"Es una respuesta
lógica de parte del Gobierno, trata de proteger sus instituciones Los
organismos de derechos humanos consideramos que no se tratan de hechos
aislados. Son tendencias que se marcan en la Fuerza Pública",
manifiesta Navarrete. El coordinador de esta organización afirma que
los casos que se manejan son verificados por un departamento legal (6
abogados) y en los juzgados donde se presentan las denuncias.
"Es cierto que a veces puede existir una exageración, un aumento
en la versión por parte del denunciante, porque quiere presentar el
hecho lo más grave posible para llamar la atención. Eso nosotros lo
verificamos", añade.
Navarrete se aferra a la idea de que se está formando una tendencia
negativa en el momento de que la Fuerza Pública cumple con su deber.
"Son tendencias que se generan en algunos miembros de la Policía.
La tortura es sistemática durante el proceso de investigación. Y no
quiero decir que esta sea la norma, pero se ve con frecuencia".
Navarrete pone de ejemplo casos de homosexuales detenidos entre
octubre y diciembre del año anterior en la calle Primero de Mayo de
Guayaquil. El Comité marcó una tendencia negativa en los partes
policiales. "Supuestamente se los detenía por atentar contra la
moral. Los perjudicados eran los moradores del sector, los testigos,
transeúntes. No hay nombres. Pero se los trató de la peor forma en
el Centro de Detención Provisional"
Marco Cuvero desmiente la versión de que los trabajos de la policía
se sujetan a estas tendencias y apela a la postura de los casos
aislados: "Si existe una denuncia, una información que llegue a
mi conocimiento de que alguien de la institución se ha desviado del
procedimiento yo he dispuesto investigaciones".
En este sentido, Navarrete afirma que son pocas las ocasiones en que
reciben una colaboración efectiva de la Policía para investigar los
casos de supuestas torturas. " Hay lentitud. Se ha comprobado que
los mecanismos de impunidad son claros. Más del 70% se encuentran en
trámite".
De las denuncias que recoge el Comité Permanente de Derechos Humanos
de Guayaquil, 43 casos corresponden a supuestas torturas por parte de
la Policía. "No somos autoridad para juzgar estos hechos, sin
embargo, la documentación que rodea estos casos hace pensar de que se
cometieron actos de tortura", sostiene Navarrete. (JVR)
¿Víctima de Más Seguridad?
Según una denuncia que resposa en el Comité de Defensa de los
Derechos Humanos, a las 03:20 de la madrugada del 27 de febrero
anterior, Joffre Antonio Aroca Palma, de 21 años, salió de su
domicilio a esperar un bus en compañía de varios amigos, con rumbo
al balneario de Villamil, Playas. A la altura de la calle 17 y Pedro
P. Gómez, en Guayaquil, la camioneta 115, color blanca, del Plan Más
Seguridad se detuvo a una inspección. Los agentes Carlos Rivera
Cordero y Edison Yépez se bajaron y le pidieron documentos.
Aroca señaló que no estaban haciendo nada malo y se negó a enseñar
su cédula de ciudadanía, según la misma denuncia. Ante la negativa
lo golpearon y lo tiraron al balde de la camioneta, mientras sus
amigos y una señora de avanzada edad solicitaron a los policías que
no se lo llevaran por cuanto no era ningún antisocial. Los
uniformados expresaron que se lo llevaban por 'resabiado'. Luego lo
torturaron y fue asesinado en un lugar despoblado, en la parte
posterior del estadiode Barcelona. Rivera, jefe de patrulla, (quien
tiene dos juicios por asesinato) fue quien disparó. Una semana después
se halló su cadáver. "Recibió un disparo por la espalda, luego
que lo torturaron", señala Perla Aroca, madre de la víctima,
quien denunció el caso al Comité de Defensa de los Derechos Humanos.
El juicio 78-2001 se tramita en el Juzgado Quinto de lo Penal del
Guayas. (CHM)
ENTREVISTA
Nebot:
la sanción al delincuente no implica el irrespeto a sus derechos
humanos
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, encabeza el proyecto
de "Más Seguridad" encaminado a reducir los índices de
violencia del puerto principal. La participación de la Policía
Nacional y el apoyo de las cámaras de Industria y Comercio son claves
en este proyecto.
"La sanción al hampón no implica el irrespeto a sus derechos
humanos.... implica el respeto a la ley y la garantía de los derechos
humanos de todo el mundo, incluyendo al delincuente", opina el
alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, al analizar el trabajo conjunto
entre la Policía y la Municipalidad, en el control de la
delincuencia.
"No he sabido que, al menos en Guayaquil, la Policía irrespete
los derechos humanos en el combate a la delincuencia, y si hubiese un
caso concreto se plantea y analiza y de haber razón se
sanciona", dice el funcionario, quien ejecuta el plan "Más
Seguridad", conjuntamente con la Policía Nacional. Con Nebot se
analizó la participación policial en el abatimiento de los
delincuentes y los reclamos de los organismos de derechos humanos
sobre los mecanismos de exterminio.
¿Cree que
los resultados del plan Más Seguridad han reducido los actos de
violencia y delictivos de Guayaquil?
