Desde hace aproximadamente una década la política exterior de los EE.UU. se encuentra sacudida por sucesivos debates sobre las características del entorno internacional, la inserción del país en ese contexto y la conducta que, consecuentemente, se debería adoptar. Primero surgieron las discusiones generadas tras el fin inmediato de la Guerra Fría respecto a la retención o pérdida del rol de superpotencia por parte de ese país, culminada la puja ideológica bipolar, delineándose claramente las corrientes de pensamiento conocidas como declinistas y revividoras.

Casi simultáneamente se puso en entredicho la validez de la violencia como instrumento de política intra e interestatal, todo esto en el marco de la construcción teórica del "fin de la Historia" de Francis Fukuyama, y del lanzamiento del concepto de Nuevo Orden Mundial por el presidente Bush, en los albores de la Guerra del Golfo. Un tercer elemento de debate, cuyas manifestaciones más claras se emparentan cronológicamente con la última transición gubernamental entre republicanos y demócratas, aludía al grado de involucramiento que debía asumir EE.UU. en los asuntos mundiales, marco en el cual dividían aguas neoglobalistas y neonacionalistas (o globalistas y aislacionistas).

Las dos primeras discusiones han tenido un claro desenlace. Ya nadie duda que el idealista Nuevo Orden concebido originalmente ha dado lugar a un orden emergente de violencia multiforme, ni que el status de EE.UU. ha pasado de la hegemonía al liderazgo, con claro dominio del segmento estratégico-militar en un sistema de naturaleza multipolar que rejerarquiza los poderes blandos. Finalmente, el tercer debate ha registrado, simultáneamente, avances y retrocesos.

El avance registrado en la búsqueda de una solución al enfrentamiento entre las posturas aislacionistas y globalistas se plasma en una reafirmación de la segunda opción mencionada. De hecho, hoy se sostiene que Clinton es más globalista de lo que fue Bush, pese a haber centrado su campaña electoral en la promesa de priorizar las cuestiones económicas domésticas durante su acción de gobierno; la agenda externa del actual mandatario demócrata otorga importante prioridad a cuestiones tan disímiles como la prevención de agresiones, la contraproliferación, la promoción de los Derechos Humanos y la democracia y la atención a los desastres humanitarios.

Lo que aparece como una contradicción o un promesa electoral no cumplida, no lo es en modo alguno. Tanto en forma directa como indirecta, el objetivo demócrata de mejorar la situación socioeconómica de EE.UU. se encuentra íntimamente ligado a un claro compromiso nacional con los asuntos mundiales. Una política de desconexión del entorno externo hubiera sido, precisamente, la mayor amenaza al objetivo de mejora cualicuantitativa de los stándares sociales y económicos estadounidenses (01).

Esta postura presidencial no significó otra cosa que el reflejo de los cambios de pensamiento de la Sociedad, a la luz de la globalización e interdependencia imperantes. Bajo influjo del fenómeno conocido como "domesticación de la política exterior", 6 de cada 10 objetivos de política interior identificados por la ciudadanía en una encuesta realizada en 1994 se vinculan a cuestiones de política exterior, como la protección ambiental, el narcotráfico, el terrorismo y la preservación de fuentes de trabajo; inversamente, muchos temas de política exterior son manejados con criterios políticos internos, netamente presupuestarios, como la conducta hacia México o el nivel de los gastos en Defensa (02).

El retroceso, por su parte, se registra en la reedición del debate entre globalistas y aislacionistas a una escala menor que la anterior y en un ámbito más específico, esto es, en lo relativo al futuro empleo de la fuerza en el marco de la ONU. Respecto a esta discusión una primer corriente de pensamiento se inclina por un incremento de las vinculaciones y compromisos entre las dos partes, mientras un segundo punto de vista se manifiesta exactamente en sentido contrario y una tercer óptica hace extensivo al sistema internacional en general la desvinculación con la ONU.

De estas tres alternativas, sólo la tercera es claramente aislacionista, reafirmando las otras dos su raíz globalista al ratificar el compromiso de EE.UU. con los asuntos mundiales. La diferencia es el tipo de conducta en que se traduce tal compromiso, pudiendo ser unilateral o multilateral. El punto, entonces, es la opción entre un globalismo internacionalista o un globalismo unilateralista (03).

El objetivo general de este trabajo (04) es analizar la repercusión que puede tener esa alternativa entre globalismos internacionalista o unilateralista en la naturaleza del vínculo Washington-Nueva York, es decir en la futura conducta que asuma la administración Clinton en lo que atañe al empleo de sus FF.AA. en operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas. En los últimos meses este interrogante volvió a tener actualidad a partir de la presión que ejerció EE.UU. para forzar el reemplazo de Boutros Ghali como Secretario General, hecho que confirmó que entre las partes mencionadas la convergencia permanente de intereses, y su traducción en acciones comunes, ha sido más la excepción que la norma, por lo cual la conducta de Clinton no escapa a los cánones tradicionales de la política exterior norteamericana. Los casos de Carter, Reagan y Bush sirven de ejemplo en este sentido.

Desde mediados de la década del 80 se sucedieron, en los máximos estamentos políticos y militares de EE.UU., planteos no necesariamente complementarios entre sí, con el objetivo de actualizar la doctrina de la contención, dominante durante la Guerra Fría, a las exigencias de un orden internacional que iniciaba un proceso de mutación.

Esta actualización doctrinaria fue iniciada en 1984 por Caspar Weinberger, quien por ese entonces identificaba como necesidades previas a todo empleo de la fuerza una clara intención de triunfo; la definición previa de objetivos políticos y militares; la evaluación constante de la operación desde el punto de vista táctico; el apoyo a la acción por parte de la ciudadanía y la rama legislativa del gobierno; por último, el empleo de la fuerza sólo como último recurso, agotadas previamente otras alternativas.

Recién siete años después, lecciones de la Guerra del Golfo mediante, los postulados de Weinberger fueron reelaborados por el máximo jefe militar norteamericano de ese entonces, Colin Powell, quien identificó cinco interrogantes que debían ser resueltos en forma previa a la adopción de cualquier decisión política que inplique el empleo de la fuerza: ¿reviste importancia y ha sido claramente definido el objetivo político?; ¿han sido agotados todos los medios políticos no violentos para obtener al mismo?; ¿es obtenible el objetivo deseado a través del empleo de la fuerza?; ¿han sido acabadamente evaluados los costos y riesgos de la operación?; finalmente, ¿cuál será la evolución de la situación tras el empleo de la fuerza por parte de EE.UU. y cómo afectará la misma a los intereses nacionales? (05).

