimos fueron triangulados a EE.UU. vía España un día antes que Clinton recibiera a Menem, oportunidad en que el segundo comunicó oficialmente la novedad al primero. Así no sólo se limitaron las divergencias bilaterales sobre este tema, sino que se transformó al mismo en un tema de convergencia, que al estar concluido salió de la agenda bilateral.

Un análisis de los casos que integraron la agenda de las relaciones entre Argentina y EE.UU. muestra que ha sido usual, en las fases de implementación de las políticas exteriores específicas, que a partir de determinado hecho de importancia originado en alguna de las partes (considerando a las mismas como un todo y sin reparar en las particularidades de sus estructuras decisorias) o en el contexto externo que influencia a ambas, cuya evolución puede afectar los resultados de la política exterior en curso, la actividad en tal fase disminuye cuantitativamente durante un período indeterminado de tiempo. Normalmente, ese lapso concluye con una acción de alguna de las partes que limita o elimina la posibilidad que la política exterior en curso se vea negativamente afectada por el referido hecho.

Esta discontinuidad en las fases de implementación, que puede resultar difícil de comprender puesto que la caída de actividad tiene lugar en un momento crítico de la política exterior específica, puede significar exactamente lo contrario, es decir un período de intensa interdependencia entre los actores de las respectivas estructuras decisorias, sólo que extraoficial y reservada, en el cual las partes negocian cómo evolucionará en el corto plazo el tema, para luego sí adoptar una medida en forma pública y abierta.

Tomando al caso Cóndor como ejemplo, desde mayo de 1991 Argentina estaba desarrollando una política exterior que tenía como objetivo priorizar la evolución de las relaciones con EE.UU. antes que la existencia del proyecto tecnológico; entre otras cosas su planificación incluyó la desactivación del mismo, implementándose a través del desmantelamiento, reconversión o inutilización de todas sus partes. Técnicamente esta fase de la implementación culminó el 8 de enero de 1993 cuando los insumos citados fueron enviados a España para su destrucción allí y en EE.UU.

Oficialmente no se registró actividad alguna entre esa fecha y principios del mes de marzo siguiente, cuando el Departamento de Defensa declara públicamente que en el embarque argentino no se habían incluido los elementos de guiado del misil y la Casa Blanca deja entrever elípticamente que, pese a la importancia del embarque, al gobierno argentino aún le restaban esfuerzos por hacer en la materia. Si se soslaya este mensaje presidencial debido a su carácter elíptico (y por ende sujeto a diversas interpretaciones) y se subestiman las declaraciones del Departamento de Defensa, por ejemplo debido a que no fueron emitidas ni refrendadas por ningún funcionario de jerarquía, la falta de actividad se prolongó hasta principios de junio de 1993; en ese momento EE.UU. decidió incorporar el tema del Cóndor en la agenda bilateral que desarrollarían Menem y Clinton en su primer encuentro.

Por detrás de esta aparente inactividad, de dos a cinco meses según el caso, ambas partes desarrollaron intensas negociaciones iniciadas con una demanda extraoficial norteamericana al respecto, que incluyeron numerosos non papers cursados en ambos sentidos y diversas conversaciones sostenidas entre actores gubernamentales argentinos (incluidos "mediadores" presidenciales), así como entre algunos de ellos y el embajador de EE.UU.

Ha podido observarse en la conducta de EE.UU. hacia Argentina que el titular de su Poder Ejecutivo ha apelado recurrentemente al envío de cartas personales a su contraparte, a través del Departamento de Estado mediante la embajada en Buenos Aires. Estas epístolas siempre estuvieron motivadas en la intención de su emisor de respaldar determinada conducta argentina, ya sea una medida específica correspondiente a la fase de implementación de una política exterior, como a una política exterior en su conjunto. Ese respaldo incrementó las Capacidades disponibles por la Casa Rosada para avanzar con la fase de implementación en curso o iniciar una nueva política exterior, siempre y cuando la misma continuara en líneas generales la orientación de su antecesora.

