El Orden Mundial que emergió de la finalización de la Guerra Fría no es menos conflictivo que su antecesor; por el contrario, la violencia continúa presente en el plano internacional, aunque su morfología experimentó importantes cambios. Es así que, en detrimento del empleo de la fuerza en términos interestatales, se observa un incremento cuantitativo y una complejización cualitativa de la violencia expresada en planos intra e transestatales.

Básicamente, nos estamos refiriendo a los conflictos de naturaleza intraestatal y a las llamadas amenazas transnacionales. Estas últimas no irrumpieron por primera vez en el escenario internacional en la presente década, pero en buena medida fueron "redescubiertas" tras su larga subestimación en detrimento de la confrontación entre superpotencias. Este redescubrimiento se acompaña de una verdadera toma de conciencia acerca de su gravedad e incidencia en el campo de la Seguridad de los Estados, ámbito que dejaba de estar monopolizado por el poder militar.

El objetivo de este trabajo es describir brevemente las principales amenazas transnacionales que integran la agenda del orden internacional emergente.

En forma previa a toda otra consideración, es necesario acordar el significado y los alcances que se le asignan al concepto amenaza; en este caso lo entenderemos en su significado más amplio, es decir como "un conjunto de circunstancias que integradas constituyen un factor potencial de daño cierto y que bajo ciertas circunstancias puede producirse" (01). Así, de acuerdo con Joseph Nye, en el plano interestatal el concepto de seguridad es, en última instancia y en líneas generales, una meta negativa: ausencia de amenaza al Estado-Nación (02).

Esta concepción amplia y genérica del significado de las amenazas no inhibe la existencia de otras más específicas, a las cuales engloba. Abarca así el punto de vista, de carácter reduccionista, según el cual determinados fenómenos sólo pueden ser calificados como amenazas si su manifestación genera ciertos efectos específicos; un ejemplo sería la postura según la cual las amenazas son fenómenos que convierten en inestables los sistemas social, económico y político de un país, y/o que reducen la capacidad de la sociedad, del Estado o de las Fuerzas Armadas para realizar una defensa adecuada de tales sistemas. La concepción amplia de las amenazas excede también la existencia o no de una voluntad hostil que la materialice; por lo tanto, engloba en sus alcances un significado de entidad menor, el de riesgo, el que no se define en función de la posibilidad de daño sino en la conjunción entre una intención de generarlo y la disponibilidad de capacidades a tal efecto (03).

Con este marco contextual, por amenazas transnacionales se alude usualmente a situaciones o casos cuyo potencial de daño alcanza y cuya resolución exige la acción concertada de más de un Estado. Entre estas amenazas suelen incluirse el tráfico ilegal de estupefacientes, el agravamiento de las cuestiones ambientales, el terrorismo, la proliferación de armamento de destrucción en masa y, desde cierto punto de vista, la problemática del desarrollo.

La adjetivación de estos problemas como transnacionales amerita una breve aclaración, en el plano teórico. El concepto de transnacionalidad comenzó a cobrar forma en el campo de las Relaciones Internacionales a principios de la década de los años 70, cuando se revaloriza la incidencia que tenían en ese campo los actores no gubernamentales. Aun antes de desarrollar los planteos teóricos de la interdependencia, Keohane y Nye abordaron esta cuestión, estableciendo una disquisición básica: por un lado, concibieron como interacción transnacional al movimiento de elementos tangibles o intangibles a través de las fronteras estatales, en el cual al menos uno de los actores involucrados no pertenece a gobierno u organismo internacional alguno; contrariamente y en forma más abarcativa, una relación transnacional involucra miembros o dependencias gubernamentales de jerarquía distinta de la máxima, sin excluir necesariamente a los actores no gubernamentales (04).

Aun cuando en este trabajo se utilizará el concepto de amenazas transnacionales, en el sentido de la interacción que se registra en ellas, conviene recordar que la vaguedad que continúa teniendo este concepto, así como la heterogeneidad de las temáticas que lo componen, han fomentado el surgimiento de categorizaciones más específicas, entre las cuales pueden mencionarse tres, que se comparan en el CUADRO Nº 1.

La primera de tales categorizaciones diferencia entre amenazas militares convencionales, amenazas con potencial de transformación en Conflictos de Baja Intensidad (CBI) y amenazas estructurales. Descartando por su carácter tradicional y por poco novedosa a la primera categoría, la pobreza, el deterioro ambiental y los flujos migratorios pueden ser entendidos como amenazas estructurales, en tanto el terrorismo y el narcotráfico se distinguen por su potencial de transformación en CBI (05).

Una segunda categorización útil para abordar la compleja trama de las amenazas es aquella que discrimina entre problemas transfronterizos, de propiedad común y simultáneos (06). Los problemas transfronterizos incluirían aquellos que literalmente atraviesan las fronteras, como las migraciones, la polución, la proliferación, el terrorismo y el narcotráfico; los problemas de propiedad común como los océanos o el medio ambiente son aquellos sobre los que nadie puede alegar propiedad, aunque son percibidos como una suerte de bien común cuya suerte depende de políticas multilaterales concertadas; por último, los problemas simultáneos aluden a aquellos padecidos por más de un Estado y en donde cada uno puede ayudar al otro: cuestiones sanitarias y de desarrollo, por ejemplo.

Finalmente, la tercera categorización discrimina entre amenazas contra la paz, amenazas contra la legalidad y amenazas contra el planeta. Las primeras se refieren a la alteración de la paz por parte de pertubadores o por conflictos de intereses que pueden derivar en crisis violentas; la proliferación de armamento de destrucción masiva se encuadraría en esta categoría. Las segundas aluden a todo accionar que puede poner en peligro la seguridad de las sociedades, sin llegar al límite de la ruptura de la paz; el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico integrarían esta categoría. Por último, las amenazas contra el planeta se vinculan a aquellos factores capaces de producir daño ecológico o ruptura de los ecosistemas (07).

Considerados a escala global, los movimientos migratorios están causados por motivos tanto políticos como económicos. Los primeros son numéricamente inferiores a los segundos y fueron estimados en 44 millones de personas en 1993, por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR); de ese total, 25 millones corresponden a la categoría de desplazados y los restantes 19 millones a refugiados (contra sólo 1,4 millón en 1960). En la mayoría de los casos estas migraciones están relacionadas con la violencia imperante en los países de procedencia de sus protagonistas, sobre todo en Estados independizados durante este siglo, cuyas fronteras fueron establecidas artificialmente, dividiendo pueblos homogéneos o uniendo otros con enemistades seculares.

Las migraciones de raíz económica, en tanto, fueron calculadas por el PNUD en 75 millones de personas. Éstas siguen, habitualmente, en general un derrotero orientado hacia polos de desarrollo. Sobre todo hacia EE.UU. y Canadá desde América Latina en general, y México y Centroamérica en particular, y hacia Europa Occidental desde África, Medio Oriente y Europa Oriental. Japón no sufriría la misma situación debido no sólo al perceptible crecimiento de los países que lo rodean, sino también a su homogeneidad étnica y cultural, factores de los que carecen los otros polos desarrollados. Los mismos justifican su accionar en la búsqueda de un nivel económico que les está vedado en su tierra natal. Históricamente esto ha sido aceptado por sus gobiernos, por tres causas principales: la reducción del desempleo interno, el envío de divisas a la familia que quedó en la tierra natal por parte del emigrado y la posibilidad de que este último retorne en un futuro con mayor calificación laboral. Si bien durante un corto lapso estos flujos fueron aceptados por los Estados desarrolladas debido a su necesidad de mano de obra barata, el desempleo que actualmente se registra en ellos convierte al inmigrante en un elemento indeseado, objeto de marginación, blanco usual de la violencia xenófoba y causa de fricciones interestatales.

Más allá de sus causas, el cierre de las fronteras de los países desarrollados a las inmigraciones provenientes de regiones más atrasadas desde el punto de vista socioeconómico ha generado en estos últimos la problemática de los llamados refugiados en tránsito, personas que abandonaron su país por causas políticas o económicas y se asentaron en forma nómade en algún Estado cercano en tanto encontraran un lugar estable de residencia. Al anularse la posibilidad de que ese destino final sea un país desarrollado, esas masas de refugiados pasan a formar archipiélagos de miseria en los Estados en tránsito. Ejemplos de estos archipiélagos, generadores de violencia y criminalidad, se observarían en América Central, Guyana Francesa, Sudáfrica y el cono sur africano, el sudeste de Asia y el Medio Oriente (08).

