ELEMENTOS PARA EL DIAGNOSTICO Y LA DISCUSIÓN

En el mundo, a mediados de los años 70´, y en la Argentina en fecha mucho más reciente, empezó a hacerse evidente que el nivel de empleo y el crecimiento económico podían constituirse en dimensiones independientes una de otra. Para tratar de contrarrestar los efectos del paro y de este desajuste, en muchos países comenzaron a desarrollar reformas laborales y políticas activas de empleo, es decir, un conjunto de acciones destinadas, en alguna medida, a mejorar el impacto positivo del crecimiento económico y, en otros casos, a atenuar su efecto negativo.

En el caso argentino, la recuperación de la actividad económica –pos crisis hiperinflacionaria- no redundó en la creación de puestos de trabajo en la misma proporción que los que el la apertura y la modernización destruían. Y esto parece haberse haber sido así, independientemente de la norma laboral imperante, o del objetivo y la focalización de los programas de fomento al empleo.

En efecto, durante toda la década del ‘90, el Ministerio de Trabajo de la Nación encaró -junto a otros actores sociales y con el apoyo de organismos internacionales-, diversas acciones en búsqueda de alternativas frente al impacto generado por las transformaciones socioeconómicas producidas en la Argentina. Al respecto, en lo escencial, la política laboral buscó acompañar las demandas económicas y las reformas estructurales. Por otra parte, la compleja y grave situación imperante en materia de desocupación, así como la magnitud de los desafíos tecnológicos y productivos que imponía la apertura económica, exigieron desde el Estado el diseño y la ejecución de medidas activas en materia de reformas legales y de políticas de empleo. Frente a lo cual, resultó necesario contar con la participación tanto de los técnicos especialistas como de los propios actores económicos y sociales involucrados. A la vez que se convocó e introdujo el financiamiento y la asistencia técnica de los Organismos Multilaterales como principal fuente de recursos y legimitación de las acciones en esta materia.

En este nuevo escenario, las iniciativas puestas en escena por las Organizaciones No Gubernamentales dieron lugar a un nuevo protagonismo, alejado de las formas típicamente "asociativas", propias del Programa del Estado bienestar. Sin embargo, no siempre su papel ha constituido una iniciativa independiente de trabajadores, grupos sociales y comunidades. Su intervención no siempre conforma un factor común de transparencia y representatividad democrática, ni fue un aspecto clave o dispuesto en función de organizar la acción colectiva.

Contra toda ingenuidad en este sentido, cabe señalar que los objetivos y formas de intervención pública en una sociedad globalizada no escapan a las demandas "oficiales" que impone el modelo de desarrollo dominante. Sin embargo, también es cierto que las formas de intervención social surgen del posicionamiento político que alcanzan los actores, y en cualquier caso, su ejecución incide siempre sobre la correlación de fuerzas sociales (entre las que juegan un papel importante las relaciones capital-trabajo.) En este sentido, cabe no sólo considerar a las políticas sociales y de empleo como un mecanismo de asignación y/o transferencia de ingresos, bienes o servicios, con efectos redistributivos, sino también una herramienta que incide de manera particular en las relaciones políticas y en el mercado de trabajo. Es decir, con efectos "productivos" sobre las relaciones sociales.

Los puntos que siguen presentan en forma sintética aspectos que hacen a la revisión de algunos de estos temas y de las estrategias y alternativas desplegadas frente a los problemas del empleo y la desocupación en un contexto de cambio estructural y con periódicas crisis recesivas. Al respecto, cabe la pregunta: ¿Qué cabe esperar de las políticas laborales y de empleo en Argentina? ¿Cuál es papel posible que pueden asumir la ONGs en dicho programa? En cualquier caso, la/s respuesta/s al problema exige un diagnóstico actualizado de las condiciones de contexto; o, por lo menos, una revisión crítica del diagnóstico oficial y las políticas que obran en consecuencia.

Hace más de una década que la sociedad argentina viene experimentado un continum de nuevas realidades laborales. Cabe destacar algunas de las más relevantes: aumento de la desocupación y la inestabilidad del empleo, creciente flexibilización de los contratos y de los despidos, reducción de los costos laborales en favor de los empleadores, desplazamiento político del movimiento sindical, y necesidad de desplegar cientos de miles de subsidios tendientes a contener a una gran masa flotante privada de inserción.

