PERSPECTIVAS
DEL DESARROLLO CAPITALISTA EN AMERICA LATINA
BAJO EL ESQUEMA
PRIVATIZADOR, DE CONVERTIBILIDAD
Y DOLARIZACION
El sistema de dominación que en forma global se
constituye aceleradamente, ha subsumido a las burguesías dependientes y a los
intelectuales funcionales de América
Latina, en el discurso capitalista neoliberal, hasta imponerlo como la única
alternativa de política económica para el desarrollo capitalista,
convirtiéndolo en una constante de los discursos oficiales, institucionales e incluso
académicos, como lo evidencian las líneas conductoras que lo sustentan, entre
las cuales sobresalen las siguientes:
1.
Los problemas del desarrollo
latinoamericano dejarán de existir, si se eliminan los déficits en las cuentas
fiscales y en el sector externo, y si se eliminan los desequilibrios en los
precios;
2.
El equilibrio en las cuentas fiscales,
solo es posible si se privatizan las empresas públicas, supuestamente la causa
primera y última del déficit fiscal, privatización que, por otra parte, atraerá
recursos externos, por los incentivos que genera para la inversión directa
extranjera, lo que, a su vez, debe
posibilitar reducir la deuda externa y solventar el desequilibrio del sector
externo;
3.
La convertibilidad y, principalmente, la
dolarización, son el mejor y único recurso de política económica para lograr el
equilibrio en los precios y sentar las bases para el desarrollo futuro;
4.
El logro de los equilibrios y el
predominio del sector privado en toda la economía posibilitará el desarrollo
acelerado, generará empleo y reducirá los niveles de pobreza.
Planteamientos que, a la luz del desarrollo capitalista de América Latina
de los últimos años, se muestran totalmente falaces, como se comprueba más
adelante, falsedad que, por otra parte, esclarece el carácter ideológico de
esos argumentos, posición necesaria para consolidar otras falacias: las
supuestas bondades del capitalismo y la eternalización
de esta formación económica y social.
Por ello, el presente trabajo analiza las perspectivas del desarrollo
capitalista latinoamericano, en el marco de las políticas antes mencionadas,
principalmente de las privatizaciones, la convertibilidad y la dolarización,
análisis que acude a las estadísticas de la región y las que corresponden a Argentina y Ecuador, países que se presentan
como paradigmáticos, el primero por haber optado por la privatización a
ultranza y la convertibilidad[1], y, el segundo, por ser el primero en adoptar la dolarización[2] en América Latina[3] y por avanzar actualmente en un agresivo proceso de privatizaciones.
El análisis, a más de establecer las consecuencias del modelo, evidenciará
el carácter ideológico del discurso, esto es la creación de una subjetividad
falsa que se presenta como verdadera, condición que es develada por las estadísticas
oficiales que ilustran los efectos perversos que propicia la aplicación de las
medidas antes mencionadas, y las contradicciones que configuran, las que,
inevitablemente, conducirán al colapso de los modelos hoy sostenidos como
paradigmáticos.
Los efectos producidos por las privatizaciones, en el caso Argentino
demuestran que no fueron suficientes ni para alcanzar el equilibrio en las
finanzas públicas, ni para reducir el nivel de la deuda externa, y
consecuentemente el servicio de la misma, lo cual obedece a varios factores,
entre los cuales vale citar los siguientes:
a.
Los procesos de privatización a ultranza,
en el objetivo de beneficiar a los grupos económicos, nacionales o
transnacionales que participan en aquellos, no consideran la inconveniencia de
privatizar un importante número de empresas públicas cuya rentabilidad es
comprobada, posición que termina por debilitar los ingresos fiscales en el
mediano plazo[4]; y,
b.
Los costos asumidos por el sector público
en forma previa a la privatización de las empresas de su propiedad[5], terminan por incidir muy importantemente sobre el nivel de egresos
públicos, principalmente por la elevación del servicio de la deuda externa e
interna.
Como las privatizaciones, por las razones mencionadas, son insuficientes
para equilibrar las finanzas públicas en los niveles establecidos en las
condiciones de los préstamos otorgados por el
FMI, los gobiernos de turno debieron acudir a medidas adicionales,
incluso a recortes en los salarios, no
obstante los efectos sociales negativos y la depresión adicional de la demanda
interna que generan, políticas que terminan por deprimir aún más las ya
deprimidas economías, generando un círculo vicioso que inexorablemente impedirá
el desarrollo futuro.
Al respecto y en relación a Argentina, Paul Krugman señala que: "Hace solo tres años, la Junta
Monetaria argentina consiguió extravagantes elogios en publicaciones como Forbes y The Wall Street Journal,
y los economistas del Cato Institute establecieron
lucrativas practicas de asesoría enseñando a otros países a imitar el método
argentino.... Entonces, ¿que fue mal? El déficit presupuestario se ha mantenido
entre el 1% y el 3% del PIB, lo cual no esta nada mal para una economía deprimida
y su deuda es solo mitad del PIB, mejor que muchos países europeos. Si nos
fiamos de los números el panorama presupuestario argentino parece mejor que el
de EEUU de hace una década. Argentina ha atravesado una oleada tras otra de
austeridad presupuestaria, cada vez con la promesa de que la ultima ronda de
recortes de salarios y empleos restauraría la confianza e impulsaría la
recuperación. Pero la austeridad sólo ha agravado la recesión, aumentado la
tensión social y reducido aun más la confianza...
".
Si el caso Argentino es actualmente el más crítico en el continente, no
puede pasarse por alto la situación del Perú, país en el que igualmente las
privatizaciones alcanzaron niveles extremos similares a los de Argentina, ya
que, aquel igualmente replica la
experiencia Argentina: despidos masivos de empleados públicos y depresión de
los salarios, para mantener un precario equilibrio fiscal.
Igualmente es necesario mencionar que para “viabilizar” la reducción de los
salarios, la burguesía dependiente y los gobiernos de turno no han dudado en
acudir a recursos tales como la denuncia sobre la existencia de supuestas
“burocracias doradas”[6], la “burocracia dorada de los de poncho”[7] o “las burocracias sindicales”[8], logrando con ello la adhesión de la pequeña burguesía proclive a aceptar
este tipo de patrañas, como el silencio cómplice de los dirigentes sindicales
corruptos enriquecidos con esas prácticas o de los movimientos que consideran
que la reivindicación de determinados conglomerados sociales pasa por percibir
salarios elevados, aunque su condición profesional o técnica no lo amerite.
