OFICIO # 001-2001/SUTSUNAT

03SET2001

SUTSUNAT
 

 

 


Señores

COMISION ENCARGADA DE REVISAR

LOS CESES COLECTIVOS EN LA SUNAT

Presente.-

 

El Sindicato Unitario de Trabajadores de la SUNAT (SUTSUNAT), se dirige a su despacho expresándoles nuestro saludo, haciendo llegar nuestra posición en la defensa de nuestros derechos en la revisión de los casos de cese colectivo en la institución. Conscientes de la responsabilidad que obra en nuestras manos como representantes de los trabajadores y ex trabajadores  a nivel nacional, acreditada en reiteradas oportunidades, exponemos lo siguiente:

 

Nos encontramos actualmente en una coyuntura, en que se intenta recobrar la constitucionalidad de muchas normas que se expidieron a menoscabo de los derechos de los trabajadores y la clara decisión política de un gobierno de transición democrático que ha tratado de dar inicio a subsanar tales atropellos, promulgando la Ley Nº 27487  y la Ley Nº 27452.  Estamos alcanzando Copia del texto del Dictamen por Unanimidad de la Comisión de Trabajo del Congreso con la exposición de motivos que fundamentan nuestra afirmación del carácter reivindicativo de ambas leyes.   Anexo 1

 

Es necesario precisar que incidir básicamente en la defensa de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores, tal como lo establece y determina el espíritu de la Ley  # 27487, debe ser la posición unánime de quienes estamos comprometidos por rescatar los valores de un País democrático y respetuoso de su Constitución. 

 

CESE COLECTIVO DURANTE EL AÑO 1991

 

Al inicio de su mandato el gobierno Fujimorista determinó que existía una administración pública sobredimensionada con una población laboral producto de las malas administraciones anteriores, y con el pretexto de no haber observado en este manejo, una política coherente para regular la actividad del Sector Público, decidió el camino más sencillo: cesar colectivamente a los empleados del sector público,  mediante el sistema de reorganizaciones. Tal sistema se instaura mediante la aplicación de una medida masiva de ceses  sin haberse definido racional y técnicamente una reforma administrativa integral compatible con los derechos de los ciudadanos y sin haberse tenido en consideración un programa de planeamiento estratégico que garantice el eficiente cumplimiento de sus funciones. Es así que en nuestro sector nos alcanza la aplicación de las siguientes medidas:                     

 

 

Decreto Supremo Nº 004-91-PCM (08ENE91)

Declara en reorganización a todas las entidades públicas comprendidas en el gobierno central.                                                                                      Anexo 2

 

Este dispositivo legal conmina a considerar una especie de “invitación” para solicitar el cese, aparentando estar dentro del contexto de libertad de trabajo. Resignarse a asumir un paliativo en vez de ser despedido ES UN EJERCICIO DE VIOLENCIA SICOLÓGICA, pues la renuncia se convierte en un acto de intimidación, un acto con vicios de voluntad.:

 

Artículo 1.- A partir de la fecha, declarase en estado de reorganización a todos las entidades públicas comprendidas en el Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Instituciones Públicas Descentralizadas, Corporaciones de Desarrollo y Proyectos Especiales.

 

Artículo 2.- Dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, los trabajadores auxiliares y técnicos de las entidades mencionadas en el Artículo 1º, sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 y su reglamento, podrán solicitar su cese acogiéndose a los incentivos que se establece en el presente Decreto. Quedan excluidos de los alcances del presente Decreto la categoría profesional.

 

Artículo 5.- Vencido el plazo a que se refiere el Artículo 2º del presente Decreto Supremo, el titular del Sector contará con sesenta (60) días calendarios siguientes, para culminar el proceso de reorganización de la Administración Pública en cuyo caso el personal excedente sólo percibirá el beneficio extraordinaria de diez (10) remuneraciones mensuales a que se refiere el Artículo 228º de la Ley Nº 25293.

 

Decreto Supremo Nº 049-91-PCM 

Fijan plazo para acogerse al incentivo extraordinario, y disponer la prohibición de efectuar nuevos nombramientos en plazas vacantes dejadas por el personal que se acoge al programa de renuncias voluntarias.

 

Resolucion Jefatural N° 010-91-INAP/J

Aprobar la Directiva N° 001-91-INAP/DNP que norma la  aplicación del D.S. 004--91-PCM sobre otorgamiento de incentivos a los servidores públicos comprendidos en los grupos ocupacionales técnico y auxiliar sujetos al D. Leg. 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

 

Decreto Supremo No. 060-91-PCM

Fija nuevo plazo para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto Supremo No. 004-91-PCM y el artículo 2 Del Decreto Supremo No. 049-91-PCM.

 

Decreto Supremo Nº 194-91-EF

Están obligados a proporcionar al Instituto Nacional de Administración Pública - INAP, las nóminas de las personas que se han acogido a los Programas de Renuncia Voluntaria con Incentivo a partir de 1990, incluyendo al personal que se haya acogido a los Decretos Supremos Nºs. 004-91-PCM y 049-91-PCM.

 

En este contexto es preciso recalcar, lo que determinaba:

 

D.S. 049-91-PCM 

Artículo 13.- Queda prohibido nuevos nombramientos en las vacantes dejadas por el personal que se acogen al presente Decreto Supremo y al Decreto Supremo No. 004-91-PCM; los requerimientos de recursos humanos solamente podrán ser cubiertos mediante procesos de ascensos y rotación de personal.