La cuestión del Cóndor fue escenario de una conducta como la descripta cuando a comienzos de 1993 el flamante presidente Clinton le reconoció a su contraparte, en una misiva, los esfuerzos argentinos por reducir la proliferación de la tecnología misilística, a raíz del envío a España y EE.UU. de la mayoría de los componentes del Cóndor II, comprometiendo el respaldo para el ingreso de nuestro país al régimen MTCR.

La relación Argentina-EE.UU. contiene numerosos casos en los cuales el segundo de los países mencionados satisfizo al primero facilitando que éste obtenga algún tipo de rédito en la implementación de determinada política exterior, que compense la imposibilidad transitoria o permanente para alcanzar totalmente el objetivo buscado. Estos episodios indicaron, de esa manera, que las cuestiones de agenda a los cuales se referían no debían tratarse con una concepción suma cero.

La obtención de estos réditos surgió, en la mayoría de los casos, a partir de un pedido o reclamo de los actores gubernamentales argentinos que, al obtener "algo", reducían la percepción de ineficacia global de esa política exterior específica, al no poder obtener los resultados perseguidos originalmente. Por otra parte, esos reclamos no siempre respondían a intereses u objetivos propios del gobierno, sino que podían obedecer a los de actores privados, que en un proceso de interdependencia influían en la agenda oficial.

En el caso de la proliferación de tecnología y materiales sensitivos vinculada al Cóndor, cuando en enero de 1992 el gobierno de EE.UU. se opuso a una venta de material nuclear de la empresa Invap a Irán, la Cancillería argentina trasladó al Departamento de Estado un pedido de resarcimiento económico formulado por el gobierno provincial de Río Negro, accionista de la compañía. El Departamento de Estado auspició los contactos para un acuerdo entre Invap y General Atomics para presentarse conjuntamente en licitaciones internacionales, facilitando que la empresa argentina obtuviera un contrato por U$S 100 millones (más de cinco veces el monto de la operación con el régimen de Teherán) para construir un reactor experimental en Egipto.

En más de una oportunidad se ha observado que, en forma inmediatamente previa a la adopción de determinada decisión de importancia en su relación con Argentina, el Poder Ejecutivo de EE.UU. intentó ampliar la información disponible como sustento a su decisión, o corroborar la existente, enviando funcionarios de jerarquía a Buenos Aires para cumplir esa misión ante sus contrapartes locales.

El caso del Cóndor es paradigmático en este sentido. A pocos meses de iniciado el gobierno justicialista, en septiembre de 1989, visitó Buenos Aires el Subsecretario para Temas Militares del Departamento de Estado con el objetivo de interiorizarse con mayor detalle sobre la posición argentina respecto al proyecto, que un mes antes había sido negativamente evaluado en un informe sobre proliferación misilística elaborado por el ACDA, agencia especializada de esa repartición. Los argumentos recibidos por ese funcionario en Argentina, que enfatizaban en su baja utilidad bélica y en la voluntad gubernamental de desarrollarlo con fines pacíficos, fueron considerados insuficientes e influyeron en la siguiente acción de la Casa Blanca, consistente en la inclusión del tema dentro de la agenda de trabajo del primer encuentro Menem-Bush.

En abril de 1990 el proyecto fue unilateralmente suspendido por la Argentina y la ratificación de esa decisión gubernamental habría sido uno de los objetivos de la presencia del general Maxwell Thurman, jefe del Comando Sur, en Argentina un mes después, además del tratamiento de la militarización de la lucha contra el narcotráfico.

En febrero de 1992, luego de la decisión presidencial de desmantelar el proyecto y transferir la planta de ensamblado de misiles de Falda del Cármen a la CNAE, visitó la misma una delegación de funcionarios de los departamentos de Estado y Defensa a efectos de comprobar los equipos y bienes que había allí; esa delegación fue presidida por el Subsecretario de Estado Adjunto para Control de Armamentos, Robert Walpol. Dos meses después otro alto funcionario de EE.UU., el Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos de Seguridad Internacional, Reginald Bartolomew, fue el encargado de ratificar o rectificar en el ministerio de Defensa argentino si la Fuerza Aérea había retenido insumos o tecnología del Cóndor.