Estos interrogantes se insertaban en un contexto teórico más amplio, constituyendo uno de los componentes del tríptico que conformaba la llamada Doctrina Powell; los restantes se referían al tipo de conflicto que deberían atender en el futuro los EE.UU. y a la relación del país con la ONU. En el segundo caso la Doctrina Powell proponía retener la capacidad militar necesaria para poder pelear simultáneamente en dos frentes de batalla ("Win win strategy") regionales, caracterizados como Contingencias Regionales Mayores (MRC), empleando la fuerza sólo en aquellos teatros que permitan prever una victoria rápida y aplastante como la registrada en el Golfo.

A partir de esto último se elaboró el paradigma militar conocido como Conflicto de Mediana Intensidad (CMI), que reconocía como principales hipótesis de MRC una nueva agresión de Irak a Kuwait o Arabia Saudita; el ataque a Corea del Sur por Corea del Norte; ambas acciones simultáneamente; la ocupación compulsiva de Lituania por Rusia (en orden a la continuidad territorial con Kaliningrado); el cierre unilateral del Canal de Panamá por parte de un gobierno local antinorteamericano, o la ocurrencia de un golpe militar en Filipinas que amenace la seguridad de los residentes estadounidenses.

En tercer y último lugar, esa doctrina rechazaba la participación de EE.UU. en operaciones de paz de la ONU, alegando que sus FFAA fueron diseñadas para ganar a través del uso de una fuerza extrema. Es así que su mentor se opuso a las operaciones en Somalía y Bosnia por considerar que en ambos casos no había intereses nacionales comprometidos, comentando respecto al segundo de los casos mencionados que "Bosnia es un Vietnam con nieve" (06).

Los postulados de Powell nunca fueron refrendados oficialmente. Fue la propia administración repúblicana de Bush quien, en diciembre de 1992, contradijo en los hechos los tres elementos principales de la doctrina, ejecutando en Somalía la operación unilateral Restore Hope, luego multilateralizada en la misión UNOSOM: no se detectaban intereses norteamericanos en juego, la intensidad del conflicto era menor a un CMI y se participaba bajo mandato de la ONU. Este hecho permite establecer que fue en el transcurso de ese gobierno, y no durante el posterior, cuando comenzaron a flexibilizarse los criterios políticos de empleo de la fuerza en casos que no traspasaran el umbral de un CMI.

De hecho fue el propio Bush quien estableció por primera vez que EE.UU. podía aplicar su poder militar en la post-Guerra Fría sin que necesariamente estuvieran afectados sus intereses vitales. Postulando un tratamiento caso por caso de los potenciales casos de intervención, ese mandatario argumentó que "la fuerza militar puede no ser el mejor camino para salvaguardar algo vital, aunque puede ser el mejor camino para proteger un interés que califique como importante pero menos que vital". Desde este punto de vista, en la misma medida en que los intereses vitales dejaban de constituir la piedra basal del empleo de la fuerza, incrementaban su importancia como condicionantes la existencia de un objetivo claro y obtenible, planes realistas para lograr el mismo y criterios claros para repatriar a los efectivos militares una vez que la misión hubiese sido cumplida.

Esa óptica de Bush fue compartida desde el Capitolio por el demócrata Les Aspin, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes entre 1985 y 1992, para quien la posesión de un instrumento militar apto para actuar en contingencias extremas implicaba, como requisito previo, la capacidad del mismo para ser empleado en conflictos de menor entidad. La alternativa propuesta frente a la postura del "todo o nada" de Powell era otra diametralmente opuesta, una escuela de los "objetivos limitados" que habilitaba a EE.UU. a emplear fuerzas limitadas para obtener objetivos igualmente limitados, agregando que en caso de complicación siempre existía la posibilidad de retirar los efectivos del teatro de conflicto prácticamente sin costo político; este tipo de empleo de la fuerza, concluía, también se veía facilitado por los avances registrados en el campo de las municiones inteligentes, que reducían los riesgos de daños colaterales, íntimamente vinculados con los costos políticos de una operación (07). El mismo Aspin diría en 1992 que durante la Guerra del Golfo con una sola bomba guiada pudieron destruirse objetivos que hubieran demandados 9 mil bombas en la Segunda Guerra y 175 en Vietnam (08).

A principios de 1993, Aspin asumió como Secretario de Defensa, implementando en su cartera un programa de reestructuración de gastos conocido como Bottom Up Review (BUR). El BUR oficializaba la escuela de los objetivos limitados, como lo confirmó el flamante funcionario en su presentación del 30 de marzo ante el Comité de Servicios Armados del Senado, declarando que las amenazas a la estabilidad en regiones clave de todo el mundo se habían convertido en el principal interés militar norteamericano y el principal determinante en las prioridades de su presupuesto para la Defensa. Consecuentemente se respaldó el desarrollo del avión de transporte C-17, para garantizar una movilidad y una capacidad de intervención adecuadas en teatros regionales lejanos donde surjan crisis repentinas; se anunció el refuerzo de la capacidad operativa de las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) y de la Infantería de Marina, dotando a esta última del avión de despegue vertical Osprey V-22 . Aspin sólo incluyó en el BUR el pensamiento de Powell respecto a la concepción "Win, win strategy".

A las críticas de Aspin respecto al "todo o nada", y la consecuente adopción de un diferente rumbo político, Powell contraponía que generalmente tras una intervención limitada como la que proponía su jefe civil, aparece un nuevo grupo de expertos que argumenta a favor de escalar un poco más el conflicto. El dato novedoso de esos momentos era que la oposición a los postulados del flamante Secretario de Defensa ya no era definible en el contexto de un enfrentamiento personal con Powell, sino que empezaba a traducirse tanto en las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, como en el seno de este último.

La creciente reticencia del Capitolio a suscribir totalmente los puntos de vista de Aspin se observó en los meses de mayo y agosto de 1993, con la difusión de sendos informes de los comités de Relaciones Exteriores bicameral y senatorial, respectivamente. En el primero de ellos, firmado por Lee Hamilton y referido a la política exterior de la nación en la posguerra fría, se sugería a la Casa Blanca reducir y racionalizar la participación en las operaciones multilaterales de la ONU, limitándola a las clásicas misiones de mantenimiento de la paz. También recomendaba que las tropas propias que participaran de esos eventos se mantuvieran bajo control norteamericano en todo aquel caso en que sea probable su involucramiento en acciones hostiles, remarcando por otra parte la necesidad de contar con respaldo parlamentario en forma previa a todo empleo de las FF.AA.