 

Este dispositivo, se cumplió? Por el contrario desde 1991 a la fecha la SUNAT, de 1134 personas, se ha incrementado a más de 5,000.

 

Fue de público conocimiento que los trabajadores cesados se hallaban prohibidos de reingresar a la administración pública bajo cualquier forma o modalidad de contratación o régimen laboral, vulnerando el derecho a la libertad de trabajo, a  la estabilidad laboral con normas y disposiciones legales que han sido catalogadas como abiertamente anticonstitucionales, tanto de la Carta Magna de 1979, como la de 1993 y que destrozaron los derechos de los trabajadores, convirtiéndolos en meros enunciados.

 

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Al no considerar suficiente los ceses masivos, se inició la sectorización de los mismos, pues ya estaban colocados los funcionarios incondicionales en cada sede del sector público:

 

Decreto Legislativo # 639

Declara en reorganización la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.                                                       Anexo 3

 

El espíritu de la ley, sienta sus bases en una intención moralizadora de la “nueva Alta Dirección”, vejando en su camino la dignidad de cientos de trabajadores que jamás pudieron sacarse el estigma de haber laborado en la Superintendencia de Administración Tributaria, Ex Dirección General de Contribuciones y haber cesado en esta coyuntura.

 

Se tuvo que dejar de lado toda una carrera especializada, teniendo que iniciar la búsqueda de una nueva alternativa de trabajo para el sostenimiento de su familia, faena casi imposible para un “inmoral”, que no sólo  perdió el trabajo, perdió su lugar en la sociedad, su optimismo y autoestima, produciendo profundos traumas sociales psicológicos y económicos. Una pruebas de ello se dá en los siguientes párrafos de su considerando:

 

“Que es imprescindible dotar las bases que permitan una eficaz actuación de la administración tributaria, como elemento central del sistema tributario;

 

Que, para tal propósito, debe dotarse a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria  de una nueva estructura  de organización, destinada a lograr una institución sólida y permanente, en la que el ejercicio de la función pública sea técnica y moralmente ejemplar, así como autorizar las acciones para dicho fin;”

 

Desde su nacimiento ésta norma legal viola el artículo 1º de la Constitución Política del Perú:

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU 1979

TÍTULO I

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

CAPÍTULO I

DE LA PERSONA

 

Artículo 1.­ La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla.

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 1993

 TÍTULO I

DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

CAPÍTULO I

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

 

Artículo 1°. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

 

Abundando en su “acción moralizadora” incluyeron el siguiente artículo:

 

Artículo 6.- Facultase al Superintendente Nacional de Administración Tributaria para investigar sobre hechos indicadores de conducta inmoral tales como, signos exteriores de riqueza e incremento injustificado de patrimonio personal de cualesquiera de los funcionarios y servidores de la institución, para lo cual podrá solicitar el apoyo de la Contraloría General de la República o de cualquier otra institución.

 

Quienes posean patrimonio y/o signos exteriores de riqueza no correspondientes a sus remuneraciones o a sus declaraciones juradas de impuestos, serán separados de sus cargos y no podrán reingresar al Sector Público, independientemente de los procesos administrativos y judiciales pertinentes.

 

NO EXISTE HASTA LA FECHA CASO DE INVESTIGACIÓN EFECTUADO EN APLICACIÓN DE ESTA FACULTAD, SE EVIDENCIA QUE DEFINITIVAMENTE SOLO FUE UN PRETEXTO PARA EL MANEJO ABSOLUTO DE LA INSTITUCIÓN, PUES CASOS PARA INVESTIGAR SIEMPRE LOS HAY, PERO ESE NO ERA REALMENTE SU INTERES. 

 

Esta reducción en la cantidad de trabajadores, no fue más que el reconocimiento de los gestores, de una falta de planificación. Se debió mejorar las capacidades de los trabajadores mediante una capacitación intensa y continua; está probado que posteriormente se ha contratado miles de trabajadores, en una convocatoria abierta y discriminatoria, en un proceso “socialmente” selectivo para los nuevos ingresos, irrogándose  una “alcurnia empresarial” a la que sólo ingresaban personal de Universidades muy caras, por supuesto que con la oportunidad de especializarse mediante un Curso de Capacitación, cuya oportunidad de alcance, ni remotamente la dirigieron al personal nombrado y de carrera que con este dispositivo prescindieron. Es así que en este contexto, se decreta:

 

Artículo 1.- Declárese en reorganización a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, para que en un plazo que no exceda del 30 de diciembre de 1991, adopte las medidas necesarias de reestructuración orgánica y de racionalización de los recursos con que cuenta, en armonía con lo dispuesto por la Ley No. 24829, Decreto Legislativo No.  501, normas complementarias, y lo establecido en el presente Decreto Legislativo.

 

Artículo 3.- A efecto de una eficaz gestión y funcionamiento en el plazo a que se refiere el artículo 1o.del presente Decreto Legislativo, mediante resolución del Superintendente Nacional de Administración Tributaria se complementará y detallará la nueva estructura orgánica, se aprobará el Reglamento de Organización y Funciones y el correspondiente Cuadro de Asignación de Personal que se cubrirá previa selección y calificación, de acuerdo con las pautas siguientes:

 

      a.  Definida la Estructura Orgánica de Cargos y Plazas y el Cuadro de Asignación de Personal, serán difundidos para que el personal de la SUNAT presente solicitud, en el plazo de 10 días útiles a partir de la convocatoria, con mención del cargo al que postula, para ser sometido a las pruebas de selección y calificación.

