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| Ante las detenciones: solidaridad con Batasuna En Lucha |
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La represión política se presenta como única respuesta del gobierno Zapatero para la "pacificación" del conflicto en Euskal Herria después del fracaso gubernamental en la gestión del proceso de paz iniciado en 2006. La detención el pasado 4 de octubre de 22 destacados activistas de la izquierda abertzale, miembros todos de la vieja y la nueva mesa nacional de Batasuna es un atropello a la democracia.
Desde que se dio por finiquitado el proceso de paz, el gobierno, respaldado por las actuaciones judiciales lideradas por Baltasar Garzón, se ha encargado de tapiar cualquier posibilidad abierta al diálogo. Pero tampoco es nada nuevo. Declarado el "alto el fuego permanente", lejos de relajar la política judicial y penitenciaria como hubiera requerido un verdadero proceso democrático, el gobierno del PSOE detuvo a 70 militantes de ETA, la misma organización con quien pretendía dialogar acerca de la resolución del conflicto armado. Sin embargo, no fue nunca intención del gobierno resolver la naturaleza política del conflicto, como muestra su rechazo a poner en marcha una mesa de partidos, evitando tener que afrontar cualquier decisión política acerca de la relación de Euskal Herria con el resto del Estado español. De hecho, su actuación fue en la dirección opuesta: ilegalizando la formación Abertzaleak Socialisten Batasuna y amputando drásticamente la posterior candidatura de Acción Nacionalista Vasca. Pero a pesar de esta "amputación electoral" que sufrió ANV en las pasadas elecciones municipales y forales, un cuarto de millón de vascos apoyaron con su voto a la única formación política que seguía llamando a la movilización social en defensa de una resolución democrática del conflicto. Sigue la oleada represiva Una vez roto el alto el fuego por parte de ETA y con las próximas elecciones generales a la vista, el PSOE ha desencadenado una auténtica persecución policial contra el independentismo vasco en todas sus expresiones. La dirección al completo de Batasuna se encuentra detenida o en prisión junto a otros conocidos militantes abertzales como Juan Mari Olano u Oihana Aguirre, ligados al movimiento Askatasuna. Además el macrosumario 18/98 contra todo tipo de organizaciones vascas sigue su curso en la Audiencia Nacional española. La persecución política de las ideas independentistas se ha tornado un arma electoral para los partidos de gobierno: PSOE y PP, mientras IU sigue tambaleándose aludiendo a su compromiso con el "cumplimiento democrático de las leyes". Pero la represión no resolverá un conflicto histórico abocado a encontrar una respuesta política. La ilegalización de HB y el encarcelamiento de su Mesa Nacional en 1998 no impidieron que surgieran nuevas expresiones políticas abertzales como tampoco lo hará la ilegalización y el encarcelamiento de la dirección de Batasuna. El movimiento abertzale ha mostrado durante décadas su capacidad de articular y regenerar sus propias respuestas políticas a cada etapa. Hoy como ayer, la respuesta a la oleada represiva del gobierno solo puede pasar por un camino tanto dentro como fuera de Euskal Herria: el de la solidaridad con los detenidos y la movilización social por los derechos civiles y políticos negados al pueblo vasco. El modelo de Estado El mismo día que la dirección de Batasuna era detenida, la Audiencia Nacional tomaba declaración en Madrid a 9 imputados por injurias al rey tras la famosa quema de fotos del monarca en Girona. Según parece, nadie se libra de la represión judicial cuando se cuestiona el actual modelo de Estado, cimentado en un rey coronado por Franco y una constitución pactada con los herederos del régimen fascista. La izquierda social y política debe denunciar semejantes atrocidades mientras el modelo de Estado siga siendo un tabú político. En Lucha seguirá comprometida con ese objetivo apostando por la movilización y el reconocimiento de los derechos nacionales, civiles y políticos secuestrados por la carta magna española. No existe camino sobre el que cimentar un auténtico proceso de resolución que no pase por el reconocimiento previo de las raíces políticas del conflicto en Euskal Herria. Sin embargo, el PSOE ha mostrado su más férreo compromiso con mantener leyes tan profundamente antidemocráticas como la Ley de Partidos aprobada por el rodillo de Aznar en 2001. Su necesaria derogación, acompañada por una mayor distensión de las políticas penitenciarias debería abrir nuevas posibilidades al diálogo y la negociación. En lo inmediato, la liberación de la mesa nacional de Batasuna es requisito indispensable para reconstruir un marco democrático donde la represión no tenga cabida a la hora de plantear la territorialidad y el derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro. |
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