El siguiente texto pertenece al libro Plan Colombia. La paz armada,
Editorial Planeta, Quito, 2000

UN KOSOVO ANDINO 
Por Kintto Lucas*

Todo comenzó un martes 15 de febrero de 2000, a las 10 de la mañana de
Washington. Ese día, en la sede del subcomité de Justicia Criminal,
Política de Drogas y Recursos Humanos del Congreso de Estados Unidos,
fueron convocados algunos ciudadanos estadounidenses para defender la
necesidad de implementar el Plan Colombia. Los encargados de esa defensa
fueron Lawrence Meriage, vicepresidente de la transnacional petrolera
Occidental Oil and Gas Corporation; Ana María Salazar del Departamento de
Defensa norteamericano; Ted McNamara y Morris Busby, ex embajadores de
Estados Unidos en Colombia; William Ledwith, jefe de operaciones
internacionales de la Drug Enforcement Administration (DEA); el general
Charles Wilhelm, jefe del Comando Sur de Estados Unidos hasta octubre de
2000; y el general Barry McCaffrey, Director de la Oficina Nacional de
Drogas, más conocido como "zar" de la lucha antidrogas. Aunque en realidad
todo se inicio un mes antes, cuando el presidente de Estados Unidos,
William Clinton presentó ante el Congreso de su país la "Propuesta de ayuda
de EE.UU. para el Plan Colombia". El correr de los meses demostró que el
combate a las drogas era solo la punta del iceberg, ahora el iceberg ya
está encima...

Diversos sectores políticos y sociales de Ecuador y Colombia
temen que el conflicto colombiano se extienda al territorio ecuatoriano y
se produzca una guerra aérea similar a la que vivió Kosovo en 1999. El
temor surge de la implementación de este Plan, un paquete de ayuda
económica internacional de 7.500 millones de dólares, que estaría destinado
al combate del narcotráfico en Colombia y podría atrapar a Estados Unidos
en un ''Vietnam sudamericano'', como lo señalan analistas estadounidenses.
En un comienzo el paquete estaba formado por 4.000 millones de dólares del
gobierno colombiano, 1.573 millones del gobierno norteamericano, 1.000
prometidos por la Unión Europea (UE) y el resto se completaría con el apoyo
de organismos internacionales. Sin embargo, la UE declinó participar porque
se pone mucho énfasis en el aspecto militar. Entonces el resto del aporte
internacional llegará de Japón, Noruega, España, Naciones y Unidas y varios
organismos de crédito. Citando un documento del Departamento de Estado, el
diario El Colombiano de la ciudad de Medellín aseguró en junio de 2000 que
el presidente de Colombia Andrés Pastrana ''vendió'' su proyecto del Plan
Colombia como una estrategia de paz, cuando el debate sobre el tema en el
Congreso estadounidense demuestra que las tres cuartas partes de los
recursos serían utilizados para la guerra. De cada 1.000 dólares de la
ayuda de Estados Unidos, 700 serán destinados a la cooperación militar. El
presidente de la Comisión de Asignaciones del Senado norteamericano, el
republicano Ted Stevens, preguntó ''¿quién intervendrá cuando esto
explote?'', y pidió que le aseguraran que Colombia ''no es Vietnam de
nuevo''. Charles Wilhelm, un veterano de la guerra de Vietnam, se apresuró
a señalar que la participación en el país sudamericano no será igual y que
no se transformará en un "pantano bélico" para Estados Unidos.

El Plan propone militarizar la erradicación de las plantaciones de coca desplazando de ese papel a la policía; fortalecer el sistema judicial colombiano
mediante la capacitación de cuerpos técnicos de investigación para mejorar
el castigo a los sectores involucrados con la coca; neutralizar las
finanzas de los narcotraficantes y la guerrilla mediante el decomiso de
activos; incorporar medidas antisecuestro y combatir a los aliados de los
narcotraficantes que para esos efectos sería la guerrilla y los
agricultores cocaleros; realizar operativos conjuntos entre Colombia y
Estados Unidos, y compartir datos de inteligencia con agencias de seguridad
de otros países. La meta hasta el año 2005 es reducir en un 50 por ciento,
el cultivo, procesamiento y distribución de la coca colombiana, apostando a
fumigaciones masivas en las zonas cocaleras. Además propone la
implementación de planes de desarrollo alternativo en las áreas afectadas
por la erradicación de cultivos, aunque no queda claro como se puede
cultivar mientras se mantengan las fumigaciones masivas que obligarán a
desplazamientos forzados de los campesinos. También contiene algunos puntos
acerca de la protección a los derechos humanos que, a pedido del presidente
norteamericano Bill Clinton, a la hora de entregar su partida Estados
Unidos no los tuvo en cuenta, lo que el subsecretario de defensa para
operaciones especiales, Bryan Sheridan justificó afirmando que "la ayuda en
sí perdería eficacia si se agregan condiciones para garantizar el respeto a
los derechos humanos por parte de los militares... podría inhibirse o
reducir la eficacia general".