En este marco, el desempleo pasó a ser objeto sistemático de estudio y tema central de la agenda pública. En buena medida, impulsado por el estado de malestar social. En efecto, la opinión pública, habiendo asumido que se trata de un problema grave y generalizado, exige respuestas rápidas y efectivas. Pero frente a esta gran demanda, resulta posible reconocer diferentes diagnósticos en disputa. Cada uno de ellos funcionales a los discursos profesionales y políticos que han entrado en conflicto bajo las nuevas condiciones institucionales. Las definiciones dadas al fenómeno se articularon diferencialmente según las sucesivas configuraciones del escenario político.

En efecto, los discursos oficiales, el diagnóstico profesional y los mensajes mediáticos han sido prolíferos en plantear maneras diferentes de explicar la problemática. Sin embargo, es sabido que ninguna ley o acción individual crea empleos, y que el empleo genuino sólo puede surgir del crecimiento económico y de la manera en que distribuyen sus beneficios sobre la sociedad. ¿Cuál es entonces el sentido del diagnóstico? En este tema, a igual que en la mayoría de las cuestiones que hacen a la opinión pública, las estrategias de intervención se corresponden con la instalación en la agenda pública de un diagnóstico hegemónico. En todos los caso, el diagnóstico emerge de la forma en que se dirimen los intereses sectoriales en la arena pública; a la vez que el que define el problema, decide la política y sus estrategias.... Justamente, lo importante no es el diagnóstico, sino la política.

Por una parte, encontramos las explicaciones del estáblisment centradas en los procesos que –según dicha interpretación- constituyen la génesis y la causa del problema de la desocupación y la precariedad laboral:

- Durante las últimas décadas, el contexto económico y político hizo factible que se generaran fuertes ineficiencias en el funcionamiento del mercado laboral tales como el surgimiento de un sector informal urbano, la subocupación y el sobrempleo público. Al producirse las reformas estructurales y modificarse la forma de inserción de nuestras economías en el mercado mundial, estas situaciones quedaron al descubierto agravando las condiciones y oportunidades de empleo.

- Las nuevas condiciones de producción, apertura económica y competitividad a nivel mundial, impulsaron una incorporación de nuevas tecnologías, cambios organizacionales y la modificación del proceso de trabajo, todo lo cual afectó en forma directa la cantidad de empleo que podía generar el mercado. A la vez que, ese mismo proceso, ocasionó una destrucción sustantiva de empleo informal y de economías rurales de baja productividad.

- La modificación de los paradigmas productivos generaron un desfasaje entre la realidad económica y el sistema legal de regulación de las relaciones laborales. El retraso y/o la parcialidad en la adecuación de este sistema, dada las nuevas condiciones de producción y de competitividad, tienden a impactar negativamente sobre las expectativas de inversión por parte del capital y la demanda de empleo. Este mismo desajuste ha generado –según el diagnóstico- un aumento significativo del empleo en negro y la informalidad salarial.

En una línea contraria, la crítica a las reformas del "menemismo" y su continuidad en materia laboral se concentraron en el balance social de pobreza, precariedad y exclusión que han generado o no han podido resolver dichas medidas. Al respecto:

- Se denuncia el abandono del trabajo asalariado, frente a un excesivo cuidado del mercado, y que toda concesión dada al sector empresario ha implicado una mayor precariedad laboral, sin que esto haya generado un aumento del empleo.

- Se critica el "vaciamiento" institucional que ha afectado al sistema de Seguridad Social y de protección legal de los trabajadores. Todo lo cual ha permitido el desarrollo de nuevos negocios, la creación de un mercado de capital sin compromiso social y la transferencia directa de fondos públicos al sector privado.

- En igual sentido, se critica el empeño "oficial" de luchar contra las regulaciones, obligaciones empresarias y la intervención sindical como principal política laboral en "defensa" de los desocupados, perjudicando la situación de los trabajadores ocupados. Al respecto, a través del argumento del desempleo se han ido introducciondo medidas efectivas de flexibilización de las relaciones laborales y de reducción de los aportes laborales.

- Los programa de apoyo al desempleo, de empleo transitorio, capacitación, u otros de fomento al empleo privado, han sido indicados como insuficientes (como en el caso del Seguro de Desempleo), funcionales a mecanismos de distribución de prevendas y favores políticos (en el caso del Trabajar), o, asociados a nuevos negocios privados (como en el caso de las instituciones de capacitación).