El terrorismo, entendido como "actos de violencia cometidos contra personas inocentes o no combatientes, con la intención de obtener fines políticos a través del terror y la intimidación" (09), constituye una de las principales amenazas de naturaleza transnacional en el orden emergente de la posguerra fría. Su ambiente es generalmente urbano, a diferencia de la guerrilla (rural); en muchos casos la confusión entre guerrilla rural y terrorismo urbano está inducida por los terroristas, quienes pretenden capitalizar en provecho propio la mejor imagen que, comparativamente, tienen los primeros.

El terrorismo es, así, una creencia en el valor del terror (12) que da lugar a una estrategia que reúne cuatro características principales: es impredecible y carece de toda regulación; es desproporcionada entre el objetivo buscado y los medios utilizados; es indiscriminada y sus efectos se extienden a la totalidad de la población, involucrando víctimas inocentes (el blanco del terrorismo es así más amplio que el de sus víctimas inmediatas); finalmente, produce un sufrimiento innecesario. En última instancia, esta estrategia genera en las personas la aprensión a ser víctimas de un ataque brutal fortuito, sin causa ni razón aparente, a manos de un extraño; el efecto es la alteración de las premisas sobre las que se funda un determinado orden político y social, básicamente los de la convivencia y la seguridad.

Si el terrorismo y la guerrilla difieren en su ambiente y sus objetivos, por otro lado coinciden en su contenido político, lo que las define como tales y las diferencia de otras meramente criminales. En función del carácter político del terrorista, todas sus acciones particulares se vinculan a una agrupación política superior, que les otorga legitimidad. La distinción entre lo legal e ilegal, así, se desdibuja; el carácter borroso de esta frontera entre legalidad e ilegalidad se observa en la Convención de Ginebra de 1949, ámbito en el cual organizaciones de combatientes irregulares de naturaleza partisana recibieron prerrogativas y derechos equiparables a los de un combatiente regular, siempre y cuando encuadraran en la tipología de movimientos de resistencia a una ocupación armada (occupatio bellica) externa y sus motivaciones parecieran coincidentes con los intereses de la población de la zona ocupada.

Cuando la promoción de la violencia política por parte de un Estado se materializa más allá de sus confines territoriales, tiene lugar el fenómeno conocido como terrorismo patrocinado por el Estado o terrorismo interestatal, caratulado hoy como amenaza transnacional. Este terrorismo continúa la línea de pensamiento de Clausewitz: si la guerra es la continuación de la política por otros medios, lo que el terrorismo continúa por otros medios es la guerra misma (13). Pese a que los intentos de un Estado por minar el orden político o social de otro no son novedosos, la posguerra fría le agrega a esa opción mayores niveles de peligrosidad y complejidad que en los años de la contienda bipolar.

El primero de ellos es el acceso de los terroristas a facilidades logísticas y medios financieros que de otra manera estarían fuera de su alcance; este acceso exime al terrorista de trasladarse a su lugar de operaciones con documentación falsa y provisto de su equipamiento: poseerá documentación en regla y sus necesidades serán satisfechas por sus cómplices en el lugar. Un segundo factor de peligrosidad se vincula a la ineficacia de las respuestas internacionales por falta de coordinación entre las partes interesadas, mientras el tercero alude a los riesgos que una escalada del conflicto, que teóricamente sostienen el Estado patrocinante y el Estado agredido, conduzca a acciones militares abiertas.

Finalmente, puede hablarse de un tercer factor de peligrosidad que se vincula a los anteriores, potenciándolo: el avance de la tecnología. El avance tecnológico generaliza el empleo de explosivos, con los cuales el terrorista puede exponer su vida en un grado menor que antaño, cuando debía emplear armas blancas o de fuego portátiles para cometer un asesinato; los nuevos medios masivos de transporte, como los aviones, proveen tanto nuevos blancos para las acciones terroristas como mejores vías de fuga para sus ejecutores; también el salto en el campo de las comunicaciones ofrece a estas organizaciones una mejor operatividad.

3.3. El crimen organizado

El crimen organizado se transformó en los últimos tiempos en una de las más peligrosos amenazas perceptibles en el orden emergente de la posguerra fría; sus dimensiones exceden holgadamente la suma de los crímenes cometidos por tales organizaciones para alcanzar las esferas política, económica y social de los Estados. Empero, esta multidimensionalidad tiende a soslayarse, reduciendo el crimen organizado en la mayoría de los casos a la cuestión del tráfico y comercialización de estupefacientes. Este razonamiento se sustenta en la gravedad adquirida por el narcotráfico, con sus secuelas en términos de delincuencia, que se verán en detalle más adelante.

Sin embargo, aun cuando la problemática del narcotráfico es de capital importancia, ésta no agota las manifestaciones de la criminalidad; por el contrario, las mismas se multiplican hasta alcanzar la corrupción de funcionarios y agentes públicos; las migraciones clandestinas; los fraudes económicos; los tráficos ilegales más diversos; la piratería intelectual y el empleo de la violencia como herramienta.

Es imprescindible señalar tres características distintivas del crimen organizado: primero, en la mayoría de los casos las distintas actividades que involucran no son mutuamente excluyentes, por lo cual las principales organizaciones diversifican su accionar en múltiples direcciones; segundo, no circunscriben su actividad a los límites de un Estado, ni siquiera de un continente, trascendiendo sus fronteras físicas y políticas; tercero, no son inconexas entre sí, sino que interactúan en verdaderas redes globales y descentralizadas. Estas características de diversificación, transnacionalización e interacción son claramente evidentes al hacer un repaso de las principales organizaciones criminales globales, que en forma directa o indirecta involucran a casi trece millones de personas: las tríadas chinas, la mafia italiana, las yakuzas japonesas, las mafias rusas y los carteles de Colombia (CUADRO Nº 3) (14).

En los últimos tiempos ha sido revalorizada la actividad criminal vinculada a la economía. Ya en 1993, el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal (National Criminal Intelligence Service, NCIS) británico informó que, globalmente, las actividades desarrolladas por las organizaciones mafiosas se concentraban en la problemática de las drogas sólo en un 40%, correspondiendo el 60% restante a actividades económicas, en un amplio rango que abarca operaciones financieras, inversiones, transacciones, fraudes y contrabando; en la misma oportunidad Earl Ferrers, por entonces titular de la cartera de Interior de ese país, indicó que la mayor amenaza del crimen organizado era el absoluto dominio de ciertos aparatos económicos estatales, en sus aspectos productivo, comercial y financiero. Complementando estas apreciaciones, un informe elaborado en 1996 por el servicio de inteligencia exterior de Alemania Federal (Bundesnachrichten Dienst, BND) consideró que la criminalidad económica era el subfenómeno de mayor crecimiento global dentro del crimen organizado en general (15).

Cuando las organizaciones criminales se involucran en las actividades económicas, el peligro es múltiple: por un lado, distorsiona el normal funcionamiento de los mecanismos de mercado y la efectividad de las decisiones regulatorias emanadas de las autoridades gubernamentales; por otro, termina implicando en sus redes a funcionarios gubernamentales con importante poder decisorio. La corrupción, cooptación y manipulación de empleados o funcionarios públicos es un rasgo característico de la criminalidad organizada, en todo el orbe. Llevando esta posibilidad al extremo, porciones importantes de las decisiones y actividades económicas estatales se mimetizan con las que desarrolla el crimen organizado. De acuerdo con Pierre Lacoste, otrora titular de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) de Francia, la principal fuente de financiamiento de la organización conocida como la Cosa Nostra no es el tráfico de estupefacientes, sino la manipulación de fondos públicos y programas de subsidios gubernamentales, inclusive en el marco de la Unión Europea.