El dossier emitido por el Senado avanzaba en la misma dirección, urgiendo una limitación de la participación de EE.UU. en las operaciones de ONU y el mantenimiento de líneas de comando propias. Otras propuestas aludían a la necesidad de limitar la contribución financiera estadounidense a esas acciones a un "techo" del 25 %, creando a tal efecto un fondo especial que evite sufragar tales erogaciones a través del presupuesto del Departamento de Defensa (09).

A nivel intragubernamental, en tanto, Aspin mantenía una clara diferencia de enfoques con las percepciones que sostenía su par del Departamento de Estado, Warren Christopher, respecto al empleo de la fuerza por parte de EE.UU. Christopher aparecía más cercano doctrinariamente a Powell que a Aspin al plantear desde los inicios de su gestión la conveniencia de limitar los casos de aplicación de la fuerza a situaciones extremas, de fracasar previamente una estrategia de diplomacia preventiva orientada a solucionar los problemas antes de que los mismos alcancen el nivel de crisis, y si los intereses nacionales así lo indicaban. Con ese marco, Christopher estableció en abril de 1993 ante el Comité de Política Exterior senatorial un conjunto de cuatro situaciones que debían condicionar cualquier uso de la violencia: objetivos claros, posibilidad de éxito, apoyo popular y legislativo y clara estrategia de ejecución (10).

Junto a esta diferencia de percepciones interdepartamental, otros dos enfoques antagónicos ampliaban la brecha entre estas instituciones. Por un lado, ninguna de las prioridades de Christopher se acercaba a los escenarios de intervención de Aspin; por otra parte, frente a casos externos que se calificaban como "punibles", el Departamento de Estado priorizaba el arma económica (empleo de sanciones u otorgamiento de créditos como "premio" por la instrumentación de políticas compatibles con las preferencias de EE.UU) antes que la militar; el inicio de la desecalada de la crisis sostenida con Corea del Norte fue paradigmática en este sentido.

En este enfrentamiento multidireccional de opiniones, la postura de Aspin se impuso en forma absoluta. En agosto de 1993, Powell fue reemplazado por el General John Shalikashvili, hasta entonces Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR) de la OTAN. El nuevo jefe era más adaptable que su predecesor al pensamiento de los objetivos limitados, al haberse desempeñado como máximo responsable militar de un paradigma de ese tipo de intervenciones, la operación Provide Comfort de protección a los kurdos perseguidos por Hussein. Casi simultáneamente una directiva presidencial incrementó el compromiso nacional con las operaciones de ONU, llegando a aceptar la subordinación de tropas propias al comando extranjero que disponga la entidad multilateral. Las únicas restricciones a este dato novedoso eran la obligación de los oficiales estadounidenses de mantener canales de información independientes con sus mandos naturales, así como la habilitación de los mismos a desobedecer órdenes que consideren ilegales o militarmente irrelevantes o contraproducentes.

Esa directiva presidencial fue articulada posteriormente en un informe del Secretario de Defensa que calculaba en 50 mil hombres de las cuatro fuerzas (CUADRO Nº 1) a los recursos humanos necesarios para el cumplimiento de las tareas que atendería EE.UU. en el marco de las operaciones de la ONU, con un adecuado grado de efectividad. Tales recursos debían ser empleables sin afectar la "Win, win strategy", es decir la ocurrencia de dos MRC de tipo CMI, dando lugar a un escenario hipotético denominado "Opción C" o "estrategia de dos guerras y media" (11). En tanto, la participación norteamericana en misiones multilaterales apuntaría a cinco objetivos prioritarios:

El auge del modelo de los objetivos limitados entró en crisis el 3 de octubre de 1993 en Somalía, cuando las fuerzas norteamericanas desplegadas en el marco de la operación UNOSOM-II padecieron una emboscada que redundó en un saldo de 13 víctimas fatales y otros 75 heridos, amén del secuestro de un piloto de helicóptero cuyo rostro en prisión fue difundido por los medios de comunicación de todo el mundo.

Estos sucesos repercutieron negativamente tanto en la opinión pública, que disminuyó del 74 % al 31 % su apoyo a la misión, como en el Congreso, ámbito donde se exigió el inmediato retiro militar de esa antigua colonia africana y una transferencia a la ONU de todo esfuerzo humanitario y de pacificación. Desde el seno del Capitolio también se sugirió una modificación de la Ley de Poderes de Guerra (War Powers Act) de 1973, tendiente a eliminar los noventa días con que cuenta el presidente para obtener aprobación parlamentaria a una intervención militar en el exterior.

Los efectos del caso somalí fueron de diversa intensidad. Superficialmente su secuela más conocida fue el reemplazo de Aspin por William Perry, en forma menos coyuntural profunda instaló en EE.UU. el debate sobre la conveniencia de participar en misiones de la ONU y, más profundamente, puso en entredicho la capacidad del Poder Ejecutivo para emplear idóneamente y con visión estratégica al instrumento militar. Vale como ejemplo la crítica de Ezio Bonsignore, quien resaltó en un lenguaje irónico y bajo la forma de un imaginario listado de consejos de un jefe militar norteamericano a su mandatario un total de once falencias observadas en la conducta externa de esa nación (CUADRO Nº 2 ) (12):

Las presiones legislativas y de la ciudadanía generadas a partir de los luctuosos acontecimientos registrados en Somalía redundaron en una modificación de los parámetros presidenciales de intervención en conflictos regionales. En lo sucesivo EE.UU. lideraría sus propias fuerzas en el exterior y, en lo que la entonces embajadora Madeleine Albright calificara como un giro en la política exterior norteamericana, la Casa Blanca dejaría de lado objetivos de imposición de paz y privilegiaría opciones de mediación, absteniéndose de arriesgar sus tropas en teatros donde no sean viables tácticas y métodos confirmados y comprobados en combate real.

La nueva visión demócrata no sólo alcanzó la participación militar estadounidense en operaciones de la ONU, sino que trascendió a esa cuestión para alcanzar a la forma en que el organismo manejaba las mismas. En ambos casos, los cambios de percepciones de Washington se plasmaron en un único documento, la Directiva de Decisión Presidencial (PDD) Nº 25, cuya primera versión fue difundida en mayo de 1994 y está actualmente vigente.