Pero más allá del enfoque asumido, ninguna acción de gobierno parece poder escapar al paradigma neoliberal dominante, al clima social conservador creado por las crisis inflacionarias o recesivas, y a los particulares esfuerzos desplegados por las agencias financieras multilaterales (FMI, BM y BID) con el fin de definir prioridades y modos específicos de ajustar las acciones de gobierno a los procesos de globalización y a los compromisos internacionales. De ahí también que las reformas económicas hayan gobernado el campo de las políticas sociales y laborales a lo largo de toda la década.

De esta manera, en ésta como en las anteriores medidas laborales, el diagnóstico oficial-empresarial fundado en las condiciones anteriores, predomina como criterio de realidad, convoca a los formadores de opinión pública y parece ganar el sentido común: a) las regulaciones laborales atentan contra la competitividad, b) el trabajo no registrado es resultado del exceso de regulaciones, c) la negociación centralizada posibilita la corrupción sindical y eleva los costos laborales directos e indirectos en forma innecesaria, d) las protecciones socavan la disciplina laboral.

A partir de estos axiomas, la verdad figurada se impone como transparente: el desempleo en Argentina es el resultado de los altos costos que debe afrontar el capital y la permanente inelasticidad de los salarios a la baja –sobre todo en períodos de exceso de oferta o caída de la demanda-, en ambos casos, debido al exceso de regulaciones y al poder de negociación sindical. Por lo tanto, para que la economía crezca y aumente el empleo, deberían bajar los salarios y las protecciones..., y para que ello ocurra resulta obligado flexibilizar los convenios colectivos y las resistencias de los trabajadores. De ahí, la última reforma laboral.

Pero en función de ordenar este panorama, no parece adecuado entender las medidas de flexibilización y las reformas laborales e institucionales como fenómenos indiferenciados. Los primeros se diferencian en su varias dimensiones, han operado sobre todo a nivel micro económico, y, a la vez, se especifican según los segmentos del mercado laboral. Por su parte, las reformas han transitado entre diagnósticos cambiantes en el marco de las luchas por la definición del problema, las coyunturas políticas, las alianzas y conflictos entre los distintos grupos de interés. Como resultado se presenta un panorama complejo tanto desde el punto de vista de las reformas como de su impacto sobre relaciones laborales.

A- El proceso de reconversión productiva y reestructuración económica impactó objetivamente en la estructura social del trabajo en dos sentidos claros: a) en términos cuantitativos, por aumento del desempleo y el subempleo de fuerza de trabajo y deterioro de las condiciones sociales de su reproducción; y b) en términos cualitativos, en cuanto a modificaciones en el valor de uso, las pautas de utilización de la fuerza de trabajo y las relaciones de fuerza laborales. Al respecto, debe observarse que tales efectos tuvieron un impacto heterogéneo sobre las relaciones laborales, las condiciones de vida y los balances reproductivos de las familias, consumidores, perceptores y trabajadores.

B- La combinación de apertura comercial, tipo de cambio fijo, nueva estructura de precios relativos y estabilidad monetaria -en el contexto de la Ley de Convertibilidad-, pusieron en desequilibrio continuo el nivel de utilización y precio del factor trabajo en las empresas y al interior de las ramas y sectores. Las reacciones empresarias a los procesos de reestructuración fueron ciertamente heterogéneas y segmentadas, a la vez que diferentes en los distintos momentos del ciclo. Sin embargo, es posible reconocer como principales tendencias: a) reducción de costos laborales directos e indirectos, b) flexibilización de los contratos, y c) reconstrucción de compromisos individuales y corporativos al interior de la empresa.

C- En efecto, los cambios en las reglas de juego fueron acompañados por medidas estratégicas por parte de las empresas con efectos diferentes sobre el mercado de trabajo: 1) Reconversión tecnológica – con adaptación de la calidad / cantidad de fuerza de trabajo requerida para los procesos productivos poniendo en juego salarios de eficiencia-; 2) Racionalización de los procesos de trabajo y costos laborales – con absorción de menor cantidad de fuerza de trabajo y exigencias de mayor productividad por unidad empleada, a la vez que con caída de las remuneraciones-; y 3) Cierre o entrada en la ilegalidad de empresas con baja productividad– expulsión, menor demanda absoluta de fuerza de trabajo, caída de las remuneraciones y/o evasión impositiva y contribuciones patronales-.

