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¿Puede el Estado generar bienestar en el ámbito educativo?
por Federico Johansen
Cuando me propusieron hablar sobre la posibilidad de que el Estado logre generar bienestar en lo referente al ámbito de la educación, reconozco que tuve que vencer dos tentaciones: la primera consistía en sentarme delante de Uds., tomar el micrófono y decir: No es posible. Muchas gracias. La segunda es relatar una suerte de diagnóstico para demostrar lo anterior.
En el fondo de mi corazón atisbo que si el Estado debe generar bienestar educativo es porque puede hacerlo, así que vencí mis tentaciones, cosa que no fue fácil ya que la segunda me llevo a preparar esta conferencia de una manera absolutamente distinta. Opte por suponer, acertada o erróneamente, que todos Uds. comparten que en este momento la educación atraviesa unos de sus momentos más críticos y que para que realmente haya un cambio, que considero posible, hay que realizar algunos ajustes.
Si bien considero que la lista no es exhaustiva, creo que hay cuatro puntos fundamentales sin los cuales pensar en la generación de un proceso educativo es prácticamente imposible.
Sea cual fuere el grado de cultura o formación que tenga una persona, comparte la equivocada idea de que la educación es responsabilidad exclusiva de la escuela. Ante la pregunta "¿cómo piensa que está la educación?", los consultados comienzan inmediatamente a referirse a lo que consideran pertinente respecto al sistema educativo formal, sea escuela, colegio o universidad. De esta forma, suponen que la crisis eduactiva se arregla mejorando exclusivamente a la escuela, su infraestructura, sus recursos didácticos, la formación de sus docentes, su presupuesto, etc.
Pero la realidad indica que en la vida de un niño o joven la escuela es una parte, quizá importante pero no única, en su proceso de formación. Hay otros agentes educativos que por distintas causas, rehuyen de su responsabilidad educativa, asignándole a la escuela responsabilidades en temas en los cuales no puede hacer nada sin una tarea coordinada con los demás agentes educativos.
Permítanme un par de ejemplos: la sociedad reclama que en la escuela se enseñe a los niños a respetar a la autoridad legítimamente constituida. En esa misma sociedad reclamante, uno puede hallar un gran número de padres que llevan a su hijo a la cancha de fútbol y ante la sanción de una determinada falta en contra del equipo propio, insultan al referí (autoridad legítimamente constituida). Pero también lo insultan las personas que están a su alrededor (el resto de la tribuna) como para confirmale al niño que no fue un error del papá sino que se trata de una costumbre social generalizada que nos lleva a respetar a la autoridad sólo cuando sanciona a nuestro favor. Si ese niño esta mirando por television el partido de fútbol, es altamente probable que la nueva casta de realtores-inchas-fanáticos también emita alguna opinión no muy adecuada sobre el referí, obteniendo la confirmación a través de los medios de comunicación de que no hay que respetar a la autoridad legítimamente constituida en determinados casos. En el ejemplo mencionado, familia, sociedad y medios de comunicación se "confabulan" para enseñar, a través del ejemplo habitual y negativo, una conducta distinta de la que reclaman a la escuela.
El segundo ejemplo es una pequeña investigación que realicé hace unos años: le solicité a un grupo de adolescentes de 16 ó 17 años que comentaran en sus casas y a algunos adultos de su conocimiento que su profesor (para el caso yo) había dicho en clase que no debía utilizarse el cinturón de seguridad al transladarse en automóvil y que deseaban saber su opinión al respecto. Luego de escuchar la respuesta debían aclararles que se trataba de una investigación y preguntarles si utilizaban habitualmente el cinturón de seguridad. Las opiniones sobre mi afirmación fueron muy variadas en su forma pero no en su fondo: con mayor o menor vehemencia y agresividad dijeron que yo no podia decir esas cosas en clase, e incluso uno dijo que iba a ir a quejarse al Colegio. Luego de la aclaración pertinente y ante la segunda pregunta el resultado fue contundente: el 93% no utilizaba el cinturón de seguridad (aclaro que al momento de la investigación ya estaba en vigencia la ley de uso obligatorio). Pregunto: si yo dentro de mi automóvil no utilizo el cinturón de seguridad, ¿no le estoy "enseñando" a mis hijos (quizá no de palabra aunque sí de hecho) que no hay que utilizarlo? ¿No vemos en producciones nacionales de cine y televisión actores trasladándose en automóvil sin el cinturón de seguridad o hablando por celular? ¿No es esa actitud igual o peor (por el volumen de gente a la que llega) a que un docente diga en clase que no hay que utilizar cinturón? ¿Puedo exigir a la escuela que logre que mejore la educación vial en nuestro país si la familia, la sociedad y los medios de comunicación no hacen por conseguirlo al menos lo mismo que le exigen a la escuela? Estoy seguro que no.
