LOS DERECHOS HUMANOS EN LA FRONTERA
COLOMBO - ECUATORIANA 

CRONOLOGIA DE LA CRISIS HUMANITARIA Y LA MILITARIZACION DE LA FRONTERA 

ENERO DEL 2001 

1         Según el Programa de Ayuda y Protección a los Refugiados de la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos (ISAMIS), hasta esta fecha, se habían registrado 2.287 solicitantes de refugio (varones 1.151, mujeres 1.136). De este grupo 1.346 eran menores de edad. 47 personas se encontraban en los albergues y 2.240 en las familias de la comunidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores había concedido 299 “certificados provisionales”. En Torres Quichimbo se puso en marcha el primer Centro de Acogida.  

2            Monseñor Gonzalo López Marañón, obispo de Sucumbíos, sostuvo públicamente que “sin que este Plan [Colombia] se haya iniciado, las consecuencias que se ven en nuestras provincias son la presencia de refugiados y traslado de la violencia, que se expresa en la alarma e inseguridad ciudadana” (Diario El Universo).           

3         Se anunció la llegada a Nueva Loja de 47 refugiados colombianos, luego de un ataque ocurrido, en Navidad, en la vereda “El Vergel”, municipio de La Dorada, en el departamento del Putumayo. Entre los refugiados arribaron 22 niños menores de diez años de edad. En este grupo, además, se encontraban un joven de 23 años y una menor de 7 años, heridos de bala, según el Programa de Ayuda y Protección a los Refugiados. De acuerdo al testimonio del joven los paramilitares los atacaron el 25 y 26 de diciembre mientras recogían hojas de coca, matando a siete de sus familiares. 

Para Jorge Varela, presidente de la junta parroquial de General Farfán (La Punta), 400 familias ecuatorianas abandonarán esta población por temor a los paramilitares, que incluso habrían impedido las celebraciones de fin de año, al amenazarlos con ataques armados. 

Asimismo, uno de los refugiados aseguró que los paramilitares también han amenazado con atacar los centros de refugio de Lago Agrio, “porque piensan que los desplazados están comprometidos con la guerrilla”. Según Varela tres personas habrían sido asesinadas durante el feriado, presumiblemente por enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares. 

4         El capitán Marco Ayala, del Grupo de Fuerzas Especiales N° 24 Rayo, acantonado en Nueva Loja, declaró a la prensa que personas no identificadas han distribuido hojas volantes en las que amenazan con colocar explosivos en las estaciones de bombeo y refinerías de Nueva Loja y Shushufindi. 

Jorge Varela, presidente de la junta parroquial de General Farfán, reiteró su denuncia sobre las amenazas de los paramilitares, el pasado 31 de diciembre, de realizar una requisa en la población si sus habitantes llevaban a cabo algún festejo, por lo que se suspendieron las celebraciones de fin de año. 

5         El mayor Roberto Aguirre, jefe de relaciones públicas de la Brigada de Selva N° 19 Napo, con sede en Puerto Francisco de Orellana, anunció que la distribución de panfletos amenazantes a la seguridad de las estaciones y refinerías de petróleo situadas en Nueva Loja y Shushufindi comenzó a ser investigada. 

En Nueva Loja aparecieron varios grafitos con leyendas en contra del Plan Colombia y de la presencia de refugiados colombianos. Algunas de estas leyendas decían: “El 7 de enero es el día del juicio final. Obispo no nos va a pasar lo mismo que a Colombia. Refugiado es igual a violencia, no a las FARC si a la paz. Monseñor no queremos refugiados”. 

6         Los alcaldes de La Joya de los Sachas y Puerto Francisco de Orellana, el prefecto de la provincia de Orellana y varios dirigentes barriales y sociales de esta provincia, resolvieron impedir el ingreso de refugiados colombianos a esta región amazónica, así como obligar a retornar a su país a aquellos que provengan del departamento del Putumayo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Ministerio de Relaciones Exteriores tenían previsto adecuar unas instalaciones estatales para acoger a la población refugiada como alternativa a su propuesta inicial de construir un campamento para refugiados en Sansahuari, provincia de Sucumbíos. 

9         Según Diario El Universo aviones de la Fuerza Terrestre realizan dos vuelos semanales desde Shell, sede de la IV División del Ejército Amazonas, a Sucumbíos para relevar a los soldados que se encuentran en la frontera colombo-ecuatoriana. 

“Los refugiados sienten la intensificación de los combates en el sur de Colombia, y se anticipan a la ofensiva antidrogas que Washington y Bogotá están por empezar. Muchos colombianos sin nudos que los aten a esas tierras, repentinamente están comprando terrenos y los utilizan para levantar plantas químicas para el procesamiento de la cocaína. De todos los vecinos colombianos, Ecuador es más vulnerable, al menos, asoma como el menos preparado y el peor equipado parea luchar contra esa infraestructura”, escribió Larry Rohter, periodista de The New York Times, luego de una visita a la provincia de Sucumbíos.  

El Programa de Ayuda y Protección a los Refugiados de la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos (ISAMIS) informó que después de un censo de registro, que se efectuó del 8 al 12 de enero, con la finalidad de levantar una ficha de evaluación de salud, una ficha técnica social y la documentación para el otorgamiento del certificado de refugio por la Cancillería ecuatoriana, se establecieron las siguientes categorías: personas registradas por ISAMIS (para la ficha social): 678 (137 familias); fichas de inscripción entregadas por ISAMIS a Cancillería: 185 familias (910 personas); personas registradas y aprobadas por Cancillería para entregar certificados de refugio: 750 (150 familias). Hasta el 11 de enero se habían atendido 17 solicitudes de repatriación. 

12       El ministro de Gobierno, Juan Manrique, afirmó que el pasado miércoles, se registró un enfrentamiento armado entre militares ecuatorianos y presuntos grupos irregulares, en Puerto El Carmen del Putumayo, provincia de Sucumbíos, que dejó como resultado dos personas fallecidas. Según el ministro las dos muertes “corresponden a delincuentes”. Diario La Hora informó que los fallecidos fueron Nelson Agudelo Caycedo Caycedo (26 años) y Heinert Vargas Tierradentro (18 años), quienes habrían sido acribillados por tres presuntos paramilitares, en la parroquia General Farfán (La Punta), en las riberas del río San Miguel. 

