Para esto es necesario el establecimiento de condiciones básicas como el pleno acceso a la información, libertad y capacidad para organizarse, libertad de expresar necesidades y preocupaciones, la promoción de un entorno social no discriminatorio, voluntad de negociación entre las partes, confianza en el cumplimiento de acuerdos, entre otros.
Es decir, lo que se propone es la implementación de un proceso político y cultural donde el objetivo sea la democracia y justicia social en el manejo de recursos naturales, donde se entiende que no existe una solución única y objetiva para manejar los recursos naturales, sino más bien hay diferentes opciones compatibles tanto con los conocimientos tradicionales como con la evidencia científica y capaces de satisfacer las necesidades de conservación y desarrollo, por otro lado, también se reconoce la existencia de gran cantidad de opciones negativas y desastrosas para el medio ambiente y el desarrollo.
Uno de los conceptos que ayudan a poner en práctica y entender mejor este enfoque pluralista para el manejo de recursos naturales es la visión de patrimonio de los recursos naturales, donde se pone énfasis en las obligaciones del propietario más que en sus derechos y donde también se promueve una vinculación entre los que manejan los recursos naturales con las generaciones futuras, cualidades muy distintas a las de propiedad donde los derechos son del propietario, es impersonal y existe movilidad de los bienes por la existencia de un mercado especializado.
Sergio Rivas
México al igual que en nuestro estado, actualmente enfrentan desequilibrios sociales, económicos y ambientales, que al estar éstos asociados con otros relativos a la distribución y uso de los recursos naturales, son fuente de conflictos e inestabilidad en las regiones.
Solo debemos recordar los conflictos entre el gobierno estatal y los campesinos de la zona de Tepeaca donde éstos se opusieron y provocaron la cancelación del Proyecto Milenium en la región por sentirse afectados en su derecho de uso de recursos, en este caso la tierra, o los campesinos del ejido de La Magdalena Axocopan en el municipio de Atlixco donde entran en conflicto con las autoridades municipales debido a una falta de acuerdo en la distribución y uso de recursos naturales, en este caso del recurso agua, un problema histórico que data de los años treinta del siglo pasado que fué controlado "gracias" al poder político y caciquismo existente en la región, sin embargo, al iniciarse la transición política en el municipio éste problema casualmente resurge, y por otro lado, la compra de tierras ejidales donde éstas son parte de un proyecto de desarrollo urbano muy ambicioso por parte de las autoridades municipales de Atlixco que contempla desarrollos inmobiliarios, zonas turísticas, industriales y espacios dedicados para una central camionera y de abastos, donde además en este conflicto se agregan actores sociales externos de la región.
Estos conflictos que cada vez son más comunes en las diferentes regiones de nuestro país atrasan el desarrollo rural ya que se generan en zonas donde históricamente la principal actividad es la agropecuaria pero que debido al crecimiento de las ciudades éstas han ido absorbiendo tierra de uso agrícola y el se ha iniciado una competencia cada vez más feroz por el recurso agua.
Sin embargo, es necesario precisar que la planeación del desarrollo urbano como la del desarrollo rural no deberían de verse como una lucha entre dos entes antagónicos sino que al contrario, deben ser vistos como sistemas complementarios donde sus habitantes impulsen actitudes solidarias hacia los grupos más vulnerables.