 9. "Desconocimiento conciente" de la estructura decisoria de la contraparte

En situaciones en las cuales la implementación de determinada política exterior argentina era contraria a sus intereses, EE.UU. ha interactuado con actores gubernamentales argentinos ajenos a la estructura decisoria conformada para la ocasión, o ignorando a alguno efectivamente incorporado a la misma, pese a conocer cabalmente esta última situación. Claramente este "desconocimiento conciente" perseguía tres objetivos, que no se excluían mútuamente: primero, alterar la estructura decisoria a través de la marginación de la misma de aquellos actores gubernamentales con posiciones que no eran convergentes con la estadounidense; segundo, incorporar a la estructura al actor gubernamental de su preferencia, el cual no necesariamente debía compartir la postura de EE.UU. aunque sí mostrar ante la misma mayor flexibilidad que otros actores involucrados; finalmente, alterar la dinámica decisoria sin alterar la estructura, es decir permeabilizar la posición de los actores gubernamentales incluidos en esta última a través de un tercer actor seleccionado para ejercer influencia.

En el caso del Cóndor II, el análisis de las diversas políticas exteriores argentinas planificadas e implementadas a partir de 1991 muestra que la dinámica decisoria subyacente a las mismas fue predominantemente conflictiva, como producto de las posiciones divergentes sostenidas por los ministerios de RR.EE. y Defensa, incorporados a la estructura de decisión. Por esta razón el Presidente de la Nación encomendó mediaciones entre las partes, una de las cuales fue ejecutada exitosamente en febrero de 1993 por Eduardo Bauzá, Secretario General de la Presidencia, sin que esto significara per se que integrara la estructura decisoria.

Tras nuevos desentendimientos entre EE.UU. y la Argentina y dada la transitoria compatibilización de las posiciones entre los ministerios mencionados como resultado de las gestiones de Bauzá, en lo referente a la inexistencia de partes "inteligentes" del misil, en junio de ese año el embajador Todman recurrió al Secretario General para que facilitara un avance con el ministro de Defensa y éste reconociera la existencia de los componentes inteligentes. Este pedido redundó en la reunión tripartita del 8 de junio de 1993, que tampoco arrojó novedades.

La política exterior desarrollada en general respecto a EEUU durante el período considerado estuvo lejos de caracterizarse por lo que en ese país se conoce como consenso bipartidario, o sea un acuerdo entre el oficialismo y el principal partido de la oposición, en este caso la UCR, en torno a los objetivos de las políticas exteriores específicas y sus formas de implementación. Estas diferencias de percepción redundaron en que el Poder Ejecutivo no haya buscado el apoyo opositor en casi ningún caso, ni que éste ofreciera su respaldo a la Casa Rosada; por el contrario, cada una de las partes manifestó en numerosas oportunidades los errores y desinteligencias de la otra, reivindicando consecuentemente la actuación propia.

No obstante, no en todas las cuestiones que integraron la agenda Argentina-EE.UU. entre 1989 y 1993 se observaron enfrentamientos de este tipo, como tampoco tuvieron la misma intensidad las oposiciones en cada uno de los temas que sí los registraron. El Cóndor II es uno de los casos que más se destaca, en el cual la UCR comienza a sostener una postura profundamente crítica respecto a la conducta gubernamental en la segunda mitad del año 1990, por lo menos cuatro meses después de que se anunciara públicamente que el proyecto estaba suspendido.

Sintéticamente el punto de vista radical que se delineó en esos momentos y que se mantuvo invariable durante un trienio enfatizaba en que los cambios que reflejaba la conducta del gobierno en la materia obedecían a su permeabilidad a los puntos de vista de EE.UU., significando en tal sentido un acto de sumisión a ese país y una renuncia unilateral al desarrollo de una tecnología de punta. Por lo que se sabe, a lo largo de esos tres años solamente en dos oportunidades la UCR avanzó más allá del plano declamatorio para intentar incidir en la implementación de la política exterior; en ambos casos se actuó desde el Congreso elevando sin éxito pedidos de informes al Poder Ejecutivo y reclamando la interpelación de diversos ministros que integraban la estructura decisoria de la política exterior. Esos casos se registraron en septiembre de 1992, debido al envío a España de componentes del misil, y en agosto de 1993 para ratificar o rectificar si la Fuerza Aérea impulsaba el retiro del servicio activo de uno de los expertos locales en tal proyecto misilístico.