El coronel César Molina, comandante de la Brigada de Selva N° 19 Napo, confirmó que una patrulla del Ejército ecuatoriano descubrió y destruyó una base guerrillera en construcción, en un sector aledaño al Puerto El Carmen del Putumayo. En Puyo, capital de la provincia de Pastaza, se informó que el comandante de la IV División del Ejército Amazonas, Gral. Víctor Zabala, se trasladó hacia esa zona para inspeccionar la base subversiva, acompañado de un grupo de 40 soldados de élite Iwias. 

El director encargado del Hospital Marco Vinicio Iza, en la ciudad de Nueva Loja (Lago Agrio), informó que esa unidad médica ha atendido semanalmente entre 10 y 15 pacientes, provenientes del departamento colombiano del Putumayo,  por afecciones a la piel y problemas respiratorios, debido a las fumigaciones anticocaleras iniciadas el 19 de diciembre del año pasado 

13       El Comando Conjunto de las FF.AA. contradijo las declaraciones del ministro de Gobierno, Juan Manrique, sobre un supuesto enfrentamiento entre el Ejército ecuatoriano y grupos irregulares colombianos. Según esta alta fuente militar, el enfrentamiento registrado el 11 de enero, a las 14h15, habría sido entre paramilitares y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la parroquia General Farfán (La Punta), de la provincia de Sucumbíos, cuyo resultado fue la muerte de dos ciudadanos colombianos, identificados como miembros de los grupos irregulares de ese país, según el reporte oficial. 

Las FF.AA. también informaron que el 10 de enero, a las 18h00, miembros de la Brigada de Selva N° 19 Napo, localizaron un campamento abandonado en el sector denominado La Chorrera, ubicado entre los ríos San Miguel y Pucachi, en Sucumbíos. Según esta fuente, en este lugar se encontró una fábrica clandestina de confección de uniformes militares. 

Nuevos reportes de prensa señalan que dos camiones con personal armado de las fuerzas especiales, que llevaban equipos de radiocomunicación, se trasladaron desde la parroquia Shell, en Pastaza, a Sucumbíos como refuerzos. 

14       El mayor Roberto Aguirre, de la Brigada de Selva N° 19 Napo, informó que aproximadamente 500 hombres de los batallones de Iwias, comandos y lanceros, recorrían palmo a palmo la frontera ecuatoriano-colombiana. 

Mons. Gonzalo López Marañón, presidente de la Asamblea de la Sociedad Civil y Obispo de Sucumbíos, anunció que el presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, ratificó que el próximo 20 de enero se reuniría con el Consejo de Seguridad Nacional para definir un programa especial de seguridad para las provincias de Sucumbíos y Orellana, por efectos del Plan Colombia. 

15            Dirigentes indígenas de Sucumbíos, advirtieron sobre la posibilidad inminente de enfrentamientos entre patrullas del ejército ecuatoriano y grupos armados colombianos, que actúan en las riberas del río San Miguel. 

“Se teme un encuentro entre ambas fuerzas y los más afectados resultarían los 2.500 indígenas que por años habitan en las comunas del sector”, señaló Nelson Macoa, presidente de la Coordinadora Pastoral Indígena de los ríos San Miguel y Putumayo, a un corresponsal del Diario El Universo. 

Luego de la localización de una presunta fábrica de confección de uniformes para grupos armados colombianos por el ejército ecuatoriano, el pasado 10 de enero, varias familias habrían  salido de la comuna de Santa Rosa por temor a represalias. 

El comandante de la IV División del Ejército Amazonas, Gral. Víctor Zabala, mediante declaraciones a Diario El Universo, garantizó que las Fuerzas Armadas tienen el control de la zona fronteriza, mediante retenes y patrullas móviles, y pidió a la ciudadanía cesar rumores y especulaciones. 

Se anunció que el Tribunal Constitucional iniciaba este día el debate sobre la constitucionalidad del “Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los EE.UU., concerniente al acceso y uso de los EE.UU., de las instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades aéreas antinarcóticos”. Las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales consideran que este Acuerdo además de ser inconstitucional contribuye a la regionalización del conflicto social y armado colombiano. 

“Hacemos un llamado a EE.UU. para obtener su respaldo económico. La ejecución de este plan (Colombia) que nace de una relación bilateral EE.UU. - Colombia, afecta sensiblemente al Ecuador”, afirmó el presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, durante el Informe a la Nación, el lunes 15 de enero, en el Congreso Nacional. 

18       El Comando Conjunto de las FF.AA. anunció que analiza el informe remitido por las autoridades militares de Sucumbíos sobre el hallazgo de una fábrica clandestina de uniformes en esa provincia, que estaban destinados a grupos irregulares de Colombia. 

El general Norton Narváez, comandante del Ejército, afirmó que la fábrica de ropa favorecía a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Mientras tanto, en Washington, el general retirado Colin Powell, futuro Secretario de Estado designado por el presidente electo George W. Bush, declaró en Washington, que EE.UU. mantendrá su respaldo al Plan Colombia, pero que buscará “regionalizar” la estrategia de lucha antidroga, diálogo de paz e impulso al desarrollo, tomando más en cuenta a los países vecinos, entre ellos Ecuador, según la agencia AFP. 

“Una de las acciones que haremos en la nueva administración es tratar de regionalizar el enfoque y lograr que todos los países del área reconozcan  que el problema es de ellos tanto como de Colombia”, manifestó Powell ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y acotó que el Gobierno [norteamericano] “respaldará el Plan Colombia”, según el cable internacional.

 LA AFP también informó la visita a la ciudad de Bogotá del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Peter Pace, con el objetivo de evaluar con las autoridades locales los programas de implementación del Plan Colombia de lucha antidrogas. 

Se conoció que el Tribunal Constitucional desechó por improcedente la demanda de inconstitucionalidad del “Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los EE.UU., concerniente al acceso y uso de los EE.UU., de las instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades aéreas antinarcóticos”, presentada por las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales. “Este Acuerdo permanecerá en vigencia por un período inicial de diez (10) años, y de ahí en adelante podrá ser renovado por períodos adicionales de cinco años, previo acuerdo entre las Partes”. 

19       Según Diario El Comercio, ocho campesinos colombianos habrían muerto y 20 más se hallarían desaparecidos luego de un ataque de presuntos militares ecuatorianos en el fronterizo departamento del Putumayo, el jueves 18 de enero, según versiones de lugareños divulgadas por una fuente médica. Los labriegos habrían sido atacados con disparos cuando se movilizaban en dos canoas por el río San Miguel, cerca del puente del mismo nombre que une el departamento del Putumayo con la provincia de Sucumbíos. Gilberto Rodríguez, médico del Hospital San Miguel, dijo a la cadena televisiva Caracol que las informaciones que poseemos es que fueron atacados por la guardia ecuatoriana por cielo y tierra. “Al hospital (de San Miguel) llegaron dos heridos, uno de los cuales falleció”, declaró. 