En su versión original ese documento planteó un conjunto de once condiciones básicas para efectivizar la citada participación: que estén afectados intereses nacionales; que exista consenso internacional en tratar el caso; que se registre una amenaza a la paz, un desastre de naturaleza humanitaria o la ruptura de un régimen democrático; que se registre un cese de fuego y un consentimiento de las partes involucradas en la intervención; que la inacción internacional tenga consecuencias políticas, económicas y humanitarias inaceptables; que la duración de la operación esté ajustada a objetivos claros y un criterio realista para dar la misma por concluída.

Específicamente en lo que atañe a las FF.AA. norteamericanas, la PDD 25 también condicionó la participación de las mismas a su imprescindibilidad; a la existencia de adecuados acuerdos (con los otros protagonistas) de comando y control; a la disponibilidad de personal, fondos y recursos; a un claro respaldo del Congreso y la opinión pública (13).

La clara desvalorización de las operaciones de la ONU en la agenda presidencial estadounidense fue confirmada, por aquellos momentos, por los tres principales decisores en la materia dentro del Poder Ejecutivo: Clinton, Christopher y Perry. En noviembre de 1994 este último funcionario ratificaría que el militar no era el camino correcto para abordar cuestiones humanitarias, por lo cual en la mayoría de los casos el Departamento de Defensa evitaría verse envuelto en operaciones de ese tipo para focalizar su atención en misiones de guerra abierta. Esta postura sólo podría alterarse de ocurrir una catástrofe natural o de origen humano que supere la habilidad para responder de las agencias de ayuda usuales, si la necesidad de ayuda es urgente y solamente los militares tienen la habilidad de llevar adelante el esfuerzo, o si la respuesta requiere recursos propios de los militares.

Aún en un caso especial como los planteados, Perry determinó que las tropas norteamericanas participarían de asegurarse previamente un riesgo mínimo para sus vidas, usando la fuerza sólo en defensa propia o protegiendo miembros de agencias humanitarias. En esa misma oportunidad, el secretario de Defensa emitiría una frase que sintetizaba el nuevo pensamiento de la Casa Blanca y el Pentágono en la materia: "Nosotros tenemos un Ejército, no un Ejército de Salvación" (14).

El documento gubernamental "Política de la Administración Clinton sobre la reforma de operaciones de paz multilaterales", emitida el 22 de febrero de 1996, amplió los alcances de la PDD 25 para abordar la percepción de Washington respecto a las mismas. En el mismo se urgía una reducción de los gastos del organismo en la materia, así como una reducción del 31,7 % al 25 % de los aportes norteamericanos a su financiación; se reafirmaba la decisión de retener el comando de los efectivos militares propios que participen en una operación multilateral, más allá de sus características; por último, reclamaba el comando estadounidense de toda operación en la que el país participe y que envuelva operaciones de combate o requiera desplazamientos de envergadura. Este últmo criterio sería especificado en sus alcances por Perry, considerando que toda operación que requiera fuerzas superiores a un batallón debería ser comandada militarmente por EE.UU.(15).

La evolución del entorno internacional en la post-Guerra Fría indica que la Guerra del Golfo, lejos de constituir un leading case de los tipos de operaciones que la ONU requerirá en el futuro de sus socios, es un tipo de conflicto que acontecerá en un número mucho menor que aquellos de naturaleza intraestatal. Estadísticamente, datos de la ONU indican que desde la caída del Muro de Berlín florecieron en el mundo 82 conflictos, de los cuales 79 eran virtuales guerras civiles y solamente tres eran de carácter interestatal; entre estos tres se incluían a su vez los casos de Bosnia y Nagorno Karabaj, cuyo carácter interestatal es discutible (16).

Lejos de ser un fenómeno pasajero, este estado de cosas tiende a consolidarse como una de las características distintivas del orden mundial en gestación. Un informe de conflictos armados publicado en 1996 en Gran Bretaña indicó que en 1995 se habían registrado en todo el globo 44 conflictos armados en 39 países, todos ellos de características intraestatales (17).

Frente a esta tendencia la ONU amplió el abanico de misiones de paz, complementando las tradicionales operaciones de mantenimiento de paz con desplazamientos preventivos; ayuda en la implementación de acuerdos negociados; las imposiciones de paz; reconstrucción del Estado; imposición de ceses de fuego preacordados entre los beligerantes y protección a la ayuda humanitaria (18). Las nuevas operaciones redundaron a su vez en una diversificación del espectro de roles militares en las mismas, que algunas tipologías discriminan en hasta doce formas diferentes, que de menor a mayor empleo de la fuerza serían las siguientes (19): observación; monitoreo; alerta temprana; actividades humanitarias; acantonamiento y desmilitarización; patrulla y presencia; disuasión; protección humanitaria; coerción; represalias y, por último, imposición y guerra abierta.

Estas nuevas perspectivas sugieren también que particularmente en situaciones de colapso del Estado y anarquía generalizada, en el campo de la seguridad internacional se fortalece constantemente la dimensión humanitaria, entendiendo como tal la asistencia para permitir que comunidades amenazadas sobrevivan a emergencias y para reducir el sufrimiento humano (20). En este fortalecimiento jugó un papel insoslayable el estudio que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU encomendó en marzo de 1992 a Francis Deng, ex-embajador de Sudán ante la misma, sobre las medidas multilaterales que se podían adoptar para disminuir las situaciones de violencia política y de desplazamientos compulsivos en el mundo.

El "informe Deng" fue presentado en la XLIX Sesión de esa comisión y reafirmó la responsabilidad de la comunidad internacional en la erradicación de la violencia civil y las violaciones masivas de los derechos humanos, compromiso éste que debe trascender la mera asignación de recursos sociales y económicos, para incluir también la reconstrucción de los servicios básicos en el largo plazo y la autosuficiencia en lo atinente a necesidades básicas en el mediano. El informe aclaró también que ese compromiso requería previamente la imposición de un mínimo nivel de orden, objetivo que deberá lograrse a través de la fuerza en caso de fracasar las alternativas diplomáticas. El poder militar, entonces, deberá desarrollar las siguientes tres acciones secuenciales: implementar operaciones de pacificación, focalizando en la erradicación de la violencia y el desarme de grupos armados, en forma disuasiva o coactiva; reconstituir un poder central sosteniendo a sus autoridades y ayudando a imponer sus decisiones; finalmente, mantener el orden necesario para ejecutar las operaciones de ayuda humanitaria (21).