(01) Entre ellos, amén del caso Cóndor, el envío de naves de guerra al Golfo Pérsico; el reconocimiento de la propiedad intelectual; el empleo del poder militar en la lucha contra el narcotráfico; la colocación del avión IA-63 en el mercado norteamericano; la postura argentina respecto del derrocamiento de Noriega en Panamá, de los Derechos Humanos en Cuba y de la utilidad del Movimiento de Países No Alineados; los subsidios a los granos; el apoyo a los planes económicos locales y el ingreso argentino al Plan Brady de reestructuración de deudas externas; las privatizaciones en el área telecomunicaciones; la participación privada en la desregulación de diversas áreas económicas; la seguridad del aeropuerto de Ezeiza; el reequipamiento militar local, etc.

(02) Del autor, Historia de las relaciones bilaterales Argentina-EE.UU. 1989-1993: Multiplicidad temática y complejidad de los procesos de toma de decisiones, informe final, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires julio de 1997, 254 págs.; Proceso de toma de decisiones en política exterior: EE.UU.-Argentina, 1989-1993, mimeo., cátedra de Geoestrategia del doctorado en Historia y Geografía, Facultad de Historia y Letras de la Universidad del Salvador, Buenos Aires agosto de 1997, 46 págs.

(03) HARTMANN, Frederick: Las Relaciones Internacionales, IPN, Buenos Aires 1986, pp. XXIV y XXV

(04) DALLANEGRA PEDRAZA, Luis: "La problemática del orden", en DALLANEGRA PEDRAZA et. al: Geopolítica y Relaciones Internacionales, Pleamar, Buenos Aires 1981, pp. 6-7

(05) Para este planteo teórico, ver RADEL, Lucien: "Reconstructing the Western Alliance. Europe & the USA", Lakesider Publishing Comp., Appleton (WI) 1990, pp. 12-13

(06) HARTMANN, op.cit. p. 19

(07) DEUTSCH, Karl: The analysis of International Relations, Prentice Hall Inc., New Jersey 1968, p. 77

(08) WILHELMY, Manfred (comp.): Política Internacional: enfoques y realidades, GEL, Buenos Aires 1988, pp. 51-52

(09) Nos referimos a "Política Exterior y toma de decisiones en América Latina: aspectos comparativos y consideraciones teóricas", en RUSSELL, Roberto (comp.): Política Exterior y toma de decisiones en América Latina, GEL, Buenos Aires 1990, pp. 255 y ss.

(10) DEUTSCH, op.cit., pp. 74-75

(11) KEOHANE, Robert & NYE, Joseph: "Complex interdependence and the role of force", en ART, Robert & JERVIS, Robert (eds.): International Politics. Enduring concepts and contemporary issues, Harper Collins College Publishers, New York 1996, pp. 236-245

(12) Este concepto fue esbozado originalmente por Russell y luego redefinido y desarrollado por Carlos Escudé. Una descripción más pormenorizada y completa del mismo puede encontrarse en ESCUDÉ, Carlos: "De la irrelevancia de Reagan y Alfonsín: hacia el desarrollo de un realismo periférico", en BOUZAS, Roberto & RUSSELL, Roberto (comps.): Estados Unidos y la transición argentina, Legasa, Buenos Aires 1989, pp. 243-272; ESCUDÉ, Carlos: "Cultura política y política exterior: el salto cualitativo de la política exterior argentina inaugurada en 1989 (o breve introducción al realismo periférico)", en RUSSELL, Roberto (comp.): La política exterior argentina en el nuevo orden mundial, GEL, Buenos Aires 1992, pp. 169-197; ESCUDÉ, Carlos: Realismo periférico: fundamentos para la nueva política exterior argentina, Planeta, Buenos Aires 1992

(13) ESCUDÉ, Carlos: "De la irrelevancia...", op.cit.