El general Víctor Zabala, comandante de la IV División del Ejército Amazonas, informó que miembros de la Brigada de Selva N° 19 Napo se enfrentaron con un supuesto grupo de narcotraficantes a cinco kilómetros de la frontera con Colombia, entre los ríos La Bermeja y San Miguel. El enfrentamiento habría provocado la muerte de seis presuntos narcotraficantes y la captura de otros seis. Sus identidades no fueron reveladas. 

El teniente coronel Fabián Rivadeneira, subjefe provincial de la Policía Nacional de Sucumbíos, señaló que la Policía realizó el reconocimiento del lugar, pero que no hubo ningún levantamiento de cadáver. “Nosotros no hallamos muertos”, reiteró. Según Diario El Comercio, en el puente sobre el río San Miguel, la gente asegura que los muertos fueron arrojados al río por los militares ecuatorianos. 

21       El coronel César Molina confirmó el descubrimiento de un laboratorio de procesamiento de cocaína por una patrulla militar ecuatoriana, el pasado 18 de enero, a las 12h00, en la comuna Sumak Pampa, sector La Bermeja, cantón Lago Agrio.  

Según esta fuente militar, luego de un enfrentamiento entre los militares ecuatorianos y los presuntos narcotraficantes, fueron detenidos los siguientes ciudadanos colombianos: Rubén Cabezas Angulo, Jimmy Hernán Villafuerte, Luis Carlos Rodríguez Ramírez, Xavier Figueroa Bohórquez, Janer Alirio Gómez y Ernesto Carlos Vargas; y el ecuatoriano Juan Miguel Pacheco Vera. Un grupo de heridos habría huído en canoas hasta el río San Miguel, en territorio colombiano. 

El comandante de la IV División del Ejército Amazonas, general Víctor Zabala, también informó que se encontraron tres bases de entrenamiento y adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ubicadas en el sector La Nueva Santa Rosa, cerca de Coembí. Según esta fuente militar allí entrenaban jóvenes de 13 a 17 años. 

22            Orlando Grefa, presidente de la Federación de Organizaciones Kichwas de Sucumbíos (FOKISE), afirmó que el éxodo de campesinos e indígenas de las zonas de frontera se mantiene, por temor a la presencia de grupos paramilitares y guerrilleros, aunque no mencionó cifras. 

Según Diario El Universo, en los últimos días cinco familias ecuatorianas ubicadas en el recinto El Cóndor, perteneciente al cantón Lago Agrio, abandonaron sus propiedades y dejaron la provincia de Sucumbíos para trasladarse al interior del país. Esa decisión se habría tomado después que el Ejército ecuatoriano encontró una fábrica clandestina de uniformes militares para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), operativo en el cual habrían muerto dos personas, según los indígenas de esa zona. Igual situación podría producirse en las comunas Sumak Pampa, Shiguango Tarupa y Betano Kichwa, en el cantón Cascales. 

El Programa de Ayuda y Protección a los Refugiados de la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos (ISAMIS), informó que el pasado 18 de enero se contactó en un barrio de Lago Agrio con un grupo de seis familias Kofanes que han huido de la violencia en el departamento del Putumayo. 

Este día se anunció el arribo al país del general Peter Pace, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, para dar inicio a su tercera visita a la ciudad de Manta. El objetivo de Pace es realizar la entrega de un equivalente a USD 500 mil en maquinaria pesada al municipio local. En su último viaje donó ropa y equipos especiales para los bomberos. 

23       “La contribución del Ecuador para combatir el narcotráfico ha permitido a los Estados Unidos utilizar las instalaciones de la Base Aérea de Manta, donde se realizan adecuaciones por un monto cercano a los 60 millones de dólares”, declaró el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el general Peter Pace, durante una ceremonia en el Municipio de la ciudad de Manta, donde llegó acompañado de los coroneles estadounidenses Joe Contarino, Maj Gen Soligan, Diego Corral, John Pack y Michael Regan. 

25       El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Peter Pace, dictó el martes 24 y miércoles 25 de enero un seminario sobre “Manejo de Crisis Estratégicas”, para los miembros del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). Participaron el presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano; el presidente del Congreso Nacional, Hugo Quevedo Montero; varios ministros de Estado; y la embajadora de los Estados Unidos, Gwen C. Clare, entre otros altos funcionarios gubernamentales. 

Cuatro congresistas norteamericanos visitaron la Base Aérea “Eloy Alfaro” (Forward Operating Location, FOL), en Manta. Inicialmente la delegación estuvo conformada por Cass Ballenger, William D. Delahunt, Mark Souder, Robin Hayes, Robert Wexler y Eni Faleomavaega. Culminadas sus actividades en Ecuador, los congresistas viajaron a El Salvador. 

26       El bombeo de crudo, a través del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), se paralizó debido a un nuevo atentado externo ocurrido a las 03h15 del jueves 25 de enero, a la altura del kilómetro 315 de la vía Lago Agrio-Balao. El atentado se produjo en las cercanías de la población de Alluriquín. Este es el cuarto atentado contra el SOTE (octubre 30, diciembre 9 y 13 del 2000). 

Periodistas de Nueva Loja dijeron que observaron que cinco avionetas, escoltadas por cuatro helicópteros artillados de la Fuerza Aérea Colombiana, rociaron con productos químicos grandes zonas de vegetación en la frontera colombo-ecuatoriana. 

A las 01h30, en Quito, la Policía Nacional detuvo a tres personas que colgaron en el parque El Arbolito, junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dos perros muertos con letreros calificados como subversivos, cuya leyenda decía: “Están jugando con la muerte Manueles, las FARE”. El calificativo Manueles es usado despectivamente para referirse a los indígenas ecuatorianos, mientras que las siglas FARE hacen alusión a unas supuestas Fuerzas Armadas Revolucionarias Ecuatorianas que operarían en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Los detenidos fueron identificados como el sargento primero Byron Humberto Flores, y los soldados Edgar Guamán Malán y Luis Ernesto Chicaiza, miembros activos del servicio de inteligencia militar de las FF.AA. ecuatorianas. 