Independientemente de las sucesivas discusiones sobre el empleo político del poder militar registradas desde el esbozo de la Doctrina Powell, así como de las cíclicas relaciones de la Casa Blanca con la ONU, el análisis de los citados usos en el orden emergente de la post-Guerra Fría muestra hasta qué punto la cuestión se ha dificultado en forma directamente proporcional a la complejización del escenario internacional. De esta forma, la interacción de las variables porqué y cómo intervenir lleva a identificar once formas distintas, frente a siete causas probables.

De las once formas, planteadas por Haass, las siete primeras tienen como característica común el hecho de corresponder usualmente a una decisión y ejecución unilaterales de Washington, en tanto las restantes cuatro habitualmente se enmarcan en operaciones multilaterales, sin que esta disquisición sea rígida e inflexible. El listado total de tipos de intervención incluye de esta manera la disuasión; los ataques preventivos; la coacción (o coherción); los ataques punitivos; la interdicción; la guerra abierta; las misiones de rescate; el mantenimiento de paz; la imposición de paz; la reconstrucción del Estado y la ayuda humanitaria (22):

Pasando a las causas potenciales de aplicación de la fuerza, un análisis de Maynes (24) amplía las limitaciones de la Doctrina Powell y el concepto CMI, incluyendo en un inventario tentativo el mantenimiento de obligaciones contraídas con aliados; la promoción de la contraproliferación; el sostenimiento de aliados vitales asediados por problemas internos; la protección de ciudadanos estadounidenses en el exterior; el sostenimiento de regímenes democráticos; el contraterrorismo y la participación en operaciones de mantenimiento e imposición de paz.

Respecto al mantenimiento de obligaciones contraídas con aliados, Maynes reconoce como únicos casos potenciales de este tipo agresiones de Corea del Norte contra Corea del Sur, o de Irak contra Kuwait y/o Arabia Saudita, es decir clásicos escenarios MRC y CMI. Comparativamente, la cuestión de la contraproliferación aparece como más compleja, dado que la experiencia histórica que brindó Israel al atacar el reactor nuclear iraquí de Ozirak no disuadió al gobierno de Bagdad de abandonar su plan de armas atómicas; por esta causa, no ha sido correctamente evaluada la efectividad del empleo de la fuerza en estos casos, aunque sí se han incrementado los medios defensivos afectados a la protección de ese tipo de instalaciones. La opción más viable parece ser, entonces, la promoción de regímenes internacionales de no-proliferación, respaldados por beneficios económicos y comerciales.

Cabe destacar que esta opción no implica, en modo, descartar de plano el empleo de la fuerza frente a aquellos casos en que las formas pacíficas son ineficaces, o directamente inaplicables. Según algunas investigaciones, escenarios hipotéticos de este tipo podrían ser un conflicto interno en una potencia nuclear, que hiciera posible la incautación de armas atómicas por grupos terroristas, o el ataque nuclear a un aliado estadounidense (principalmente Israel, Corea del Sur o Japón) por un tercer actor, aunque este caso se encuadraría en el mantenimiento de obligaciones contraídas con aliados de Maynes.

No obstante, frente a una situación como las descriptas el uso de las FF.AA. estadounidenses no sería automático, sino que estaría condicionado por el grado de posibilidad de que las mismas sean blanco de ataques nucleares; es decir, con las posibilidades de destruir en una primera acción todo el arsenal nuclear del oponente, restándole posibilidades de un segundo golpe. Desde esta perspectiva se ha argumentado, en relación a la Guerra del Golfo, que "si por ejemplo Saddam Hussein hubiera esperado hasta tener armas nucleares antes de invadir Kuwait, no es totalmente seguro que EE.UU. hubiera intervenido" (25).

La tercera motivación del inventario enunciado, la protección de aliados vitales asediados por problemas internos, reconoce como principales beneficiarios potenciales de una acción de este tipo a los regímenes de Arabia Saudita y Egipto, principalmente frente a la amenaza que supone el fundamentalismo islámico; el paradigma en este caso es un empleo disuasivo de la fuerza como el registrado durante la crisis de Filipinas en 1989, aunque difícilmente pueda reeditarse una operación con tan bajos costos políticos y militares. Igualmente, la cuarta causa presenta similares problemas de implementación, dado que salvo en casos muy específicos como en el de Israel, en EE.UU. no hay proclividad para realizar este tipo de operaciones unilateralmente, registrándose mayor permeabilidad en el caso de intervención de la ONU.

Tanto la protección de ciudadanos norteamericanos residentes en el extranjero, como el contraterrorismo, son casos donde el empleo del instrumento militar por parte de EE.UU. parece ser una opción menos aplicable que otras alternativas. En el primer caso se perfila más efectiva la asignación de protección por parte de las autoridades locales, salvo en casos específicos como el panameño, donde las mismas formaban parte de la amenaza, por acción u omisión; en la segunda situación, al igual que en lo atinente a contraproliferación, se considera más efectiva a la acción política, respaldada por una adecuada actividad de inteligencia. Cerrando este listado, las operaciones en el marco de la ONU ejercen escaso atractivo en el poder político y en la ciudadanía norteamericanos, pese a que las mismas ofrecen un amplio abanico para la participación de EE.UU.

Claramente, el punto de vista de Maynes se orienta a demostrar que, por debajo del umbral de los CMI, salvo casos muy específicos, EE.UU. enfrenta diferentes restriccciones al uso de su instrumento militar, proviniendo las mayores opciones de la ONU. El interrogante a plantear aquí se refiere, entonces, al grado de compatibilidad existente entre las formas posibles de empleo militar estadounidense y las futuras operaciones de paz de la ONU que aborden conflictos internos bajo la forma de imposiciones de paz; la reconstrucción del Estado o la protección a la ayuda humanitaria.

Contra muchas opiniones que insisten en las ópticas de Powell, considerando que las FF.AA. norteamericanas no se encuentran preparadas para actuar adecuadamente en las mismas, numerosas evidencias sugieren lo contrario (CUADRO Nº 3) e indican que las reticencias son de índole política antes que operacionales. La confirmación de esta preparación surge, en el plano doctrinario, de los contenidos de los manuales de campaña (Field Manual, FM) 100-5 y 100-23 del U.S. Army.