(14) MENEM, Carlos: "La hipótesis de conflicto de la Argentina está en el Atlántico Sur", entrevista en El Informador Público 27 de enero de 1989, p. 11

(15) FUNDACIÓN ARGENTINA 2000: "Pensamiento Nacional: Proyecto Menem Presidente", Debate Nº 3, Bs.As. enero de 1989, pp. 45-48

(16) El Plan Nacional Espacial se aprobaría recién tres años y medio después, en diciembre de 1994 mediante el Decreto Nº 2076/94. El mismo tiene por objetivo central el desarrollo de tecnología espacial, define las distintas áreas de aplicación de las actividades espaciales, diferencia los roles de los sectores público y privado en cada una de ellas y diseña un cronograma de actividades para el lapso 1995-1006.

Así, el período 1995-1996 se caracterizaría por el desarrollo y afianzamiento de los medios para obtener información espacial; entre 1997 y el año 2000 se buscaría optimizar esa información; del 2001 al 2006, por último, se buscará consolidar y mejorar los medios satelitales de obtención de información.

Entre las principales áreas de aplicación de las actividades espaciales que preveía este Plan se incluyen las telecomunicaciones; el empleo de sistemas globales de posicionamiento; la prevención y evaluación de impactos ambientales; el monitoreo y utilización de los recursos naturales; la telemedición y el control de parámetros industriales; la cartografía y el catastro; la supervisión y cuantificación de la producción agrícola e industrial; el aprovechamiento de los recursos ictícolas; el estudio de la calidad, degradación y contaminación del medio ambiente; la metereología; el aprovechamiento de los recursos del suelo y subsuelo, etc.

Al momento de aprobación del Plan Nacional Espacial, la titularidad de la CNAE había pasado del mencionado Jorge Saade a Conrado Baroto, egresado del Instituto Balseiro y considerado -según la información periodística- uno de los artífices de la construcción de la Planta de Enriquecimiento de Uranio de Pilcaniyeu, en la órbita de la CNEA.

(17) El SAC-B era un satélite científico en las áreas de la física solar, solar-terrestre y astrofísica. El mismo portaba un instrumento de investigación solar aportado por la CNAE y sensores de investigación solar y astrofísica de la NASA, entidad que además colaboraba con el vehículo lanzador Pegasus.

Los usos del SAC-B incluían la evaluación de cultivos, estudio de plagas, análisis de sanidad vegetal, prospección agrícola y agrometereología, en el campo agropecuario; estudio de cuencas, evaluación de inundaciones y sequías, contaminación de aguas, en el hidrológico; control de áreas forestadas y evaluación de desastres, en el forestal; información para la actividad pesquera, contaminación costera, colorimetría oceánica y batimetría, en el oceanográfico; localización de minerales y determinación de estructuras geológicas, en mineralogía y geología; crecimiento urbano y polución ambiental, en el ecológico; finalmente, medición de fenómenos que ocurren en el espacio, como la radiación X de alta energía, la radiación ultravioleta y la aceleración de partículas, en el astronómico.

El SAC-B, con una vida útil de tres años, fue lanzado desde EE.UU. recién a fines de noviembre de 1996, sufriendo ciertos desperfectos que limitarán sus capacidades.

En contraste con estas postergaciones y contratiempos tres meses antes, el 29 de octubre de 1996, un cohete ruso colocó exitosamente en órbita al satélite USAT, diseñado y construido en la provincia de Córdoba por la Secretaría de Ciencia y Técnica provincial, el Instituto Universitario Aeronáutico y la empresa estatal CORATEC, cuyos accionistas son la mencionada provincia y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). EL USAT cumple algunas de las funciones del SAC-B, a través del envío a la Tierra de imágenes pancromáticas de alta y baja resolución.

(18) La empresa INVAP (Investigaciones Aplicadas) había sido constituida en San Carlos de Bariloche en 1976 por la gobernación de la provincia de Río Negro, en respuesta a la iniciativa de un grupo de científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Instituto Balseiro de constituir una empresa de alta tecnología. Entre sus logros más significativos se incluían la construcción de la planta de la CNEA para enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu; la bomba de cobalto para empleo medicinal Teradi-800; diversos equipos robotizados y software, e incluso minirreactores experimentales Carem de 25 Mgv para la generación de electricidad.