29       “La Base de Manta es parte de un esquema de lucha contra el narcotráfico. El objetivo exclusivo de las operaciones logísticas de la Fuerza Aérea de EE.UU., respecto al uso de la Base, tiene que ver con el espionaje electrónico de las vías aéreas, marítimas y terrestres del narcotráfico. Nada más. Además, la Base proyecta un mensaje a la narcoguerrilla y carteles de la producción. No es necesario plantear una agenda, en el caso de intervenir en el Plan Colombia. Pero hay que revisarlo, de mutuo acuerdo, en la medida en que se activen las acciones de la Base. [...] La posición del Gobierno ecuatoriano es respaldar el Plan Colombia”, declaró a Diario El Comercio, el canciller ecuatoriano, Heinz Moeller Freile. 

31       Este día un helicóptero de la policía colombiana que sobrevoló a baja altura la parroquia General Farfán (La Punta), lanzó hojas volantes que advertían a la población que se abstenga de sembrar cultivos ilícitos. Uno de estos mensajes tenía el siguiente contenido: “Si continúa sembrando cultivos ilícitos, los seguiremos erradicando. Busque una alternativa de cultivo legal para sembrar. Se prohíbe la siembra de marihuana, coca y amapola. Ley 30 de 1986. Policía Nacional”. 

FEBRERO DEL 2001 

2         El presidente Gustavo Noboa, decretó el estado de emergencia nacional y estableció como zona de seguridad todo el territorio de la República, ante el incremento de las movilizaciones indígenas que se oponían a las medidas económicas del régimen. Se aplicó la Ley de Seguridad Nacional y se suspendieron los derechos establecidos en los numerales 12 (inviolabilidad de domicilio), 14 (derecho a transitar libremente por el territorio nacional) y 19 (libertad de asociación y reunión) del Art. 23 de la Constitución Política ecuatoriana. 

Se anunció el hallazgo del cadáver del técnico petrolero norteamericano Ron Sanders, secuestrado el 12 de octubre del año pasado. El cadáver tenía varios disparos con arma de fuego  y fue encontrado tapado con una sábana blanca con la leyenda “soy gringo, por no pago de secuestro, compañía HP Pompeya DG”. El hallazgo se efectuó el miércoles 31 de enero, a las 08h00, en la vía alterna de la cooperativa El Cóndor, comunidad de San Pedro, a unos 20 km al noroccidente de Nueva Loja. 

Se desconocía el paradero de los otros siete secuestrados. 

3            Fuentes policiales confirmaron la presencia en Quito de un grupo especializado en manejo de crisis y secuestros de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos. Según la agencia EFE, el Gobierno chileno también envió a un miembro de la Brigada Especial de Investigaciones para colaborar con la Policía Nacional del Ecuador en la investigación de este secuestro colectivo. 

5         Para la Unidad Antisecuestros y Extorsiones de la Policía Nacional los secuestradores del grupo de técnicos petroleros continuaban inflexibles a la negociación, después de 116 días de cautiverio de los siete extranjeros. Según esta fuente policial, los secuestradores estarían solicitando USD 80 millones como rescate. 

6         Luis Antonio Nuninga, dirigente de la comuna kichwa Sumak Pampa, manifestó que a las 19h00 del 22 de enero recibieron un papel escrito por los paramilitares colombianos en el que se les daba cinco días para que salgan de sus tierras si no querían morir a bala o incinerados. En este comunicado supuestamente se afirmaba que las FF.AA. ecuatorianas mataron a ocho colombianos en su incursión, entre ellos el dueño de un laboratorio para el procesamiento de cocaína destruido el pasado 18 de enero. 

“Llegaron 300 militares. El Ejército mató a ocho personas. Algunos eran paramilitares que cuidaban el laboratorio. Entre ellos falleció el patrón llamado Efrén, un colombiano que era el dueño de la hacienda. Los familiares de él nos amenazaron con matarnos y van a enviar paramilitares de Colombia”, afirmó un indígena kichwa de la comuna de Sumak Pampa. 

Por esta causa, 40 indígenas kichwas, 21 niños y 19 adultos, abandonaron sus tierras y huyeron a la selva, permaneciendo tres días en las montañas, hasta que llegaron a la comuna Kuri Yacu y, posteriormente, a la población de El Dorado de Cascales. El 2 de febrero la Federación de Organizaciones Kichwas de Sucumbíos (FOKISE) les brindó temporalmente un albergue hasta que las autoridades gubernamentales intervengan. 

7         Juan Noteno, dirigente de la comuna kichwa Shiguango Tarupa, declaró que un grupo armado colombiano les dio 24 horas para abandonar sus tierras “si no querían morir bajo fuego y llamas”. Esta nueva amenaza provocó el desplazamiento de 60 familias indígenas kichwas que llegaron el lunes 5 de febrero a la población de El Dorado de Cascales. Estos indígenas provenían de las comunas kichwas Shiguango Tarupa y Kuri Yacu, y de la comuna shuar Santa Carolina. Los desplazados necesitaban urgente atención médica, alimentos, vestimenta y albergues, durante esta crisis. 

El coronel César Molina, comandante de la Brigada de Selva N° 19 Napo, según Diario El Universo, solicitó públicamente a los comuneros “que se mantengan tranquilos y no abandonen sus tierras, ya que las FF.AA. ecuatorianas garantizan la seguridad en la frontera con Colombia”. 

8            Soldados de la IV División del Ejército Amazonas continuaban con los allanamientos y las requisas en la ciudad de Tena y poblaciones aledañas, en la provincia de Napo, según una fuente militar, para recuperar los enseres que desaparecieron el lunes 5 de febrero, durante la toma y el incendio de la torre de control del aeropuerto de la ciudad, por los colonos e indígenas amazónicos. Según los militares, el propósito era recuperar varios fusiles que se encontraban en el lugar. 

Llegó a Quito la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, para conocer los antecedentes y el desenlace del reciente “levantamiento” indígena y los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional, presidido por Gustavo Noboa Bejarano, mediante un acuerdo suscrito con la dirigencia indígena ecuatoriana, el miércoles 7 de febrero. Uno de los temas aceptados por el Gobierno Nacional es “no admitir la regionalización del Plan Colombia, ni involucrar al país en un conflicto ajeno”. Este punto del acuerdo y el relacionado “al reclamo de indemnizaciones a los gobiernos de EE.UU. y Colombia por parte del Gobierno ecuatoriano, por todos los daños que provoque a la sociedad, a la economía y a la naturaleza ecuatorianas la ejecución del Plan Colombia”, serán tratados en mesas de trabajo con la participación de delegados gubernamentales e indígenas. 