D- Estas distintas situaciones generaron un proceso de fragmentación y heterogeneidad de las relaciones de trabajo y los colectivos laborales. Una de las consecuencias de esta fragmentación fue la ruptura en términos del rol de los sindicatos como garantes de los intereses asociativos de los trabajadores; evidenciándose una fuerte subordinación de los mismos a los requerimientos de las empresas, lo cual se tradujo a su vez en fenómenos como la disminución de las tasas de sindicalización, el aumento de las negociaciones descentralizadas, la disminución de la conflictividad laboral, la incorporación de cláusulas de flexibilización –desreguladoras de los convenios colectivos de ramas, etc.

E- En contraste con las reformas económicas, el devenir de las reformas laborales se podría calificar como cambiante y sinuoso. Las principales acciones e intentos de reforma tendieron a desmontar el marco institucional "proteccionista", y a fundar una institucionalidad "flexible" a las exigencias de un nuevo escenario económico. En términos generales, durante el primer período, los objetivos estuvieron centrados en acompañar los procesos estructurales, facilitando la reasignación de la mano de obra y habilitando la disminución –aunque moderada- de los costos empresariales. La redefinición posterior acentuó los rasgos reformistas, siendo "el desempleo" el argumento mismo de la necesidad de una profunda reforma del mercado de trabajo. En general, las reformas no siguieron un curso lineal, quedando su resolución sujeta a las pujas de poder entre grupos empresarios, organizaciones sindicales, presiones externas y distintas orientaciones dentro de la propia instancia gubernamental.

F- Como ejes fundamentales de dicha tendencia pueden reconocerse con estrecha relación entre sí las siguientes líneas de reformas: a) en el plano "productivo": flexibilización y rebaja de costos laborales (flexibilidad interna y externa; disminución de impuestos y cargas laborales); b) en un plano político: debilitamiento del poder sindical (reglamentación del derecho de huelga, llevar la negociación colectiva al nivel de empresa; desregulación de las Obras Sociales); c) en el plano económico: apoyo a la creación de un mercado de capitales y nuevos negocios en el área social (privatización de los fondos previsionales -AFJP-, creación de los seguros de riesgos del trabajo -ART-, y desregulación de las Obras Sociales).

G- Pero las marchas y contramarchas en la normativa laboral, contrastan con el proceso real de flexibilización "de hecho" que experimentaron las relaciones laborales : a) actualización de Convenios Colectivos por empresa y actividad con contenidos altamente flexibles; b) negociaciones informales por establecimiento en un marco fuerte competencia laboral; c) prácticas clandestinas de auto-degradación y/o sobre-explotación propiciadas por el temor al despido (sobre todo en pequeñas empresas con trabajadores "en negro", pero también al interior del sector formal "en blanco"). Todas estas modalidades de flexibilización real se encuadran en un contexto de alto desempleo cuyos efectos disciplinadores se combinaron –en el caso de las pequeñas y medianas industrias- con las dificultades financieras y de competitividad, llevando a que en muchos casos los objetivos de empresarios y trabajadores coincidan en términos de evitar el cierre y mantener los puestos de trabajo.

H- Esta tendencia a la precarización laboral tendió a generalizarse como práctica normal en el conjunto de las empresas independientemente de su situación comercial. Esta situación se combinó con una ausencia casi total de la función fiscalizadora del Ministerio de Trabajo en términos de velar por el cumplimiento de los convenios colectivos, proteger los derechos laborales, impedir la evasión a la Seguridad Social, sancionar la sobreexplotación clandestina, etc. Al mismo tiempo, el sindicalismo asumió una estrategia defensiva, apuntando prioritariamente a una conservación de atribuciones corporativas, antes que a la defensa de derechos laborales y condiciones de trabajo. Así, la resistencia sindical se concentró en la oposición a los intentos y acciones dirigidos al debilitamiento del poder sindical -a través de la descentralización de la negociación y la desregulación de las Obras Sociales-, a la vez que fue cediendo posiciones en otros campos (flexibilidad interna, aportes patronales, etc.).