Soy un permanente insatisfecho, hasta con mi labor,
porque siempre creo que puedo hacer las cosas en mayor volumen, y
mejor. De manera que los logros no me producen sueños sobre los
laureles.
¿Pero se
han reducido o no los actos de los delincuentes contra los ciudadanos?
Hemos reducido los niveles de delincuencia a 50%, pero
el resto de ese porcentaje que todavía queda, es intolerable aún, y
tenemos que luchar contra él, quizá, de manera más drástica,
porque se trata de los delincuentes más avezados. Por eso funcionan
las recompensas.
¿La
captura o el abatimiento de los hampones continúa?
Tengo noticias, no confirmadas aún, de que un séptimo
de los delincuentes más buscados habría caído preso.
¿Cuántos
quedan aún sin apresar?
De los diez, quedan tres.
¿Y las
recompensas... están funcionando?
Así es, estamos atacando, en forma conjunta, los
sectores en donde llegan los carros robados y los desarticulan para
vender sus piezas; estamos tomando precauciones para modificar las
disposiciones municipales y exigir a los talleres mecánicos su
respectiva tasa-habilitación y otro requisitos que deben cumplir para
que no reciban carros robados.
¿Se cuenta
con el equipamiento necesario, tanto de la Policía Nacional y
especializada como de los municipales?
Estamos equipando al GOE, GIR y GAO, con chalecos,
cascos y vehículos. Día a día luchamos junto a la Policía, que
ojalá el Gobierno la apoye como debe ser, moral, económica y técnicamente,
en esta batalla que es interminable.
Organismos
de derechos humanos han reclamado la forma cómo se extermina a los
delincuentes, esto es, sin dar detalles de cómo fallecieron. ¿Qué
opina?
Que yo haya sabido, no hay ningún motivo para ese reclamo; la sanción
al delincuente no implica el irrespeto a sus derechos humanos....
implica el respeto a la ley y la garantía de los derechos humanos de
todo el mundo, incluyendo al delincuente.
¿Se
ratifica que los delincuentes han sido abatidos por la Policía?
Hasta donde conozco, y lo conozco bien porque así lo
dicen los partes policiales, en el caso de los delincuentes abatidos,
lo han sido por la Policía Nacional en acción y respondiendo con
proporción, y esto es lo importante más allá del tino y de la lógica,
a las agresiones de la que son víctimas los uniformados.
¿Conoce si
la Policía irrespeta los derechos humanos?
Me gustaría que las instituciones de DDHH
investigaranlos derechos humanos de los policías muertos y de sus
familias. No he sabido que, al menos en Guayaquil, la Policía
irrespete DDHH en el combate a la delincuencia, y si hubiese un caso
concreto, se plantea y analiza y, de haber razón, se sanciona.
¿No hay
cuerpos extraños en el control de la seguridad en Guayaquil?
Eso sería otro tipo de delincuencia, y en mi formación
esa situación es absolutamente inadmisible. (AM)
Muchas
manos en los procesos penales
El Código de Policía señala penas mayores, como tortura y
asesinato, con la condena máxima
El ministro Juez del IV Distrito de Policía de Guayas, coronel
Patricio Adhathi, dice que tanto policías como militares y de Comisión
de Tránsito del Guayas (CTG) gozan de fuero de corte y son
sancionados de acuerdo con los delitos agravantes y atenuantes.
Así, los miembros del orden son sometidos a investigaciones por
agentes especializados, que se encargan de recabar testimonios y
evidencias del delito cometido. El proceso transita después por
sorteo a un juzgado del distrito y pasa a órdenes del ministro juez,
el cual se encarga de evaluar la infracción y finalmente dictamina la
sanción o pena estipulada en el Código de Policía o el Código de
Procedimiento Penal, para casos menores.
Para oficiales de alto rango, el proceso lo maneja el presidente del
distrito (máximo juez), quien sentencia los casos de abuso de
facultades, extorsión, tortura y asesinato.
Por delito de extorsión, la reclusión es de dos a cinco años. El
abuso de facultades, los reclamos formales, la falsificación de
documentos, los despachos adulterados y la mala fe policial, se
castigan de tres meses a dos años de reclusión y de seis a nueve años,
respectivamente. El Código de Policía señala penas mayores, como
tortura y asesinato, con la condena máxima: 12 a 16 años. Por su
parte, el Juez Tercero de lo Penal del Guayas, Reinaldo Cevallos
Cercado, manifiesta que uno de los problemas en el sistema judicial es
la falta de dominio que algunos jueces tienen de la legislación.
Afirma que los procesos no se impulsan muchas veces por la presión de
los medios de información, por personas con poder económico o político,
por los abogados que ejercen la defensa, la policía o por superiores
de los departamentos del poder judicial.
En la tramitación de un proceso penal, intervienen muchas 'manos' con
distintos propósitos. Los jueces impulsan el juicio hasta lograr que
las distintas etapas del sumario lleguen a la culminación decisiva,
es decir, cuando el Tribunal Penal dictamina sentencia.
"En los juicios nos enfrentamos a la corrupción, ya que si se
cometen actos menores, corremos el riesgo de la destitución, remoción,
amonestaciones, suspenciones de cinco a diez días y multas de 10 al
50% del sueldo base", argumenta. (CHM)