Además, en un plano estrictamente económico, el involucramiento de las organizaciones criminales erosiona la credibilidad y reputación del Estado ante los inversores privados, externos e internos, que tienden a relocalizar sus capitales en lugares más "limpios". La validez universal de este patrón de conducta ha conducido a uno de los más importantes estudiosos del crimen organizado, Phil Williams del Ridgeway Center for International Security Studies, a invalidar aquellas posturas que subestiman el impacto negativo de este fenómeno en las economías de los Estados, alegando que la criminalidad sería gradualmente debilitada y asimilada a una economía libre, conforme ésta se desarrolla y consolida. Como señala Williams, el crimen organizado es el modo de capitalismo más salvaje imaginable, aquel que no respeta ninguna forma de regulación de naturaleza jurídica o moral, imprescindibles en cualquier economía.

Muchas de las manifestaciones de la amenaza que supone para el Estado la actividad de las organizaciones criminales pueden observarse actualmente en el territorio de la ex URSS. Producto de una interacción de diversos factores, la criminalidad se habría enquistado en vastos sectores estatales de Rusia y otras unidades políticas adyacentes. Sólo a modo de ejemplo de las dimensiones del crimen organizado en Rusia, debe tenerse en cuenta que las fuerzas policiales de ese Estado estiman en más de 3000 a los grupos ilegales, nucleados en aproximadamente 150 federaciones. A través de esa estructura controlan cerca de la mitad de las entidades bancarias del país, así como unas 40 mil empresas privatizadas, de diversos tamaños (16).

Entre los mencionados factores de incidencia en el aumento de la criminalidad rusa se destacan básicamente tres: la falta de transparencia en los procesos de privatización y desregulación del aparato productivo; la ausencia de una cultura política democrática en la población y sus elites (asiduamente se ha registrado la traducción de influencia política en influencia económica); y la retirada del Estado de vastas áreas de la vida política, económica y social de sus ciudadanos. Esta retirada parece haber sido de la máxima importancia, toda vez que el crimen organizado reemplazó parcialmente al aparato estatal en la preservación del respeto a los derechos de los trabajadores, la provisión de salud, educación y seguridad, tanto contra la delincuencia común como frente a otras entidades no oficiales; la privatización y desregulación del aparato productivo, un hecho auspicioso y congruente con el respeto a las libertades individuales, retroalimentó el poder criminal, dado que fueron estos actores los que respondieron a las demandas de protección de los nuevos propietarios.

A estos tres factores cabría agregar un cuarto, vinculado al fenómeno de la globalización, sustentada en factores tecnológicos. La globalización suele incluir entre sus características el agravamiento de la situación económica y social de numerosos Estados, toda vez que sus capacidades para insertarse en el nuevo contexto económico son deficientes. Paralelamente se asiste cotidianamente a la promoción a escala planetaria de modelos de conducta y pautas de consumo propias de Occidente; o, para ser más exactos, de países con alto grado de desarrollo oriundos de esa región. El contexto así generado es funcional al crecimiento del crimen organizado, puesto que individuos disconformes con su situación económica y social pueden percibir como la más rápida (o la única) forma de mejora de su nivel de vida, equiparándola a lo que muestran los medios de comunicación, al involucramiento en actividades criminales; la forma de crimen organizado practicada por individuos provenientes de sectores sociales de escasos recursos, que lo hacen como vía de progreso, es lo que ha sido denominado "insurgencia comercial". Si el modelo histórico de este patrón de conducta era Robin Hood, su versión aggiornada podría haber sido Pablo Escobar Gaviría (17).

Por otra parte, el enquistamiento criminal en las estructuras políticas y económicas de un país, así como en amplios sectores de su sociedad, se torna extremadamente difícil de revertir, toda vez que el crimen organizado reacciona en estas circunstancias a través del empleo de la violencia. Dos ejemplos ilustran lo antedicho: en el primer caso, en 1994 el director de la CIA, James Woolsey, estimó que sólo en términos de exportaciones ilegales de materias primas el Estado ruso registraba pérdidas estimadas en U$S 10 mil millones anuales; en el segundo, el fallido atentado perpetrado en el verano de 1996 contra el Primer Ministro ucraniano Pavel Lazarenko obedeció al accionar de una organización criminal vinculada a la explotación y comercialización ilegales de carbón, que incluía en sus estructuras a militares de alto rango, y que percibió en las políticas del jefe de gobierno una amenaza a sus intereses económicos (18).

En este contexto, los análisis estratégicos elaborados respecto a la evolución del orden internacional emergente de la posguerra fría no descartan, como hipótesis real, el surgimiento de verdaderos Estados criminales, denominados de tal modo desde el momento en que se desdibujan los límites entre las organizaciones criminales y el Estado: ambas partes se perciben mutuamente como socios, antes que como enemigos. El ya mencionado Williams ha confirmado la existencia de hipótesis según las cuales Rusia ingresaría en esa categoría, transformándose en un suerte de superpotencia criminal (19).

Junto con sus aspectos económicos, es insoslayable la vinculación entre el crimen organizado y la violencia. Usualmente, esta relación se observó en el ejercicio de la violencia en forma directa, como acontece con las mafias italianas o los carteles colombianos, o la constitución de verdaderos joint ventures con organizaciones terroristas: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Sendero Luminoso en Perú, Hezbollah en Líbano y el Ejército Revolucionario Irlandés (IRA), respectivamente, ejemplifican lo antedicho.

Al hablar de la aplicación de la violencia en forma directa, nos estamos refiriendo al ya descripto terrorismo, aunque en cierta forma este término no es el más adecuado, puesto que en sus versiones tradicionales ese fenómeno refiere a cierto sustento ideológico por parte de sus ejecutores. En el caso de la adopción de metodologías violentas por parte del crimen organizado, la ideología es reemplazada por los objetivos de esas entidades, usualmente asociados con el lucro.

3.4. El narcotráfico

El narcotráfico hace referencia a la actividad emblemática del crimen organizado internacional: el cultivo, procesamiento, tráfico y comercialización de drogas. Actualmente, la cifra de dinero que estima la Interpol como movimiento de capitales del tráfico de drogas y sus delitos conexos asciende a U$S 500 mil (20). De acuerdo con una investigación privada (21), el 70% de esa cifra está monopolizada por los cinco grandes grupos de organizaciones criminales, ya mencionados: las tríadas chinas, la mafia italiana, las yakuzas japonesas, las mafias rusas y los carteles de Colombia.

Indudablemente fue EE.UU. el país que colocó al tráfico de drogas en un lugar de importancia dentro de la agenda de amenazas transnacionales; los antecedentes de esta revalorización, que se observó nítidamente en la década de los años 80, se remontan sin embargo tres decenios antes. Tomando como punto de partida los años cincuenta (22), se puede observar que en aquellos momentos el mundo de la droga era algo escasamente difundido y carente de importancia, propio de grupos marginales que consumían heroína o marihuana. Entretanto, se configuraba un estereotipo de carácter jurídico-moral, vinculando a las drogas con las actividades de la mafia (en lo que hacía al tráfico) y con el sexo (con relación al consumo). El siguiente decenio conllevó un incremento en el consumo de drogas, principalmente de marihuana en la juventud, este fenómeno se atribuyó a las profundas modificaciones culturales que padecían estos estratos sociales; en respuesta se elaboró un discurso jurídico-médico, considerando al proveedor de alucinógenos como a un delincuente y al consumidor como un enfermo de carácter dependiente. El fenómeno continuaba siendo percibido como una cuestión predominantemente endógena.

La represión al consumo de marihuana llevó, a comienzos de la década de los años 70, a su sustitución parcial por la heroína, a cuyo consumo se llegó, incluso, a otorgar carácter epidémico. Esta sustancia fue calificada por el presidente Nixon como "la enemiga pública número uno de los EE.UU.", modificándose la percepción sobre la cuestión, agregándose a su perfil jurídico-médico la dimensión política. Pese a las declaraciones de Nixon, la cuestión de las drogas continuó siendo básicamente un tema sociocultural interno, que no trascendía usualmente las fronteras nacionales, y de importancia relativa. Esta lectura se fundamentaba en cuatro razones principales: en primer lugar, el consumo seguía teniendo una dimensión reducida; segundo, su impacto sobre los índices de criminalidad era bajo; en tercer término, su significado financiero no era de importancia; por último, existía cierta tolerancia a la demanda, principalmente durante la guerra de Vietnam.