9         Víctor Velasco, gobernador de la provincia de Sucumbíos, denunció que dieciséis ecuatorianos están secuestrados en territorio colombiano desde el 21 de enero pasado. El secuestro, cuya versión juramentada realizada por Noé Suntaxi Narváez y José Yaguana Díaz, ecuatorianos que residían en La Hormiga y La Dorada, respectivamente (departamento del Putumayo), habría ocurrido en un retén de los paramilitares en el sector La Dorada, cuando 18 ciudadanos ecuatorianos y una colombiana viajaban con destino a Ecuador para proveerse de mercadería. 

El mayor Juan Carlos Salguero, jefe del Departamento de Operaciones Sicológicas y Apoyo al Desarrollo, de la Brigada de Selva N° 19 Napo, afirmó que esta unidad militar desarrollaba tareas de apoyo para elevar la moral de los pobladores de Sucumbíos, donde supuestamente han ingresado 300 paramilitares colombianos a intimidar a los campesinos. Agregó que 2.500 hombres expertos en selva y contrainsurgencia realizan patrullajes permanentes tanto en la provincia de Orellana como en la de Sucumbíos. 

10       Se hace pública la noticia del arribo a la parroquia Jambelí, en el cantón Lago Agrio, de un nuevo grupo de indígenas y campesinos que han abandonado sus tierras, provenientes de las comunas cercanas a las riberas de los ríos La Bermeja y San Miguel, en el noroccidente de Nueva Loja (Lago Agrio), el jueves 8 de febrero, por las amenazas de muerte de hombres armados, vestidos de negro, quienes considerarían que los indígenas informaron a las FF.AA. ecuatorianas sobre la ubicación de un laboratorio de procesamiento de cocaína.  Los nuevos 105 desplazados internos han salido de sus comunidades hace cinco días. Este grupo se suma a los 272 indígenas kichwas y shuar desplazados días anteriores; sin embargo, debido a que no existía un sistema de registro confiable no fue posible disponer de una cifra real de los desplazados internos. La ayuda humanitaria inicial fue proporcionada por la Cruz Roja ecuatoriana y la organización Médicos Sin Fronteras (MSF). 

Humberto Grefa, presidente de la Asociación de Profesores Bilingües de Sucumbíos, cuestionó un comunicado público suscrito por el coronel César Molina, comandante de la Brigada de Selva N° 19 Napo, quien desmintió “la presencia de elementos armados extraños en las poblaciones pertenecientes al cantón Cascales, provincia de Sucumbíos”. 

Este dirigente aseguró que durante las noches, según los testimonios de los indígenas de las comunas desplazadas, gente armada que amenaza a los indígenas y campesinos visitaba la zona provocando temor en la población. 

Según el ministro de Defensa Nacional, almirante (r) Hugo Unda Aguirre, en declaraciones a Diario El Universo, las repercusiones de la aplicación del Plan Colombia serían “los refugiados, las infiltraciones de guerrilleros –que no se ha dado- y el sembrío de coca”. 

11       José Huatotoca, presidente de la comuna Kuri Yacu, declaró que los pobladores de su comunidad han trasladado sus escasas pertenencias hasta la parroquia de Santa Rosa de Sucumbíos, una pequeña población cercana a El Dorado de Cascales, en el cantón Cascales, hasta decidir cuál será su destino. La comuna kichwa de Kuri Yacu cubre una superficie de 10.000 hectáreas de terreno, de propiedad de 22 familias, quienes habrían recibido sus escrituras hace un año. 

Treinta y cinco familias de la comuna Kuri Yacu decidieron abandonar los albergues provisionales ubicados en la parroquia Jambelí para trasladarse a Archidona, en la provincia de Napo, su inicial lugar de origen hace 18 años. 

Jorge Varela, presidente de la junta parroquial de General Farfán (La Punta), denunció que los indígenas y campesinos atraviesan por crisis nerviosas por las amenazas, generalmente nocturnas,  provenientes de los diferentes grupos armados colombianos y cuestionó a las FF.AA. ecuatorianas que “en lugar de dar su apoyo nos hacen sentir mal, pues nos acosan para sacarnos información e incluso nos acusan de subversivos”, según su testimonio divulgado en un medio de comunicación nacional. 

La agencia AP informó que integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fueron acusados de la masacre de quince campesinos en una zona rural cercana a La Hormiga, en el departamento del Putumayo. Entre las víctimas se encontrarían dos ciudadanos ecuatorianos. 

12       Según un informe del Batallón de Selva N° 56 Tungurahua dirigido al Ministerio de Defensa se confirmaría la versión de los indígenas y campesinos sobre las causas de los desplazamientos internos. El informe reconocería que los desplazamientos se debieron a represalias de grupos armados por la destrucción, por parte de las FF.AA. ecuatorianas, de un laboratorio de procesamiento de cocaína y una fábrica clandestina de uniformes militares para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Hasta la fecha los desplazados internos serían 18 indígenas shuar de la comuna Santa Carolina, y 36 indígenas kichwas de la comuna Kuri Yacu, en el cantón Cascales; 109 indígenas kiwchas de la comuna Shiguango Tarupa, y 57 indígenas kichwas de la comuna Malvinas 1, en la parroquia Jambelí; 80 indígenas kichwas de la comuna Sumak Pampa, y 29 indígenas kichwas de la comuna Betano Kichwa, en el km 21 vía a Quito; 48 campesinos de las cooperativas San Vicente y Malvinas, en el km 17 vía a Quito. Las organizaciones humanitarias y de derechos humanos se encontraban verificando las cifras.

El gobernador de la provincia de Sucumbíos, Víctor Velasco, aseguró que los Ministerios de Salud y Bienestar Social, y Defensa Civil estaban informados de lo que ocurría. Sin embargo, la asistencia humanitaria sólo había sido proporcionada por la Cruz Roja ecuatoriana y la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).

La Policía Judicial de Nueva Loja (Lago Agrio) informó que el viernes 9 de febrero detuvo a Livio Rodrigo Goyes Arboleda, ciudadano colombiano, de 21 años de edad, identificado como miembro activo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de asesinar a Alejandro Arévalo (colombiano) y herir a Javier Zamora (ecuatoriano) en un bar de la localidad. Según fuentes policiales el asesinato se habría cometido por órdenes superiores, pues Alejandro Arévalo habría sido un desertor de este grupo armado.

Según el comandante de la IV División del Ejército Amazonas, general Víctor Zabala, el grupo que secuestró a varios técnicos petroleros extranjeros habría reivindicado la autoría de los dos atentados perpetrados en diciembre 9 y 13 del año pasado, en contra del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), en la vía Nueva Loja (Lago Agrio) - Quito, como una medida de presión para llegar a un acuerdo en las negociaciones del rescate de los secuestrados.