Este cambio de mentalidad exige que pensemos que el problema de la educación hay que solucionarlo a través de todos los agentes educativos y no exclusivamente de la escuela.
Podemos mejorar los programas de educación, tener recursos didácticos de última generación, acceso a Internet desde todas las aulas, magníficas bibliotecas, capacitar a los docentes como a los mejores del mundo, pero no vamos a lograr nada si los demás agentes educativos, al menos, no dejan de actuar en contra de lo que la misma sociedad, y por lo tanto ellos mismos, reclaman.
De esta forma, cuando hablemos de políticas educativas deberemos dejar de pensar en el Ministerio de Educación y pensar en politicas más globales, como si se tratara del Ministerio de Economía. Permítanme explicar esta idea: el Ministerio de Economía no sólo genera políticas para el comercio, la industria, el agro, el sector financiero, etc. Sus políticas afectan a todos y cada uno de los ciudadanos del país (baste como ejemplo que cualquier habitante puede ser multado por no pedir el comprobante por un gasto mayor a $10). ¿Por qué el Ministerio de Educación debe limitarse a aplicar las leyes sobre el sistema educativo formal y no sobre todos los ciudadanos? ¿Por qué se puede sancionar a alguien que atenta contra la sociedad no pagando sus impuestos y no a alguien que atenta contra la sociedad "deseducando"? ¿o es que lo económico es mas importante que lo educativo?
No saben la enorme alegría que me provocaría que así como existe una ley penal tributaria existiera una "ley penal educativa". En una oportunidad, me he quejaba ante un directivo de un canal de televisión de ciertos programas que claramente "deseducan", entendiendo por "deseducar" mostrar como correctas conductas que, o bien están penadas por la ley (como hablar por celular mientras conducen un automóvil) o bien la sociedad reclama que se erradiquen (como que en un teleteatro un grupo de pares e incluso algún adulto pondere a una adolescente de 15 años porque se quedó embarazada) y ante la respuesta con el famoso y equivocado slogan: "La televisión no existe para educar", le pregunté si la televisión existe para pagar impuestos, porque por lo visto esto lo cumplen aunque no haya sido inventada para tal fin. Aparentemente, contribuir económicamente al beneficio social es una obligación pero contribuir con educación no solo no es un deber sino que ni siquiera hay que planteárselo, o no tener ningún empacho en sostener que pueden hacer lo contrario.
Familia, escuela, sociedad y medios de comunicación tienen responsabilidades en el área educativa. El Estado debe velar por conseguir las asuman, no sólo la escuela, como lo hace en la actualidad, sino todos los agentes educativos, mediante legislaciones que apunten a generar también una sociedad, una familia o unos medios de comunicación masiva que eduquen, o al menos sancionarlos cuando "deseducan".
Esta frase que mucho se declama, no tiene un correlato real en la sociedad. Desde el Estado que grava la educación con impuestos o la empresa que en general no apoya iniciativas educativas sin darse cuenta de que no tendra personal capacitado para alimentarse, hasta la familia que permite que el hijo falte por cualquier motivo a la escuela.
El Estado no permite desgravar a las personas físicas los gastos que realizan en educación. Libros, pago de aranceles de educación privada, transporte escolar, útiles o lo que sea referido a la educación, tienen el mismo tratamiento impositivo que un viaje de placer a las Islas Vírgenes, pues por lo visto los considera una gasto. (perdón por el toque de humor pero los "gastos de sepelio" sí son deducibles por lo que la perspectiva impositiva me parece muy particular).
En el caso de las empresas educativas privadas, deben pagar ganancia presunta, ganancias, etc.
No parece que el Estado considere la educación una inversión. Puede que esto les suene a sutileza lingüística, -a mí me parece una señal- pero no se habla habitualmente cuando se tratan presupuestos de "Inversión educativa consolidada", sino de "Gasto educativo consolidado", como una suerte de acto fallido institucional.