Dicho contexto se modificó radicalmente a lo largo del lustro siguiente a la culminación del conflicto del sudeste asiático. La heroína fue sustituida por la cocaína y el número de consumidores creció aceleradamente, de resultas de lo cual EE.UU. ingresó en los años ochenta con la mayor tasa de adictos de su historia. Económicamente, en tanto, la importancia del tráfico de drogas en las finanzas del país se acrecentó: en aquellos momentos el Comité Económico Conjunto de la administración Reagan indicó que la economía subterránea norteamericana equivalía a U$S 222 mil millones, correspondiendo a los negocios vinculados a la droga casi la mitad de esa suma; de acuerdo con esas cifras, los estupefacientes movilizaban capitales equivalentes al 3% del Producto Bruto Nacional, o al 10% de la producción industrial.

En EE.UU. los arrestos por agresiones vinculadas por drogas en el lapso 1990-1996 fueron superiores a los de todos los otros actos criminales combinados, y su crecimiento constante hace prever más de dos millones de encarcelamientos adicionales hasta el año 2010; sólo por tráfico y comercialización de estupefacientes se efectúan en ese país más de un millón de detenciones anuales, contra menos de 30 mil en la década de los `60. En 1996 el Departamento de Justicia calculó que las actividades criminales le generaban a los contribuyentes un costo de U$S 450 mil millones por año, dos tercios de los cuales correspondían al tráfico y comercialización de narcóticos (23).

Este estado de cosas redundó en la articulación de un discurso donde Washington pretendió explicar el agravamiento de la problemática de las drogas a partir de sus variables externas, vale decir, responsabilizando del aumento del consumo a la oferta antes que a la demanda; como ejemplo de esto, un mensaje de la Casa Blanca del año 1982 afirmó que "la eliminación de las drogas en la fuente exterior es la manera más efectiva de reducir la oferta doméstica de aquellas substancias". Esta focalización de la lectura norteamericana en las variables externas del problema, dando especial énfasis a la oferta, originó el concepto de narcotráfico, denominación que establece como núcleo de la cuestión al tráfico y comercialización de drogas desde sus lugares de cultivo y procesamiento hasta sus mercados de destino.

Algunos analistas creen ver en el fenómeno del narcotráfico una amenaza al Estado de índole militar, debido tanto al desgaste y corrupción que genera sobre las instituciones políticas, licuando su poder, como a los consecuentes riesgos de feudalización: pérdida de control territorial por parte del Estado, a manos de carteles de narcotraficantes. Que en muchos Estados esta amenaza no se traduzca en el empleo de las FFAA. contra el tráfico obedecería, desde esta perspectiva, a la interacción de dos factores: el primero, la reticencia de las elites políticas democráticas a otorgar mayor poder de decisión y medios a los militares, siendo que la asignación de una misión de importancia distanciaría a los mismos de la política; el restante, el mantenimiento de hipótesis de guerra interestatales, anacrónicas y superadas ante nuevos tipos de conflictos transnacionales. En esta línea de pensamiento, se incluye el combate al tráfico de drogas como una de las amenazas de nuevo tipo que deberían enfrentar futuros sistemas de Seguridad regionales, coordinando acciones llevadas a cabo por FFAA. de diferentes países.

En los últimos tiempos, ha cobrado relevancia como amenaza transnacional la proliferación de armamento de destrucción masiva, entendiendo como tal a las armas nucleares, biológicas o químicas, lanzables tanto por medios tradicionales (artillería, aviación o misiles) como en forma encubierta (24). Sin embargo, esta jerarquización estuvo acompañada por el otorgamiento de un alcance limitado al concepto proliferación; teóricamente, la proliferación puede ser horizontal cuando crece el número de poseedores, vertical cuando quienes ya cuentan con ellas elevan su cantidad o capacidad letal, y geográfica cuando estos últimos las colocan en ámbitos geográficos que les son ajenos.

Desde este punto de vista, puede señalarse una primera característica de la proliferación de armamento de destrucción masiva, en tanto amenaza de importancia en la postguerra fría: es la proliferación de tipo horizontal (o difusión) la que en mayor medida se constituye en problema internacional debido a su probable posesión por Estados políticamente inestables y con propensión al uso de la fuerza, o por actores no estatales con escaso respeto por las reglas del sistema internacional, con lo cual los riesgos de empleo se multiplican en relación con la guerra fría.

Por su indiscutible protagonismo durante la guerra fría, el armamento de destrucción masiva más difundido es el nuclear y teóricamente corresponde al TNP, régimen internacional abierto a la firma en 1968, abocarse a la eliminación de la amenaza que la gran mayoría de los analistas percibe en la proliferación horizontal. En materia de control de exportaciones se complementa con otro régimen, el Grupo de Proveedores Nucleares (NSG), formado en 1974 e integrado por casi una treintena de países, entre ellos EE.UU., Gran Bretaña, Francia y Rusia (antes la URSS). Sus miembros se comprometen a no exportar material nuclear sin aval previo de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) y conforman una lista de determinadas tecnologías específicas que sólo pueden ser vendidas si el comprador brinda garantías concretas sobre su uso final y se compromete a aceptar verificaciones.

El accionar del Tratado se basa en un postulado nodal: que ningún Estado necesita ni debe proliferar para mejorar su seguridad, dado que la misma estará garantizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, a través de una doble vía. La primera de ellas se conoce como garantía de seguridad positiva y consiste en el compromiso de los miembros nucleares de citado Consejo de comunicar inmediatamente a ese foro toda agresión o amenaza de agresión con armas atómicas a un miembro no nuclear del TNP, a efectos de que la ONU pueda tomar cartas en el asunto; a través de la garantía de seguridad negativa, en tanto, los mismos miembros nucleares del Consejo de Seguridad se comprometen a no emplear su armamento atómico contra Estados no nucleares que integren el régimen, excepto en caso de respuesta a agresiones armadas de estos últimos en los cuales se hallen aliados a actores estatales nucleares.

Por cierto, en mayo de 1995 los 179 Estados signatarios del Tratado lo extendieron indefinidamente, luego de arduas negociaciones que pusieron de relieve profundas diferencias entre actores con status nuclear y otros excluidos de esa categoría, a partir de la acusación de estos últimos a los primeros de no haber avanzado en el proceso de desarme, de continuar efectuando pruebas nucleares y de obstaculizar, so pretexto del empleo dual de ciertas tecnologías, su desarrollo científico y tecnológico. El logro de tales acuerdos y la consecuente extensión del TNP por tiempo indefinido constituyó sin duda el evento más importante de la posguerra fría en relación con la amenaza que plantea la proliferación nuclear.

Más allá del TNP, en el caso específico del armamento nuclear de la ex URSS, en las críticas etapas siguientes a su eclosión se descubrió que sus débiles sistemas de control político y técnico podrían redundar en el empleo por error del mismo o su obtención por grupos terroristas, en forma no necesariamente directa sino a través de largas cadenas de intermediarios o sustrayéndolas a Estados carentes de adecuadas medidas de seguridad. Este riesgo está facilitado por la política de comercio exterior seguida por numerosos Estados que recuperaron su independencia tras la implosión soviética, orientada prioritariamente a la obtención de divisas fuertes para paliar sus privaciones socioeconómicas.

Las armas químicas, aunque menos difundidas que las nucleares, representan una amenaza de similar jerarquía, máxime teniendo en cuenta dos factores: el primero, que el número de proliferadores reales o potenciales en este campo sería mayor que en el caso nuclear; el restante, que el recurso a este tipo de armas parece ser más usual que en el caso atómico. En este sentido, mientras sólo una vez se usaron armas nucleares, desde la Primera Guerra Mundial hubo cinco episodios de uso de armas químicas, aun reduciendo el alcance de este concepto a su mínima expresión, es decir, eximiendo de la categoría a aquellas que no están concebidas para matar o incapacitar al enemigo (como los herbicidas).

