"La impunidad tal
vez es peor incluso que los casos concretos de violación a derechos
humanos. La impunidad, la seguridad de que no habrá un castigo, da la
libertad para seguir cometiendo estos delitos. En cierta medida, los
legitima" dice Mónica López, de AI sección Ecuador.
"Finalmente, todo nuestro trabajo se centra en la lucha contra la
impunidad", agrega.
Amnistía Internacional señala como una de las principales causas
para que la impunidad sea práctica común en el país a la
competencia que se le da a los tribunales policiales o militares para
que sean ellos los que juzguen a sus miembros frente a casos de
violación de derechos humanos.
"A delitos comunes, como el asesinato o la tortura, deben ponerse
jueces comunes, civiles", señala Elsie Monge, coordinadora de la
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), a la vez que
concuerda con el Comité de DDHH de la Organización de las Naciones
Unidas.
Tras el informe de Amnistía Internacional, el canciller Heinz Moeller
-en representación del gobierno ecuatoriano- aseguró que "si
bien se producen ocasionalmente casos aislados que afectan los
derechos humanos individuales, de ninguna manera existe en el Ecuador
una política sistemática contraria a dichos derechos".
"En este país, los casos aislados se repiten con demasiada
frecuencia", refuta Pablo de la Vega, presidente del Centro de
Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo.
Estadísticas de la Cedhu del año 2000 señalan que el mayor número
de violaciones a derechos humanos se centran en arrestos arbitrarios y
agresiones físicas.
"Una sola organización de derechos humanos documentó 18 casos
de personas cuyos cadáveres habían sido hallados en las afueras de
la ciudad (de Guayaquil), y que habían sido muertos a tiros en
circunstancias que sugerían que podían haber sido víctimas de
ejecuciones extrajudiciales. La mayoría de los fallecidos tenían
antecedentes penales, y muchos de los cuerpos mostraban señales de
tortura", dice AI en su informe.
Varias organizaciones de defensa de derechos humanos han alertado
sobre la posible aparición de grupos armados privados, encaminados a
enfrentar y reprimir directamente la delincuencia en ciudades como
Guayaquil.
"La violencia como forma de enfrentar la delincuencia solo
generará más violencia", dice Elsie Monge. "La
delincuencia es efecto de un problema más grave".
"Más del 70% de los ecuatorianos viven en condiciones de
pobreza; las tres cuartas partes de la población no tiene empleo. En
esa situación no se puede hablar de respeto a los DDHH. Derechos
humanos son también seguridad de trabajo, alimentaria, de salud. Así,
las políticas económicas de Estado violentan ya de por si los
derechos de hombres y mujeres". (AAS)
Hacinamiento
carcelario, otra forma de violencia
Amnistía Internacional en su informe también denunció las
condiciones de reclusión que sufren los detenidos que se encuentran
bajo investigación policial, definiéndolas como "crueles,
inhumanas y degradantes".
En Ecuador existen 33 centros de detención, con capacidad para 6 093
personas. Actualmente, según estadísticas de la Dirección Nacional
de Rehabilitación Social, hay 8 781 presos, de los que solo 2 909
tienen sentencia.
Sin políticas penitenciarias ni planes de rehabilitación social, en
un espacio donde se mezclan hacinamiento, tráfico de drogas,
violencia formal e informal, extorsión y tortura, el sistema
carcelario ecuatoriano termina cometiendo una "violación masiva
de derechos humanos", como aducen varias organizaciones no
gubernamentales.
Según la Cedhu -que maneja información principalmente de la
provincia de Pichincha-, durante el año 2000 se documentaron más de
600 arrestos arbitrarios, así como 50 casos de tortura. En 1997 la
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos señaló 306
casos de tortura en el Centro de Detención Provisional de Quito.