 

Esta disposición no será aplicable a aquellos cargos calificados de confianza mediante resolución del Superintendente Nacional, en base a los criterios de función directriz, capacidad decisoria y naturaleza de la labor, principalmente.

 

      b.  Los empleados que aprueben los procesos de elección y calificación, serán considerados en el nuevo Cuadro de Asignación de Personal.

 

      c.  Aquellos que no califiquen, serán declarados excedentes y en este caso, no habrá obligación de reubicación en la misma dependencia o en otra del Sector, pasando directamente a disposición del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

 

A la conclusión del Programa o del plazo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 224o.  del Decreto Legislativo No.  556, de no haber plaza por cubrir o no acogerse el servidor a los incentivos previstos será cesado por causal de reorganización, sin perjuicio alguno del goce de sus beneficios sociales.  Por ningún motivo el INAP podrá ofrecer al servidor una plaza en la SUNAT.

 

      d.  El personal, que no postule, tendrá un plazo de 10 (diez) días útiles, a partir de la fecha de la convocatoria, para acogerse al Programa de Renuncias Voluntarias que establezca el Superintendente Nacional, de lo contrario será cesado automáticamente por causal de reorganización.

 

Artículo 4.- Facultase al Superintendente Nacional de la SUNAT para que, en el plazo a que se refiere el artículo 1  del presente Decreto Legislativo, adopte medidas complementarias para la mejor aplicación de las acciones de personal a que se refiere el artículo 3.

 

Artículo 5.- Los servidores que perciban incentivos para el retiro voluntario, no podrán reingresar a laborar - bajo cualquier modalidad de contratación ­ a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.  Esta prohibición es de aplicación a las instituciones o reparticiones comprendidas en los volúmenes de la Ley Anual de Presupuesto de la República, por un plazo de diez años, desde el cese del vínculo laboral.  La contravención de este impedimento ocasionará el cese automático de quien ordenó o autorizó la contratación y, adicionalmente, no tendrá eficacia jurídica alguna para la entidad, con obligación de reembolso de aquello que hubiera percibido él indebidamente contratado, más los intereses legales, solidariamente con él que ordenó o autorizó la contratación, lo que podrá cobrarse utilizando las facultades de cobranza coactiva, si estas correspondieron a la entidad pagadora.

 

Al amparo de este “adecuado” Decreto Legislativo y con todas las facultades omnipotentes obtenidas, se emitieron las siguientes Resoluciones de Superintendencia:

 

Resolución de Superintendencia # 280-91-EF/SUNAT

 

Se aprobó para la provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao, el Cuadro de Asignación de Personal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria -SUNAT, a que se refiere el artículo 3 del Decreto Legislativo No. 639; se precisó que el Nº de vacantes era de 1134 plazas para la sede central Lima sin determinar los procedimientos a seguir para dicha evaluación, ni mecanismos ni fechas de publicación de los resultados, como se puede certificar con la realidad, pues a la fecha, es decir 10 años después no han sido publicados.  Por lo expresado se evidenció una reorganización sin racionalización de los recursos humanos, pues se puede constatar que la cantidad de vacantes era superior al número de postulantes que eran 831 según su propia Resolución de Superintendencia Nº 315-91/Sunat publicada en el diario oficial El Peruano el 05-10-91. Todo era un pretexto apoyado”legalmente por un dispositivo dirigido a apoderarse de la SUNAT para los ya conocidos fines que son de dominio público: la SUNAT al servicio de un grupo corrupto”.

 

 

 

 

Resolución de Superintendencia # 281-91-EF/SUNAT

 

Establecía que los servidores que no se sometieran al amañado proceso de selección tendrían un plazo de 10 días para acogerse al Programa de “Renuncia Voluntaria” a partir de la fecha de convocatoria, de no hacerlo serían cesados por la citada causal de reorganización.

 

Se inició un régimen violatorio del DERECHO CONSTITUCIONAL DE ESTABILIDAD LABORAL, al establecer en su Articulo 3º una nueva estructura orgánica y un nuevo cuadro de asignación de personal que obligaba nuevamente a someterse a un proceso de selección de personal, DESCONOCIENDO RADICALMENTE EL DERECHO DEL SERVIDOR PUBLICO DE PERMANECER EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA, creando intranquilidad é incertidumbre, con la inclusión de una figura no contemplada en el Decreto Legislativo Nº 276 ni en su Reglamento Decreto Supremo Nº 005-90-PCM como era el caso de la figura de EXCEDENCIA para el servidor que no aprobara el nuevo proceso de selección de personal y CESE POR CAUSAL DE REORGANIZACIÓN para el servidor que se negara a someterse a dicho proceso inconstitucional. Acondicionaron una figura pues los ceses sólo se efectuaban por causas establecidas en el art. 35º del Decreto Legislativo Nº 276:

 

Artículo 35º.- Causas justificadas para cese definitivo de un servidor:

a) Límite de setenta años de edad;

b) Pérdida de la Nacionalidad;

c) Incapacidad permanente física o mental;

d) Ineficiencia o ineptitud comprobada para el desempeño del cargo.

 

No contando con estas causas, el cese no lo podían efectuar viéndose obligados a crear elementos ficticios, por cuanto cabe aclarar que a los trabajadores declarados excedentes, cesados por causal de reorganización  NO LES ALCANZA EL ACTUAL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO APROBADO POR RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 090-2001/SUNAT POR CUANTO CON EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 639 NO EXISTIERON DESPEDIDOS.