El uso de armas químicas por lo menos en cinco oportunidades luego de la llamada Gran Guerra evidencia la escasa efectividad que históricamente registró el primer régimen constituido en la materia: el Protocolo de Ginebra de 1924, para la prohibición del uso en guerra de gases asfixiantes, venenosos y de otro tipo, y de métodos bacteriológicos de guerra. A efectos de subsanar sus deficiencias y tras la experiencia del conflicto bélico entre Irán e Irak, se constituyó en 1992 el CWC, que extendió las prohibiciones originales de empleo de estas armas a su desarrollo, fabricación y almacenamiento. Este régimen cuenta con su propia lista de substancias y equipamientos de transferencia prohibida, sobre la base de la información brindada por equipos técnicos ad hoc; no prevé claras medidas de verificación aunque sí contempla la aplicación de fuertes sanciones a quienes violan sus normas. En materia de control de exportaciones el CWC se complementa con el llamado Grupo Australia, conformado por cerca de una treintena de países más la Unión Europea.

Un peligro todavía mayor que las armas químicas es el constituido por las armas biológicas, en sus tres formas tradicionales (bacterias, virus y toxinas), valorización que se desprende de la diferencia básica que existe entre ambos tipos. Mientras las primeras están constituidas por agentes químicos inertes, externos al ser humano, las segundas son organismos vivos que ingresan al cuerpo humano; las primeras operan desde afuera, mientras las segundas lo hacen desde adentro. Las armas biológicas, además, implican el riesgo de transmisión de personas afectadas a otras sanas, lo que no acontece en el primer caso. El control de la proliferación de estas armas está obstaculizado por su forma de fabricación, que por lo general emplea equipos usados para fines civiles; incluso, en un mismo recipiente se pueden realizar los cultivos de gérmenes destinados a la industria farmacéutica y a las armas biológicas.

En este caso, el régimen vigente es el ya mencionado BWC, en vigencia desde 1975; éste prohibe el desarrollo, producción y almacenamiento de agentes bacteriológicos o toxínicos que no estén justificados en propósitos pacíficos, así como de armas o sistemas de liberación de esos agentes con fines hostiles o en un conflicto armado. Empero, carece de mecanismos de verificación y de imposición de sanciones por cuenta propia, remitiéndose en este caso al Consejo de Seguridad de la ONU. Al igual que el CWC, se complementa con el llamado Grupo Australia respecto al control de exportaciones.

La problemática de la proliferación de armamento de destrucción masiva ha incorporado, dentro de su esfera, los aspectos relativos a su posibilidad de empleo a larga distancia mediante vectores, es decir, misiles balísticos y crucero. Frente a esta opción, el abanico de respuestas disponibles puede sistematizarse en función de dos criterios diferentes, aunque complementarios: el primero, de acuerdo con el carácter diplomático o militar de la alternativa; el restante, en relación con la ocurrencia o no del empleo de misiles y, en este último caso, de su inminencia.

La hipótesis de la utilización de armas de destrucción masiva por parte del terrorismo (y el crimen organizado) no es novedosa, sino que comenzó a evaluarse en la fase final de la guerra fría, a partir de ciertos acontecimientos, entre ellos: la incautación en los albores de los años ochenta de planos sobre los depósitos de armas nucleares norteamericanos en Europa, que estaban en posesión de la organización terrorista alemana Fracción del Ejército Rojo (RAF), cuyos líderes admitieron que pensaban apropiarse de las mismas; por la misma época, la obtención de evidencia sobre el entrenamiento proporcionado por Alemania Oriental a terroristas palestinos en materia de envenenamiento de fuentes de agua potable, mediante gases tóxicos y armas biológicas (25). Este tema se actualizó sobre todo a partir de los hechos del 20 de marzo de 1995 en Tokio: en sólo cuatro minutos (de 8.09 a 8.13), adherentes del culto Aun Shinrikyo ("Verdad Suprema") liberaron en los subterráneos pequeñas cantidades del gas nervioso Sarín, un arma química que al ser liberada causó 12 víctimas fatales y otros 5500 afectados, algunos con lesiones permanentes.

En este contexto cobran especial relevancia las armas biológicas. Sus efectos pueden ser tan devastadores como los producidos por las armas nucleares o químicas; sin embargo, difieren de estas últimas en tanto sus efectos no son inmediatos, lo que facilita su manipulación por organizaciones criminales, que pueden abandonar el área de un atentado horas, e incluso días, antes de la manifestación de la agresión (que se registra al término de un período de incubación). Específicamente en relación con las armas atómicas, sus requerimientos en materia de componentes, especialización de personal y sofisticación de las instalaciones son menores (26); vis á vis las armas químicas, en tanto, las biológicas demandan escalas de producción menores. Este problema se agrava por el aumento cuantitativo de individuos con conocimientos de biotecnología, a nivel global; la cantidad de personas que acceden anualmente a técnicas que pueden emplearse en el desarrollo de armas se mide en términos de decenas de miles.

Dicho en otras palabras, las armas biológicas son, en última instancia, las de mejor relación costo/beneficio. Un programa de desarrollo de armas nucleares insume cientos de millones de dólares, mientras que uno de armas biológicas puede articularse en torno a un costo de U$S 400 por kilo de producción. En términos de efectos, una operación a gran escala contra blancos no militares costaría U$S 2000/km² con armamento convencional, U$S 800 con armas nucleares, U$S 600 con gas nervioso y U$S 1 con armas biológicas (27).

La peligrosidad que entraña la obtención de armamento biológico por parte de organizaciones criminales se pone de manifiesto al considerar, por ejemplo, que la toxina botulínica BTX es letal en dosis equivalentes a décimas de microgramo; de hecho, se ha planteado que una dispersión exitosa de 14 gramos (media onza) de BTX podría matar a toda la población de América del Norte. En cuanto al anthrax, se calculó que 28 gramos (una onza) introducidos en los sistemas de aireación de un estadio cerrado podrían generar 80 mil víctimas en una hora; por otro lado, la diseminación aérea de 50 kg. de ese producto sobre una ciudad de medio millón de habitantes, en condiciones óptimas de temperatura y vientos, generaría 250 mil víctimas fatales (28).

3.6. El deterioro ambiental

La cuestión del medio ambiente se distingue de las restantes amenazas transnacionales actuales en su larga data. Hasta tal punto este tema no es novedoso, que en las mismas raíces de la cultura occidental, esto es, en la Biblia, el Talmud y otros libros sagrados, ya se evidencia una fuerte conciencia ecológica. Es entre los siglos XVI y XVIII cuando la cuestión del medio ambiente encuentra su punto de partida en el debate entre dos tipos de razón antagónicos: la razón instrumental (Galileo, Descartes y Newton), que subestimaba cualquier límite o forma de control o autocontrol de la actividad humana, incluyendo en esto a la Naturaleza; y la razón no manipuladora (Rousseau y Goethe), que advertía que la razón instrumental carecía de la capacidad crítica para discernir entre transformación y depredación.

En el plano fáctico prevaleció la razón instrumental, la cual se realimentó con el avance del individualismo capitalista y las innovaciones tecnológicas de la Revolución Industrial; es sobre todo este último acontecimiento el que acelera la manipulación de la Naturaleza por el hombre, quien supeditó toda otra consideración a la expansión de la actividad económica. Por otro lado, en contra de lo que ocurrió ancestralmente con el acervo cultural de las comunidades agrícolas, el fomento de la Revolución Industrial a la intensificación del carácter urbano de las sociedades conllevó una disminución de la preocupación del habitante de las ciudades por las cuestiones medioambientales.

Esta situación de despreocupación del hombre por su entorno natural comenzó a revertirse en la década de los años setenta, a partir de tres hechos en especial: el involucramiento de la ONU en la materia, igual conducta por parte de ONG de diversa jerarquía y, como ejemplo de esto último, la emisión en 1973 del informe "Los límites del crecimiento", por parte del Club de Roma. Respecto a lo primero podría decirse que, así como la forma característica con que la comunidad internacional abordó la problemática de la proliferación de armas de destrucción masiva fue la articulación de regímenes, la cuestión del medio ambiente se caracterizó por su tratamiento a través de conferencias globales multilaterales. En el citado decenio esta metodología se inició con la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente Humano (UNCHE), desarrollada en la ciudad sueca de Estocolmo en junio de 1972.