13       La Cruz Roja ecuatoriana anunció que hizo la entrega de alimentos y sábanas a 272 desplazados internos que se encontraban en albergues provisionales en la parroquia de Jambelí, en el cantón El Dorado de Cascales y en un local de la Federación de Organizaciones Kichwas de Sucumbíos (FOKISE), ubicado en el km 21 vía a Quito. Entre este grupo de desplazados se encontraban 125 niños y niñas.

Un vocero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) declaró que esta organización ha invertido USD 450 mil en la construcción y readecuación de varios albergues para los refugiados.

Se anunció la posesión, el jueves 8 de febrero, del coronel en servicio pasivo Agustín Alejandro Luna, como nuevo gobernador de la provincia de Orellana. Según el Ministerio de Gobierno y Policía, la designación correspondió a la decisión del presidente Gustavo Noboa Bejarano de contar con gobernadores con experiencia militar en estas zonas del país. Se efectuarán nombramientos similares en las provincias amazónicas de Pastaza y Sucumbíos, según esta misma fuente.

El canal de televisión Gamavisión denunció el martes 12 de febrero la existencia de supuestas fosas comunes en el sur de Colombia, en la zona conocida como Bajo Putumayo, fronteriza con Ecuador. Según la televisión, los cadáveres  están enterrados a menos de un metro de profundidad y en excavaciones ante las cámaras se descubrieron “cuerpos mutilados que previamente fueron cortados con motosierra”.

14       El Gobierno Nacional constituyó un Comité de Crisis Interinstitucional, dirigido por la esposa del presidente ecuatoriano, la señora Isabel Baquerizo de Noboa, para atender la situación de los desplazados internos. Este Comité se conformó con delegados de los ministerios de Salud, Bienestar Social, Vivienda y Relaciones Exteriores. También se incluyeron delegados de Defensa Civil y la Cruz Roja ecuatoriana.

Se denunció públicamente que la exigencia a empresarios y comerciantes ecuatorianos para que entreguen dinero a cambio de no ser secuestrados (“boleteo”), por parte de presuntos subversivos colombianos, se ha generalizado en la provincia del Carchi. Según el coronel Marco Morales, jefe de la Policía Nacional en esta provincia fronteriza, los responsables serían delincuentes comunes y no guerrilleros o paramilitares colombianos.

El teniente coronel Fabián Rivadeneira, subjefe provincial de la Policía Nacional de Sucumbíos, informó que entre noviembre del año pasado  hasta la fecha se habían producido 41 asesinatos en esta región fronteriza. Todos estarían relacionados con presuntos “ajuste de cuentas” entre paramilitares y guerrilleros, según esta fuente policial.

Llegó a Nueva Loja (Lago Agrio) el primer paquete de ayuda humanitaria enviada por el Gobierno Nacional, a través de Defensa Civil, para los desplazados internos en la provincia de Sucumbíos. La ayuda incluyó 4.800 libras de enlatados de pescado, 3.600 litros de leche, 10.000 libras de harina de soya, 288 conservas y 250 cobijas.

El ministro de Defensa Nacional, almirante (r) Hugo Unda Aguirre, dijo que desconoce la identidad de los grupos armados que amenazaron a los pobladores de las comunidades indígenas kichwas y shuar en el noroccidente de la provincia de Sucumbíos. Sin embargo, afirmó que “parece que son del ELN (Ejército de Liberación Nacional)”.

Se hizo público que el presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, había firmado el viernes 9 de febrero el decreto ejecutivo con el que se puso fin a la declaratoria del estado de emergencia nacional.

15       El coronel José Vinueza, jefe del Comando Policial de Esmeraldas, anunció el secuestro del teniente político de la parroquia Mataje, Milton Guerrero, y su hija Paola, de 14 años, por ocho individuos armados, en el cantón San Lorenzo.

El vicealmirante Miguel Saona, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, afirmó que aproximadamente 3 mil militares han sido movilizados a la frontera con Colombia, en la provincia de Sucumbíos, donde se han denunciado incursiones de grupos armados.

En la provincia del Carchi, la comunidad expresó su temor porque en el cordón fronterizo se habría impuesto la práctica de la extorsión (“boleteo”) a los hacendados, empresarios y comerciantes de la zona.

El diputado Carlos González, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional, denunció que miembros de la Policía Nacional habrían interceptado dos líneas telefónicas pertenecientes a Inteligencia Militar en la provincia de Sucumbíos, después del secuestro de varios técnicos petroleros extranjeros. La rueda de prensa en la que el diputado Carlos González hizo esta denuncia fue filmada por un miembro de Inteligencia Policial.

16       Se denunció que los hermanos Jorge (23 años) y Nelson Andi (20 años), provenientes de la comuna kichwa Sumak Pampa, desaparecieron desde el 10 de febrero cuando fueron sacados del albergue provisional de la Federación de Organizaciones Kichwas de Sucumbíos (FOKISE), por dos presuntos miembros de Inteligencia Militar. Los hermanos Andi supuestamente habrían sido llevados por los militares para localizar otro laboratorio de procesamiento de cocaína.

Se conoció la detención de un grupo de personas presuntamente implicadas en el secuestro de los técnicos petroleros extranjeros, el 12 de octubre del año pasado, en Pompeya, provincia de Orellana. Militares del Grupo de Fuerzas Especiales N° 24 Rayo, detuvieron a siete u ocho personas que habrían brindado apoyo logístico a los secuestradores. Nélida Trujillo, pobladora del recinto Reina del Cisne, vía a la parroquia General Farfán (La Punta), presentó en el Municipio de Nueva Loja (Lago Agrio) un recurso de hábeas corpus para su esposo Winter Napoleón Moya Salazar, uno de los supuestos implicados, luego de cinco días de su detención por los militares.

El Gobierno Nacional aseguró que el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) garantizará los operativos de control para que los desplazados indígenas puedan regresar a sus territorios.

La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) exhortó públicamente al Gobierno Nacional a aplicar el contenido del artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia recíproca (TIAR), con el propósito de solicitar la presencia de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (FMP) en la frontera colombo-ecuatoriana. Varios organismos no gubernamentales de derechos humanos expresaron su preocupación por esta propuesta, puesto que una decisión política de este tipo incrementaría la militarización de la zona e internacionalizaría el conflicto social y armado colombiano. 