Es que la verdad sea dicha, si se tratase seriamente de recortar
equitativamente y por razones sólidas los sueldos de la alta burocracia, no
podría pasarse por alto, por ejemplo, los salarios que devengan los
paradójicamente denominados “honorables” diputados y senadores, cuya idoneidad
técnica y ética es definitivamente cuestionable, no obstante lo cual no son
sujetos de recortes, por el contrario, son beneficiarios de sucesivas
elevaciones salariales[9], a pesar del cacareo en contra que sobre el tema se elevan desde los más
altos niveles gubernamentales.
Finalmente, vale mencionar -en el afán de descubrir que el uso del
calificativo “burocracia dorada” es tan solo un recurso demagógico, que de
ninguna manera pretende aportar al desarrollo de un proyecto igualitario como
lo proclaman las esferas del poder- que los salarios que reciben los
empresarios privados son infinitamente superiores a los de la “burocracia
dorada”, como lo confirma, para el caso Argentino, el que: “Hace un par de años una consultora inglesa, Towers
Perrin, publicó un estudio del nivel de ingresos de
los más altos ejecutivos de las empresas líderes en una veintena de países en
todo el mundo, incluída la Argentina. Ahí se demostró
que los ejecutivos de nuestro país ganaban al año, en promedio, siete por
ciento más que sus colegas de Estados Unidos (320 mil dólares al año contra 300
mil en EEUU), 45% más que en Alemania, 57% más que en España, 44% más que en
Inglaterra, 40% más que en Japón, 68% más que en Suecia, etcétera”[10].
La contradicción de intereses que determina la elevación sucesiva del gasto
corriente fiscal, y, el inhumano recorte de salarios que se impone a la mayoría
de la población de todos los países de América Latina, seguramente determinará
a futuro la imposibilidad de mantener los compromisos asumidos sobre los
niveles del déficit fiscal, por los intereses políticos en juego, en el primer
caso, y, en el segundo, por la vigorosa respuesta social que se desarrolla en
América Latina, la cual seguramente imposibilitará el mantenimiento y la
consolidación de la nefasta política descrita.
Existe coincidencia entre los defensores, tanto de la convertibilidad como
de la dolarización, que la viabilidad de esas alternativas de política
económica dependen de las relaciones económicas y
financieras internacionales. En otros términos se reconoce que una reducción en
el flujo de divisas puede generar condiciones de iliquidez que podría propiciar
una aguda recesión, por tanto, el futuro de esos dos modelos está
indisolublemente ligado con el comportamiento del sector externo y de los
flujos netos de divisas que sea capaz de
generar. El alineamiento con esas políticas, por otra parte, determina la
orientación de la economía hacia el mercado externo, en detrimento del interno,
posición que genera una contradicción para la propia supervivencia del modelo.
En consecuencia con lo antes expresado, la viabilidad o no de los modelos
en análisis, dependerá del comportamiento de las exportaciones, de las remesas
de los emigrantes, de la Inversión Directa Extranjera (IDE) y del flujo neto
por créditos externos. Analicemos pues cual es el comportamiento de las variables
mencionadas.
La convertibilidad y la dolarización, al asumir un tipo de cambio fijo,
determinan una constante pérdida de capacidad competitiva de las exportaciones,
la cual no puede ser compensada, como era habitual en el pasado, con devaluaciones
que permitían incrementar los volúmenes exportados, los cuales igualmente
contribuían a compensar la caída de los precios que se registran en los
mercados internacionales.
La pérdida de competitividad, en el caso del Ecuador, se manifiesta en una
drástica reducción del valor de las exportaciones de sus principales productos
de exportación: banano y plátano en un 14 por ciento, café en el 61 por ciento,
camarón 55 por ciento, cacao en grano en un 41 por ciento, de madera en 24 por
ciento y flores naturales en un 10 por ciento, registrándose sólo un incremento
en el valor de las exportaciones de petróleo, a causa de la elevación del
precio registrado en ese año. La
estrepitosa caída de las exportaciones determinó que las exportaciones
ecuatorianas, a septiembre del 2001, alcancen a tan solo 1130 millones de
dólares, valor que fue insuficiente incluso para cubrir el valor de las
importaciones (1.324 millones de dólares), generándose un déficit en balanza
comercial de 196 millones de dólares, situación no registrada en años
anteriores a la dolarización.
Si a todo lo anterior se agrega el impulso e importancia que se otorga a
los procesos aperturistas necesarios para satisfacer los intereses
imperialistas, cual es el caso del ALCA, por ejemplo, es fácil suponer que la
menor capacidad competitiva de los países de América Latina respecto a la de
los Estados Unidos deprimirá, en forma constante y creciente, las exportaciones
de la región, futuro inevitable si se reconoce, por ejemplo, que la economía
norteamericana es 500 veces más grande que la del Ecuador, diferencia que no
podrá ser compensada por cualquier preferencia que se establezca en el marco
del ALCA.
En consecuencia, es previsible que en el futuro las exportaciones continúen
decreciendo y, consecuentemente, las divisas tan caras para la supervivencia
del modelo, sean cada vez más escasas. El aperturismo económico y la
orientación preferente hacia el mercado externo, entonces, habrán
fracasado En el caso del Ecuador, a la
profundización de la crisis de la dolarización contribuirá la reducción que se
prevé en los precios de su principal rubro de exportación, el petróleo.
La depauperización de grandes sectores poblacionales de América Latina,
sumado al despido masivo de empleados del sector público y privado, como
producto de las privatizaciones, el achicamiento del sector público y la
recesión económica o el lento crecimiento, determinó un éxodo masivo, orientado
principalmente hacia los Estados Unidos, Europa e Israel, flujo que se pretende
inútilmente contener mediante la aprobación de una serie de normas legales,
principalmente a nivel de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de sus
países miembros, actitud que por cierto no se compadece del ideario neoliberal,
el cual proclama y exige la libre circulación de los factores de la producción,
restringiéndola, en los hechos, a la libre circulación del capital.
El éxodo mencionado determina un importante incremento inicial de remesas
desde el exterior, remesas que, por su destino final y para fines analíticos,
pueden clasificarse en tres etapas: una primera que responde a la imperiosa
necesidad de cubrir los costos que demandó la emigración; una segunda, en que los recursos se destinan
para la manutención de la familia abandonada y para la readquisición de bienes
muebles enajenados para solventar los costos de la emigración; y, una tercera,
para adquirir un “techo”, objetivo de gran importancia en el imaginario de los
grupos de menores recursos económicos.
En una segunda fase, las remesas tienden a disminuir muy importantemente,
entre otras, por las siguientes consideraciones:
a.
El
avance que se registra en la radicación de los emigrantes, lo cual
conduce, en un alto porcentaje, al reagrupamiento familiar, con lo que se
interrumpen los flujos financieros hacia el país de origen;
b.
La posibilidad de adquirir bienes
inmuebles en el país de residencia, lo que determina incluso la venta de los
bienes adquiridos en el país de origen, con la reversión de los flujos que ello
implica;
c.