 

Se sustituyó el término de racionalización que tiene como finalidad ubicar los recursos disponibles de la manera más adecuada para lograr efectividad y eficiencia en su gestión pública, más no, necesariamente, el cese del servidor con lo cual  deviene en inconstitucional, pues otorga una consecuencia distinta a la que verdaderamente corresponde. No respetó los derechos establecidos en Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público - Decreto Legislativo N° 276, la misma que establece:

 

Artículo 4º.- La Carrera Administrativa es permanente y se rige por los principios de:

 

·        Igualdad de oportunidades;

·       Estabilidad;

·       Garantía del nivel adquirido; y

·       Retribución justa y equitativa, regulada por un sistema único homologado.

 

Articulo 24º.-...”establece que son derechos de los servidores públicos de carrera:

 

·       Hacer carrera pública en base al mérito, sin discriminación política, religiosa, económica, de raza o de sexo, ni de ninguna otra índole;

·       Gozar de estabilidad. Ningún servidor puede ser cesado ni destituido sino por causa prevista en la Ley y de acuerdo al procedimiento establecido;

·       Reclamar ante las instancias y organismos correspondientes de las decisiones que afecten sus derechos;

·       Acumular a su tiempo de servicios hasta cuatro años de estudios universitarios a los profesionales con título reconocido por la Ley Universitaria, después de quince años de servicios efectivos, siempre que no sean simultáneos; 

·       Los derechos reconocidos por la Ley a los servidores públicos son irrenunciables.

·       Toda estipulación en contrario es nula.

 

Reglamento Decreto Supremo # 005-90-PCM

 

Para mayor alcance el Reglamento de la carrera administrativa – Decreto Supremo Nº 005-90-PCM promulgado:15/01/90 y publicado:18/01/90 establece:

 

Artículo 3º.- Para efectos de la Ley, entiéndase por servidor público al ciudadano en ejercicio que presta servicio en entidades de la Administración Pública con nombramiento o contrato de autoridad competente, con las formalidades de Ley, en jornada legal y sujeto a retribución remunerativa permanente en períodos regulares. Hace carrera el servidor nombrado y por tanto tiene derecho a estabilidad laboral indeterminada de acuerdo a Ley.

 

Artículo 34º.- La estabilidad laboral se adquiere a partir del nombramiento. No existe período de prueba.

 

Artículo 99º.- El servidor tiene derecho a desarrollarse en la Carrera Administrativa en base a su calificación laboral, no debiendo ser objeto de discriminación alguna.

 

Es en esta dirección, cabe citar como ejemplo que el Tribunal Constitucional español en la Sentencia 99/1987 declaró la inconstitucionalidad de puntuales preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas para la Reforma de la Función Pública, porque consideró que la generalidad de sus términos afectaba la reserva de ley constitucionalmente establecida .  Asimismo, exponemos parte de la Sentencia C-030/97 de la  Corte de Colombia:

 

 

 

 

C-008/97 CONVENIO CON PERU SOBRE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA ...

http://www.juridicacolombiana.com/pagina/jurisprudencia/j_c_constitucional/indice%20constitucional%201997.htm

 

Sentencia C-030/97

CARRERA ADMINISTRATIVA

 

3. La carrera administrativa debe ser entendida como el instrumento idóneo para el manejo de quienes ejercen la función pública. La idoneidad de este sistema, se refleja en la medida que facilita el cumplimiento de principios y fines del Estado, como los de la igualdad, la eficacia y la celeridad (sentencias C-356 de 1994 y C-194 de 1995).

 

4. El pilar de la carrera administrativa está en el mérito y la capacidad de quien es seleccionado para ingresar a ella (sentencias C-479 de 1992 y C-40 de 1995). Por tanto, el mecanismo y los requisitos que se empleen para la selección de esta clase de personal, deben tener como fin determinar la capacidad profesional o técnica del aspirante, sus aptitudes personales, solvencia moral y sentido social de acuerdo con el empleo y necesidades del servicio (sentencia C-040 de 1995).

 

5. El concurso de méritos, es aquel donde se evalúan todos y cada uno de los requisitos y capacidades que debe reunir un aspirante a ocupar un cargo en la administración (sentencia C-040 de 1995), requisitos y capacidades que podrá definir el legislador o, en su caso, el manual de personal y funciones que dicte cada entidad (sentencia C-130 de 1994).

 

Este citado Decreto legislativo fué un claro atropello para nuestros derechos humanos fundamentales como lo establecía la Constitución Política del Perú - 1979 que en el art.2º inciso 20 literal l) establece que: “Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley ni sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos, ni juzgada por tribunales de excepción o comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera que sea su denominación”La política de zozobra implementada con estos ceses colectivos, no sólo tuvo la intención de despedir sino de atropellar en su dignidad al servidor público pues contra todo respeto a sus derechos humanos estableció la prohibición de reingreso al sector público prevista por el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº  639,  (reiterando esta posición del anterior Decreto Supremo # 004-91-PCM -Art. 9º. Esto constituyó una violaciónn a los derechos fundamentales de la persona humana, pues transgrede y desnaturaliza lo previsto en la Constitución Política del Perú.