(AAS)
El
testimonio de Pedro Baque, otra prueba más del abuso
El 11 de febrero de 1999. Pedro Baque Tuárez y los hermanos Carlos y
Pedro Jaramillo son detenidos por ocho policías mientras viajan por
una carretera en el sector de Guabito, Portoviejo. Obedeciendo órdenes,
los tres levantan las manos. Un policía dispara. Pedro Jaramillo cae
muerto.
Esposados y con los ojos vendados, Pedro Baque y Carlos Jaramillo son
llevados a una propiedad de la Policía. Ahí los golpean, hasta que
nuevos disparos acaban con la vida de Carlos Jaramillo. Pedro Baque
recibe también varios balazos, que le perforan el abdomen, el brazo
izquierdo, los pómulos y el maxilar. Creyéndolo muerto, los
uniformados lo abandonan en el lugar.
Tras los hechos, cinco agentes de la Policía Nacional fueron
detenidos, y a pedido de Baque y de los abogados de la familia
Jaramillo, la Corte Suprema de Justicia ordenó que la causa sea
retirada de los tribunales policiales y pase a manos del fuero civil.
Amnistía reclama sobre la lentitud del proceso judicial, que pone de
manifiesto una aparente ausencia de voluntad de enjuiciar a los
responsables de violaciones contra los derechos humanos.
Actualmente, tanto Baque como los familiares y abogados de los
hermanos Jaramillo están bajo protección militar, debido a las
constantes amenazas que han sufrido por parte de presuntos elementos
de la Policía. (AAS)
¿Qué es
Amnistía Internacional?
La organización fue fundada en 1961 para realizar una campaña
urgente a favor de los presos
Amnistía Internacional (AI) es una organización internacional de
activistas voluntarios, cuyo objetivo es "trabajar en defensa de
los presos de conciencia y de las víctimas de otras violaciones de
derechos humanos", independientemente de la postura política.
Fundada en 1961 para realizar una campaña a favor de los presos de
conciencia, el movimiento internacional -con sede en Londres- cuenta
ahora con más de un millón de miembros y suscriptores en 140 países,
apoyado por 7 500 grupos locales. La organización se ha apersonado de
más de 45 000 casos alrededor del mundo.
Al recibir una denuncia particular, el secretariado de AI designa un
investigador -nunca del mismo país de origen de la acusación- quien
realiza un seguimiento pormenorizado del caso, hasta recabar la
información que confirme una violación de derechos humanos. De no
recibir una respuesta aceptable por parte de las autoridades estatales
responsables, Amnistía hace pública la denuncia a escala mundial, a
la vez que realiza las denominadas "acciones urgentes":
En las "acciones urgentes", Amnistía difunde a toda su red
mundial de voluntarios las particularidades del caso, quienes
bombardean con telegramas, télex, fax, cartas urgentes a las
autoridades responsables -jefes de gobierno, ministros o autoridades
policiales- en demanda del inmediato restablecimiento de los derechos
violentados. Durante el año 2000 se iniciaron 481 acciones de este
tipo. (AAS)
Asesinato
de Hurtado pasa al olvido
El diputado Jaime Hurtado González, del Movimiento Popular Democrático
(MPD) fue asesinado junto a dos de sus asesores el 17 de febrero de
1999, en las cercanías del Congreso Nacional. Los asesinos, que
dispararon a quemarropa contra las víctimas, huyeron sin ser
identificados, aunque se presume que viajaron a Colombia. Poco después
fueron detenidos tres hombres inculpados de haber tenido participación
en el hecho.
Los tres detenidos en relación con el caso -Cristian Ponce, Sergei
Merino y Washington Aguirre- fueron sentenciados por asociación ilícita
a seis años de prisión. Gracias a las políticas de rebaja de penas
y al año jubilar, fueron liberados posteriormente, y el triple
asesinato quedó en la impunidad, pese a la formación de varias
comisiones que investigan el caso.
Amnistía Internacional asegura que tiene denuncias "fidedignas
que afirman que los autores del crimen estaban relacionadas con
autoridades a las que el congresista estaba investigando por presunto
blanqueo de dinero y tráfico de drogas". (AAS)
