Mi nombre es Francisco Pérez, Coordinador de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat. Primero voy a hablar un poco de mi gente y como vivimos, y después quiero hablar de las leyes, las normas jurídicas, que tratan de los pueblos indígenas. Quiero contarles como se está poniendo en práctica estas leyes, como lo vivimos nosotros.

Nosotros vivimos en el Norte de Argentina a orillas del Río Pilcomayo, en la Provincia de Salta. Estamos en la parte que se llama el Chaco, que es una zona de mucho calor y sequía en el invierno. Somos más de 40 comunidades de cinco grupos étnicos: Wichi, Chorote, Chulupí, Toba y Tapiete. Yo soy del pueblo Wichi. También viven en la zona los no indígenas que llamamos criollos o chaqueños, algunos de quienes están hace casi cien años.

Somos pescadores, cazadores y recolectores del fruto del monte. Tenemos algarroba, chañar, mistol, poroto de monte, entre muchas otras frutas; hacemos artesanías de Palosanto y nuestras mujeres hacen yicas (o bolsas) de chaguar, con colores que sacan de diferentes plantas, algunos de raíces, otros de frutas y semillas, y de otras partes de la planta.

Somos cazadores que en estos tiempos caminamos hasta 40 km. para buscar miel y animales silvestres, por ejemplo, pichí, conejo, iguana. Cazamos con perros. También hacemos agricultura con cercos familiares, aunque no todos somos agricultores, pero sí hacemos pequeños cercos de hasta 1 Ha. para sembrar maíz, zapallo, anco, poroto, melón, sandía, etc.

Somos mayormente cristianos de diferentes iglesias: la anglicana, católica y pentecostal. También hay muchos de nosotros que mantienen las creencias y prácticas antiguas de los chamanes (brujos) y curanderos. Creemos que hay causas espirituales de muchas de las cosas que nos pasan en la vida. Hay otras costumbres antiguas, como los bailes, casamientos, fiestas, que ahora no practicamos. En cambio, muchos de nuestros valores, por ejemplo el compartir, el respeto, el no enojarse, la tranquilidad, siguen siendo muy importantes para nosotros y, hasta hoy en día, no dejamos de practicar nuestras costumbres en la parte económica, o sea seguimos siendo cazadores, pescadores, recolectores, y artesanos.

En nuestra vivienda hay algunas modificaciones ahora; algunos tienen sus casas un poco más permanente, con tener paredes de adobes, techo de tierra y chapa, pero también hay muchos que todavía tienen su casita con paredes de ramas y techito de tierra.

Bien, nosotros como indígenas queremos seguir viviendo y trabajando de acuerdo a nuestras costumbres que son diferentes de las costumbres del hombre blanco. Para nosotros la vida depende del monte que antes era mucho más rico que ahora. Hoy en día, por razón de los animales de los criollos (principalmente las vacas, que comen los frutos del monte y el pasto y luego invaden nuestros cercos de cultivos, nuestra comida es cada vez más escasa. Para poder defender la base de nuestra subsistencia, hace más de quince años decidimos pedir al Gobierno de Salta la propiedad de nuestras tierras porque legalmente figuran como de la Provincia de Salta, o sea vivimos en dos fiscales que son del Gobierno de la Provincia: el Fiscal 55 y el Fiscal 14.

Nosotros como indígenas no podemos entender hasta ahora lo que hacen nuestros Gobiernos. De pronto uno puede ver los papeles y uno puede pensar que así como está escrito así se tiene que hacer. Por ejemplo, en el año 1986 se aprobó una ley aborigen para la Provincia de Salta, Ley Nº 6.373, mediante la cual se creó el Instituto Provincial del Aborigen (I.P.A.), que habla entre otras cosas de la entrega de las tierras a las comunidades indígenas. También en el año 1985 se aprobó la Ley Nacional Nº 32.302 por la que se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y que también trata de la adjudicación de tierras a comunidades indígenas. A nivel internacional se firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), que fue aprobado por el Congreso Nacional por Ley Nº 24.071 en el año 1992. La reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 también incorpora los derechos de los pueblos indígenas en el Art. 75, inc. 17. Entonces para nosotros, como indígenas, sería fácil pensar que en estas tres leyes y la Constitución Nacional hay un reconocimiento de lo que es del aborigen. O sea el aborigen tiene el derecho de tener su propia forma de vida, sus propias tierras y su propia forma de manejo de esas tierras, como también su propia educación, salud, y su propia forma de tomar las decisiones sobre todo esto. Así dice la ley: así tendría que ser.