La aprobación de leyes cada vez más
restrictivas en los países receptores, con la complicidad de los gobiernos de
los países fuente de la inmigración.
A todo lo anterior, por cierto, deben agregarse los efectos negativos que
produce el incremento de la tasa de desocupación en los países receptores,
determinada incluso por eventos como el del 11 de septiembre[11].
Así planteado el problema, es posible aseverar que en el futuro inmediato
se está conformando una tendencia hacia la disminución de las remesas enviadas
por los emigrantes, tendencia que adquiere importancia cuando se recuerda que
éstas, tanto en el caso de El Salvador como del Ecuador sustentan en forma
importante la RMID, como lo comprueba el que, en el caso de El Salvador, hayan equivalido al 13 por ciento del PIB en 1999,
porcentaje que en el 2000 y en el caso del Ecuador alcanzó al 6.3 por ciento,
diferencia que se explica por lo reciente de la emigración de ecuatorianos[12], a diferencia de la
de El Salvador producto de la larga guerra revolucionaria.
De consolidarse la
tendencia a la reducción antes mencionada, lo cual es altamente previsible por
el carácter estructural que es propio de varias de las causas citadas, es
posible prever que se debilitará la RMID, debilitamiento que se profundizará
por los problemas que soportan las exportaciones, los flujos de capital, la
IDE, etc.
Las privatizaciones, según
sus apologistas, convierte a la IDE en una de las
principales fuentes de divisas, aseveración falsa a la luz de las siguientes
características, comunes a las privatizaciones que se han producido en América
Latina:
a.
La subvaloración de las empresas públicas
a privatizarse;
b.
El pago del costo de la empresas privatizadas con recursos
proporcionados por el sistema financiero del país que vendió sus empresas;
c.
El pago de tan solo el 50 por ciento del precio de venta, cuando se
asume el modelo boliviano;
d.
El incumplimiento de los programas de inversión a los que se
comprometen, cuando se establece como una de las condiciones de la
privatización.
Si a lo anterior se agrega
que los flujos de IDE se condicionan al denominado “riesgo país”, el que
alcanzó niveles extremadamente altos en Argentina, y altos en el Ecuador, a pesar del esfuerzo
extremo que realizó el gobierno de De la Rua para el
pago de los intereses de la deuda externa, y que el gobierno ecuatoriano hubo
de recurrir a un crédito del BID para el pago de los intereses al Club de París, obvio es concluir que la IDE no fluirá
profusamente como proclamaron los defensores del modelo de convertibilidad y de
la dolarización neoliberal.
Vale adicionalmente
señalar que es poco probable que los flujos de la IDE se incrementen en el
futuro, si se reconoce que la estabilidad política es absolutamente precaria en
el caso argentino, y con tendencia a debilitarse en el Ecuador, y que, la mayor
o menor estabilidad política, es una de las variables a las que la IDE otorga
gran importancia, antes de proceder a concretar sus nuevas inversiones.
Finalmente, valga señalar
que los flujos de inversión que en la década de los 70 privilegiaban al Sur,
actualmente privilegian la relación norte-norte, como lo
ejemplifican las grandes fusiones o absorciones de que diariamente se suceden
entre las mayores empresas multinacionales, procesos que, en muchos casos,
incluso llegan a superar la deuda externa de los países menores de América
Latina.
Si por el lado de los flujos de IDE la situación no se muestra alentadora,
lo es menos por el de la remisión de utilidades generadas por la IDE, por las
modificaciones que se imponen en la legislación sobre la materia a los países
de América Latina, tendientes a eliminar cualquier disposición que limite la
libre remisión de utilidades, como lo demuestra, por ejemplo, la eliminación de
encajes.
Por todo lo dicho, es posible prever que los flujos de IDE no alcanzarán,
ni remotamente, las expectativas creadas por los defensores de estos modelos,
por lo que las divisas indispensables para el funcionamiento del modelo de
convertibilidad o dolarización brillaran por su ausencia, con las consecuencias
negativas que son fácilmente previsibles.
Los flujos netos positivos por préstanos externos, propiciados en la década
de los 70 por los créditos fácilmente asequibles, dada la gran cantidad
petrodólares que requerían ser reciclados, y, el relativamente menor servicio
de la deuda externa, tuvieron fin con la crisis de la deuda de los 80, y el
importante cambio cualitativo que se configuró en la estructura de los
préstamos, por plazos. Efectivamente, en lugar de los créditos blandos de
mediano y largo plazo se privilegiaron los capitales de corto plazo, los
denominados capitales “golondrina”, los que, por su volatilidad, se han convertido en una de las causas
principales de los desequilibrios macroeconómicos en América Latina[13].
A la reversión de los flujos positivos, igualmente concurrió el incremento
del “riesgo país”, incremento que en el caso de Argentina obedeció a la
posibilidad cierta de que se produzca el cese de pagos y, en el Ecuador, a la
reiterada necesidad de acudir a nuevos préstamos para poder cubrir
obligaciones.
Si a lo anterior se agrega la acelerada elevación del servicio de la deuda
externa y de las dificultades que soporta, tanto Argentina como el Ecuador,
para atenderlo, es previsible que la llave del crédito externo se cierre o, por
lo menos, se limite en el futuro inmediato en esos dos países, lo que generará
una nueva restricción de divisas, indispensables para el funcionamiento del
esquema de convertibilidad o dolarización.
La proclama esgrimida para avanzar en los procesos de convertibilidad y
dolarización, anunciaba una inmediata inflación cero, como producto de la
congelación del tipo de cambio. Tal proclama, ideológica como todas las que
apuntalan el modelo neoliberal, ocultaba
varias circunstancias que vale precisar:
a.
Los efectos de la macro devaluación
inmediata anterior a la convertibilidad y a la dolarización[14], la cual determinó un brutal incremento de precios[15], que quedo oculto tras el cambio de la moneda;
b.
La tendencia a la nivelación de los
precios internos con los internacionales, producto de las modificaciones
monetarias[16];
c.
La subsistencia de una serie de elementos
inflacionarios que no podían ser eliminados con el simple cambio de moneda[17], algunos incluso de carácter estructural[18], elementos que continuaron presionando sobre el nivel de precios; y,
d.
Las condiciones impuestas por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) en las denominadas Cartas de Intención, las
cuales determinan elevación de precios[19] y tarifas[20], a objeto de salvaguardar la capacidad de repago del crédito otorgado.
Los condicionantes antes mencionados, determinaron que en los 2000 y en
términos de la inflación no oculta por la convertibilidad y dolarización, se
mantenga e incluso acelere en el Ecuador, no así en Argentina, país que
presenta una inflación cero, por el agudo debilitamiento de la demanda agregada
-generado principalmente por la reduccióón de los salarios - antes que por los
efectos “benéficos” que se adjudican a la convertibilidad y la dolarización.