 

Una prohibición de esta naturaleza afecta lo dispuesto por los artículo 23º, inciso primero, literal c) de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 25º inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratados internacionales que son fuente de interpretación de los derechos constitucionales, pues según los citados dispositivos todos los ciudadanos tienen derecho de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.  Desde otro punto de vista, dicha prohibición resulta discriminatoria pues habilita un tratamiento diferenciado entre los servidores destituidos y quienes, en cambio, fueron cesados en aplicación de la causal de excedencia los cuales nunca podrán reingresar a prestar servicios en la Administración Pública. En efecto, el artículo 30º del Decreto Legislativo Nº 276, establecía en 1991, que el servidor destituido no podía reingresar durante el término de tres (03) años, modificado a cinco (05) años por la Ley Nº 26488. Esta disposición  de DESTITUCIÓN RESULTA MENOS DRÁSTICA QUE LA PREVISTA PARA LOS CASOS DE EXCEDENCIA. Desde una perspectiva constitucional, no existe justificación objetiva y razonable para un tratamiento diferenciado como el indicado, QUE TERMINA SIENDO MÁS GRAVE PARA AQUEL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO QUE FUE CESADO SIN HABER INCURRIDO EN FALTA DISCIPLINARIA ALGUNA.

Nuevamente este dispositivo incurre en anticonstitucional al no respetar los derechos fundamentales de la persona tanto en la Constitución vigente al momento del cese como la actual, y vulnera los derechos laborales fundamentales incluidos dentro del sistema de protección a los derechos humanos de esta Organización de los estados Americanos. Tal sistema cuenta adicionalmente con entidades con competencias específicas para la promoción y protección de esos derechos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Son tres los instrumentos internacionales adoptados en el seno de la OEA que se han referido a diversos derechos de naturaleza laboral:

 

a)    En 1948, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre;

b) En 1969, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; y,

c)     En 1988, el Protocolo de San Salvador, que complementa la Convención Americana en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales

En materia de derechos humanos fundamentales, estos instrumentos se refieren a la libertad de asociación y la libertad sindical, al derecho de huelga, a la prohibición del trabajo forzoso, a la protección de menores que trabajan, a la obligación de no discriminación, y a la igualdad de remuneración.

En lo que respecta a condiciones de trabajo, existen preceptos sobre el derecho al trabajo en condiciones dignas, jornada de trabajo, descanso, remuneración, estabilidad en el trabajo, promoción o ascenso, mujeres, minusválidos, vacaciones, feriados, seguridad e higiene ocupacional, y mecanismos de solución de controversias laborales.

Constitución Política del Perú 1979

ART. 2º

Numeral 1.- “A la vida, a un nombre propio, a la integridad física y al libre desenvolvimiento de su personalidad”.

Numeral 2.- A la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, opinión e idioma. El varón y la mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades. La ley reconoce a la mujer derechos no menores que al varón.

Numeral 13.- A elegir y ejercer libremente su trabajo, con sujeción a la ley.

 

Constitución Política del Perú 1993

Articulo. 2º

Numeral 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.

Numeral 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

Numeral 15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.

Artículo 26°. En la relación laboral se respetan los siguientes principios:

1.     Igualdad de oportunidades sin discriminación.

2.     Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.

3.     Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.

 

De lo expuesto en este punto está debidamente comprobado que este Decreto Legislativo abolió en la practica los derechos laborales constitucionales vigentes en la Constitución Política del Perú vigente en el año 1991:

 

Artículo 48.­ El Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser despedido por causa justa, señalada en la ley debidamente comprobada.

 

Artículo 57.­ Los derechos reconocidos de los trabajadores son irrenunciables. Su ejercicio esta garantizado por la Constitución. Todo pacto en contrario es nulo. En la interpretación o duda sobre el alcance y contenido de cualquier disposición en materia de trabajo, se esta a lo que es mas favorable al trabajador.

 

Artículo 59.­ La ley regula lo relativo al ingreso, derechos y deberes que corresponden a los servidores públicos así como los recursos contra las resoluciones que los afectan. No están comprendidos en la carrera administrativa los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza, ni los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedad de economía mixta.

 

Artículo 105.­ Los preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos, tienen jerarquía constitucional. No pueden ser modificados sino por el procedimiento que rige para la reforma de la Constitución.

 

Artículo 187 .­Pueden expedirse leyes especiales porque lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de personas.

 

Al final de todo este proceso de supuesta reorganización en la Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria, se pudo comprobar que la racionalización de recursos fue un encubrimiento que utilizó el gobierno de turno a efectos de desaparecer los derechos de los trabajadores empezando por cesar como excedentes a sus dirigentes sindicales atropellando el derecho a sindicalización establecido en ambas Constituciones, siendo su prueba  más fehaciente el hecho que durante el gobierno Fujimorista, no permitieron que los sindicato se reorganicen al interior de cada organismo público. Pero estas circunstancias no avasallaron al trabajador y mucho menos a sus dirigentes, pues  permaneciendo organizados y luchando desde las calles se logró la caída de un gobierno dictador y corrupto. Se espera que esta nueva etapa democrática haga justicia.

 

Constitución Política 1979

Artículo 51.­El Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicalización sin autorización previa. Nadie esta obligado a formar parte de un sindicato ni impedido de hacerlo.

 

Constitución Política 1993

Artículo 28°. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga.

 

CESE COLECTIVO AÑO 1993- DECRETO LEY # 26093

 

Este proceso de evaluación fue base para la promulgación de la Ley # 27487. Su aplicación indiscriminada permitió el cese de miles de trabajadores en el sector público. El Informe de la Defensoría del Pueblo que acompañamos al presente determina que en consecuencia el estudio de las diversas quejas y pedidos que se han presentado sobre la aplicación del Decreto Ley 26093, han permitido formarse una convicción sobre las dimensiones y la naturaleza colectiva del problema planteado. El análisis efectuado evidencia que los procedimientos para determinar la excedencia del personal se han llevado a cabo en función de la aprobación de una prueba de evaluación. En rigor, la desaprobación de una prueba de esta naturaleza, no guarda relación directa con la declaración de excedencia, pues ésta trata de determinar el número de plazas que no son necesarias en un determinado sector y que previamente han sido definidas en función de los objetivos institucionales. De ahí que el cese por la causal de excedencia se aplicó en forma irracional atentando contra los derechos reconocidos a los trabajadores, en la Ley de Bases de la Carrera Administrativo y con la Constitución Política de 1993 que regula el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por ella misma. En la relación laboral se respetan los siguientes principios: el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, en el artículo 26° inciso 2.