Pero nosotros sabemos que no se está cumpliendo estas leyes. Vemos que, si bien se quiere cumplir algunas cosas, siempre se busca lo forma de "engañar" para que la práctica no es del aborigen, sino tiene que adaptarse a la forma de los blancos o del gobierno. Hemos visto, por ejemplo, que la Constitución Nacional, en el Artículo 75, Inc. 17, dice que se reconoce o garantiza el respeto a la identidad de los pueblos indígenas, su derecho a una educación bilingüe e intercultural. Sin embargo, a pesar de lo que dice la Constitución, vemos que la sociedad argentina y los gobiernos no lo están cumpliendo

La Constitución Nacional, también la Constitución de mi Provincia de Salta, establece que se tiene que reconocer la personería jurídica de nuestras comunidades. Ahora, la personería jurídica no es una idea o una forma de nosotros. Es una idea de los blancos que quizás sirve para los criollos. Nosotros, en cambio, tenemos nuestra propia forma de organización, pero todas las reglas, todas las prácticas, no están escritas. No hay nada escrito, pero podemos decir que estamos cumpliendo el reglamento con la práctica. Entonces el Gobierno dice, la ley dice, que hay que reconocer la personería jurídica de las comunidades indígenas, y luego ellos preparan el modelo de personería jurídica y quieren que las comunidades simplemente lo aprueben sin hacer sus propias observaciones. Aquí vemos que no se está cumpliendo con lo que dice la ley, o sea la Constitución Nacional y la Provincial, que establecen que se debe asegurar la participación de los indígenas en todos los intereses que nos afecten.

La norma constitucional también habla del reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan nuestras comunidades. Para nosotros, esta parte donde dice, "las tierras que tradicionalmente ocupan" (Art, 75, Inc. 17) es muy importante. Teniendo los estudios de esas tierras que se están ocupando desde hace muchísimos años, no debería hacer falta otra información o otra ley para que se entreguen las tierras, sino que el gobierno tendría que entregarlas a cada pueblo o grupo indígena, sin pensar mucho, porque todos saben que esas tierras son tierras que ocupamos tradicionalmente. Sin embargo, siempre falta otro estudio, otro decreto o resulución.

Además de la propiedad comunitaria, la Constitución Nacional habla de regular la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, por lo que entendemos nosotros, como wichi del Chaco, que se debe entregar las tierras que necesitamos para desarrollar nuestra forma de vida, o sea un espacio suficientemente grande para que podamos desarrollar nuestras propias costumbres de recolectar los frutos, la miel, de cazar y pescar y todas las demás costumbres. También que haya suficiente espacio para el futuro desarrollo de nuestros hijos, con todo lo que ellos van a querer hacer.

Si ahora miramos la forma en la que el Gobierno de Salta está entregando las tierras, vemos que está muy lejos de respetar lo que dice la ley y nuestro pensamiento. En la zona del Pilcomayo, donde vivo, se ha entregado unas cuantas pequeñas parcelas, a grupos que ni siquiera son comunidades, aunque luego el Gobierno los hacen figurar como comunidades y se les entrega una personería jurídica con la parcela. Sentimos algo muy oscuro, no sabemos lo que está haciendo el Gobierno con la entrega de las tierras. Por un lado, tenemos nuestra propia organización, la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, que tiene sus asesores legales y técnicos, que acompañan nuestro pedido de las tierras, quienes nos ayudan en formular los documentos que se necesitan para presentar al Gobierno. El pedido de nuestra organización es muy claro, está acompañado por una fundamentación legal, la historia de nuestros pueblos en esta tierra y mapas de nuestros lugares y las áreas de recorrido de cada comunidad, con los nombres en nuestros idiomas. También está muy claro que el pedido de la Asociación Lhaka Honhat se base en las decisiones de los indígenas, de los caciques y que tiene mucha participación de todos los indígenas de la zona.

Lastimosamente, esto es lo que el Gobierno no quiere escuchar. El Gobierno de Salta dice que no va a escuchar a ninguna asociación, ni cacique, ninguna institución, sea religiosa o organización indígena. Ha dicho que va a entregar parcelas a quien quiera. Aquí es evidente que la política del Gobierno está contradiciendo la misma Constitución Nacional que garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupamos; también contradice la garantía de nuestra participación en los intereses que nos afecten y contradice el reconocimiento de la personalidad de nuestras propias organizaciones (Constitución de Salta, Art. 15). Entonces, mientras que nosotros, en nuestra Asociación, estamos trabajando para ayudar al Gobierno para demostrarle que hemos ocupado esas zonas y lugares hace muchísimos años, y que la ley nos apoya en nuestro reclamo de la propiedad comunitaria de las tierras, el Gobierno desarrolla su propia política ignorando a nosotros y a las leyes.

Mientras que nosotros trabajamos de esa manera el Gobierno está haciendo otra cosa, está entregando títulos de parcelas muy pequeñas a los indígenas, y parcelas mucho más grandes a algunas familias criollas. Entonces está muy mal lo que hace nuestro Gobierno. No existe la participación indígena que la Constitución nos garantiza.

Queremos que el Gobierno cumpla esta parte, que el Gobierno nos asegura la participación en la toma de decisiones sobre como se entrega la tierra porque esto afecta nuestro acceso a los recursos naturales. Como ya dije, nosotros vivimos del monte y del río, vivimos de la tierra y los recursos naturales, así que es obvio que queremos tener participación, como garantiza la ley, en la gestión referida a los recursos naturales y a los demás intereses que nos afectan (Art. 75., Inc.17).