El caso del Ecuador es, por cierto, extremo: en 1999 la tasa de inflación
alcanzó al 91 por ciento, en el 2001 se estima que superará el 22 por ciento y,
si se acogen las previsiones oficiales incluidas en la Pro forma Presupuestaria
para el 2002, la inflación sería ligeramente inferior a la registrada en el
2001, aupada por la elevación, ya
anunciada oficialmente, de los precios de los combustibles, del gas de
uso doméstico y, como consecuencia de
ello, de las tarifas del transporte, medidas ha adoptarse a partir del mes de
enero próximo.
Lo antes dicho confirma lo ya aseverado, la inflación no se doblega por la
sola adopción de la convertibilidad o la dolarización, para ello es necesario e
imprescindible eliminar todas las causas que generan presiones inflacionarias y
no solo las derivadas de la elevación de tipo de cambio. En tanto ello no
ocurra, las presiones inflacionarias se mantendrán o se reactivarán tan pronto
se eliminen todas las medidas que actualmente deprimen la demanda interna.
Incidencia de la Convertibilidad y Dolarización sobre
las Actividades Económicas
De acuerdo a las proyecciones de CEPAL
sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2001, las
economías de América Latina y el Caribe crecerían en cerca del 2 por ciento,
tasa que apenas significaría la mitad del crecimiento del 4 por ciento
registrado en el 2000, lo que obedecería a demandas internas débiles y a
problemas políticos registrados en varios países de la región.
En el caso específico de Argentina y Ecuador, a más de la debilidad de la
demanda interna, es la brutal elevación de precios, producto de la
convertibilidad y la dolarización, las
que terminaron por afectar a una serie de sectores, entre los cuales vale
mencionar el turismo, el comercio, la construcción pública, los sectores
exportadores, sectores que difícilmente se recuperarán en tanto no se eliminen
las causas que generan la pérdida constante de
su capacidad competitiva, o se reactive la demanda interna,
posibilidades altamente inciertas, ya que, ello terminaría por presionar sobre
el déficit fiscal y la propia capacidad competitiva, contradicción que conforma
un nuevo callejón sin salida para los esquemas de convertibilidad y
dolarización.
Los
principales efectos sociales generados por el modelo neoliberal de
convertibilidad o dolarización son los siguientes:
a. Incremento del desempleo abierto y del número de informales;
b. Depauperización acelerada de la población;
c. Profundización de la inequitativa distribución
del ingreso;
d. Masivas emigraciones, desestructuración familiar, alcoholismo y
drogadicción; y,
e. Incremento de la marginalidad y de la delincuencia.
Incremento del desempleo y la informalidad
El débil crecimiento económico que se registró en
América Latina en el 2000, como quedó establecido, determinó que en la mayoría
de los países de región se incremente la tasa de desempleo abierto, la que, en términos promedios y para el conjunto de América Latina, se situó alrededor del 8.5 por ciento de su
fuerza de trabajo.
El incremento de la desocupación, según los
estudios de la CEPAL, fue notorio en Colombia, Ecuador y Venezuela, donde la
desocupación entre 1997 y 2000 aumentó del 12 al 20 por ciento, del 9 al 14[21] por ciento y del 11 al 14 por ciento, respectivamente. El incremento fue
considerablemente más moderado en Brasil y Uruguay, en donde fue inferior al 2
por ciento y en Perú en el que subió en un 1 por ciento.
Argentina, que había logrado una reducción de 2
puntos en 1998, perdió lo avanzado y terminó el año 2000 con un promedio de
desempleo abierto del 15 por ciento, el que se elevó al 18,3 por ciento a
octubre del 2001, situación que, en números absolutos determinaba que, en solo un año, el número de desocupados haya crecido en más de 500
mil, alcanzando el record de 2,5 millones de personas, en tanto que la
población total de desocupados y subocupados -agrupados bajo el eufemismo de “población con
problemas de inserción laboral”- alcanzaba a 4 millones, 720 mil más que en el
2000.
Hacia 1999, el 43.8 por ciento de la población de
América Latina se encontraba en situación de pobreza[22], tres décimas de punto más que en 1997. Por su parte, la indigencia pasó
del 19 al 18.5 por ciento en el período 1997–1999.
En términos absolutos, la población en situación
de pobreza alcanzaba en 1999 a poco más de 211 millones de personas, de las
cuales algo más de 89 millones se encontraban bajo la línea de indigencia[23]. Con respecto a 1997, esta cifra representa un aumento de 7.6 millones de
personas pobres. Por su parte, el número de indigentes tuvo un pequeño
incremento en el último trienio, al alcanzar a 600.000 de personas.
Por lo antes expresado en 1999 la incidencia de la pobreza en América Latina
alcanzaba al 35 por ciento de los hogares, en tanto que la indigencia o pobreza
extrema afectaba al 14 por ciento del total de hogares. En otras palabras, de
cada 100 hogares de la región, 35 carecen de los recursos para satisfacer sus
necesidades básicas, en tanto que 14 no cuentan con un ingreso suficiente para
adquirir ni siquiera la canasta básica de alimentos.
En el caso del Ecuador,
como quedo citado, la inflación alcanzó al record histórico del 91.0 por ciento
en el 2000, lo que condujo a que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC), el costo de la canasta
familiar básica[24]
se eleve a 252,93 dólares, en tanto que el ingreso mínimo mensual de una
familia se estimaba en 163,57 dólares, generándose un faltante de 89,36 dólares
para cubrir el costo de la canasta básica, déficit que determinaba que un
importante número adicional de familias ecuatorianas se ubiquen bajo la línea
de pobreza o de indigencia, al ser insuficientes incluso para la adquisición de
los bienes básicos alimentarios.
La situación se continuó y
profundizó en el 2001, por cuanto las alzas salariales del mes de enero de ese
año alcanzaron al 22 por ciento, aumento insuficiente para cubrir la inflación
pasada y la prevista, y, por la nueva congelación de depósitos que determinó el
cierre del FILANBACO, condiciones que determinaron la ampliación del número de
hogares ecuatorianos que se ubicaron bajo la línea de pobreza o indigencia.
América Latina, a fines de los 90 continúa siendo la región más inequitativa del mundo, afirma el Informe Social de la
CEPAL[25], situación que se había acentuado hacia fines de la década, no obstante el
incremento en el gasto social y la leve recuperación del crecimiento económico.
