¡Recordad el
11 de Marzo!
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El Correo Digital, Sábado,
13 de marzo de 2004
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¿Quién
ha sido?
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POLÍTICA
Análisis
KEPA AULESTIA/
Puede un responsable público mostrarse indiferente ante el
desmentido de ETA sin incurrir en una grave irresponsabilidad?
¿Puede un responsable público mantener su mirada hacia
ETA mientras se acumulan datos que apuntan en otra dirección?
¿Puede estar el Gobierno español señalando a ETA
mientras el mundo piensa en Al-Qaida? Éstas son algunas de las
preguntas que suscita la gestión gubernamental de la crisis
más horrorosa causada por el terrorismo en Europa.
Junto a su sanguinario e indiscriminado proceder, el terrorismo
identificado con el 11-S se caracteriza por la evanescente
expresión de sus objetivos y su disposición a eludir la
reivindicación inmediata de sus terribles atentados. Por eso
mismo, la primera obligación de los responsables de la seguridad
es descifrar las evidencias y los indicios para orientar sus esfuerzos
y la atención ciudadana en un sentido efectivo en la lucha
contra el terror.
Sin embargo, la sucesión de comparecencias públicas de
los ministros del Gobierno saliente y de significados líderes
del PP dieron ayer más la impresión de obedecer a una
consigna dictada para fijar la atención sobre ETA que de
responder a la pregunta que los manifestantes se hacían en medio
de su compromiso unitario: «¿quién ha sido?».
Sería repugnante que nos viéramos sometidos a la
coacción moral de tener que continuar atribuyendo a ETA la
masacre so pena de acabar siendo acusados de indultarla. Pero la ETA
que ayer comunicó su mentís por la vía que en
todas las anteriores ocasiones resultó validada por los
responsables gubernamentales seguirá siendo repugnante aunque
admitamos como veraz su mensaje.
En cualquier caso, la irresponsabilidad de los que siempre dijeron que
ETA nunca miente y que ayer se esforzaron en desechar su mentís
no se debería tanto a su afán por restarle crédito
a la banda asesina como a su indisposición para aceptar que un
nuevo terrorismo se ha introducido en España o, por expresarlo
en términos más inquietantes, para aceptar que
España ha sido introducida entre las redes de un nuevo
terrorismo.
A estas alturas, eludir la verdad sería tanto como ocultarla.
Los responsables políticos y policiales y los propios
periodistas tienen la obligación de aproximarse al máximo
y cuanto antes a la verdad de la masacre del 11 de marzo. Y es
inadmisible que alguien trate de oponer esa obligación al deber
que la democracia ha contraído hacia las víctimas de
Madrid. Porque, tras las manifestaciones de duelo y solidaridad, la
primera obligación de la democracia hacia las víctimas es
descubrir la identidad de sus asesinos.
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