17       El subdirector del Hospital Marco Vinicio Iza, en Nueva Loja (Lago Agrio), Jorge Benalcázar, afirmó que en los últimos ocho días este centro de salud atendió a aproximadamente 50 desplazados internos con infecciones estomacales, diarreas, deshidrataciones, resfríos, entre otras enfermedades. El médico aseguró que las afecciones estomacales son más frecuentes, porque la alimentación de los indígenas se alteró. En uno de los albergues se han presentado inclusive algunos casos de paludismo. El confinamiento y las pésimas condiciones en las que se encontraban los desplazados internos habrían contribuido a deteriorar su salud.

18       Se conoció el hallazgo de los cadáveres del teniente político de la parroquia Mataje (provincia de Esmeraldas), Milton Guerrero, de su hermano Henry y su primo Alirio Guerrero, en la población colombiana conocida como La Campanita, cercana a Tumaco. Mientras que el cadáver de Carlos Guerrero, otro hermano de esta autoridad política local, fue encontrado en la población colombiana El Estero. Se desconocía el destino de Paola Guerrero, de 14 años. Según la Policía Nacional el móvil de las muertes sería un “ajuste de cuentas” por narcotráfico.

Adolfo Shacay, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), anunció la toma de pozos petroleros como protesta contra los desplazamientos de los indígenas en la provincia de Sucumbíos.

La  Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que 515 personas se han desplazado desde las poblaciones fronterizas hasta los albergues provisionales en el cantón Lago Agrio, mientras la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) calificó de infrahumana la situación en la que se encontraban los desplazados indígenas.

19            Dirigentes de las comunidades indígenas desplazadas y el alcalde del Municipio de Cascales, Edmundo Vargas, solicitaron al Gobierno Nacional la construcción de cuarteles militares en la frontera con Colombia para regresar a sus localidades. Según los comuneros, 500 hectáreas de tierras de uso agrícola estarían abandonadas.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia calificó a los asesinatos del teniente político de la parroquia de Mataje y otras personas, cometidos en la provincia de Esmeraldas y el departamento de Nariño, como “producto del ambiente criminal que reúne las actividades del narcotráfico”.

El Gobierno Nacional anunció que este día dará a conocer el Plan de Contingencia para atender a los desplazados internos, luego de un recorrido que realizaron por la provincia de Sucumbíos varios subsecretarios de Estado. Según esta delegación gubernamental los desplazados serían 307. No obstante, la Cruz Roja ecuatoriana y Defensa Civil estimaron que son 515 personas provenientes de las comunas Shiguango Tarupa, Betano Kichwa, Las Malvinas, Santa Carolina, Kuri Yacu y Sumak Pampa. El informe oficial señaló que las condiciones de salud y alimentación de los desplazados internos era normal. La Cruz Roja ecuatoriana dijo que los indígenas tenían un estrés elevado debido al miedo por las presuntas amenazas de grupos paramilitares  y a sus actuales condiciones de vida.

20       Se conoció el asesinato de Paola Guerrero, de 14 años, hija del teniente político de la parroquia de Mataje, provincia de Esmeraldas. La víctima tenía los dedos mutilados, las manos y pies atados, el tórax y pecho abiertos, y desprendimientos en el cuero cabelludo.

Mediante un nuevo operativo militar de la Brigada de Selva N° 19 Napo se encontró, el pasado 16 de febrero, otro laboratorio de procesamiento de cocaína, ubicado en la ribera derecha del río San Miguel, fronterizo con Colombia, a unos 400 metros al norte de la desembocadura del río Bermeja.

Según el agente fiscal de Sucumbíos, Edwin Gonzabay, los siete detenidos en la cooperativa El Cóndor, al norte de Nueva Loja, habrían declarado ser cómplices de los secuestradores de los técnicos petroleros extranjeros en Pompeya, provincia de Orellana. Uno de los detenidos habría declarado ser el único que conoce la ubicación del campamento donde se encontrarían los siete técnicos secuestrados.

Alrededor de 200 niños y niñas permanecían junto a sus padres, indígenas kichwas y shuar, en los albergues provisionales para los desplazados internos en la provincia de Sucumbíos. 140 eran menores de 6 años de edad y los 40 restantes tenían entre 6 y 14 años.

Se anunció la visita a Quito y a la Base Aérea “Eloy Alfaro” (Forward Operating Location, FOL), en Manta, de una delegación del Senado norteamericano, presidida por el senador John McCain y compuesta por los senadores Christopher Dodd, Fred Thompson, Chuck Hagel y Lincoln Chafee.

21       Ocho fueron las víctimas de los supuestos narcotraficantes en la parroquia Mataje, provincia de Esmeraldas. Los cadáveres fueron encontrados entre el 17 y el 19 de febrero.

“Con ocasión del Plan Colombia anunciaron ayudas pero hay quien come la fruta y quien se queda con las agrieras; San Lorenzo come las agrieras de la fruta que otros están comiendo”, declaró monseñor Eugenio Arellano, obispo de Esmeraldas y misionero comboniano.

Un grupo de senadores norteamericanos se entrevistó con el presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, a quien expresaron el deseo de los Estados Unidos de integrar a Ecuador en la lucha contra el narcotráfico. El senador John McCain anunció que la próxima semana el canciller ecuatoriano, Heinz Moeller Freile, viajará a Washington para concretar las ofertas de apoyo económico para el Plan de Reactivación de la Zona Norte, que podría llegar a los 40 millones de dólares.

Los vicealmirantes Miguel Saona, jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., y Fernando Donoso, comandante de la Fuerza Naval, fueron ascendidos a almirantes por el presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano. Con los dos almirantes la Marina lidera el comando de las FF.AA. ecuatorianas.

A las 00h00 las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana iniciaron un paro total de actividades para exigir del Gobierno Nacional la construcción, mantenimiento y reparación de sus carreteras; seguridad y reactivación social y económica; y solución a la crisis energética.

22       Los ministros de Finanzas, Jorge Gallardo; Energía, Pablo Terán; Obras Públicas, José Machiavello; y el secretario general de la Administración, Marcelo Santos; fueron enviados a Nueva Loja (Lago Agrio) por el presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, para negociar con el comité de paro y buscar una solución a la compleja crisis social y económica en estas provincias amazónicas fronterizas. Unos 110 mil barriles diarios de petróleo se dejaron de producir por la toma de estaciones y subestaciones de los campos petroleros en la provincia de Orellana, según estimaron fuentes oficiales.

“La culpa de la inseguridad social que se vive en estas provincias es del Gobierno que aceptó la vigencia del Plan Colombia y la presencia de los norteamericanos en la Base de Manta, que debe paliar no mandando más militares o policías sino reactivando el aparato productivo y el  desarrollo social”, declaró Guadalupe Esperanza Llori, alcaldesa del cantón Orellana.