Entre otros derechos que vulnera dicha norma se encuentran el derecho a gozar de la estabilidad en el cargo que desempeñan, en virtud del artículo 24° del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, por el cual, no pueden ser cesados ni destituidos sino por causa prevista en la Ley y previo el Proceso Administrativo.   

Es decir se propició la reducción de trabajadores, del aparato estatal, habiendo quedado reducido en lo que respecta a los trabajadores nombrados, lo que produce el detrimento de los trabajadores cesados, quienes no sólo carecen de bonificaciones especiales sino además, se les abona compensaciones diminutas. Ver Informe de Defensoría del pueblo.     Anexo 4

 

CESE COLECTIVO AÑO 1997 – MODALIDAD DE DESPIDO ARBITRARIO ART. 34º TUO LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL    

 

Al revisar los ceses del año 1997, el Oficio No. 671-2000-SUNAT-NC0400 del  12-12-2000 especifica: "El despido efectuado se realizó dentro del marco de la ejecución de un proceso de reestructuración funcional tal como lo demuestran las Resoluciones de Superintendencia Nº 051, 093 y 094-97-SUNAT. Dicha reestructuración involucró la desaparición de algunas oficinas de Órganos de esta entidad y adicionalmente la reducción de personal. En este sentido, las separaciones de personal efectuadas, constituyeron parte de esa reestructuración..."

 

En el caso de la citada reestructuración, de haber sido cierta la necesidad se registraba la figura de cese por causa objetiva, es decir se debió acoger al Art. 46º del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, pues este contempla en su inciso b) el cese colectivo por causa objetiva y más aún establece que sólo procede en los casos que se comprenda a un número de trabajadores no menor al 10% del total del personal de la empresa. En 1997 la SUNAT despidió 850 trabajadores, mucho más del 10% indicado; pero aplicar este articulo implicaba cumplir con el Art. 48º del TUO referido que establece un  procedimiento obligatorio, obligándolo a entablar negociaciones con el sindicato y a falta de este con los trabajadores afectados y adicionar  una Declaración Jurada de que se encontraba incurso en la causa objetiva invocada a la que debe acompañar una pericia de parte que acredite su procedencia, que deberá ser realizada por una empresa auditora autorizada por la Contraloría General dela República.

 

Se precisa que dado el caso anterior hubiesen tenido que cumplir con el Articulo 52º, que determina que los trabajadores afectados por los ceses contemplados en el inciso b) del citado articulo 46º gozan del derecho de preferencia para su readmisión... Derecho que también les fue negado por la modalidad de EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO aplicado en su gestión al frente de la SUNAT y por ende despedirlos arbitrariamente sin la menor explicación, fue la opción asumida.  Constitución Política 1993:  Artículo 103°. ...”La Constitución no ampara el abuso del derecho.”

 

Coludidos con un gobierno insensible que puso la herramienta más cómoda en sus manos: un dispositivo “legal” vía Decreto Supremo Nº 003-97-TR  “Ley de Productividad y Competitividad” que en su Articulo 34º establece el despido arbitrario, es decir sin expresar causa alguna, el trabajador puede ser despedido. Este artículo transgredió  y desnaturalizó el Decreto Legislativo # 728 Ley de Fomento del Empleo, que en su Articulo 58º establecía que “para el despido de un trabajador sujeto al régimen de la actividad privada,...es indispensable la existencia de causa contemplada en la Ley y debidamente comprobada”. Es decir un Decreto Supremo al fusionarse como TUO de la ley de Fomento al Empleo incorpora una causa arbitraria de despido que no había contemplado la Ley original, violando el Art. 51º de la Constitución Política del Perú, que determina “

Artículo 51°. La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.

Asimismo no da lugar a defensa alguna PUES SOLO SE PUEDE INVOCAR NULIDAD POR LAS CAUSA ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO Nº 29 DE DEL CITADO TUO. La protección contra el despido arbitrario no está contemplado en la ley, ocasionando la indefensión de gran parte de los derechos constitucionales laborales violando el Articulo 23º y el numeral 3 del Artículo 139º de la Constitución Política actual y el Artículo 4º del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo y por consecuencia nuevamente incumple el Artículo 55º de la carta magna.

 

Constitución Política del Perú 1993

Artículo 23°. El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.

Artículo 55°. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.

Artículo 139º. 3. ..”.Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales”

CONVENIO 158 DE LA OIT

 

CONVENIO SOBRE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR INICIATIVA DEL EMPLEADOR PARTE II. NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL

Sección A.  Justificación de la terminación

Artículo 4

No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio.

Sección C.  Recurso contra la terminación

Artículo 8
1.
  El trabajador que considere injustificada la terminación de su relación de trabajo tendrá derecho a recurrir contra la misma ante un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal del trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro.

2.  Si una autoridad competente ha autorizado la terminación, la aplicación del párrafo 1 del presente artículo podrá variar de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.