I- Frente al deterioro general de la institucionalidad laboral, poco pueden o parecen poder hacer los sindicatos. Su demanda de un Seguro de Desempleo de mayor cobertura, no es más que un argumento político puesto en juego para hacer más evidente la incipacidad del mercado y del Estado para resolver el problema. La defensa de algunos nichos institucionales, parecen ya perdidos. En este contexto, las ONGs han procurado aportar su capacidad de gestión y de movilización de recursos en función de ocupar un papel intermediario entre los Desocupados y el Estado, aceptando casi incondicionalmente las reglas de juego del mercado. Su papel parece asociado a la necesidad de legitimación de la política de reformas y de reemplazo del actor sindical. En definitiva, la crítica al mercado carece de un actor y de propuestas. En realidad, carece de poder político y de control sobre la opinión pública. Mientras tanto, la sociedad continúa fragmentándose...

El efecto final de estos cambios ha sido la estructuración de un proceso social de producción y reproducción de "excedentes relativos y absolutos de fuerza de trabajo", el cual se expresa y materializa en las variadas formas que asume el desempleo y las trayectorias laborales asociadas a ellas:

1) La población que no trabaja, busca trabajo y no lo consigue, constituyendo la forma mas típica del desempleo, pero no la única y no siempre resulta esta la más grave (trabajadores secundarios o beneficiarios del seguro de desempleo);

2) Los trabajadores asalariados no registrados, excluidos de los sistemas de seguridad y del marco asociativo de competencia, regulaciones y protecciones a cargo del Estado;

3) Los trabajadores ocupados cuya productividad e ingresos que reciben son menores a las condiciones productivas de la economía y a su potencial humano –subempleados que buscan cambiar de empleo-;

4) También, los trabajadores subocupados o inactivos desalentados de baja capacitación o capital humano obsoleto, que no encuentran opciones de mercado ni condiciones productivas favorables para reconvertirse y realizar su potencial humano;

5) Los desocupados estructurales, marginados laboral y territorialmente, que operan como mercado cautivo de los programas de empleo transitorios y de la políticas de compensación de ingresos (la mayoría de ellos, subocupados o inactivos de reemplazo).

6) Los desocupados-rotados, de cualquiera de los grupos anteriores, afectados por los procesos de desgaste, competencia intralaboral, reducción del fondo de reserva, ajuste de expecativas, desaliento laboral, etc., en caída laboral y social.

El contexto económico-productivo y social en el cual se gesta y desarrolla el problema de la desocupación debe considerarse un factor central a la hora de evaluar y rediseñar las Políticas Laborales. En este marco, cabe reconocer en primer lugar que los cambios estructurales, tecnológicos e institucionales no son condiciones suficientes para enfrentar la emergencia ocupacional ni lograr una estrategia de crecimiento sostenido de la economía y el empleo a largo plazo.

Dar respuesta a la creación genuina de puestos de trabajo en concordancia con los requerimientos de la población, exige como condición necesaria –además de cambios institucionales y políticas activas de reconversión- un contexto de real crecimiento de la actividad productiva. Cuando esto no sucede, resulta natural la emergencia de demandas de intervención pública –por muy explostivas e ilegales que resulten- en procura de atender el desempleo estructural, las crisis regionales, la debilidad institucional y el fuerte déficit social que afecta particularmente a aquellos sectores más vulnerables.

¿Es posible encontrar un denominador común durante los diez años que transitaron entre la Ley Nacional de Empleo de 1991 –lejos, el techo legal más prosindical de la década- y la reciente Reforma Laboral del 2000 –de clara orientación antisindical, aunque no tan liberal como se esperaba-? Sin duda podemos ensayar una respuesta. En primer lugar, en todos los casos, una misma promesa política: superar el flagelo de la desocupación creando más y mejores empleos, a cambio del paulatino pero sistemático predominio de reglas de juego fundadas en el protagonismo del mercado en desmedro de los derechos colectivos, del consumidor en desmedro del trabajador. En realidad, la continuidad de la Política Laboral parece ser el progresivo "desmantelamiento" de las instituciones laborales de representación y protección de los trabajadores. Para ello, pactos sindicales y negociaciones empresariales, acuerdos políticos entre gobierno y oposición, variadas reformas y normas (promoción del empleo, desregulación y privatización del sistema seguridad social, contratos flexibles, control de los salarios, reducción de aportes y contribuciones patronales, control del derecho de huelga, etc.). Todo ello, en efecto, independientemente de la transición política y de los cambios de estilo político, en cualquier caso, presionados por la mismas verdades dominantes.

