Entrevista publicada en el suplemento Blanco y Negro del periodico HOY,
El 8 de junio de 2001

'En teoría,el país respeta los DDHH'

Un diálogo con el vocero dela Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Alexis Ponce.

Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), denuncia una posible consolidación de grupos armados de seguridad privada a escala nacional, que podrían derivar en organizaciones paramilitares, tal como sucedió en el caso colombiano.

Una de las principales preocupaciones de la mayoría de las organizaciones de DDHH en el país es una posible campaña de legitimación y aprobación social de las violaciones a derechos los humanos, a partir de la exigencia ciudadana de mayor seguridad.

Alexis Ponce ve en el proyecto estatal de derechos humanos, propuesto por el Gobierno, la intención de banalizar y burocratizar el problema. 

 

¿Cuál es la situación actual de los DDHH en el país?
Hay un deterioro preocupante que empieza a profundizarse desde el año 1999, y toma mayor énfasis en 2000, paralelo a la crisis: a mayor crisis social, mayores ambientes autoritarios y mayores casos de abuso de poder. Si hasta 1999 nosotros teníamos registradas entre ejecuciones extrajudiciales, torturas, hostigamientos, etc., alrededor de 148 casos, en 2000 llegamos ya a más de 300 casos, ninguno de los cuales ha sido resuelto, lo que nos presenta un factor central de la situación de DDHH: la impunidad, en la cual están vinculados fuerza pública y elementos privados de violencia.

¿Elementos privados de violencia?
En Santo Domingo de los Colorados, los empresarios y hacendados, victimas de la zozobra delictiva, han anunciado públicamente la organización de grupos privados, en parecida experiencia a los inicios del paramilitarismo en Colombia. Desde la década de los noventa empezamos a registrar casos cada vez más numerosos en Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, el sector de La Maná, Imbabura. Ni el Estado ni la fuerza pública pueden ahora olvidarse de un principio legal: el monopolio de la fuerza es únicamente del Estado, no pueden ser entes privados los que manejen esto. Hay que parar la violencia embrionaria, privada, que al unificarse con elementos corruptos o violentos de fuerza pública, sin paga, puede originar fenómenos como el colombiano.

El Gobierno Nacional señala que los casos de ruptura a los derechos humanos son aislados y no responden a una política sistemática...
El Gobierno esta empeñado en difundir la idea de que en el país se respetan los derechos humanos, que son casos excepcionales y que incluso existe alianza con la sociedad civil para la aprobación de este famoso plan estatal de DDHH. Esto es parte de otro fenómeno que en los próximos años dará expresiones concretas: la banalización y burocratización de los DDHH. Internamente tú puedes despreciar los DDHH, violentarlos o dejar que la situación se deteriore, pero a escala internacional, la burocratización se da por la enorme cantidad de normas que existen, y en esto el Ecuador, en teoría, es el primer país en respetarlas. Junto con esto, la creación inusitada de oficinas de DDHH en muchas de las instancias estatales, que parecerían creadas no para investigar delitos y abusos de poder, sino para indicar ante la comunidad internacional que todo está bien, y también para recoger la cosecha, para gestionar proyectos ante la ONU para educación, defensa, promoción de derechos humanos.

¿Cual es la actitud del Gobierno ante las organizaciones de DDHH?
Cuando el presidente de la República nos trata de majaderos, que molestamos al país, o cuando el vicepresidente dice que la extrema izquierda se escuda tras los DDHH o el ecologismo, eso crea una atmósfera de hostilidad que recuerda el lenguaje de los dictadores de los setenta. Desde la autoridad política hay un discurso, una ideología, un pensamiento autoritario, ultraconservador, si no se expresa en órdenes directas se puede expresar en lo otro, en el dejar pasar los abusos.