La inequidad lo comprueba el hecho de que el 10 por
ciento de los hogares de mayores recursos, con excepción del Uruguay y Costa
Rica, se apropia más del 30 por ciento
de los ingresos en la mayoría de países de América Latina, porcentaje que en El
Salvador y Venezuela supera el 35 por ciento, y en el Brasil el 45 por ciento, mientras que, en el lado opuesto
de la pirámide social, el 40 por ciento de los hogares más pobres captan entre
el 9 y el 15 por ciento de los ingresos totales, en casi todos los países de
América Latina, con excepción de Uruguay en el que se eleva esa participación
al 22 por ciento.
La injusta
distribución del ingreso antes mencionada responde a la elevada concentración
económica que caracteriza a las economías capitalistas latinoamericanas,
concentración que se ha agudizado en los países que han adoptado el modelo de
convertibilidad y dolarización. Efectivamente, en los noventa el porcentaje del
ingreso captado por el 10 por ciento de los hogares de mayores ingresos se
incrementó en Argentina del 35 al 37 por ciento y en Ecuador del 31 al 37 por
ciento.
El sistema de
dominación por cierto, pretende que esta injusta distribución es susceptible de
modificar sin el cambio de la formación económica y social capitalista, en su
entendimiento, mediante el pago de la denominada “deuda social”, el cual se
cumpliría mediante el incremento del gasto social y el mejoramiento de su
orientación, propuesta sostenida por todos los apologistas del capitalismo,
llámense social demócratas, social cristianos, demócratas cristianos, liberales
y neoliberales, en una suerte de burla y desconocimiento de la historia de
América Latina, la que nos señala lo añejo de este problema y la imposibilidad
de resolverlo en el marco del capitalismo, al cual, precisamente, le es
consubstancial la concentración de la riqueza.
Si aceptamos la acepción que sobre el concepto
“proletario” acuña Toni Negri, el deterioro de las condiciones económicas y
sociales antes descritas, determinó un acelerado incremento del número de
grupos afectados por la política económica neoliberal, entre los cuales vale citar:
a. Los desempleados, generados tanto por las privatizaciones como por la
reducción del aparato del Estado y la recesión o lento crecimiento económico;
b. Los afiliados a la Seguridad Social,
como producto del desamparo generado por la eliminación del componente
solidario de las Leyes de Seguridad[26], como producto de las reformas aprobadas con la anuencia y complicidad de
los Congresos Nacionales;
c. Los empleados públicos, sumidos y afrentados con la “cultura del miedo”[27], y por la institucionalización de la prohibición de ejercer sus derechos a
la huelga[28];
d. Los informales, cuya gran mayoría pasó a formar filas de los pobres, cuando
no de los indigentes;
e. Los maestros y profesionales, los primeros abrumados por salarios de
miseria y los segundos por una desocupación profesional que se incrementa
permanentemente; y,
f. Todos los conciudadanos que confiaron en el sistema financiero, que vieron
esfumarse sus ahorros y depósitos por las inhumanas congelaciones, feriados
bancarios, diferimiento de pagos, pagos en desvalorizados bonos del Estado,
etc.
Los grupos sociales antes enumerados, por cierto,
no son indiferentes a su situación económica y social, lo que ha determinado
que el movimiento social contestario de América
Latina, se convierta en una amalgama de Frentes únicos[29] y Frentes amplios[30], de partidos clasistas, de organizaciones sindicales y gremiales, de
movimientos sociales de distinto orden, incluso con posiciones políticas
antagónicas, entre los que destacan los que se manifiestan contra la
globalización neoliberal[31], los simplemente antiglobalizantes[32] e incluso los que defienden la permanencia del capitalismo[33], criterio que es bien visto por algunos líderes políticos de América
Latina[34]. A todos ellos se agregan los transportistas, pequeños comerciantes, intelectuales,
exportadores, etc.
Los matices de los movimientos sociales antes
descritos, por cierto exige el discrimen entre quienes postulan el cambio del
capitalismo por una formación económica y social más avanzada, en reemplazo del
capitalismo, de aquellos que se proponen mejor administrar el capitalismo, toda
vez que ello explica el por que, en tanto los primeros privilegian mecanismos
de lucha no institucionales, los segundos se inscriben en la institucionalidad,
que termina por fortalecer al sistema de dominación capitalista, al validar los
instrumentos de control social.
Los mecanismos utilizados para ejercer el poder contestario varían muy importantemente, dependiendo del
grado de organización alcanzado por las organizaciones de trabajadores, los
grupos depauperizados, los cesantes, los que carecen
de habitación, de tierra, etc, grado de organización muy diferente entre
Argentina y el Ecuador, por ejemplo, ya que, en tanto en el primero se observa
un mayor grado de organización y movilización concertada de los grupos obreros
organizados y de los marginados, en el
segundo solo es relevante la organización y movilización del movimiento
indígena y la organización espontánea de los jubilados y los afectados por el
cierre de la gran mayoría de organizaciones bancarias, no así el de las
organizaciones obreras, las cuales reflejan la debilidad producto de su activa
participación en los “procesos de concertación” impulsados por los gobiernos
social demócratas en América Latina, principalmente en la década de los
noventa.
Claros ejemplos del
robusto movimiento social contestario argentino
fueron la exitosa huelga nacional del 13
de diciembre, así como la Consulta
Popular que se llevó a cabo los días 14, 15, 16 y 17 de diciembre, convocada
por la Junta Nacional del Frente Nacional contra la Pobreza, Consulta Popular
en la que se pronunciaron casi 3 millones de personas y que tuvo por objetivo
la implementación de un Seguro de Empleo y Formación de $380 para cada jefe o
jefa de hogar desocupado, una Asignación Universal de $60 por hijo menor de 18
años para todos los trabajadores (desocupados, estables o precarios) y una
Asignación de $150 para las personas en edad de jubilar sin cobertura previsional, para cuyos efectos la propuesta incluyó las
formas de financiamiento de esas asignaciones, a partir de una serie de medidas
progresivas, entre las que se incluye la exigencia del pago de los aportes que
adeudan las empresas privatizadas. A las movilizaciones antes mencionadas debe
agregarse la Marcha de la Resistencia convocada bajo el lema "Resistencia
y Combate contra el terrorismo del Estado", que tuvo como protagonistas
centrales a las Madres de Plaza de Mayo
y los piqueteros de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Anibal Verón.
En el caso del
Ecuador, una vez rebasada la etapa en la cual el movimiento indígena se vió
“atenazado” por el mecanismo de control institucional que adoptó la forma de
las denominadas “mesas de negociación”, prepara sus aprestos para una nueva
gran movilización en el mes de enero del 2002, contra la pretensión del
gobierno de reducir el número de beneficiarios del llamado “bono de la
pobreza”, la anunciada elevación del precio de los combustibles y del gas, y, la privatización de las empresas
eléctricas, movilización en la cual igualmente participarían en consuno el
Frente Popular, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, La Unión Nacional
de Educadores, el Movimiento Popular Democrático, etc, en demostración de una
nueva fase del movimiento social contestario. Esa
movilización, entonces, demostrará la
madurez, la fuerza, la robustez del movimiento contestario
ecuatoriano, acrecentadas por la mayor unidad y coordinación que ha
desarrollado, así como por el reconocimiento de los límites del capitalismo y
de la necesidad de reemplazarlo.