Las empresas invierten fortunas en capacitación de su personal, pero son muy pocas las que invierten en instituciones educativas con la convicción de que este mecanismo les ahorrará costos futuros y que generará un mercado de consumidores de mayor calidad.
Y hasta los ciudadanos con hijos en edad escolar, que están más pendientes de que a sus hijos "les vaya bien en la escuela", y menos pendientes de que aprenden (quiza el caso actual más patológico sea el de la provincia de Corrientes, donde se les dio por aprobado el año escolar a todos los alumnos con poco mas de 65 dias reales de clases, y prácticamente nadie solicitó que su respectivo hijo repitiera el año). El mensaje parece ser: me importa más que apruebe y no tanto que aprenda.
En muchas provincias ha habido planes de "Promoción Industrial", por los cuales a empresas que se radican en determinados lugares se les exime de determinados impuestos, se les difieren otros, etc. Todavía no he tenido noticia de una provincia o municipio que propusiera un plan de "Promoción Educativa", por el cual a quien quiera instalar algún establecimiento educativo de cualquier nivel se le donen terrenos fiscales, se les exima de tasas o impuestos o se les avalen créditos a tasas preferenciales como se realiza con otras actividades. Ha habido casos puntuales, pero no como una política determinada, sino más bien como una gracia (radicalmente distinta de una inversión) o como un hecho aislado. Y para hacer honor a la verdad, los establecimientos educativos no deben pagar ingresos brutos en ningún lugar del país.
El Estado debe variar su mentalidad entendiendo que todo lo que se invierte bien (asi como hay mal gasto puede haber mala inversión) es en beneficio del propio Estado y de la sociedad toda, y, por tanto, mejorar no sólo su presupuesto educativo sino las leyes impositivas con respecto a la inversión educativa, aunque sea emitiendo pequeñas señales como permitir que los particulares deduzcan los libros de texto de sus hijos del impuesto a las ganancias.
Las empresas deberían pensar en ayudar y exigir al sistema educativo. Sé de algunos empresarios de grandes empresas localizadas en el interior que, al no poder invertir dinero para realizar mejoras estructurales o salariales, exigiendo resultados, en las escuelas de gestión estatal de su zona, terminaron creando y financiando instituciones educativas privadas para poder satisfacer sus necesidades de personal capacitado. Creo que esto es un ejemplo imitable de entender la educación como una inversión y no como un gasto.
Como en toda institución, es imprescindible que los directivos puedan abocarse a los problemas reales que padecen. Y para esto necesitan, además de capacidad y experiencia, tiempo.
Cualquiera que haya trabajado con un cargo directivo en el ámbito educativo, sabe perfectamente bien que la mayor cantidad de tiempo lo aplica a solucionar cuestiones burocráticas que poco o nada tienen que ver con la realidad escolar, restando valiosísimas horas a lo que realmente es importante.
Permítanme nuevamente una serie de ejemplos.
Como sabrán, toda escuela tiene un "Supervisor Pedagógico" que debe controlar, además de los documentos oficiales, la marcha del aprendizaje. El supervisor debe visitar (y generalmente lo hace) unas tres veces por año cada escuela que tiene asignada. En los 18 años que acumulo como directivo de instituciones educativas del sistema formal, es decir, habiendo recibido no menos de 54 visitas del Supervisor o Supervisora, sólo me solicitaron una vez observar una clase, tarea que le llevó menos de ¼ del tiempo que permaneció ese día en el Colegio. Para traducirlo a números: importancia de lo pedagógico 0,005%; importancia de lo burocrático 99,995 %. Quizá sería un poco más prudente que estos aspectos –burocrático y pedagógico- estuviesen más balanceados.