Por lo mismo, la clave interpretativa del fenómeno de precariedad y flexibilización laboral no son sus efectos de desempleo, marginalidad o exclusión, sino las formas en que el fenómeno expresa y reproduce las relaciones de fuerza que intervienen en la puja de la distribución del ingreso y de poder entre los actores sociales. Desde esta perspectiva, cabe reconocer en el desempleo y la precariedad laboral las formas típicas bajo las cuales se expresa la mayor subordinación del trabajo al capital y las posibilidades objetivadas de su mayor explotación. En este contexto, las Reformas Laborales y las medidas de ajuste fiscal no escapan al paradigma dominante: bajar el gasto público, aumentar el desempleo, reducir la capacidad de negociación de los trabajadores y dividir al movimiento sindical, con el objetivo ajustar las expectativas de ingresos, bajar los salarios nominales y reducir el costo laboral en favor del sector privado –nacional e internacional-, con la única esperanza –fundada en una creencia no fundada empíricamente- de que gracias a ello el mercado habrá de ganar confianza, competitividad y dinamismo; y que sólo esto habrá de generar más empleos y mejor distribución del ingreso.

Mientras tanto, los efectos sobre la realidad de estas medidas también son contundentes: crecimiento económico con más desocupación, peores condiciones de trabajo, más pobreza y desigualdad. Todo ello, junto a la agraviante sensación de que nunca es suficiente, que la promesa del paradigma nos resulta inmerecida. Bajo ese nuevo clima social –fuertemente castigado y saturado por los dispositivos neoliberales- se acumulan argumentos y evidencias hacia otra alternativa: ¿por qué no una política de Estado –a nivel nacional e internacional- orientada a que sea el gran capital el que ajuste sus expectativas y reduzca sus tasas extraordinarias de ganancia? ¿Por qué no, por ejemplo, masiva incorporación de tecnología con efectiva reducción de la jornada laboral sin merma del salario real?

Sin duda, este conflicto no se resuelve en el terreno de la teoría económica, ni en el campo electoral o legislativo, ni mucho menos gracias a la capacidad o a la honestidad de los políticos o funcionarios de uno u otro gobierno o partido; si bien estos y otros factores participan de los acontecimientos, la actual estructura emergente se configura por ahora –tanto en el campo socio-laboral como en otros terrenos de la vida social- en forma casi anónima, confrontando verdades figuradas con los hechos que ellas generan, como un proceso irreversible de desmantelamiento de viejas instituciones, a la vez que de resistencias, revalorización del mundo del trabajo y nuevos protagonismos sociales...

Aceptada esta situación, se comete una gran equivocación si se espera que la solución a la crisis del empleo puede ser depositada en las posibilidades de la Política Laboral. Obviamente, igual error se comete si tal expectativa se deposita en la mano invisible del mercado o en la capacidad de gestión de las ONGs y el voluntariado social. La naturaleza del problema exige un repertorio variado de estrategias y acciones de amplia imaginación y participación social, significativas por su capacidad de movilización social, pero cuyo impacto real e inmediato frente al "desempleo" habrá de ser sólo de alcance limitado. Sin duda, cabe ir neutralizando los aspectos más conflictivos y deficitarios del punto de vista social y ocupacional. Pero sobre todo, es necesario y prioritario ir generando nuevas condiciones políticas, institucionales y ocupacionales para hacer posible la reconstrucción social a partir del trabajo como valor fundamental. Esta tarea debe ser realizada desde la base de la sociedad, los trabajadores, los desocupados, los sindicatos y las organizaciones, y sólo así y desde ahí toda demanda al Estado tendrá legitimidad y fijará políticas.

En este contexto, ¿cabe esperar algo distinto a partir del poder regulador del Estado? En general, se afirma, se espera y se demanda que así sea. Pero mi impresión es otra: las condiciones laborales son graves, justamente porque el poder regulador del Estado lo hace posible. El Estado globalizado moderno no es una entelequia al margen de la estructura de intereses multilaterales y de voluntades dominantes que construyen la realidad histórica del capitalismo en cada sociedad concreta. Por lo mismo, antes que demandar "más Estado", resulta necesario producir "más Sociedad". Esto es, sistemas sociales con suficiente densidad institucional, interacción entre los actores, intercambio de valores culturales, voluntad política, etc., tal que estos procesos permitan producir redes locales de articulación de poder.