El Fin de los Esquemas de
Convertibilidad y Dolarización Neoliberal
De todo lo expresado
en los puntos anteriores es posible concluir que los esquemas de
convertibilidad y la dolarización presentan graves deficiencias en su
funcionamiento, principalmente por la
incapacidad que generan para proveer suficientes divisas, entre otras causas,
por la reducción de las exportaciones, propiciadas por el tipo de cambio fijo,
a lo que se agrega el hecho evidente de que las privatizaciones no han
proporcionado los ingentes recursos adicionales externos que se anunciaron. Por
el contrario, han generado obligaciones adicionales con prestamistas internos y
externos, elevando muy importantemente el servicio de la deuda, lo que termina
por presionar sobre las finanzas públicas, obligando a restringir los gastos,
para lo que los gobiernos de turno incluso han acudido a recortar los salarios
y a enviar grandes contingentes de trabajadores a la desocupación,
circunstancias que han debilitado la
demanda global y llevado a la recesión o al estancamiento económico, con
efectos desastrosos sobre el empleo, el cual se ha incrementado muy
importantemente.
El aumento del desempleo
abierto y la elevación del subempleo a causa del debilitamiento en el
crecimiento económico, sumado a la brutal elevación de precios producto de las macrodevaluaciones inmediatas anteriores a la adopción de
la convertibilidad o la dolarización, han sumido en la pobreza a la mayoría de
la población de Argentina y Ecuador, lo que ha merecido una sólida y combativa
respuesta social, que ha generado situaciones de inestabilidad política, que
inciden negativamente sobre los flujos de IDE y de créditos, los cuales se habían ya debilitado por la
orientación norte-norte, característica de la actual etapa del desarrollo
capitalista.
En el caso específico del
Ecuador, si profundiza su participación en el Plan Colombia, serán necesarias
ingentes cantidades de las cada vez más escasas divisas para solventar los
gastos de la guerra, gastos que acelerarán la crisis, en este caso, por la
drástica reducción de la RMID y, consecuentemente, del circulante, reducción de
circulante que podría llegar a niveles que, inevitablemente, conducirán al
colapso de su economía. Si el terrorismo del imperialismo, que pretende
justificarse con los acontecimientos del 11 de septiembre, se enrumba hacia
Colombia, la economía ecuatoriana estará sentenciada.
Los callejones sin salida, las contradicciones, irresolubles en el
marco del capitalismo, que hemos determinado a lo largo del estudio, y que en
breve resumen hemos sintetizado en los párrafos inmediatos anteriores, anuncian
que el “fin de la historia” hegeliana proclamado por
Fukuyama, entendido como producto de la consolidación de la democracia liberal,
sustentada, en lo económico, por el modelo capitalista neoliberal, ha hecho
crisis. Para ello han sido necesarios 20 años, a diferencia de los 50 que se
requirió para constatar el fracaso del “Estado de Bienestar”, circunstancia que
demuestra que los tiempos de agotamiento de los llamados modelos del desarrollo
capitalista se acortan, como igualmente lo confirma el que la convertibilidad
se haya agotado en 10 años[35], y, la dolarización presente
síntomas que anuncian su agotamiento, en el corto lapso de 2 años[36].
Ante el evidente agotamiento del neoliberalismo,
de la convertibilidad y la dolarización neoliberal, y del cada vez más corto
lapso que para ello se ha requerido, renueva y fortalece la vigencia del “fin
de la historia” marxista, pone sobre el tapete del día la necesidad de apoyar a
la construcción de una sociedad verdaderamente igualitaria, el socialismo.
Mas, si bien el capitalismo profundiza sus
contradicciones y sus cíclicas crisis, como formación económica y social aún no ha muerto, por lo
que todavía es posible reconocer varias posiciones que defienden su validez y
vigencia, que proponen derroteros iguales que en el pasado para avanzar en el
futuro.
Por ello, el debate social
actual reconoce dos tipos de posiciones, una, sistémica, sostenida desde la
derecha más recalcitrante hasta los reformistas más “avanzados”, que pasan
todas por plantear “soluciones” para “humanizar” el “capitalismo salvaje”; y,
una segunda, asistémica, que reconoce que el
capitalismo a entrado en su etapa final y, en consecuencia, plantea su
reemplazo por el socialismo.
En la carrera por hallar
soluciones al “capitalismo salvaje” se destaca la socialdemocracia, la que ha
iniciado una campaña, a nivel mundial, mediante la cual pretende reivindicar el
ya agotado modelo del “Estado de Bienestar” o el denominado modelo “autocentrado”, propuestas que tienen, como denominador
común, la pretensión de ser mecanismos, caminos para “humanizar” el
capitalismo, para incluirlo en el camino de la acumulación sostenida. A esta posiciones igualmente se suman quienes proponen la
denominada “tercera vía”.
En términos políticos, quienes aún defienden el capitalismo insisten
en viejas propuestas como el “pago de la deuda social”, la “concertación”, la
“conciliación nacional”, el “construir el poder desde el poder”, en una suerte
de avance progresivo desde la captación de los gobiernos locales hasta el poder
central, tesis que se han demostrado ya como políticamente inviables. Quienes,
desde el “otro lado”, en consonancia con la historia se proponen el cambio del
capitalismo por el socialismo asumen como su objetivo la toma del poder para
transformar el modo de producción capitalista. Los referidos y cada vez más
frecuentes ejercicios de “democracia real” anuncian su fuerza y la pertinencia
de su posición.
Quito,
22 de diciembre del 2001
[1] La
convertibilidad es un modelo bimonetario (en
Argentina circulan simultáneamente pesos y dólares), y presupone: a. Cambio de
moneda o sustitución monetaria, lo que puede implicar un proceso de
dolarización del mercado monetario doméstico; b. El respaldo explícito de la
emisión con reservas líquidas, lo que convierte al Banco Central en ventanilla
o Caja de Conversión; y, c. Se opta por un tipo de cambio fijo, mediante el
anclaje de la moneda nacional al dólar.
[2] La
dolarización es un modelo unimonetario y presupone:
a. El reemplazo de la moneda nacional por la divisa de los Estados Unidos de
Norteamericana, sobre la base de un tipo de cambio predeterminado; b. Una
correlación uno entre la cantidad de dólares circulantes y la denominada
Reserva Monetaria Internacional Disponible (Posición Neta en Divisas + Divisas
en Caja + Depósitos Netos en Bancos e Instituciones Financieras del Exterior +
Inversiones, Depósitos a Plazo y Títulos + Oro Monetario y No Monetario valorado
a Precio de Mercado + Derechos Especiales de Giro + Posición de Reserva en FMI
+ Posición con ALADI); y, c. La eliminación de la capacidad de emitir moneda
por parte del Banco Central, función que la asume la Reserva Federal (FED).