Lo mismo que describí a modo de ejemplo con la tarea del Supervisor, sucede en otro nivel con la tarea del directivo. Debe controlar, por ejemplo, que la persona encargada (generalmente la Secretaria Académica) confeccione el libro de "Actos Escolares". Para los que lo desconozcan, se trata de un libro de actas en el que hay que dejar constancia sobre el desarrollo del acto de festejo de determinada fecha patria: quién dio el discurso, qué dijo, que autoridades estaban presentes, que grado o año actuó, sobre qué fue la representación, etc. Para colmo, en el caso particular de la Provincia de Buenos Aires, el acta debe ser confeccionada a mano, sin raspaduras ni enmiendas, sin saltear ninguna hoja, etc. Y debe ser firmada por todos los padres de alumnos presentes lo que, graciosamente, obliga a confeccionarla con anterioridad o a pedirle al padre que firme una hoja en blanco. ¿Cuál es la diferencia si se confecciona en acta con un procesador de textos y luego se pega el acta en el libro? ¿Cuál es la utilidad pedagógica del libro de Actos Escolares? Son preguntas que planteo desde hace años a mis Supervisores y aún no he recibido respuesta.
También en plan de ejemplo, en muchas jurisdicciones el directivo escolar debe concurrir a reuniones (diría que en promedio no menos de tres por mes) que en general duran una mañana o una tarde y que muchas veces no tienen absolutamente nada que ver con la realidad pedagógica escolar y a veces ni siquiera con la realidad burocrática: como ejemplo de ello puedo citar una reunión de casi 5 horas de duración para explicar cuál era el modo de llenar las planillas de sueldos (que por supuesto también deben ser a mano) para percibir los aportes de la provincia, cuando era directivo de una escuela no subvencionada y, por tanto, sin aportes. Cuando al empezar la reunión (de la que por supuesto, en general, no se informa el tema con anterioridad) le expliqué mi realidad al disertante, me respondió que para la provincia todas las escuelas privadas tenían el mismo tratamiento y que si me retiraba de la reunión haría que mi Supervisor me apercibiera. Increíble pero real.
No voy a leer toda, pero tengo en mi mano la reglamentación, que como pueden apreciar tiene dos carillas escritas en letra microscópica, sobre el modo de completar un diploma. Por lo visto, alguien piensa que se me va a ocurrir firmarlo con marcador dorado cruzando todo el diploma, y a la Secretaria Académica se le ocurrirá, donde dice D.N.I., consignar el grupo sanguíneo del alumno. Reconozco que con cierta curiosidad malsana una vez firmé un diploma con tinta azul en vez de negra. Para mi sorpresa, vino de vuelta con una nota firmada (con azul) por dos funcionarios que me recordaban la disposición sobre la firma de los diplomas. Desde luego que constatar si el alumno que figuraba en el diploma existía realmente, o si había aprobado todas las materias para llegar a obtenerlo, nadie lo hizo jamás.
Como último ejemplo, de una lista que acorté en la segunda revisión de esta conferencia por respeto a Uds., hace dos años que varios colegios en la provincia de Buenos Aires vienen luchando, con lo que ello implica de tiempo y papelería, para algo tan obvio como lo que voy a relatarles: al implementar la Ley Federal de Educación se incluyó la materia Inglés obligatoriamente de cuarto grado en adelante. Colegios donde toda la población escolar tenía obligatoriamente en contraturno hasta 12 horas de Inglés, tuvieron que agregar las famosas dos horas en el turno correspondiente a la enseñanza oficial. Pareciera ser que no importa que los alumnos aprendan inglés sino que se cumpla con la legislación, aunque no tenga ningún grado de adecuación con la realidad de algunas escuelas.
Las directoras o directores de escuelas públicas de gestión estatal más optimistas que he consultado (que he de confesar que han sido muchos) aseguran que dedican un 80% del tiempo a lo burocrático y un 20 % a lo pedagógico. Los más pesimistas ponen estos guarismos en el orden de 95% y 5%. Para ponerlo de una forma más evidente, imaginen un director técnico de un equipo de fútbol que de cada hora dedicara 12 minutos a entrenar al equipo o dar una charla técnica a sus jugadores y 48 minutos a llenar informes sobre qué hizo o hará en los próximos entrenamientos o charlas técnicas. Intuyo que los resultados deportivos del equipo en cuestión no serían muy buenos.
En este sentido creo que la solución pasa porque en cada jurisdicción alguien con mediano sentido común y una amplia experiencia al frente de instituciones educativas replantee los mecanismos de control que el Estado necesariamente debe ejercer sobre las escuelas, sean éstas de gestión estatal o privada.
El permitir que el Supervisor o el directivo dediquen un tiempo mayor a lo pedagógico es condición necesaria para que el Estado pueda producir bienestar a nivel educativo.