Considerada globalmente, incluyendo tanto sus documentos previos como sus conclusiones, la conferencia de Estocolmo produjo tres resultados destacados: en primer lugar, bajo el lema "Sólo una Tierra" enfatizó en la necesidad de abordar la cuestión ambiental de manera global antes que local (estatal); segundo, produjo un Plan de Acción con más de un centenar de recomendaciones a seguir por los Estados en materia ambiental; en tercer término, propuso la conveniencia de constituir en la ONU un organismo internacional permanente para tratar estas temáticas, sugerencia que originó la constitución del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ese mismo año. Inmediatamente, este Programa fue dotado con un "Fondo Ambiental" basado en contribuciones voluntarias, para su empleo en proyectos de preservación en todo el globo.

La zaga de eventos iniciada en Estocolmo continuó a lo largo de esa década, bajo auspicio del PNUMA, en la Conferencia sobre Asentamiento Humano ("HABITAT"), realizada en Vancouver en 1976; la Conferencia sobre el Agua llevada a cabo en Mar del Plata en 1977; la Conferencia sobre Desertificación, que sesionó ese mismo año en Nairobi; la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar, desarrollada entre 1973 y 1974 en Nueva York y Caracas; y la Conferencia sobre Población Mundial, en Bucarest en 1974. Una de las características distintivas de todos estos cónclaves es que involucraron, con diverso grado de responsabilidad, a diversas agencias del sistema de la ONU: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Consejo Económico y Social (ECOSOC), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Metereológica Mundial (OMM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Otra singularidad de los eventos multilaterales convocados por la ONU para debatir cuestiones relacionadas con el medio ambiente durante los años setenta ha sido, como ya se mencionó, la constante y activa participación de ONG en las mismas, en una cifra nunca inferior al centenar. El primer hito en este sentido se registró en la misma conferencia de Estocolmo, con la participación de unos doscientos actores no estatales de este tipo en un Foro Ambiental realizado simultáneamente con el evento oficial. Así como la cuestión del medio ambiente, en tanto amenaza transnacional, se diferencia de otras por su tratamiento intensivo a través de conferencias globales multilaterales, también lo hace por ser la cuestión en donde mayor involucramiento de ONG se registra y donde mayor peso tienen sus demandas y puntos de vista.

Precisamente, un ejemplo de lo antedicho es el ya mencionado informe "Los límites del crecimiento", del Club de Roma, una organización constituida en 1968 a partir de la iniciativa de dos científicos preocupados con los posibles riesgos del avance del industrialismo; uno de ellos era el británico Alexander King, investigador ártico, quien paradójicamente fue miembro de los equipos que desarrollaron la primera bomba atómica y el altamente tóxico agroquímico conocido como DDT; el otro era Aureliano Peccei, un empresario italiano que había desempeñado altos cargos en Fiat, Olivetti y Alitalia. En ¨Los límites...¨, también conocido como Informe Meadows en reconocimiento al científico del Massachussets Institute of Technology que lo dirigió, se diseñaba un modelo matemático donde se cuantificaban una serie de variables como tasa de industrialización, crecimiento poblacional, producción de alimentos, explotación de los recursos naturales y preservación del medio ambiente.

El grupo de Meadows consideraba que la producción industrial había adquirido una tasa de crecimiento exponencial, del 5% anual a nivel global, que se duplicaba cada catorce años. Frente a esta progresión y a la elevación a ritmos similares de la población mundial, se agregaba, las disponibilidades alimentarias no durarían más de un siglo (incluso expandiendo las fronteras agrícolas) mientras los recursos minerales alcanzarían entre treinta años (cálculo efectuado sobre las reservas de ese momento) y setenta años (previendo un aumento de las existencias del 500%). Lo importante de este aterrador cálculo, cuya validez el paso del tiempo se encargó de relativizar, fue que fomentó la toma de conciencia acerca de la finitud de los recursos naturales y constituyó el primer avance hacia lo que se conoce actualmente como desarrollo sustentable: un modelo de crecimiento compatible con la preservación ambiental (greening strategies), basado en tecnologías limpias.

En los años subsiguientes, esta toma de conciencia continuó su avance, hasta instalar al medio ambiente en la alta política internacional, particularmente en torno a un conjunto de cuestiones como el manejo de recursos peligrosos, la energía nuclear y la llamada tríada ambiental atmosférica: el agujero de ozono, el efecto invernadero y, tal vez con una jerarquía algo menor, la lluvia ácida. Algunos acontecimientos vinculados a estos grandes temas, que alcanzaron difusión mundial, contribuyeron a esta concientización; en el caso de los recursos peligrosos y la energía nuclear los hechos remitían a sendos accidentes sufridos por el petrolero Exxon Valdez en Alaska y la central de Chernobil en Ucrania, dentro de la entonces existente URSS; en los restantes, la toma de conciencia se vinculaba a la difusión de informes que indicaban el riesgo que suponía para la vida humana un agravamiento futuro del efecto invernadero y el agujero de ozono, tendencia que se daba por inmodificable en el mediano plazo, más allá de la conducta de la sociedad internacional.

Respecto al agujero de ozono, denominación con la que se aludía a la disminución cuantitativa de esa molécula triatómica del oxígeno (O₃) en la atmósfera, a la misma contribuía el hombre mediante la emisión de dos agentes principales: óxidos de nitrógeno y, sobre todo, freones (o halocarbonos), ampliamente utilizados en diversas actividades humanas. Una disminución del contenido del ozono en la atmósfera limitaba la capacidad de ésta para retener la radiación ultravioleta que llegaba al planeta proveniente del espacio exterior, generando múltiples efectos negativos: de acuerdo con la Academia de Ciencias de EE.UU. cada 1% de empobrecimiento que experimenta la capa de ozono era probable que se tradujera en un aumento del 2 % en la ocurrencia de cáncer de piel, sin descartar afecciones a la médula ósea; otros daños podrían ser cataratas y lesiones en las retinas y la disminución de la protección inmunológica contra enfermedades infecciosas, esto último según estudios realizados en la Universidad de Texas.

Por cierto, la dimensión máxima alcanzada por las destrucción de esta capa atmosférica fue registrada en 1987 por el satélite Nimbus-7, que fotografió sobre la Antártida un agujero de 25 millones de km², casi tres veces la superficie de EE.UU. o Brasil. Esta novedad se difundía al mundo en forma simultánea a investigaciones científicas que indicaban que el problema difícilmente tendría solución en el corto plazo, debido a que la estabilidad química y el escaso peso de los freones hacía que el 90% de aquellos emitidos entre 1955 y 1975 todavía estuvieran ascendiendo a la atmósfera, por lo cual el nuevo equilibrio para la concentración atmosférica del ozono podría llegar a demandar hasta medio siglo; los plazos se prolongaban hasta más de seis décadas para que la destrucción quedara reducida a un valor equivalente a la mitad del máximo daño registrado (29), a contar desde el momento en que se suspendieran absolutamente las emisiones.

El efecto invernadero también se origina en la emisión de substancias a la atmósfera, en este caso dióxido de carbono (CO₂) originado en la quema de combustibles fósiles. Estos gases operan como una manta que retrasa el escape hacia el espacio de la energía térmica solar reflejada por la Tierra, aumentando la temperatura media global terrestre. Esta relación causa-efecto pareció comprobarse, en aquellas épocas de finalización de la compulsa bipolar, a través de los resultados surgidos de una investigación llevada a cabo por la Universidad de East Anglia del Reino Unido, según la cual el decenio del 80 había sido el más cálido desde mediados del siglo XIX, agregando que desde el año 1900 hasta ese momento la temperatura media del planeta había aumentado 0,5º C. Otro elemento en común con el agujero de ozono era la incapacidad para solucionar esta distorsión en el corto o mediano plazo, debido a que el mecanismo por excelencia con que cuenta la Naturaleza para eliminar CO₂ atmosférico es su disolución en los océanos, donde este elemento interacciona con los carbonatos para formar los bicarbonatos. Sin embargo, la capacidad natural para producir este fenómeno quedaba excedida por la velocidad de extracción y consumo de combustibles fósiles en la sociedad moderna, razón por la cual se estimaba que el plazo mínimo que necesitarían los océanos para absorber por lo menos el 80% de los gases invernadero existentes en la atmósfera sería de mil años (30).