Para algunos analistas este plan pone de manifiesto que cada vez está más lejos una posible ''solución pacífica para el conflicto colombiano'' y que el proceso de paz que abrió una esperanza en la mayoría de la población está muy deteriorado. De hecho, desde septiembre de 2000 y por el momento se han suspendido las conversaciones que venían desarrollando el gobierno y la guerrilla. De esa forma, el principal objetivo anunciado por el presidente Andrés Pastrana al asumir su gobierno en agosto de 1998, estaría fracasando. Desde junio de 2000 el gobierno colombiano, apoyado por Estados Unidos parece prepararse para un desenlace de impredecibles consecuencias que podría involucrar a los países vecinos.

El analista Robert White, en un artículo del diario Washington
Post aseguró que la asistencia militar masiva a Colombia podría empeorar la
guerra interna de ese país y producir un nuevo Vietnam. White señaló que el
presidente Bill Clinton no ha explicado en forma coherente qué se negocia
en Colombia. También criticó el hecho de que uno de los componentes más
importantes de la primera fase del Plan, titulada "Golpe en el sur de
Colombia", sea la solicitud de 600 millones de dólares para entrenar a dos
batallones especiales en contra del narcotráfico y dotarles de 30
helicópteros Black Hawk y 33 helicópteros Huey, para que puedan tener
acceso a las remotas selvas productoras de coca. Según White, la ayuda
económica que Estados Unidos entregará a Colombia mediante el Plan podría
ser más efectiva en la construcción de haciendas productivas, mercados y
carreteras. Un experto en estrategia militar ecuatoriano que prefirió
mantener el anonimato aseguró que está descartada una intervención
norteamericana por tierra porque costaría muchas víctimas al propio
ejército estadounidense, al colombiano y sus posibles aliados peruanos y
ecuatorianos. Sin embargo, el esquema planteado por Estados Unidos
demuestra que lo que no está descartado es una guerra ''aérea'' como la de
la OTAN contra Yugoslavia. ''Una guerra por aire desde las bases
norteamericanas en países vecinos y desde el mar, donde los aviones y los
misiles tengan un importante papel como en Kosovo, parece ser la salida a
la que apunta Estados Unidos y para la que trabaja el propio gobierno
colombiano'', arguyó la fuente. Para eso sería indispensable una base
militar a una distancia prudente del teatro de operaciones como la que el
gobierno ecuatoriano cedió a Estados Unidos en Manta, y toda la logística
necesaria en las cercanías del lugar, lo que se estaría adecuando desde la
base de Tres Esquinas, en el departamento colombiano del Caquetá, y otras
bases en Ecuador y Perú ubicadas en la Amazonía. Para este experto militar,
conocedor de la frontera ecuatoriano-colombiana, la posibilidad de una
guerra de este estilo, se estaría confirmando con el fomento de un éxodo
masivo de la población desde las zonas afectadas hacia Ecuador. ''En
Yugoslavia se demostró que los misiles no solo van hacia los objetivos
militares sino también hacia la población civil, por lo tanto es mejor
retirar la población cercana a los objetivos con antelación, y así
disminuir el riesgo sobre los civiles que puede provocar un costo político
catastrófico'', señaló la fuente. Según el experto militar, el éxodo de
colombianos desde las zonas fronterizas hacia Ecuador, que se inició en los
primeros meses de 2000, es solamente un síntoma de lo que puede ocurrir.
''El retiro de la población civil podría significar un aislamiento para las
guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y del
ELN (Ejército de Liberación Nacional) y una posibilidad mayor de que sus
tropas sean detectadas y aniquiladas por una tecnología de guerra similar a
la empleada en Yugoslavia'', señaló.