El FM 100-5 "Operaciones" se halla en vigencia desde mediados de 1993 y postula la necesidad de orientarse a nuevos tipos de amenazas en regiones periféricas hasta el momento relativamente irrelevantes, hacia donde se podrían desplazar efectivos capacitados para satisfacer el espectro total de operaciones militares, desde la guerra tradicional hasta las Operaciones de No Guerra (Operations Other Than War, OOTW). Para lograr ese objetivo, el manual agregó el elemento "versatilidad" a los cuatro principios tradicionales que guían la acción del Ejército: iniciativa, agilidad, sincronización y profundidad (26).

El concepto OOTW esbozado en esos momentos no estaba desligado de la vasta gama de actividades que las fuerzas norteamericanas desarrollan en el marco de la misión UNOSOM, en Somalia. Con ese contexto, se englobaba en ese concepto a las acciones que se desarrollan en contextos de conflicto y que requieren el empleo de la fuerza, desde formas disuasivas hasta su ejercicio efectivo como respuesta directa a una acción puntual del oponente, para impedir una escalada a niveles mayores de violencia y retornar a un mínimo "ambiente de paz" necesario.

Quedaban así englobadas en las OOTW misiones como escoltas, asaltos aéreos, búsquedas, patrullajes, construcción y repación de caminos y puentes, acción psicológica e inteligencia militar, si el fin último de las mismas era la neutralización de facciones en pugna y la restauración de infraestructura, en coordinación con elementos CIVPOL, especialistas civiles y voluntarios de ONG`s (27). Aún cuando tal orientación parecía ser el carácter distintivo de tales operaciones, se ha argumentado que el alcance de las mismas es tan difuso como lo son la que encuadran en los Conflictos de Baja Intensidad (28).

El concepto OOTW volvió a plantearse más de un año después en el FM 100-23 "Operaciones de Paz", manual que abordó la participación de las FF.AA. nacionales en acciones multilaterales bajo la forma de apoyo a la diplomacia, mantenimiento de la paz e imposición de paz. Aclarando que esas acciones se realizarán con mínimo empleo de la fuerza en todas sus fases, bajo reglas de empeñamiento (ROE`s) fijadas por la ONU y teniendo como meta el logro de un arreglo y no una victoria militar, estableció que las OOTW a desarrollar en ese contexto debían regirse por seis principios básicos: objetivo, unidad de esfuerzo, seguridad, perseverancia, moderación y legitimidad (CUADRO Nº 4) (29).

Fuera del marco doctrinario, la preparación y disposición de las FF.AA. estadounidenses también demuestran su convergencia con los requerimientos de la ONU. Sirven como ejemplos en este sentido la situación de las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF), o los últimos lineamientos conjuntos de la Armada y los Marines. Las SOF habían sido constante y sistemáticamente debilitadas tras la Guerra de Vietnam, hasta que el fracaso de las mismas en la operación de rescate de los rehenes retenidos en la embajada estadounidense en Irán, en abril de 1980, motivó severos debates gubernamentales y militares que redundaron en su revalorización; el hito de esa recomposición se registró en 1987 con la asignación de partidas especiales, la constitución del Comando de Operaciones Especiales (USSOCOM) unificado y la creación del cargo de Secretario de Defensa Adjunto para Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad (ASD SO/LIC).

Con ese impulso, EE.UU. llevó la dimensión de sus SOF a los actuales 45 mil efectivos, adecuadamente entrenados y equipados, empleando extensamente a las mismas en diversas misiones de la ONU (Kuwait, Irak, Somalía, Bosnia, Macedonia), incluyendo ayuda humanitaria, asuntos civiles, operaciones psicológicas y OOTW (30).

Los últimos lineamientos de la Armada y los Marines, en tanto, se condensan en el documento conjunto "From the Sea", de cuyo contenido se desprende que las fuerzas navales deben prepararse para operar y ejercer el control del mar en aguas costeras ("brown water Navy"), orientación ésta que entraña un cambio fundamental respecto al tradicional énfasis en el combate en alta mar ("blue water Navy"). Tales operaciones en aguas costeras en respuesta a crisis y conflictos puntuales abarcarán desde el combate, donde el objetivo es la victoria, hasta la defensa de los intereses americanos en misiones de paz (31).

Los verdaderos determinantes de la participación militar de EE.UU. en misiones de la ONU, específicamente en conflictos internos bajo la forma de imposiciones de paz, reconstrucciones del Estado o ayuda humanitaria, serán políticos antes que militares. Las derivaciones del caso somalí hasta la PDD 25 indican que tanto la participación en sí misma como sus límites (duración, despliegue en el terreno y ROE`s) estarán influidas por los puntos de vista de los poderes Ejecutivo, Legislativo y la ciudadanía respecto a la importancia de la operación para los intereses vitales nacionales y los riesgos que la misma conlleve en términos de pérdida de vidas norteamericanas.

Sin embargo, pese a los tajantes contenidos de la PDD 25, los alcances de la misma se vuelven difusos en aquellos casos donde se halla comprometido un interés nacional que no es vital, o que aún siéndolo no se lo jerarquiza de esa manera tan claramente. Esto es particularmente valido para aquellos conflictos que, por sus características intrínsecas (vg. tragedias humanitarias de envergadura), colisionen claramente con los valores que la sociedad norteamericana ha proyectado históricamente hacia el exterior, con el correlato de una autoasignación de obligaciones morales.

Lawrence Korb ha dado testimonio de la existencia de este sentimiento en los círculos políticos e intelectuales de su país, aludiendo al mismo como "la analogía de Auschwitz" y el deber estadounidense de evitar el surgimiento de nuevos holocaustos (32). El anuncio de Clinton anunciando el envío de tropas a Bosnia, en noviembre de 1995, muestra el efecto de la analogía de Auschwitz sobre los límites difusos de la PDD 25: "(Norte)América no puede y no debe ser el policía del mundo. No podemos detener todas las guerras en todo momento, pero sí podemos detener algunas. No podemos salvar a todas las mujeres y niños, pero podemos salvar a muchos de ellos. No podemos hacer todo, pero debemos hacer lo que podemos (...) son tiempos en que América puede y debe hacer la diferencia en favor de la paz" (33).

Para casos como el citado, el tipo de interés nacional afectado y la dimensión de esa amenaza genera una relación costo-beneficio directamente proporcional a la aceptación de bajas, vínculo que se plasma en tres ecuaciones aceptables y una inaceptable: las primeras son "alto-alto", "bajo-bajo" y "bajo-alto", en tanto la opción inviable es "bajo-alto". Se ha llegado a decir, respecto a misiones de ayuda humanitaria sin relación directa con los intereses vitales de EE.UU., que la participación de ese país en las mismas dependerá más de los costos considerados necesarios para acabar con las atrocidades, que con la dimensión de éstas en sí mismas (34).