La importancia del efecto invernadero radica en los cambios climáticos que puede producir hasta bien entrado el siglo XXI, tanto climáticos propiamente dichos como atinentes al nivel de los océanos. Las estimaciones respecto a lo primero son divergentes, aunque en líneas generales calculan a la temperatura media terrestre hacia el año 2050 entre 4º C y 5º C por encima de la actual, un alza que modificaría los regímenes de precipitaciones y los ciclos hidrológicos en distintos puntos del planeta. Esto modificaría el mapa agrícola mundial, desplazando las zonas fértiles hacia los polos: la actual Pampa Húmeda argentina hacia la Patagonia, las zonas cerealeras de Georgia y Ucrania hacia la Siberia y el Middle West estadounidense hacia Canadá; también tornaría áridas vastas zonas de Europa y formaría zonas fértiles en el noreste de África, Oriente Medio, México y Australia, áreas actualmente improductivas en mayor o menor medida (31). Además el nivel de los océanos aumentará, en parte por el derretimiento de los casquetes polares y en parte por la expansión del agua como consecuencia de su calentamiento; este aumento evolucionó de un centímetro cada década durante el siglo XIX a diez a quince centímetros sólo en el decenio de los años ochenta del presente siglo, y se preveen hasta mediados de la próxima centuria alzas adicionales de entre uno y dos metros.

Un alza de un metro de los océanos implicaría la inundación de amplias zonas del planeta, como parte de los archipiélagos Maldivas y Marshall en los océanos Índico y Pacífico, respectivamente, diversas islas del Caribe y franjas costeras de EE.UU., Holanda y Bangladesh; también se padecería la contaminación de reservas de agua potable, a raíz de la intrusión de agua salobre en ríos y bahías; las inundaciones podrían alcanzar también a zonas bajas de muchas grandes urbes como San Francisco, Nueva York, Seúl, Buenos Aires, Londres, Leningrado, Amsterdam, Calcuta y Singapur; la población que vive en franjas costeras de hasta medio centenar de kilómetros de amplitud, que es de mil millones de personas y constituye casi la cuarta parte de la población mundial.

Paralelamente a su jerarquización internacional, el debate medioambiental adquirió dos características adicionales: una lectura conflictiva Norte-Sur y una creciente vinculación con el ámbito de la seguridad. Respecto de lo primero, en los países desarrollados la búsqueda constante de la mejoría de un bienestar ya alcanzado constituye una de las razones del deterioro del medio ambiente; al contrario, en los Estados menos avanzados la agresión al medio ambiente suele estar vinculada a proyectos de desarrollo e industrialización a través de los cuales se intenta resolver graves situaciones socioeconómicas internas, agravadas por problemas como la transferencia de divisas en concepto de pago a acreedores externos, o la pérdida de mercados a partir de prácticas proteccionistas o sustitución de importaciones. El presidente de Brasil, uno de los países que mayor presión externa recibió en función de cuestiones ambientales, fustigó las limitaciones que imponía el paradigma de desarrollo sustentable declarando, en la sesión de apertura de la XLIV Asamblea General de la ONU que sesionó en 1989, que ningún gobierno podía renunciar a su derecho al desarrollo en virtud de pautas proteccionistas que tienen por objeto permitir que los Estados desarrollados mantengan o aumenten tasas de consumo de energía excesivas.

Por cierto, esta tesitura, más allá del aparente sustento moral con el que cuenta, no haría otra cosa que agravar en el mediano plazo la situación económica y social de la sociedad cuyo gobierno no observa stándares mínimos de desarrollo sustentable y consiente la explotación irracional de los recursos naturales. Tales perjuicios se observarían tanto en un marco estrictamente interno al Estado como, ad extra, en la interacción del mismo con otros actores del escenario internacional. Los perjuicios provenientes del escenario internacional se vinculan al creciente empleo de los Estados de sus recursos de política exterior en mejorar su competitividad comercial, precisamente velando por la observancia de las leyes antidúmping tradicionales por parte de sus competidores, e inclusive identificando nuevas formas de dúmping. Junto al dúmping social, vinculado primordialmente a salarios y condiciones laborales, cobra relevancia el dúmping ecológico en relación con la carencia de criterios de desarrollo sustentable. Esta perspectiva remarca que bajo el público reclamo de la preservación ambiental se castigue a sus responsables, tanto directamente a través de represalias como indirectamente mediante el boicot a sus productos, perjudicando su comercio exterior y agravando las brechas entre Estados de diferente grado de desarrollo (32).

Comparativamente, los efectos negativos que genera una explotación intensiva de los recursos naturales al interior de determinados Estados en menos sutil. Tomando al África negra como ejemplo, las deforestaciones intensivas promovidas por la explotación orientada al mercado externo redujeron las superficies cubiertas por selvas, provocaron la erosión del suelo y más y mayores inundaciones; los correlatos sociales de esta política han sido diversos: por un lado, las inundaciones fomentaron la expansión de la malaria, una enfermedad de fácil adquisición que, de alguna forma u otra, es padecida por casi toda la población subsahariana; por otro, el agotamiento de los suelos generan migraciones internas masivas hacia los centros urbanos costeros.

En el campo de la seguridad, en tanto, las manifestaciones a escala global de los efectos perniciosos de un inadecuado manejo del ambiente fueron de una magnitud tal, que se las juzgó susceptibles de afectar profundamente las condiciones de vida del ser humano sobre la Tierra. Llevando este razonamiento a un extremo, se sugería que el deterioro ambiental desplazaba al peligro de guerra nuclear interhegemónica como factor susceptible de hacer peligrar el futuro de la especie humana (33).

Aunque indiscutida, la instalación de los problemas ambientales en el campo de la seguridad no ha permitido el desarrollo de un cuerpo coherente de conceptos, teorías de alcance intermedio y otras herramientas metodológicas. Uno de los motivos de esa carencia es, con certeza, el carácter relativamente reciente de la mencionada instalación. Otra razón es la persistencia de lecturas que asocian a la seguridad con el poder duro (militar) y, por carácter transitivo, con la corporización de las amenazas a los Estados en la voluntad de otros actores de similar jerarquía; una tercera causa válida sería la que esbozó la principal asesora del presidente estadounidense Clinton en la materia: en tanto la degradación ambiental genera efectos secundarios como pobreza, tensiones étnicas o migraciones (unos 18 millones de inmigrantes transfronterizos y 20 millones de desplazados internos), son estos fenómenos los que se asocian con la seguridad, en lugar del medio ambiente (34).

En camino a la resolución de la pobreza teórica de la seguridad ambiental (o seguridad ecológica, de acuerdo con otras escuelas), transitoriamente puede considerarse a la misma como la "ausencia de amenazas no convencionales contra el sustrato ambiental esencial para el desarrollo de la población y para el mantenimiento de su integridad funcional" (35). Por otro lado, esta temática es abordable desde tres perspectivas diferentes: como una politización de la seguridad, producto de la revisión de las percepciones de seguridad a través de la incorporación de problemas ambientales; como una revalorización de las cuestiones ambientales, a la luz de considerandos políticos, definiéndolas como cuestiones de seguridad (securitization of the environment); por último y como colofón de las dos perspectivas anteriores, la calificación de determinados problemas ambientales como fuente potencial de conflictos violentos (36).

En la vinculación entre medio ambiente y conflictos armados, el tercer abordaje a la seguridad ambiental, Paul Kennedy no descarta que en un futuro los Estados desarrollados empleen sus medios militares para garantizar la preservación ambiental en diferentes partes del globo. Como correlato, en los países acusados de explotar irracionalmente el medio ambiente, esta opción es percibida en términos de amenaza a la integridad territorial y a la soberanía del Estado; en Brasil, por ejemplo, el general Meira Mattos (37) reclama un aumento de la preparación moral y militar de las Fuerzas Armadas, adoptando una postura de disuasión estratégica frente a actores externos que en forma individual o consensuada puedan promover (o avalar la promoción de terceros actores, no estatales) la internacionalización de territorios como el Amazonas, considerados de interés para la humanidad, alegando la incapacidad estatal para protegerlo y conservarlo. La alusión al concepto de disuasión estratégica hace referencia directa a la probabilidad de conflicto militar, transmitiendo al eventual agresor los riesgos de enfrascarse en un conflicto largo y desgastante, como los de Somalia o Bosnia.