3.  Podrá considerarse que el trabajador ha renunciado a su derecho de recurrir contra la terminación de su relación de trabajo si no hubiere ejercido tal derecho dentro de un plazo razonable después de la terminación.

Artículo 9

1.  Los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio estarán facultados para examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación de trabajo y todas las demás circunstancias relacionadas con el caso, y para pronunciarse sobre si la terminación estaba justificada.

2.  A fin de que el trabajador no esté obligado a asumir por su sola cuenta la carga de la prueba de que su terminación fue injustificada, los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente Convenio deberán prever una u otra de las siguientes posibilidades, o ambas:

a)  incumbirá al empleador la carga de la prueba de la existencia de una causa justificada para la terminación, tal como ha sido definida en el artículo 4 del presente Convenio;

b)  los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio estarán facultados para decidir acerca de las causas invocadas para justificar la terminación habida cuenta de las pruebas aportadas por las partes y de conformidad con los procedimientos establecidos por la legislación y la práctica nacionales.

3.  En los casos en que se invoquen para la terminación de la relación de trabajo razones basadas en necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio, los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio estarán facultados para verificar si la terminación se debió realmente a tales razones, pero la medida en que esos organismos estarán facultados también para decidir si esas razones son suficientes para justificar la terminación deberá determinarse por los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 de este Convenio.

Artículo 10
Si los organismos mencionados en el  artículo  8  del  presente  Convenio  llegan  a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es injustificada y si en virtud de la legislación y la práctica nacionales  no  estuvieran facultados  o no consideraran posible, dadas las circunstancias,  anular la  terminación y  eventualmente  ordenar  o proponer la readmisión del trabajador, tendrán la facultad de ordenar el  pago  de  una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada.

La SUNAT ha encausado una voluntad ilícita basada en los motivos de la ley, donde la acción de nulidad del despido es oponible sólo frente a actos extintos en los que el empleador alega una causa justificada a la conducta o capacidad del trabajador, siendo una institución pública descentralizada en la que la ALTA DIRECCIÓN DE LA SUNAT,  NO ES PROPIETARIA DE LA INSTITUCIÓN, LA SUNAT  NO ES UNA EMPRESA DE CAPITAL PRIVADO, LA SUNAT NO PUEDE  DESPEDIR A PERSONAL EN FORMA INJUSTIFICADA POR EL SOLO HECHO DE  CAMBIAR DE PERSONAL, PUES ESTA PROBADO QUE HA CONVOCADO A PERSONAL NUEVO, LA SUNAT NO PUEDE PROBAR QUE LA CAUSA INVOCADA HAYA SIDO OBJETIVA, PUES TUVO EL CANAL PARA EFECTIVIZARLA. Por lo expuesto: ESE DESPIDO ARBITRARIO NO TIENE CAUSA JUSTA Y DEBE SER DECLARADO NULO POR ESTAR AMPARADO EN UN DECRETO ANTICONSTITUCIONAL Y VIOLATORIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU, EN EL ART. 5º DEL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR – AMPLIATORIO DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR"

Artículo 5
Alcance de las Restricciones y Limitaciones

Los Estados partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos.

 

Las instituciones públicas con régimen del sector laboral privado, no consideran en la actualidad su naturaleza de una Institución del Sector Público. Está debidamente acreditado que un funcionario de la SUNAT, es un funcionario público y su conducta y su desempeño se debe regir por el Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM  Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Por lo que le alcanza los deberes y derechos en ella establecidos al margen del régimen remunerativo en el que se encuentre.

 

LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

DECRETO LEGISLATIVO N° 276

CAPÍTULO V

 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 25º.- Los servidores públicos son responsables civil, penal y administrativamente por el cumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público, sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por las faltas que cometan.

 

La política autocrática implantada por la cúpula del Banco Central de Reserva desde su llegada en 1991 en la que cubrieron el 80%  de los más altos cargos en la institución aplicaron las decisiones a rajatabla sin otorgar mayor explicación y sin el menor respeto a los derechos de los trabajadores, con una serie de medidas entre las que destacó su despido masivo, arrancándonos el derecho de nuestra estabilidad laboral con el Decreto Legislativo # 639 y los “adecuados” Decreto Ley # 26093 y Art. 34º del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Pero “optimizando” las facilidades que le otorgaba el Decreto Supremo Nº 039-91-TR (31DIC91), publican la RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA044-98/SUNAT en la que “Aprueban el Reglamento Interno de Trabajo de la SUNAT” (1998) y posteriormente de acuerdo al autócrata de Turno Superintendente Nacional Sr. Luis Alberto Arias Minaya, uno de los autores intelectuales de los ceses colectivos en la SUNAT en 1991, publican mejorada y aumentada la  RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA # 090-2001/SUNATAprueban nuevo Reglamento Interno de Trabajo de la SUNAT” (29JUL2001) y más aún irrogándose facultades de concertación laboral, que jamás tuvo, también emitió la  RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA089-2001/SUNAT en la Crea la Comisión de Asuntos Internos de la SUNAT (29JUL2001), ejecutando en la práctica un sindicato pro-empleador, cuyos dirigentes son ellos mismos, pero con la obligación del trabajador de recurrir sólo a esa instancia, es decir por todas partes anula la posibilidad de defensa del trabajador. Estos Reglamentos transgreden, violan, atropellan los derechos fundamentales de la persona humana al pretender manejar sus vidas sin derecho ni siquiera a omitir opinión cercenando su dignidad, al pretender coactarlo con la obligación de renuncia  al contraer matrimonio con alguien de la institución. Una muestra de su desprecio por el respeto a la dignidad de los trabajadores. El Sr. Arias era el omnipotente Señor que manejaba la SUNAT, primero como Superintendente adjunto y luego regresó como todo un Superintendente Nacional “técnico reestructurador”  y cuyas disposiciones increíblemente aún están vigentes.      Anexo 5

 

Se otorgaron una estructura magnificada en poderes que sólo permitieron facilitar la corrupción por toda una década y que aún lamentablemente permanecen en sus cargos  debido a una inexplicable ratificación a gran parte de ellos.

