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No por anunciado y previsto lo ocurrido ayer es menos grave. La suspensión de un partido político y el inicio de su proceso de ilegalización, la pinza de Estado fabricada por la Audiencia Nacional y el Congreso español contra el independentismo vasco, constituye una hito en la historia de la represión en Euskal Herria. Las decisiones adoptadas ayer, ambas en base a textos de muy débil sustento jurídico pero con profundas razones de Estado, pretenden dejar sin representación política a una parte importante de la sociedad, algo sólo conocido en estados dictatoriales; pretenden dejar sin voz a más de 200.000 personas, una decisión cuyas consecuencias finales son aún imprevisibles.
Estas no son, contra lo que se pretende hacer ver, actuaciones contra ETA, que nació en un régimen militar en el que no estaba permitida ninguna expresión pública de la nación vasca y sobrevivió a él a pesar de los estados de excepción y la aplicación de la pena de muerte. Una organización armada que por sus propias características es clandestina no se verá afectada en su actividad por la suspensión o la ilegalización de Batasuna. Lo que en realidad intentan el juez Baltasar Garzón y el pacto PP-PSOE es bloquear lo que consideran el motor de un movimiento más amplio que puede conducir a Euskal Herria a la consecución de su soberanía. Lo dijo con nitidez Jaime Mayor Oreja estratega del PP y condecorador de Garzón: «la ilegalización de Batasuna servirá para desvelar que el País Vasco es una mentira histórica». Tampoco cabe separar la actuación de la Audiencia Nacional de la del Congreso de los Diputados. La coincidencia en día y hora, explícitamente buscada por Baltasar Garzón, no es casual, sino una expresión de que en el Estado español, en lo referido a Euskal Herria, no cabe hablar de separación de poderes. José María Aznar volvió a erigirse el pasado sábado en portavoz del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial cuando aseguró que Batasuna no iba a tener «ni un minuto ni un segundo de respiro» porque «no se lo va a dar el Gobierno, no se lo van a dar las fuerzas democráticas y no se lo van a dar los jueces de la Audiencia Nacional». No es la primera vez que esto ocurre. Cada actuación de Garzón contra el movimiento independentista vasco ha venido precedida y seguida de intervenciones del Ministerio del Interior. El propio Aznar se preguntó en voz alta ante los medios de comunicación tras el «cierre provisional» hace más de cuatro años de "Egin" y "Egin Irratia" si «acaso pensaban que no nos íbamos a atrever».
Ante esta situación, en la que es evidente que se están vulnerando los derechos de miles y miles de ciudadanas y ciudadanos; ante el auto de una Audiencia Nacional cuestionada en su día públicamente por el propio Parlamento de Gasteiz por «ignorar la voluntad de la sociedad vasca», resulta ciertamente lamentable la disposición mostrada por el Gobierno de Juan José Ibarretxe para «cumplir rigurosamente la ley» y convertirse en brazo ejecutor de una decisión judicial de manifiesto impulso político y también mayoritariamente rechazada por la ciudadanía vasca.
El tiempo vendrá a poner a cada cual en su sitio, y el auto de Garzón y la decisión del Congreso, hoy mayoritariamente aplaudidos por una opinión pública española convenientemente dirigida por los medios de comunicación resulta aleccionadora la forma en la que los editoriales de todos ellos conducían en las últimas semanas inevitablemente a la proscripción de Batasuna, aparecerán como medidas totalmente contraproducentes para conducir el conflicto entre Euskal Herria y el Estado a cauces exclusivamente democráticos y pacíficos.
Pero, pese a todo, lo políticamente acertado no es el lamento sino la acción. Sortear las dificultades y seguir recorriendo el camino para conseguir que Euskal Herria sea lo que quieran las vascas y los vascos, sin injerencias externas y sin ningún tipo de imposición. -
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