Una acción similar a la planteada en la hipótesis de trabajo elaborada por Meira Mattos podría ser la que simbólicamente llevó a cabo en junio de 1997 la ONG ambientalista Greenpeace. En esos momentos ocupó el islote Rockall, hasta ese momento bajo soberanía británica, ubicado en el mar del Norte a 300 km al oeste de Escocia, en una cuenca rica en hidrocarburos; allí creó un Estado independiente, "Waveland", instalando en el lugar un grupo de militantes. La creación de Waveland respondió, según la ONG, a la intención británica de ampliar la explotación petrolera en el área, incrementando así la agresión al medio ambiente en lo que se refiere a emisiones de CO₂ (38).

Posturas como la de Meira Mattos tienen una relación directa con las experiencias por las que ha pasado Brasil desde las postrimerías de la década de los ochenta, en particular a partir de la presidencia de José Sarney; en esos momentos comenzaron a tomar fuerza ciertos intentos de internacionalización de la cuestión amazónica orientados a suspender su quema para ampliación de las fronteras agrícolas, que se estimaba contribuía al efecto invernadero, comprometía severamente su biodiversidad y atentaba contra el hábitat de grupos indígenas. Tales intentos de internacionalización, en la mayoría de los casos (y en sus versiones más serias) no tomaban la forma de una virtual extracción de la zona amazónica del territorio brasileño, sino en algún tipo de injerencia en las decisiones que adoptaba Brasilia en la materia, o sea en su soberanía.

Una de las propuestas más recurrentes fue la de implementar el sistema conocido como canje de Deuda por Naturaleza, que consiste básicamente en la reducción de débitos a acreedores externos en función de la preservación del medio ambiente; un empresario norteamericano, favorable a dicha propuesta, graficó que ésta significaba "quemar deuda y no árboles". En el plano político, la administración Sarney interpretó esas sugerencias con cierto carácter conspirativo, como una excusa de la "codicia internacional" para apropiarse de los recursos amazónicos; en el plano militar, no se descartó que los intentos de internacionalización de la cuestión amazónica estuvieran relacionados con la intención de los países de mayor desarrollo de impedir el progreso nacional, con la consecuente rejerarquización del país en el sistema internacional (39).

Aun cuando la probabilidad de proyección y empleo de la fuerza que menciona Meira Mattos es por el momento remota, ya es una realidad que pueden eclosionar conflictos armados a partir de considerandos ambientales, y que ellos pueden constituir manifestaciones aggiornadas de un concepto nacido al calor de la Guerra Fría: la guerra económica, que se basa en la necesidad que tienen uno o más Estados de un recurso escaso con una importancia tal que su carencia alteraría el sistema económico y social de los mismos, y en la obstaculización de ese suministro por parte de otro u otros Estados (40). Si en épocas de la compulsa bipolar la guerra económica se concentraba en torno a los minerales estratégicos y el petróleo, ahora se agrega a esos recursos el agua potable.

El fenómeno conocido como guerra informática (information warfare o i-war) o guerra cibernética (cyber war) es la amenaza transnacional de más reciente aparición, ya que no sólo fue posterior a la expansión del uso de la herramienta informática sino también al internetworking o interconexión de redes de computadoras y bases de datos, cuyo ejemplo más conocido es Internet. Básicamente, la guerra informática es "un conflicto electrónico en el cual la información es un activo estratégico válido de conquistar o destruir. Las computadoras y otros sistemas de comunicaciones e información se transforman en atractivos blancos para ataques iniciales" (41). Pese a su complejidad tecnológica, el objetivo subyacente es harto simple: conocer el máximo posible del adversario, evitando que éste haga lo propio en sentido inverso, alterando en provecho propio el balance de información y conocimiento entre las partes (42).

Pero la simplicidad del objetivo no implica falta de complejidad en la amenaza; por el contrario, en este campo no existe un frente de combate concreto, sino que el mismo es el ciberespacio virtual; los costos operativos son relativamente bajos, incluyendo el "armamento" que se utiliza (virus informáticos, bombas lógicas, puertas traseras y puertas-trampa en el software, etc.) y los "sistemas de lanzamiento" que precisan (teléfonos celulares, Internet); en el ciberespacio, se desdibujan aún más que en el mundo real los límites entre lo local y lo global, y entre lo público y lo privado; la identidad de los agresores es difícilmente detectable, tornando inviables los sistemas clásicos de recolección y procesamiento de información; finalmente, amplía el abanico de blancos susceptibles de recibir una agresión, incorporando a aquellos que, aunque adecuadamente protegidos desde el punto de vista físico, se encuentran vinculados informáticamente al exterior (43).

Esto último es particularmente importante puesto que, merced al avance de las comunicaciones sustentado en el salto tecnológico, en la actualidad se observa en el interior de la mayoría de los actores estatales del sistema internacional una profunda dependencia de las agencias gubernamentales y el sector privado de redes de computadoras que posibilitan actividades críticas tales como operaciones bancarias o control del tráfico aéreo.

La guerra informática incursiona en el campo de las amenazas transnacionales en aquellos casos en que su ejecutor es un actor no gubernamental. Incluso, se ha evaluado que la guerra informática podría tornarse en el campo ideal para el crimen organizado o la actividad terrorista; en este último caso, los adherentes a la tesis de Huntington del choque de civilizaciones resaltan que aproximadamente el 60% de las graduaciones anuales en disciplinas asociadas con la computación se registran en países en desarrollo, la mayoría de ellos islámicos. Avalando esta apreciación, se ha difundido que en épocas de la Guerra del Golfo una organización (criminal) de hackers holandeses le ofreció al líder iraquí Saddam Hussein sabotear los sistemas informáticos de la coalición aliada en la región, a un costo de U$S 1 millón (44).

A la hora de asumir la magnitud potencial de esta amenaza, en términos de capacidad de daño, casi la totalidad de lo publicado en la materia se refiere a EE.UU., país donde ya se percibieron algunos atisbos de guerra informática: de acuerdo con la oficina de investigaciones del Capitolio, ya se habrían detectado en unos 120 Estados a enemigos potenciales de aquel, que estarían intentando penetrar las redes informáticas del Departamento de Defensa con finalidades hostiles; en algunos casos lo logran, destruyendo sistemas enteros de comunicaciones y almacenamiento de información. Tomando como base al año 1996, esa repartición anunció que sus sistemas informáticos habían recibido 250 mil agresiones, mientras el Equipo de Apoyo a Incidentes de Seguridad de Sistemas Automáticos (Automated Systems Security Incident Support Team, ASSIST), una unidad bajo su dependencia que responde a ataques de guerra informática perpetrados contra instalaciones militares, atendió durante igual lapso casi 30 mil emergencias (45).

Ciertos testimonios de personajes e instituciones calificadas y la publicidad que tuvieron algunas de las iniciativas gubernamentales en tal sentido dan cabal cuenta de la gravedad de la cuestión. Respecto a lo primero, un ex titular de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y un alto funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) coincidieron en señalar que en esta materia EE.UU. era más vulnerable que cualquier otro país del planeta (paradojas del avance tecnológico), en tanto el ex Fiscal General de la Nación, Jaime Gorelick, advertía: "en algún momento tendremos un equivalente cibernético de Pearl Harbour".

En cuanto a la acción de gobierno, el episodio de mayor trascendencia se registró en julio de 1997 cuando el mandatario Bill Clinton creó una Fuerza de Tareas de Protección a la Infraestructura (Infraestructure Protection Task Force, IPTF) integrado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la NSA, la CIA y el Departamento de Defensa; su función será avanzar en la comprensión de los peligros que entraña la guerra informática y desarrollar respuestas frente a ella. Los tres primeros también constituyeron un Grupo de Trabajo sobre Infraestructura Crítica (Critical Infraestructure Working Group, CIWG) mientras el FBI creaba el Centro de Evaluación de la Amenaza Infraestructural y de Investigación Informática (Computer Investigation and Infraestructure Threat Assessment Center, CIITAC), elevando los escuadrones de delitos informáticos de tres a cincuenta y seis (46). En conjunto, estos esfuerzos implican una respuesta a la conclusión a la que arribaba un informe elaborado por la corporación Rand y elevado al Secretario de Defensa, válido muy probablemente para todos los Estados del sistema internacional: "las principales suposiciones estratégico-militares nacionales son obsoletas e inadecuadas para enfrentar la amenaza que significa la guerra informática" (47).