[3]
Posteriormente la dolarización fue adoptada, plenamente, por El Salvador en
Centro América, en noviembre, cuando la Asamblea
Legislativa aprobó una ley de integración monetaria en virtud de la cual, a
partir de enero de 2001, se establece el dólar como unidad de cuenta en el
sistema financiero, se fija el tipo de cambio en 8.75 colones por dólar y se
permite la circulación de otras monedas.; y, parcialmente, por el Argentina el 03 de diciembre del
2001.
[4] Véase
Navarro, Guillermo: “Ecuador: Corrupción, Política Económica y Gobernabilidad”,
Quito, Ecuador, Ediciones Zitra, febrero del 2000,
páginas 138-144.
[5] En
América Latina es norma que el sector público asuma los pasivos de las
empresas, el pago de las indemnizaciones a los trabajadores cuyo despido es
exigido por las empresas participantes en la privatización, los costos
derivados de los procesos de modernización previos, la capitalización de las
empresas luego de su privatización,
etc.
[6] En
forma anterior a los recortes de los sueldos de los servidores público, es
norma común en América Latina calificar de esta manera los sueldos de la alta
burocracia, sin reparar incluso en que ésta se constituye por designaciones
políticas, las que recaen en los miembros de la burguesía dependiente que
controla la institucionalidad del Estado.
[7] En el
Ecuador, en el proceso de institucionalización y neutralización del Movimiento
Indígena, el Estado con el apoyo financiero del Banco Mundial (BM), creo una
serie de proyectos, entre estos el
PRODEPINE, en los cuales pasaron a laborar prestantes miembros de la
CONAIE, en calidad de consultores con sueldos acordes a la escala del BM, en
una gran cantidad de casos sin poseer la calificación técnica requerida, con el
visto bueno del Gobierno y del BM. No obstante ello, fueron acusados de ganar
salarios exorbitantes, lo cual no pudo ser enfrentado por la CONAIE, lo que demuestra la condición de mecanismo de
control que es propio de los proyectos como el mencionado.
[8] “El
mismo día en que el país alcanzó la cifra récord de desempleo en toda su
historia con casi 2.300.000 desempleados y 2.200.000 subempleados (trabajadores
en negro, precarizados, sub-remunerados...) de
los que medio millón son aporte de la política económica de este gobierno
durante el último año, la ministra del Trabajo (¿o del desempleo?)
descubrió que el problema de la economía nacional pasa por el salario de
algunos dirigentes gremiales.
El sueldo de los gremialistas se
suma así al sueldo de los empleados públicos, a las jubilaciones de los
viejos y al "costo de la política" para explicar, según el
gobierno de Fernando de la Rúa-Domingo Cavallo, la
crisis argentina y justificar la tijera permanente a los magros ingresos
populares. Al denunciar el salario de algunos dirigentes sindicales la ministra
buscó descalificar la exitosa convocatoria al paro nacional de empleados
públicos del 18 de julio, y al paro general del 19”, Véase Vilas,
Carlos M.: “La Ministra, los gremialistas y la Oligarquía”.
[9] En el
mes de diciembre, los salarios de los diputados del Congreso Nacional del
Ecuador se elevaron en US $ 500, para totalizar un sueldo mensual de US $
2.500, por cuatro días de trabajo semanales, en tanto que la elevación del
Salario Mínimo Vital se estima no será mayor a US $ 11,00 para un gran total de
US $163,00, cifras más que elocuentes para descubrir la infamia que transita
tras de toda la falacia neoliberal.
[10] Resumen elaborado por Carlos Vilas del estudio publicado en Página 12 del 16 de febrero
1997.
[11] Donald Terry, gerente del Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN) dependiente del BID, al dar a conocer los
resultados de un sondeo realizado en los Estados Unidos sobre 1000 emigrantes
latinoamericanos, mencionó que el 56 por ciento de quienes envían remesas
señaló que estaba enviando menos dinero, el 7 por ciento afirmó haber perdido
su puesto de trabajo y 1 de cada 4 informaron que sus ingresos se redujeron,
por lo que, afirmó que: “De persistir estas tendencias, América Latina podría
perder miles de millones en remesas”.
[12] La emigración de
ecuatorianos se aceleró a partir de 1997, lo que determinó que las remesas de
los emigrantes ecuatorianos asciendan de 276.2 millones de dólares en 1993, a
346, 450, 553, 719, 902, 1142 y 1364, en 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y
en el 2000, respectivamente.
[13]
"Al entrar América Latina en los años noventa, se encontró en un mundo de
gran volatilidad macroeconómica impulsada o al menos magnificada por capitales
erráticos. La difusión de los mercados financieros internacionales y la acogida
entusiasta que les dio la región dejaron a la política macroeconómica
dependiente, y a menudo rehén, de los caprichos de los inversionistas de corto
plazo. Instrumentos clave como la política fiscal y el tipo de cambio fueron
sobrepasados por la necesidad de gestionar flujos de capital. El resultado fue
que la política macroeconómica se divorció cada vez más de la economía real, lo
que exacerbó la volatilidad de los resultados económicos", véase Dani Rodrik, Revista de la CEPAL
del 19/04/2001.
[14] El
establecimiento de una paridad de 25.000 sucres por dólar a efectos de la
dolarización ecuatoriana, determinó una devaluación de más del 100 por ciento
si se considera que el tipo de cambio vigente a julio de 1999 era de 11.000
sucres, en promedio, al inicio del gobierno del Presidente Jamil Mahuad, quien instauró la
dolarización.
[15] La
tasa de inflación del Ecuador en el año 2000 se elevó al 91.0 por ciento según
las cifras oficiales, la tasa más alta en América Latina en ese año y de toda
su historia económica.
[16] Los
precios de bienes que se producen bajo concesiones, por ejemplo, se expenden en
el Ecuador a precios superiores a los que comercializan en los países
concesionarios, cual es el caso de las cadenas Mac’Donalds,
Fridays, Pizza Hut, etc
[17] Las
altas tasas de interés, por ejemplo.
[18]
Deficientes canales de comercialización que encarecen los precios; graves
desajustes cíclicos en la oferta de productos, principalmente agrícolas;
estacionalidades por inicio de clases, tanto en los ciclos de la Costa como de
la Sierra y Oriente, etc.
[19]
Principalmente de los combustibles
[20] De los
servicios públicos: mediante la eliminación de subsidios o la simple elevación
como requisito previo para elevar la rentabilidad de las empresas públicas a
ser privatizadas.
