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Imaginemos
un juego en el que participan tres jugadores:
-
el
gobierno saliente GS,
-
un
grupo económico de primer nivel que aspira a obtener los contratos
ofrecidos por el gobierno, E,
y
-
un
candidato de la oposición que aspira a constituir el futuro gobierno FG.
El
objetivo principal de GS en este
juego es cerrar los contratos antes de que expire el período de gobierno.
Esta
preferencia puede ser entendida como un intento por acaparar los últimos frutos
de la corrupción antes de abandonar el poder, pero también puede ser entendida
como un interés genuino del gobierno por resolver importantes problemas con
anterioridad al período electoral—en este punto, la interpretación
sustantiva del juego queda librada a la preferencia del lector.
Idealmente,
GS preferiría cerrar los contratos
con E dado que es un empresario de
primer nivel que garantiza el cumplimiento de los acuerdos y brinda legitimidad
al proceso, pero eventualmente prefiere cerrar los contratos con otro empresario
si E se abstiene de participar en las
ofertas.
El
objetivo principal de E en el juego
es obtener los contratos del gobierno. Dado que E es un
grupo empresario de primera línea, podría ganar los contratos en una licitación
futura, pero para minimizar el riesgo este actor preferiría asegurarse los
contratos en el corto plazo—incluso si esto exige un costo adicional limitado
en términos de sobornos a los funcionarios del gobierno saliente.
En
una licitación futura, E ganaría
los contratos con probabilidad g, en
donde 0£g£1.
Es importante notar que E es
un actor moralmente neutral. Es
decir, no tiene una preferencia especial—ni repugnancia—por un arreglo
corrupto, simplemente desea asegurarse la concesión de los contratos lo antes
posible.
El
escenario es riesgoso, sin embargo, porque el futuro gobierno podría revisar
los contratos.
De
este modo, E está atrapado en un
dilema. Si obtiene los contratos
del presente gobierno y éstos son revisados en el futuro, no solamente pagará
el costo de la negociación con el gobierno saliente (sobornos, costos de
oportunidad, etc.) sino que finalmente perderá los contratos de cualquier
manera—efectivamente, éste es el peor escenario posible para el empresario.
De
saber con seguridad que el futuro gobierno revisaría los contratos, E
postergaría las negociaciones para reservar su capital—y su capacidad de
soborno—para la próxima licitación. El
problema es que si el futuro gobierno no
revisa el caso, el gobierno saliente puede asignar los contratos a los
competidores y E perdería toda
oportunidad de ingresar en el negocio.
El
tercer actor es FG, el futuro
gobierno. FG desea conservar control sobre los contratos y su escenario ideal
es aquél en el cual el gobierno actual no contrae nuevas obligaciones antes de
su salida—esto es, posterga las licitaciones para el próximo período
constitucional.
Este
ideal, sin embargo, resulta improbable dado que el gobierno saliente no tiene
incentivos para cooperar con FG.
FG puede revisar los contratos
en el futuro—y recuperar así el control sobre las licitaciones—pero ha
basado su ascenso electoral en la defensa de la seguridad jurídica y revisar
los compromisos públicos tendría un costo para su credibilidad frente a la
opinión pública y, en particular, frente a la clase capitalista.
La
estructura de preferencias de los tres actores está resumida en la Tabla 1.
Por motivos de claridad en el argumento, el juego presenta tres pagos
simples: –1, cuando el actor recibe su peor opción; 0, cuando recibe su
segunda alternativa, y 1, cuando alcanza su objetivo preferido.
Estos pagos tienen sentido heurístico, y podrían ser reemplazados por
otros pagos representando la misma estructura de preferencias.