¿Cómo se promueve ese éxodo masivo? En las zona bajo el control de las FARC con las fumigaciones a las plantaciones de coca para terminar con la base social de ese movimiento guerrillero. Mientras que en las que se ubica el ELN mediante matanzas masivas de campesinos por parte de los grupos paramilitares. El propio ministro de Defensa de Ecuador, Hugo Unda, aseguró que cuando se intensifique el combate al narcotráfico con el Plan Colombia, se puede dar un desplazamiento de miles de refugiados colombianos hacia Ecuador, además de narcotraficantes y guerrilleros. La fuente militar consultada también aseguró que la denominada zonas de despeje, en la que se llevan a cabo las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano ''es parte del mismo plan para determinar claramente territorios guerrilleros''. ''Las conversaciones son parte del propio esquema militar para ganar tiempo'', enfatizó. El análisis del militar plantea la interrogante sobre si
realmente se produjo un cambio en la posición del gobierno colombiano, que
en un comienzo aseguró su apuesta a la paz, o todo ha sido parte de una
estrategia concertada con Estados Unidos desde un inicio. Para el experto
es una pregunta de difícil respuesta, aunque cree que ''el apoyo abierto y
el reconocimiento norteamericano al gobierno de Pastrana por su lucha
antidrogas, certificación mediante, no es gratis''. ''Son solo conjeturas,
pero algún secreto acuerdo parecen tener el Departamento de Estado y el
gobierno colombiano actual, que no se pudo implementar con el anterior
presidente (Ernesto Samper, 1994-1998)'', subrayó. Pero las prácticas
utilizadas en los Balcanes no se limitan a la guerra aérea, el informante
también asegura que ya estarían actuando en Colombia mercenarios
internacionales expertos en guerra de alta tecnología como los que montaron
todo el aparato de comunicaciones para inteligencia en Croacia y apoyaron a
este país en su conflicto con Serbia. "No son los mercenarios antiguos tipo
Rambo, aunque algo de eso les quede. Son soldados especializados en alta
tecnología que incluso muchos de ellos se pueden contratar en empresas de
seguridad internacionales que ofrecen sus servicios por Internet", señaló.
Corporate Soldiers, Military Proffessional Resources, Inc. (más conocida
como MPRI) y The US Special Forces son algunas de esas empresas que
contratan soldados profesionales para enviarlos a distintas partes del
mundo como Benin, Ghana, Malavi, Mali, Senegal, Uganda, y ahora a Colombia.

National Defense Concil Foundation es otra de las compañías de
reclutamiento, con oficinas en Fairfax, Virginia. Pero es Dyn Corp la más
conocida, y tiene siempre disponibles hasta 30 pilotos veteranos de guerra
para enviarlos donde lo soliciten. Según la fuente militar mencionada, ésta
compañía es la que trabajó en Croacia y Kosovo y ahora opera en Colombia.
Para muestra un botón. El 15 de agosto de 2000, en un hospital de
Florencia, capital del departamento de Caquetá, murió el mercenario
norteamericano Michael A. Demons, de 34 años, quien había llegado
gravemente herido desde la base militar de Tres Esquinas luego de combates
con la guerrilla de las FARC. Demons, que fue sepultado el 30 de agosto
como "mártir de la democracia" en Massachusetts, había llegado a Colombia
en abril de 2000, contratado por Dyn Corp como asesor militar del ejército
colombiano. Para la fuente ese tipo de "paramilitares postmodernos" tienen
la capacidad de rastrear objetivos para secuestrar o atacar, como
helicópteros o campamentos guerrilleros, y además realizar la acción. "Hace
un par de meses tuve la oportunidad de tener contacto con uno de estos
jóvenes mercenarios de 27 años que había trabajado en la guerra de
Yugoslavia, era italiano y me decía que ahora iban a requerir los servicios
de gente especializada como él para el Plan Colombia, con buena paga",
dijo. Sin embargo tanto el gobierno colombiano como el estadounidense
niegan que el Plan sea parte de una salida bélica para el conflicto. Altos
funcionarios y militares estadounidenses, como Barry McCaffrey, han
descartado sistemáticamente una posible intervención militar directa de los
Estados Unidos en Colombia. Voceros del Departamento de Estado
norteamericano, aseguraron que la idea es combatir al narcotráfico, y "no a
la guerrilla". Además señalaron que Estados Unidos solo da apoyo logístico,
entrenamiento y equipos a las Fuerzas Armadas colombianas, lo que para
muchos dista de la verdad porque la mayoría de la ayuda destinada a
Colombia es para tecnología y armamento de combate destinados a Tres
Esquinas. Esta unidad militar casi inaccesible está ubicada al sur de
Colombia, en medio de 77 mil hectáreas de cultivo de coca. Sus
instalaciones, habitadas por 10.000 efectivos del ejército y la Policía
Antinarcóticos, tienen los más modernos equipos de inteligencia, tecnología
de punta y comunicaciones instaladas por militares estadounidenses.