Las mayores discusiones se registrarán, entonces, en relación a operaciones multinacionales que no involucren directamente intereses vitales de EE.UU. y con probable pérdida de vidas. Con este panorama, uno de los caminos por los cuales se dirimirá la cuestión será la capacidad gubernamental para reducir los riesgos que ofrezcan las oportunidades de participación, analizando caso por caso sin la existencia de criterios stándards. Se ha propuesto que la Casa Blanca, en ese esfuerzo de reducción de riesgos, observe seis requisitos (35), el primero de los cuales es asignar a la misión un objetivo global claro y preciso, para asegurar que el instrumento militar pueda cumplirlo eficazmente, sin modificarlo una vez que la operación se haya iniciado.

Como contribución a un efectivo proceso de definición de los objetivos en el nivel político, se sugiere que los decisores tengan en cuenta que una aplicación de la violencia en cualquier conflicto implicará, casi inevitablemente, la elección de un ganador y un perdedor, absolutos o relativos; que paz y justicia suelen ser objetivos antinómicos en una operación, disyuntiva que plantea la elección de una de esas dos opciones como prioritaria; que el logro de una situación de equilibrio entre los contendientes, donde ninguno puede imponerse sobre el otro, tampoco se relaciona con los conceptos de paz y justicia; y que no se debe imponer una línea de conducta gradualista al instrumento militar, delegando en el mismo los considerandos operativos (36).

Vinculado con esto último, la conducción política no debe privar a sus FF.AA., en el consecuente diseño de las ROE`s, de la capacidad para aplicar la fuerza contra blancos -no necesariamente militares- considerados vitales en la obtención del objetivo, denominados en tal sentido"centros de gravedad" (37).

El segundo requisito es considerar las diferentes conductas que adopte un oponente ante una intervención, dado que su respuesta incidirá directamente en la ecuación costo-beneficio de la operación; tercero, definir la finalización de la intervención a partir del logro de determinados hechos u objetivos, en lugar de limitarla anticipadamente a una fecha específica, hecho que puede llevar al oponente a esperar simplemente ese momento; en cuarto término, deberá tener en cuenta el impacto que a mediano plazo generará la referida intervención en determinados actores del sistema internacional.

Esto último alude a la influencia que habría tenido la retirada apresurada de las FF.AA. estadounidenses de Beirut (1984) y Somalía (1994) en las conductas de Saddam Hussein y los militares haitianos, en 1990 y 1994 respectivamente. En sentido opuesto y pese a la imposiibilidad de corroboración, se presupone que la operación de Grenada ejerció un efecto positivo a los intereses norteamericanos en las conductas externas de Cuba y Nicaragua.

Un quinto elemento, que a su vez incide en los cuatro anteriores, se refiere al contexto político del lugar donde se llevará a cabo la operación. Se ha sugerido que EE.UU. no debería involucrarse en determinados conflictos internos que presenten ribetes de guerras civiles de tipo racial o religioso: alto empleo de la violencia, ausencia de un campo de batalla definido, difícil identificación y destrucción de los blancos apropiados, difusa separación entre combatientes y ciudadanos pasivos, alto riesgo de inflingir daños colaterales involuntarios y existencia de una concepción "suma cero" en uno o todos los bandos beligerantes, postura que inhibe una solución negociada al conflicto.

Cabe mencionar aquí dos aclaraciones de importancia que señala Maynes respecto a este tipo de conflictos. La primera es que, en tanto la intransigencia de uno o todos los bandos está basada en móviles étnicos o religiosos, la misma redunda en que el oponente -independientemente de su edad o sexo- sea virtualmente percibido como algo inferior sobre el cual la victoria total, la obtención de una rendición incondicional, adquiere connotaciones de mandato divino o deber patriótico. La restante aclaración remite al origen de estas conductas, dado que la mismas no suelen surgir de los líderes políticos sino de los sectores sociales más amplios; los líderes pueden exacerbarlas, conducirlas o capitalizarlas, pero no pueden enfrentarlas ni intentar detenerlas sin exponerse a ser víctimas de las mismas.

Nuevamente, aquí aparece el fantasma de la jornada del 3 de octubre de 1993 en Somalía. Dada la íntima relación existente entre una concepción suma cero y la determinación del bando que la sostiene, la citada operación en el Cuerno de Africa ratificó las enseñanzas que la Historia Militar ya había brindado a EE.UU. en Vietnam, a Francia en Argelia y a la hoy extinta URSS en Afghanistán, en el sentido que la determinación es un factor que suele imponerse a la superioridad tecnológica del adversario, sobre todo si este último comparte la "muy alta capacidad para matar y muy baja capacidad para morir" que caracterizaría a las sociedades de Occidente (38).

La cuestión se plantea de diferente manera si se enfrenta un caso de guerra civil distinto al prototipo antes descripto, es decir un conflicto intraestatal donde la sola remoción compulsiva de uno de los liderazgos involucrados en el mismo contribuye decisivamente a su resolución. En una situación de este tipo, las evaluaciones políticas deberán computar como elementos favorables a una participación el efecto disuasivo que la misma podría tener sobre futuros potenciales líderes de concepciones extremistas; la disminución del riesgo de bajas propias que puede proporcionar el carácter multilateral de la operación, así como una mayor permeabilidad de la opinión pública interna.

Una opción de este tipo plantea como riesgos básicos la ineficacia que puede producir la coexistencia de diferentes ROE`s, decisores y procedimientos C³, así como la pérdida de credibilidad que puede padecer la iniciativa multilateral si EE.UU. no asume claramente en su seno la posición de liderazgo. La PDD 25 y su ampliación de febrero de 1996 satisfacen esas necesidades.

Finalmente y .en sexto lugar, los márgenes de reducción de riesgos y maximización de beneficios que ofrezcan las misiones multilaterales en las cuales intervenga (y lidere) militarmente EE.UU. no deben soslayar el rol de la prensa en la posición que adopte la ciudadanía frente a la operación. En este caso, Somalía demostró los riesgos de manipulación de la política exterior por parte de las imágenes periodísticas: por más desgarradoras y escalofriantes que sean, las mismas no pueden transformarse en catalizadoras de una intervención militar, ya que no existe correlación automática entre tales imágenes y los intereses nacionales o la aplicabilidad de la fuerza.