Hace unos años venía escuchando la radio mientras conducía. Estaba hablando Ruggieri, director técnico de un equipo de fútbol. Al referirse a su grupo de pertenencia decía textualmente "nosotros, los profesionales del fútbol". Terminada la nota con Ruggieri, comenzó una con Marta Maffei, Secretaria General de Cterea: graciosamente hablaba de "nosotros, los trabajadores de la educación".
Reconozco que muchas veces con fundamento, la sociedad se queja de los docentes que produce. La profesión docente está desprestigiada, en algunas oportunidades por nosotros mismos, los docentes, y esto produce que las generaciones de jóvenes más capaces no vean ningún atractivo en dedicarse a la docencia. Desde la cultura griega hasta nuestros días los grandes filósofos políticos han recomendado "reservar" a los más sabios para formar a la juventud, criterio que comparto plenamente, y que me parece que debería generar políticas en ese sentido que, al día de hoy, no veo que se estén implementando.
Pero para conseguir a los más capaces hay que tentarlos, no solo desde lo económico, donde puede llegar a comprenderse que los sueldos se hallan inmersos en una determinada realidad presupuestaria pero no se comprende que un ascensorista de un edificio público gane más que una maestra, sino desde lo social, donde la profesión docente sea tratada con respeto y veneración por todos los estamentos sociales.
Así, los Sindicatos deberían dejar de pelear por convenios con licencias que hacen pensar a la sociedad (en muchos casos con fundamento) que los docentes trabajamos poco, o proponer medidas de fuerza que, independientemente de su resultado político, hacen que perdamos respeto frente a la sociedad.
El Estado, sin necesidad de aumentar el presupuesto, podría hacer que se redistribuyera mejor, mejorando los salarios docentes, de modo que resultaran más atractivos que los actuales, o incluso, fomentar con medios económicos, como se ha hecho en alguna provincia, la decisión de comenzar una carrera docente.
Los padres o madres de familia deberían mantener sus opiniones negativas sobre las maestras (acertadas o no) en su fuero interno o exponerlas en la institución escolar delante de los directivos, y no expresarlas a viva voz (o en algunos casos incluso por escrito) delante de sus hijos u otros padres o madres. Perdonen que me vaya de tema, pero los docentes, que nos equivocamos como cualquier hijo de vecino, tenemos una exposición permanente delante de nuestros alumnos y, por ende de sus padres. Un médico se visita una vez cada tanto, un periodista habla una o dos horas por día por radio o televisión, un mecánico nos arregla el auto de vez en cuando y no estamos presentes cuando lo hace, pero un docente actúa continuamente en público, por lo que sus posibles errores son siempre evidentes. Creo que si en mi niñez, mi madre, docente también, hubiera dicho en mi presencia la mitad de las cosas que he oído decir a alguna madre sobre la maestra de su hijo en presencia del mismo, jamás hubiera optado por abrazar esta profesión apasionante, que es la docencia.
También la sociedad como tal debería cambiar algunos criterios: resulta gracioso observar como a veces en la calle, ante un acto equivocado de algún chico, (como prender un cigarrillo en un colectivo) algún adulto le pregunta "¿de qué Colegio sos?" en vez de "¿quién es tu papá?", como si los docentes tuvieran la culpa total de ese mal comportamiento.
Asimismo, y para ser coherente, los docentes deberíamos capacitarnos continuamente para ser verdaderos "profesionales de la educación", y no ser considerados "trabajadores de la educación" porque improvisemos, no conozcamos tecnologías o recursos didácticos, o utilicemos nuestras capacidades para cosas distintas de lo que nuestra profesión nos exige: educar. Si así como los médicos realizan el "Juramento Hipocrático" los docentes nos comprometiéramos con una suerte de "Juramento Socráctico" (por llamarlo de alguna forma), y fuéramos coherentes con él, mejoraríamos también en mucho la capacidad del Estado para brindar bienestar en el ámbito de la educación.
Si bien creo que hay muchos otros temas para que el Estado realmente produzca bienestar en el ámbito educativo, considero que sin los cuatro factores que intenté describir brevemente cualquier modificación sobre el sistema, aunque lo mejore, no tendrá más que un efecto muy parcial y acotado.
Muchas gracias por su atención.
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