 

POR TODO LO EXPUESTO DENTRO DEL ASPECTO LEGAL y en otros casos como los manifestados desde  el año 1993 hasta la actualidad, en el que  prevalece LA REALIDAD DE LOS HECHOS...  HA QUEDADO EVIDENCIADO que ejecutaron diversas modalidades de cese de personal en abierto abuso y atropello a los derechos de sus trabajadores, justificando el uso y abuso de sus ejecuciones presupuestales y deshacerse del personal incómodo, es decir cambiar personal por otro personal:

 

a) Cese colectivo en aplicación del Decreto Legislativo # 639 mediante proceso de reorganización.

b) Evaluaciones semestrales de personal, bajo el amparo del Decreto Ley # 26093.

c) Ceses colectivos bajo la modalidad de despido arbitrario, prescindiendo de los requisitos y procedimientos contemplados en el  T.U.O  de la Ley de Productividad y competitividad Laboral y Convenio 158 de la OIT, sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador.

Los recursos de revisión, las denuncias y antecedente individuales remitidos a vuestro despacho como Comisión encargada de la revisión de ceses colectivos en la SUNAT, así lo han demostrado.

 

En esta coyuntura todo profesional ha tomado conciencia que durante la década pasada se impuso en el Perú un drástico régimen de precarización del empleo que se expresó, entre otros aspectos, mediante el otorgamiento de facultades discrecionales al empleador para poner término unilateral e intempestivamente a la relación laboral, sin la necesidad de invocar una causa justificada, que estuviere previamente prevista en la ley, o de probar su existencia.      

 

La sola existencia de esta facultad ha generado un régimen de permanente inseguridad entre los trabajadores, directamente relacionada con la amenaza de perder sus ingresos y empleos en un contexto económico que, como el actual, es gobernado por la permanencia de altos índices de desempleo y sub-empleo.

 

A pesar de todos lo desacuerdos que puedan existir en la aplicación de las diversas normas legales, por encima de toda discrepancia, la Constitución de un país es LA LEY DE LEYES, y por consecuencia prevalece por encima de todo argumento legal:

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU  1979

Artículo 87.­La Constitución prevalece sobre toda otra norma legal. La ley, sobre toda norma de inferior categoría, y así sucesivamente de acuerdo a su jerarquía jurídica. La publicidad es esencial para la existencia de toda norma del Estado. La ley señala la forma de publicación y los de su difusión oficial.

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU  1993

Artículo 51°. La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.            

 

Habiendo expuesto nuestros fundamentos para una justa y legítima revisión de los ceses efectuados en la institución y reiterando nuestra representación como dirigentes nacionales del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Sunat (SUTSUNAT),  EXIGIMOS:

 

La reposición en nuestros puesto de trabajo en estricto RESPETO A NUESTROS DERECHOS CONSTITUCIONALES

 

Incluir la revisión del cese colectivo efectivizado mediante la figura del Despido arbitrario, por contravenir la Constitución Política vigente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados internacionales ratificados por el Perú

 

Por nuestro lado estamos agotando todas las instancias a efectos de lograr la aprobación de una modificatoria de la ley, presentada en unidad sindical con la CGTP Confederación General de Trabajadores y con el apoyo de Congresistas consecuentes con la lucha de los trabajadores, A EFECTOS DE ACLARAR, POR SI A ALGUIEN LE QUEPA LA MENOR DUDA, QUE LOS INFORMES FINALES QUE DEBEN CONTENER LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DEBEN ENMARCARSE DENTRO DEL RESPETO A LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU, VIGENTE AL MOMENTO DEL CESE.

 

Señores miembros de la Comisión por todos los fundamentos de hecho y derecho invocamos su imparcialidad y respeto a los derechos constitucionales que nos fueron conculcados. LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMNISTRACION TRIBUTARIA TIENE LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA, FINANCIERA Y AUTONOMA PARA SOLUCIONAR ESTA PROBLEMÁTICA, ESPERAMOS QUE TAMBIEN EXISTA VOLUNTAD PARA HACERLO, PUES LA JUSTICIA Y LA LEY NOS AMPARAN.   ANEXO 6 (Corte Interamericana de DD.HH.)

 

Cordialmente,

 

 

 

 

 

 

DAVID ENRIQUE CHANG NAVARRO          ANA MARIA LIZARRAGA MEJIA

SECRETARIO GENERAL                             SUB SECRETARIA GENERAL

L.E. 10375581                                                  DNI. 06283440

 

 

C.C.

          SR. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

 

          COMISION DE TRABAJO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Sr. Luis Negreiros Criado

Sr. Javier Velásquez Quesquén

Sr. José Luis Risco Montalbán

Sr. Juan de Dios Ramírez Canchari

Sr. Yhony Lescano

Sra. Dora Núñez

 

          MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL

          CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERU (CGTP)

          ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

          DEFENSORIA DEL PUEBLO

          COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

          ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS APRODEH

 

 

 

 

 

 

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