“Es un hecho real lo que ocurre ... creo que estos se van a intensificar en la frontera, o sea el traslado de cultivos de coca, la ola de refugiados, las situaciones de los guerrilleros y las incursiones aumentarán en intensidad. No hay que buscar culpables sino prepararnos”, dijo el ministro de Defensa Nacional, almirante (r) Hugo Unda Aguirre.

El ministro de Gobierno y Policía, Juan Manrique, aseguró que ningún miembro de la Policía Nacional ha realizado espionaje telefónico, como lo denunció el diputado Carlos González, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional, pero admitió que ciertas instancias del Estado realizan actividades denominadas de “contrainteligencia”.

23       El canciller ecuatoriano, Heinz Moeller Freile, declaró que los efectos de la aplicación del Plan Colombia se enfrentarán con un plan de desarrollo económico en la frontera norte. También anunció la creación de una franja de seguridad que incluirá las provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Napo y Orellana. Según el ministro de Relaciones Exteriores, los fondos para la Unidad de Desarrollo de la Frontera Norte y los programas de apoyo logístico a las FF.AA. provendrán de Estados Unidos y la Unión Europea. Los senadores John McCain y Christopher Dodd, en su reciente visita a Ecuador, habrían ofrecido presentar en el Senado norteamericano un proyecto de ley mediante el cual se aprobaría la asignación de USD 600 millones para un lapso de cinco años. La tercera parte de este monto sería para las FF.AA. ecuatorianas.

“Mi Gobierno considera que las consecuencias de las actividades ilícitas y de la producción y tráfico de drogas, así como de las acciones que se adoptan para reprimirlas, tienen repercusión regional”, dijo el presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, durante una ceremonia en la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, en las afueras de la capital.

Se anunció extraoficialmente que el dinero exigido por los secuestradores para liberar a los siete técnicos petroleros extranjeros (cinco estadounidenses, un argentino y un chileno) de la empresa REPSOL - YPF, retenidos desde el 12 de octubre del año pasado, fue entregado en una playa del río Bermeja, cerca de su confluencia con el río San Miguel,  en el noroccidente de Nueva Loja (Lago Agrio). El rescate pagado a los secuestradores habría sido de USD 13 millones.

El general Víctor Zabala, comandante de la IV División del Ejército Amazonas, reconoció la detención de siete ecuatorianos presuntamente encargados de abastecer a los secuestradores de los técnicos petroleros extranjeros. Entre los detenidos figuraban Winter Napoleón Moya Salazar, Wilson Naún Quiñónez Bone, Jorge Virgilio Cruz Suárez, Niyer Ezequiel Vera Santillán, Eduardo Celedonio Suárez Suárez, Luis Arnulfo Naranjo Villacís, y Angel Ruperto Guambuguete Acurio.

24       Napo se convirtió en la segunda provincia amazónica que recibió desplazados internos. Desde el miércoles 21 de febrero llegaron a Tena unos 65 indígenas kichwas más que abandonaron sus tierras en la provincia de Sucumbíos por temor a supuestas amenazas de los grupos paramilitares colombianos. Los recién llegados se sumaron a los 194 campesinos que estaban albergados provisionalmente, en medio de severas limitaciones materiales, en la parroquia Cotundo, en la provincia de Napo. Este grupo de desplazados internos se sumaría a los 395 indígenas kichwas y shuar desplazados en la provincia de Sucumbíos. Las autoridades gubernamentales seguían sin un mecanismo idóneo de registro.

Se anunció que una nueva delegación de senadores norteamericanos presidida por Carl Levin visitará la Base Aérea “Eloy Alfaro” (Forward Operating Location, FOL), en Manta. La misión incluirá a Jack Reed, Bill Nelson y Bell Nelson.

El presidente colombiano Andrés Pastrana anunció que planteará a su colega de los Estados Unidos, George W. Bus, la extensión del Plan Colombia a otros países del hemisferio, informó el Grupo de Diarios América (GDA).

25       La Policía Judicial de Pichincha anunció la detención en Quito de John Dreimer Guzmán, presunto miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien habría intentado comprar fusiles HK y ametralladoras a traficantes de armas en esta ciudad. El supuesto guerrillero colombiano habría reconocido el viernes 23 de febrero ante integrantes del Grupo de Apoyo Operativo (GAO), un cuerpo de élite de la Policía Nacional, que pertenecería al Frente 48 que opera en el Bajo Putumayo.

El apoyo a los refugiados que huyen del conflicto y del Plan Colombia hacia Ecuador continuará por tiempo indefinido, aseguró Grace Guerrero, funcionaria de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Según esta funcionaria el ACNUR ha invertido USD 32.680 en el Plan de Contingencia para atender a los 1.600 refugiados colombianos, 824 de ellos en la provincia de Sucumbíos.

26       “Los desplazados ecuatorianos nos cogieron desprevenidos, pero su atención fue cuestión de 24 horas, no más. [...] La verdad es que sí sabíamos, pero como segunda etapa del Plan Colombia. Pensamos que iban a llegar primero los refugiados. Pensamos que los refugiados iban a arrastrar a nuestra gente. Pero se adelantaron. [...] Tenemos un plan concebido para 90 días. Está analizado que pueden retornar en grupos, cada 30 días. 90 días son suficientes para que las familias regresen”, declaró el general (r) Ricardo Avendaño, Director Nacional de Defensa Civil, a Diario El Comercio.

Se anunció la suspensión de la visita a la Base Aérea “Eloy Alfaro” (Forward Operating Location, FOL), en Manta, de un grupo de senadores norteamericanos encabezados por Carl Levin. También se habría suspendido a última hora el arribo del general Peter Pace, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos.

27       “La problemática de la frontera norte y los efectos del Plan Colombia no son un tema coyuntural, es una realidad que el Ecuador debe enfrentar en los próximos diez años”, aseguró el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), general Oswaldo Domínguez, a Diario El Universo.

28       En medio de un ambiente tenso se esperaba en Nueva Loja (Lago Agrio), provincia de Sucumbíos, la liberación de los técnicos petroleros extranjeros secuestrados el pasado 12 de octubre, en Pompeya, provincia de Orellana. Los militares dispondrían de 17 identikit de los presuntos secuestradores. Según fuentes militares, el grupo de secuestradores estaría integrado por 30 personas de nacionalidad colombiana que formarían parte de un autodenominado comando “América Libre”, vinculado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).