¿Sería entonces el Estado responsable de la situación de ruptura a los DDHH en el país?
La impunidad tiene diversos eslabones: leyes injustas, administración de justicia anómala, poder político vinculado, dirección de cárceles que hacen de todo menos rehabilitar, falta de investigación sobre la violencia concreta. Hay un fenómeno nuevo que nos preocupa sobremanera: un ambiente en el que en nombre de la seguridad ciudadana se legitima la violación de los derechos humanos. En el caso de Guayaquil, por ejemplo, se da un ambiente social, ideológico y propagandístico que legitima el autoritarismo. Se exponen las 'ventajas' de romper los derechos ciudadanos, bajo un criterio temible: que todo aquello que implique defensa de derechos humanos equivale de manera inmediata a defensa de los delincuentes. (AAI)


DDHH

  • Alexis Ponce aseguró que en el país existe un ambiente de hostigamiento y amenazas contra las organizaciones de DDHH.
  • El Ministerio de Gobierno asignó escoltas policíales a integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, luego de una serie de amenazas de muerte anónimas.
  • La APDH asegura haber sido víctima de invasión en sus sistemas electrónicos. Ponce atribuye la acción a una Unidad de Inteligencia Técnica.
  • La organización Amnistía Internacional lleva adelante un "programa de mecanismos de protección para los defensores de los Derechos Humanos en riesgo, en países como Brasil, Guatemala y Colombia. (AAI)



ANALISIS
Política del disimulo

El Gobierno de Gustavo Noboa, en su calidad de representación institucional del Estado ecuatoriano, ha respondido con una tibieza preocupante a las denuncias formuladas por Amnistía Internacional, en su último Informe.
Si se tomara prestado un juicio severo del artista quiteño Miguel Varea, podríamos decir que el Gobierno levanta la estética del disimulo como política gubernamental, en materia de DDHH.
El Informe de Amnistía tomó desprevenido al régimen, que apenas pudo procesar argumentos de carácter diplomático, con lo cual demostró que, en su óptica, el problema de las violaciones a los derechos fundamentales en el Ecuador es su preocupación en tanto afecta la imagen internacional del país, aunque casa adentro reine la barbarie.
Nada se ha dicho, nada se ha prometido para eliminar la impunidad que es, quizás, la mayor causa de violencia institucional. Tampoco, que una tentación peligrosísima, que acompaña la gestión de las autoridades obligadas a enfrentar la violencia delincuencial o política, es caer en el pecado del autoritarismo. Aquello porque el control social es mínimo y porque una ideología desesperada, pero admitida sin beneficio de inventario, no encuentra otro camino para conseguir la seguridad colectiva que las vías más duras, donde los derechos de la persona son dejados de lado, usualmente.
Es cierto que las violaciones a los DDHH son más numerosas y más escandalosas cuando la pobreza también aumenta. Pero también es cierto que los gobiernos hacen poco por atenuar o combatir la miseria.
Amnistía Internacional ha dicho que si bien ha caído el Muro de Berlín, los muros de la hipocrecía siguen en pie. (DCM)



Gobierno: Informe no es actualizado

"El informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador no cuenta con datos actuales, está retrasado y cubre el período de 1999, que ya lo cubrió el año anterior". Así lo sostiene el embajador Francisco Proaño, titular de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería.
El diplomático asegura que el informe presentado por el organismo internacional no recoge los esfuerzos que realiza el Ecuador, para implementar una política de protección y respeto a los derechos humanos.
Entre esos esfuerzos cita al Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado en 1998, elaborado con la participación de varias organizaciones sociales, y cuya ejecución entrará en plena vigencia a más tardar a fines de este año o principios del próximo, señala.

Los objetivos del Plan

"Su objetivo es el de fomentar y garantizar el desarrollo integral de las personas, en condiciones de respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, es decir, es preventivo y no sancionador", indica.
Asegura que si bien se pueden presentar casos en los que se han violentado los derechos de una persona, "esto no es un política arraigada en el Ecuador y son casos aislados que de hecho tienen que ser sancionados drásticamente". (PACH)