(19) El acuerdo entre INVAP y General Atomics, firmado oficialmente en agosto de 1992, exploraba la posibilidad de presentarse conjuntamente en determinadas licitaciones internacionales y facilitó la presentación exitosa de INVAP para construir llave en mano un reactor nuclear para Egipto, por valor de U$S 100 millones aproximadamente.

(20) En julio de 1992, Erman González y su par español Julián García Vargas firmaron un convenio de cooperación sobre uso pacífico de tecnología de misiles; antes Osvaldo Trilla, titular del INTA, y otros técnicos de ese instituto visitaron Falda del Cármen. MORANDINI, Norma: "El final del vuelo", Cambio 16 Nº 1103, 11 de marzo de 1993, p.8

(21) No puede determinarse fehacientemente si ya en esos momentos EE.UU. había establecido el tipo y número de las piezas aparentemente faltantes. Sin embargo en junio de 1993 se hablaba de tres plataformas de origen francés marca Sageme, donde se instalan las computadoras de guiado que orientan al misil; otras partes de fabricación italiana denominadas Trans Vector Control; una computadora de vuelo alemana marca MBB; una cabina de control de misión; sistemas de control de empuje; computadoras estadounidenses Hewlett Packard de control de misión y un diagnosticador de carga útil.

Según infografía publicada en La Nación 8 de junio de 1993 y "Advertencia de EE.UU. sobre el misil Cóndor", La Nación 29 de junio de 1993

(22) Esta hipótesis cobra asidero si se tiene en cuenta que, de acuerdo a otras fuentes, lo que se había remitido a España era lo que se hallaba almacenado en Falda del Cármen, mientras que los componentes inteligentes nunca habrían estado allí. Los mismos habrían sido desarrollados en instalaciones que la CNIE poseía en la ciudad de Buenos Aires y nunca se habrían enviado a la base cordobesa.

Ver "Un Cóndor sin inteligencia", Página 12 5 de marzo de 1993

(23) Posteriormente se sabría que ya en esos momentos estaba interesada en utilizar las instalaciones de Falda del Cármen la empresa LTV de EE.UU., vinculada al proyecto de colocación del avión monoplaza argentino Pampa en el mercado estadounidense. LTV podría fabricar en el lugar misiles tácticos para buques y aviones o, si hubiera prosperado el proyecto Pampa, parte de las aeronaves que serían exportadas desde el país (Ver "La LTV detrás de Falda del Cármen", El Cronista 24 de junio de 1993).

En esos momentos, Francia también demostraba interés en el reciclado de la planta, proponiendo la instalación en el lugar de un polo técnico similar a algunas experiencias desarrolladas exitosamente en suelo galo, como Futurescope cerca de Poitiers y Sophia-Antipolis en proximidades de Marsella. La cuestión fue manejada por la agregaduría científica de la embajada de Francia en la Argentina.

(24) Más de dos meses después de su dimisión Juliá efectuó declaraciones que constituyen, hasta donde se sabe, la única admisión de un alto jefe aeronáutico de la utilidad militar del Cóndor II. Juliá destacó en esos momentos que el proyecto hubiera servido, en caso de conflicto, como elemento disuasivo.

En JULIA, José: "Si el poder político lo decide el Cóndor puede ser reactivado", reportaje en El Cronista 23 de agosto de 1993

(25) Es interesante destacar que las declaraciones de Federico Storani se efectuaron ante un auditorio compuesto mayoritariamente por jefes y oficiales de la Fuerza Aérea, el 14 de mayo en la sede de la institución y en el marco del Curso de Trascendencia del Poder Aeroespacial Nacional (CTPAN), donde fue orador invitado.

(26) La versión oficial, emitida por el brigadier Juliá, indica que el comodoro Guerrero le solicitó personalmente una licencia semestral justificada en la necesidad de tomar un descanso, sin que hubieran mediado presiones de ningún tipo (Ver "Si el poder político lo decide, el Cóndor puede ser reactivado", op.cit.)

(FIGURA Nº1) POLÍTICA EXTERIOR: FACTORES, PROCESOS DE ARTICULACIÓN Y DE TOMA DE DECISIONES