[21] Según
un último estudio el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador
(INEC), realizado en 69 ciudades, se concluye que en 2000, el desempleo bajó al
9,1%, descenso puramente estadístico, ya que responde a la elevación del
subempleo del 45 al 65 por ciento y a la reducción de la PEA, por el alto
número de emigrantes, ya comentados.
[22] La línea de pobreza de cada país y zona
geográfica se estima a partir del costo de una canasta básica de alimentos que
cubre las necesidades nutricionales de la población, tomando en consideración
sus hábitos de consumo, la disponibilidad efectiva de alimentos y sus precios
relativos. El valor de esta canasta se compara con una estimación de los
recursos requeridos por los hogares para satisfacer el conjunto de las
necesidades básicas no alimentarias.
[23] La línea de indigencia corresponde al
costo de la canasta alimentaria, entendiéndose por indigentes (o extremadamente
pobres) las personas que residen en hogares cuyos ingresos son tan bajos que,
aunque se destinaran íntegramente a la compra de alimentos, no permitirían
satisfacer adecuadamente las necesidades nutricionales de todos sus miembros.
El cálculo considera las diferencias de precios de los alimentos entre las
áreas metropolitanas y las zonas urbanas y rurales, cuyos precios son menores
en un 5 y un 25 por ciento, en relación a los de las áreas metropolitanas.
[24] En el
Ecuador, esta canasta comprende a los costos de los bienes básicos de
alimentación y otros consumos básicos no alimentarios (educación, salud,
cultura, etc)
[25] Véase
CEPAL: “Panorama Social de América Latina 2000-2001”, Capítulo II, página 67
[26] La
creación de los denominados Fondos de Pensiones, al asumir las reglas del
mercado para la prestación de sus servicios terminan con la solidaridad, al
establecer el más rancio individualismo, ajeno a la solidaridad propia de los
sistemas de seguridad social así modificados.
[27] La “flexibilización laboral” en su lado
más oscuro, es el derecho que se arrogan los poseedores de los medios de
producción para despedir a su sola voluntad a los trabajadores, desprovistos de
las conquistas alcanzadas por los trabajadores, antes incluidas en el código
del trabajo, los contratos colectivos y en convenios internacionales. Ese omnipoder patronal , crea una suerte de espada de “Damocles”, la que sumada al
individualista impulsado por las bien publicitadas normas de la Postmodernidad,
terminan por sumir a los trabajadores en lo que hoy se conoce como la “Cultura
del Miedo”: miedo a ser despedidos como otros trabajadores, ya que, como lo afirma
la física israelí Ruchma Marton,
y lo cita Noam Chomsky en su introducción titulada “La Cultura del Miedo”, del
libro “Colombia: La Democracia Genocida”
de Javier Giraldo S.J.: “el verdadero
propósito de la tortura no es la confesión, sino que es más bien el silencio”,
“el silencio inducido por el miedo”, miedo que es contagioso, por lo que: “se
extiende a los demás miembros del grupo oprimido, silenciándolos,
paralizándolos” agregando más adelante que: “La inducción al silencio mediante
el suplicio es el verdadero objetivo de la tortura, en su sentido más profundo
y fundamental”
[28] Todas
las reformas constitucionales y legales que se han aprobado en América Latina
en el marco de las reformas neoliberales, han estipulado la prohibición para
que los empleados de los sectores de servicios públicos, económicos o sociales,
puedan ejercer este derecho.
[29] Según Carlos Mariátegui, el Frente Unico: “No anula la filiación de ninguno de los que lo
componen. No significa la confusión ni la amalgama de todas las doctrinas en
una doctrina única. Es una acción contingente, concreta, práctica. El programa
del frente único considera exclusivamente la realidad inmediata, fuera de toda
abstracción y toda utopía”, por lo que: “Formar un frente
único es tener una actitud solidaria ante un problema concreto, ante una
necesidad urgente. No es renunciar a la doctrina que cada uno sirve ni a la
posición que cada uno ocupa en la vanguardia”
[30] Los
Frentes amplios , a diferencia de los Frentes únicos,
se constituyen como policlasistas, esto es, no se
constituyen bajo una unidad de clase, no están constituidos solamente por las
clases subordinadas.
[31] Estos
grupos manifiestan una posición política mucho más avanzada de los que
simplemente se manifiestan contra la globalización, ya que, han sido capaces de
diferenciar entre la globalización como una fase proceso del desarrollo
capitalista y la política económica neoliberal que dirige actualmente esa fase
del desarrollo capitalista, diferenciación que, inevitablemente, les está
conduciendo a plantearse el reemplazo de la formación económica y social
capitalista como solución del desarrollo. Toni Negri es seguramente su ideólogo
más destacado y Toussaine uno de sus dirigentes más
lúcidos.
[32]
Quienes se pronuncian por estas posiciones, se limitan, en esencia, a oponerse
al proceso de globalización, sin entender que esto no es más que una fase del
desarrollo capitalista, inevitable, por otra parte, si el análisis de atiene a
las Leyes del desarrollo capitalista.
[33] En América Latina se constata la
presencia de grupos que responden a los postulados de Alain Touraine,
por lo que magnifican los denominados actores sociales, se autocalifican como
“movimientos sociales”, y se manifiestan como intelectuales “postrados” -en
términos de Petras- ante el poder del
capitalismo. Véase Navarro, Guillermo: “Coordinadora de Movimientos Sociales
¿Nueva Izquierda o Vieja Socialdemocracía?”, Quito,
Ecuador, Julio del 2001.
[34] Fidel Castro, en dialogo mantenido en la
Habana, con un grupo de periodistas, ante la pregunta de si ¿Los movimientos antiglobalizantes son una especie de Internacional?,
contestó que: “Es algo mucho mejor que una Internacional Socialista. Porque va
camino hacia una internacional sin ideología reglamentada y tiene muchos más
valores” Véase Página 12, edición del 9/12/2001.
[35] El
derrocamiento del Presidente argentino De la Rua, el
20 de diciembre del 2001, por el poderoso movimiento social antes descrito, sin
lugar a duda alguna señala el fin de la convertibilidad inaugurada en 1990.
[36] La
dolarización ecuatoriana, a la fecha, ha
demostrado ya todos sus nefastos efectos sociales sobre la mayoría de la
sociedad ecuatoriana e, incluso, sobre el proceso de acumulación. Por ello, es
previsible que las anunciadas movilizaciones sociales a efectuarse en enero del
2002, demostraran aquello y, posiblemente, terminarán en un nuevo ejercicio de
“democracia real”, derecho inaugurado por el movimiento social ecuatoriano y
hoy ejercitado por el pueblo argentino.