Tres Esquinas fue cuestionada por la institución humanitaria Human Rights Watch, por su estrecha vinculación a grupos paramilitares de las Autodefensas
Unidas de Colombia, dirigidas por Carlos Castaño. La denominada Enmienda
Leahy de 1997, prohibe al gobierno de Estados Unidos asistir financiera y
militarmente a Fuerzas Armadas que estén involucradas en violaciones de los
derechos humanos lo que, sin embargo, no fue tenido en cuenta a la hora de
brindar ayuda económica para iniciar el Plan Colombia. Human Rights mostró
pruebas de que el ejército colombiano no ha cortado sus lazos con los
paramilitares, al contrario de lo que afirman los jefes de las Fuerzas
Armadas de ese país. La organización humanitaria acusó a quienes dirigen la
base Tres Esquinas de entregar armas, uniformes y datos de inteligencia a
un grupo paramilitar que se formó en el Valle del Cauca. Tras el informe,
varios senadores estadounidenses cuestionaron el aumento de la ayuda
militar a Colombia si el Plan no incluía estrictas condiciones de que los
militares que violen los derechos humanos o ayuden a los paramilitares no
sean enjuiciados por tribunales militares sino civiles. El vicepresidente
colombiano, Gustavo Bell, encargado de la política de defensa y promoción
de las garantías fundamentales, reconoció que la situación de los derechos
humanos en su país es ''delicada'' y la política para mejorarla es todavía
''insuficiente''. El presidente Andrés Pastrana aseguró que los militares
que estén involucrados en el apoyo a paramilitares serían enjuiciados, lo
que sonó a una simple declaración si se tiene en cuenta que los mandos del
ejército siguen sin reconocer ese apoyo. También Pastrana aseguró que la
matanza de seis niños en Pueblo Rico, departamento de Antioquia, en agosto
de 2000 por parte del ejército no quedaría impune, pero luego de permanecer
detenidos por unas semanas, los militares implicados fueron absueltos por
un tribunal militar. La denuncia de Human Rights sobre la connivencia entre
militares y paras solo retrasó algunas semanas la ayuda norteamericana,
pero el presidente Bill Clinton se las ingenió para que finalmente se
apruebe. Al firmar un "waiver" (excepción) a Colombia en la defensa de los
derechos humanos antes de reunirse con Andrés Pastrana en Cartagena el 30
de agosto de 2000, Clinton dijo que seguía muy preocupado por los derechos
humanos, pero antepuso una razón suprema: "El interés para la seguridad
nacional" de Estados Unidos.

Jorge Rojas, director de la Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos (CODHES) con sede en Bogotá, aseguró que la ayuda de Estados Unidos no resolverá el problema del narcotráfico, sino que profundizará y trasladará el conflicto a otras regiones de la Amazonía colombiana e incluso a los países vecinos. ''Esta ayuda ampliará la crisis humanitaria del desplazamiento forzado, aumentando el número de refugiados, afectará directamente a Perú y Ecuador que pueden ser involucrados en el conflicto, y producirá un impacto irreversible sobre el medio ambiente'', sentenció Rojas. Sin embargo, cree que todavía hay posibilidad de revertir esa realidad y "evitar una conflagración en Colombia". CODHES, es una organización colombiana que trabaja hace nueve años con los desplazados por la violencia e integra junto a otras cien organizaciones sociales y no gubernamentales la red Paz Colombia que intenta informar a las autoridades latinoamericanas de los peligros que
encierra el Plan Colombia. ¿Escucharán?   

*Escritor y periodista uruguayo, residente en Ecuador desde 1992. Premio
Latinoamericano de Periodismo José Martí 1990. Actualmente es corresponsal
en Quito de la Agencia de Noticias Inter Press Service. Algunos de sus
libros son: La rebelión de los indios (2000) traducido al inglés con el
título We Will Not Dance on Our Grandparent's Tombs. Indigenous uprisings
in Ecuador (2000); Rebeliones indígenas y negras en América Latina (1992) y
Mujeres del siglo XX (1997).

Plan Colombia. La paz armada, es una contribución importante al
conocimiento de los intereses que se esconden detrás del Plan Colombia y la
instalación de la base militar de Estados Unidos en el puerto de Manta;
este libro ayuda a entender la guerra en que se puede precipitar en los
próximos meses la región andina en general y Ecuador en particular.
Contiene elementos inéditos -y muchas veces sorprendentes- sobre la posible
regionalización del conflicto armado colombiano, la vida en la zona
controlada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la
intervención estadounidense en el área andina, las nuevas alianzas
estratégicas en América Latina y la participación de la industria petrolera
y armamentista en la militarización de la paz. Con un estilo ágil, amplio
manejo de la información, testimonios reveladores y una mirada personal de
los hechos, este libro es un espejo del escenario bélico con sus efectos
sobre la economía, el ambiente y la sociedad de los países andinos. Entrar
en el Plan Colombia no es difícil, difícil será salir y posteriormente
desmontarlo. 


Correo enviado por:
Joel Atilio Cazal
Revista Koeyú Latinoamericano
Caracas-Venezuela