TABLA
1. ESTRUCTURA DE PAGOS PARA GS,
E Y FG
|
Pagos
|
Gobierno
Saliente (GS)
|
Empresario
(E)
|
Futuro
Gobierno (FG)
|
|
1
|
Cierra
contratos con participación de E
|
Consigue
contratos
|
GS
no firma contratos. No hay
necesidad de revisión.
|
|
0
|
Cierra
contratos, pero sin participación de E
|
No
paga a GS, pero pierde contrato
|
FG
preserva credibilidad pero reconoce contratos firmados por GS
|
|
–1 |
No
cierra contratos tardíos |
Paga
a GS y pierde contrato |
FG
viola promesa de seguridad jurídica y revisa contratos |
La
Figura 1 sintetiza la estructura del juego.
Cada uno de los tres jugadores tiene dos estrategias posibles.
El
primero en mover es el gobierno saliente, que deberá decidir si concede nuevos
contratos (estrategia codificada como N),
o si difiere las negociaciones para la próxima próxima administración (~N).
El
segundo movimiento corresponde a E,
quien debe decdir si prefiere negociar con el gobierno saliente (P)
o evitar la participación en las licitaciones en curso (~P).
El
tercer movimiento se produce con posterioridad a la transferencia de gobierno en
caso de que FG gane las elecciones.
Corresponde al futuro gobierno decidir si revisará los contratos (R)
o si respetará los compromisos públicos heredados de la administración
anterior (~R).
|
Actor
|
Estrategias
|
|
GS
(Gobierno Saliente):
|
N
(Negociar Nuevos Contratos), ~N
(Postergar contratos)
|
|
E
(Grupo Económico):
|
P
(Participar en negocio), ~P
(Esperar próxima vuelta)
g
(Probabilidad de ganar licitación en segunda vuelta)
|
|
FG
(Futuro Gobierno):
|
R
(Revisar los contratos), ~R (Aceptar
validez de contratos)
|
(Recompensas
en negrita señalan resultados en equilibrio)
Cada
“rama” del árbol representa un posible movimiento de un actor.
En
caso de que el gobierno saliente decida no convocar a la licitación (~N), el
juego finaliza inmediatamente.
En
caso contrario, los otros actores deben jugar.
Los
valores entre paréntesis muestran cada posible resultado del juego: el primer
pago corresponde a GS, el segundo a E
y el tercero a FG.
Por
ejemplo, si el gobierno saliente llama a licitación, el grupo económico se
abstiene de participar, y el nuevo gobierno revisa los contratos (trayectoria:
N, ~P, R) el resultado para los actores es (0,g,-1).
Esto es, GS otorga los
contratos sin la participación de E,
E obtiene la licitación en la
segunda vuelta con probabilidad g—cuando
el contrato es revisado—y FG pierde
credibilidad en defensa de la seguridad jurídica.
Es
importante notar que de los cinco resultados posibles, sólo uno resulta viable
si todos los actores protegen sus propios intereses.
Este
resultado constituye un equilibrio Nash, en el sentido de que ningún actor
cambiará su estrategia a menos que otro lo haga.
La
posición de equilibrio puede identificarse fácilmente utilizando el método de
inducción inversa. Observemos al
último actor en mover, FG: en
cualquiera de los dos nodos, su estrategia dominante es ~R, dado que el
resultado final es preferible a las consecuencias de revisar los contratos (R).
Sabiendo que FG no revisará los contratos, E
moverá P (participará en las negociaciones), de forma de asegurarse la
licitación. GS, por su parte, siempre tiene N como estrategia dominante.
De esta forma, la trayectoria N, P, ~R (recompensas en negrita en la
figura) constituye el primer resultado en equilibrio.
La
principal conclusión del juego es que E tiene fuertes incentivos para participar de un arreglo corrupto
con el gobierno saliente—dado que un gobierno honesto cumplirá con su palabra
de defender la seguridad jurídica.
Esta
situación genera una verdaera paradoja electoral para FG. Cuánto más se
esfuerza por presentarse ante el electorado como un candidato honesto, cuánto más
enfatiza la defensa de la seguridad jurídica, mayor es la probabilidad de que
los empresarios accedan a participar de acuerdos corruptos con el gobierno
saliente.
¿Cómo
salir de esta trampa?
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