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Chechenia – ofensiva contra los derechos humanos

Astemir Murdalov
Astemir Murdalov con algunas de las cartas que ha dirigido a las autoridades en su lucha por encontrar a su hijo, Zelimkhan, «desaparecido» en enero de 2001.
© Paula Allen

«... el actual grado de destrucción de la ciudad indica que las fuerzas rusas han sometido a Grozni a un bombardeo indiscriminado y desproporcionado.»

Lord Judd, miembro de la Comisión de Asuntos Políticos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, abril del 2000

El conflicto de Chechenia se ha caracterizado por informes generalizados y verosímiles que acusan a las fuerzas rusas de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y otras torturas. Este tipo violaciones de derechos humanos son infracciones graves de los Convenios de Ginebra y constituyen crímenes de guerra.

Las fuerzas chechenas también han cometido abusos; por ejemplo, según los informes, los combatientes chechenos han ejecutado a soldados rusos capturados. Estos abusos constituyen asimismo crímenes de guerra.

La noche del 26 de marzo del 2000, Kheda (Elza) Kungaeva, una muchacha de 18 años, fue secuestrada de su hogar en el pueblo de Tangi-Chu. Los soldados rusos que la secuestraron estaban bajo las órdenes del coronel Yury Budanov. Kheda murió después de que el coronel se la llevara a su tienda para someterla a interrogatorio. El coronel Budanov admitió haber matado a Kheda Kungaeva, pero alegó que lo hizo en un estado de «demencia temporal». La fiscalía desestimó pruebas de que Kheda Kungaeva había sido violada antes de morir. El coronel Budanov fue acusado de homicidio, secuestro y abuso de poder. Es, según tiene entendido Amnistía Internacional, el primer oficial ruso al que se ha sometido a juicio por crímenes contra civiles en Chechenia desde que se reanudó el conflicto en 1999. El juicio, que comenzó en febrero del 2001, aún no había finalizado al escribir este informe.

Unas 300.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, han abandonado sus hogares huyendo de la guerra. A mediados del 2002 quedaban aproximadamente 160.000 personas en alojamientos temporales y en campos para desplazados internos, la mayoría de ellas en la vecina Ingushetia, donde padecían condiciones muy duras y un grave hacinamiento. Las autoridades rusas están presionándolas para que regresen a sus casas, tanto si pueden hacerlo en condiciones de seguridad como si no.

Según los informes, las fuerzas rusas han detenido arbitrariamente, torturado y dado muerte a miles de civiles. La mayoría de las personas son aprehendidas por las fuerzas rusas en las comprobaciones de identidad a que éstas someten a los convoyes civiles que viajan de Chechenia a Ingushetia, o durante las zachisti, las operaciones militares «de limpieza» que efectúan las tropas rusas en las poblaciones. Estas operaciones van acompañadas de abusos generalizados contra la población civil. Según los informes, durante ellas se ha secuestrado, torturado, violado y dado muerte tanto a hombres como a mujeres, e incluso a niños.

Algunas unidades militares parecen estar ocultando las placas de matrícula de sus vehículos y cualquier otra información que pueda identificarlos cuando realizan estas operaciones.

A veces se ha mantenido recluidos a los detenidos en lugares que no eran más que hoyos cavados en la tierra. Se les niega el acceso a familiares, a abogados y al mundo exterior. Los que han sobrevivido dicen que la tortura es una práctica rutinaria y sistemática, que se viola tanto a los hombres como a las mujeres detenidas, que los golpean con martillos y garrotes, y los torturan con electricidad y con gas lacrimógeno.

Centenares de personas, entre ellas un anciano de 90 años y varios niños, fueron detenidas el 2 de julio del 2001 durante una operación efectuada por soldados rusos en la ciudad de Sernovodsk, localidad próxima a la frontera con la República de Ingushetia. La operación se llevó a cabo, según los informes, a raíz de que cinco soldados rusos perdieran la vida al explotar una mina. Muchos de los detenidos dijeron que los habían torturado o maltratado; según algunos, los soldados usaron para ello electricidad e hicieron que los atacaran los perros militares. La mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad esa misma noche, pero aproximadamente un centenar fueron llevados a un centro de detención temporal. Se desconocen la suerte y el paradero de por lo menos seis personas.

Las autoridades rusas se han mostrado muy reticentes a la hora de procurar información sobre el número de investigaciones y enjuiciamientos. Por otra parte, las investigaciones de las denuncias relacionadas con ejecución extrajudicial, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos son muy raras. Las investigaciones que llegan a realizarse son por lo general inadecuadas y rara vez acaba procesándose a los responsables.

En vez de hacer rendir cuentas a los perpetradores, las autoridades rusas están al parecer destinando de nuevo a Chechenia a unidades militares que según la opinión general han estado implicadas en violaciones de los derechos humanos.
Muchos chechenos desconfian profundamente de las autoridades rusas y tienen pocas esperanzas de que cualquier queja que presenten llegue a producir enjuiciamiento.

Muchos temen que presentar tal denuncia los exponga a más violaciones de derechos humanos. Las autoridades rusas no han tomado ninguna medida apropiada para combatir este clima de temor y para alentar a las víctimas de tales abusos a presentar una denuncia.

Las críticas de la comunidad internacional ante las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario en Chechenia han sido con frecuencia débiles, especialmente tras los sucesos del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y la posterior intervención militar en Afganistán que lideró Estados Unidos y fue apoyada por el gobierno ruso. La comunidad internacional debe alentar a todas las partes del conflicto checheno a cumplir el derecho internacional humanitario y a tomar medidas urgentes para proteger a la población civil.

Las autoridades rusas han permitido que surgiera en Chechenia el clima de impunidad que protege y alienta a los que violan los derechos humanos. Las autoridades llevan demasiado tiempo ignorando su obligación de procesar a los responsables de los abusos contra los derechos humanos y de proporcionar a las víctimas un remedio efectivo. Es hora, pues, de que la Federación Rusa tome medidas para hacer que los compromisos que ha firmado en materia de derechos humanos y la justicia se vuelvan realidad.

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