Estos riesgos, así como su impacto en el desarrollo de las operaciones militares, no han pasado inadvertidos para los mandos castrenses: "Hemos entrado en la era visual, nuestras reglas de empeñamiento son nuevas, dominadas por el riesgo que que los padres vean morir a sus hijos e hijas en tiempo real en TV, o que madres y niños, iglesias y mezquitas, templos y hospitales, se derrumben a todo color delante de nosotros en nuestras salas de estar" (39).

Junto a estos seis considerandos, el análisis que efectúe el plano político respecto a la participación en operaciones de ONU que no involucren directamente intereses vitales de EE.UU. debe tener en cuenta la actual situación militar norteamericana, cuya actual situación de altas erogaciones y bajas probabilidades de enfrentar MRC con intensidad de CMI, redundará más tarde o más temprano en la ampliación del espectro de misiones o en nuevos recortes de gastos, con su correlato de pérdida de puestos de trabajo.

Las últimas restricciones presupuestarias en la materia ya alteraron la versión original de la "Win, win strategy" incorporada en el BUR, consistente en poder pelear individualmente en dos CMI simultáneos, por otra de pelear en dos conflictos casi simultáneos con colaboración de aliados regionales (40); no obstante, las erogaciones en materia de Defensa continúan orillando los U$S 262 mil millones anuales, más de tres veces que la segunda cartera de Defensa más cara del mundo (la rusa, con U$S 80 mil millones) y cifra equivalente al 37 % del total de gastos militares globales; comparativamente, las naciones de la OTAN más Japón, Israel y Corea del Sur suman apenas un 30 % del gasto global (41).

La PDD 25 y su ampliación de 1996 sólo establecieron como condición sine qua non para la participación de EE.UU. en operaciones de paz de la ONU que la misma se refiera a un caso o situación donde existan intereses nacionales afectados. En aquellos episodios donde el interés afectado sea percibido como vital, no sólo no existen dudas sobre la intervención estadounidense sino que puede esperarse que la misma sea unilateral, si fracasan los intentos por multilateralizar la cuestión e incrementar la legitimidad de la reacción, como se logró en relación a Irak en 1990.

Precisamente, en relación al surgimiento de una MRC como la mencionada se ha exigido (42) que EE.UU. refuerce su estrategia disuasoria frente a agresores regionales y eleve la credibilidad de la misma. Se supone que los agresores regionales serán difíciles de detener si consideran que podrán retener su poder si no asumen acciones de riesgo; que en numerosas oportunidades EE.UU. encuentra dificultades para convencer a ese agresor que su resolución es alta, porque aquel no percibe intereses estadounidenses involucrados, y que para compensar esas riesgosas percepciones el gobierno estadounidense debe demostrar que posee la capacidad para denegar al potencial agresor el logro de su objetivo, e inclusive para adoptar acciones militares de represalia. Entre esas capacidades se destacan, por su alto impacto disuasivo, las fuerzas de despliegue rápido.

Empero, en operaciones de la ONU sin vinculación directa con los intereses vitales nacionales y de dimensión menor al CMI que puede generar una MRC, persiste la ausencia de una regla general, efectiva y abarcativa para predecir la conducta de la Casa Blanca. Tal falencia responde tanto a los difusos límites de los intereses nacionales no vitales de EE.UU. como, en esos casos, a la escasa predisposición de la ciudadanía y la clase política a asumir responsabilidades que sin ser imprescindibles puedan ocasionar la muerte de tropas propias.

Es decir, de aquí en más el grado de satisfacción a las demandas formuladas en Nueva York por parte de Washington será mucho menor, tanto cualitativa como cuantitativamente: menos participación real, mayores exigencias de liderazgo y más limitaciones en las ROE`s. Serán más estrictos los análisis vinculados con la ecuación costo-beneficio de las mismas, entre ellos el contexto político donde se desarrollará; la claridad de objetivos; las probables respuestas del oponente; la duración; la repercusión de la acción en el plano internacional y la probable actitud del periodismo respecto al caso.

Esto no significa el final de la participación estadounidense en misiones periféricas de imposición de paz, ayuda humanitaria y reconstrucción de un Estado. La jerarquía de líder de EE.UU., sus aspiraciones de hegemonía y su nivel de superpotencia en el plano estratégico-militar, lo obligan a adaptarse al tipo de conflictos que caracterizan al orden internacional vigente, particularmente si esos conflictos colisionan claramente con los valores que su sociedad proyecta hacia el exterior.

Esta adaptación también alcanza a la forma de sus FF.AA., aspecto que plantea una reivindicación a la óptica que sobre este tema sostenía Les Aspin. Jablonsky asegura que "si las fuerzas designadas y equipadas en conjunción con los dictados del futuro son incapaces para lidiar con guerras civiles, conflictos étnicos, estados colapsados y terror, entonces ellas son de limitada utilidad en el mundo tal como existe" (43).

La influencia del entorno internacional sobre las aspiraciones de EE.UU., y de ambos factores sobre las FF.AA., se confirman en las modificaciones al planeamiento estratégico y de la Defensa estadounidenses que recientemente han sugerido investigadores del ámbito académico. Los principales contenidos de esa modificación aluden a que el futuro planeamiento para la Defensa de EE.UU. debe estar orientado por una ambiciosa estrategia de liderazgo global; que tal planeamiento debe tener en cuenta incertidumbres inevitables, identificando misiones posibles y condiciones bajo las cuales las mismas deben ser ejecutadas; que hay que reconsiderar la cuestión del tamaño del instrumento militar, preparándolo para el combate futuro y las operaciones de paz; que deben optimizarse los niveles de preparación para OOTW; que el énfasis debe mudar de la preparación para pelear grandes guerras al desempeño del rol de manager de la seguridad regional, perfeccionando su capacidad para enfrentar MRC (44).

Todo esto significa, en síntesis, un incremento de los niveles de selectividad de EE.UU. que, aunque efectivamente redunde en un recorte de la capacidad de las Naciones Unidas para encarar determinadas operaciones, no debe comprenderse como una mutación radical del globalismo internacionalista vigente hacia un globalismo unilateralista, sino como una variación del grado de intensidad de ese internacionalismo. La alteración que supuso la PDD 25 consistió básicamente en que la Casa Blanca ya no examina la participación de su instrumento militar en operaciones multilaterales en términos de "siempre o a veces" sino como una disyuntiva "a veces o nunca", donde la elección de la opción "a veces" es el mejor resultado esperable.