En nuestra zona hay mucho corte ilegal de madera que el Gobierno no controla. Cuando se hizo el Puente Internacional sobre el río Pilcomayo en lugar llamado Nop’ok Wet (Misión La Paz) no se consultó con ninguno de nosotros, ni con los caciques. Otro ejemplo son las obras que actualmente se están haciendo en la costa del Pilcomayo, una defensa del río, que se hacen sin consultarnos aunque afectan nuestras vidas. Nosotros hemos vivido aquí mucho más tiempo que el hombre blanco; vivimos del río y tenemos muchos conocimientos del río. Sabemos que el río es muy delicado, pero nadie nos consulta. Por estas razones debemos participar en la toma de decisión acerca de cualquier obra con relación el río Pilcomayo. Pero en esto no nos da participación, no hay cumplimiento de la ley.

Miremos ahora la educación. Hablamos antes de la educación bilingüe e intercultural que establece tanto la Constitución Nacional como la Provincial. Aunque hay muchos maestros bilingües, no saben como tienen que trabajar dentro de la educación en la Provincia. Lamentablemente, ellos están trabajando no como maestros, sino como una ordenanza más en la escuela; los manda para buscar carne, para hacer cualquier cosa, hacer fuego, etc. No son capacitados adecuadamente para que puedan enseñar a los niños en nuestro propio idioma y de acuerdo a nuestras pautas. En otras palabras, en la educación tampoco se cumple lo que dice la ley.

En el área de la salud, tenemos agentes sanitarios y enfermeros aborígenes. Muchas veces no trabajan en las mismas condiciones como los criollos, sino tienen que ir lejos de su casa. Por ejemplo, tengo información de un sanitario aborigen que recorre desde el hospital base de Santa Victoria Este hasta 65 km., donde tiene su base de trabajo. Ahí se guarda las vacunas en una heladera y las lleva a otros parajes, a unas 72 casas en total, a una distancia de hasta 30 km. o 40 km. las unas de las otras. El agente sanitario aborigen es de otra comunidad bastante lejos, que se llama Alto de la Sierra. Durante semanas anda haciendo el trabajo en su sector, bajo el calor y en bicicleta. A veces no hay agua en el camino para tomar. Por estar trabajando en una zona lejos de su propia comunidad y mayormente entre familias criollas, sufre mucho más que los agentes sanitarios criollos. Estos están trabajando en su propio lugar y al fin del día están con su familia. Mientras que el agente sanitario aborigen está quedando en el monte, sin casa propia, a veces sin comida y agua. Estas diferencias, que ocurren en algunos casos, muestran que hay discriminación en contra del aborigen.

Junto al tema de las tierras, nos preocupan mucho los grandes planes de desarrollo que hoy en día el Gobierno tiene para las zonas donde vivimos. Cuando el Gobierno habla de sus planes de desarrollo está pensando en grandes desmontes donde sembrar poroto para mandar al exterior. Se habla de Mercosur y la construcción de rutas para llevar productos de un país a otro. Hablan de hacer grandes obras para el desarrollo de la zona, pero nosotros en nuestras comunidades aborígenes pensamos en otro tipo de desarrollo: desarrollo que es un mejoramiento del ambiente, el cuidado y recuperación del ambiente, ayudar para que sea mejor, mejorar el monte, mejorar las plantas, mejorar los animales del monte, que haya mucho más, etc..

Vemos que nuestros planes de desarrollo chocan con los planes del Gobierno y del Estado Argentino. Es muy difícil para el Gobierno pensar como pensamos nosotros y respetar nuestros planes de desarrollo. Mientras el Gobierno tiene ideas grandes, las mismas ideas para nosotros son un gran peligro, porque podrían causar que morimos todos. Porque ahí donde se hacen las grandes obras, en medio de esas fincas y grandes desmontes ya no vamos a poder hacer nuestros pequeños cercos para los cultivos, no vamos a poder cazar y recolectar frutas y miel, no vamos a poder sobrevivir. Solamente vamos a poder seguir como peones. Pero todos sabemos muy bien que el desarrollo hoy en día hace que no hay necesidad de tanta mano de obra, porque se hace todo cada vez más con maquinaria. Entendiendo esto se vuelve muy difícil para nosotros pensar como sería nuestra vida en el futuro. De aquí surge el esfuerzo de nosotros de seguir peleando para que se reconozca que estas tierras son las tierras que ocupamos tradicionalmente. Por esta razón buscamos el apoyo del Gobierno Nacional y de otras instituciones internacionales para que el Gobierno de la Provincia de Salta respete nuestros derechos como indígenas, de acuerdo a lo que dice la ley, y que no nos trate como hace cien años atrás, como indios que no dicen nada, que no reclaman nada.

Queremos simplemente defender a nuestra gente, queremos que el Gobierno, y la sociedad en general, nos respete, y que cualquier decisión que quiera tomar que afecte nuestros intereses lo haga con la plena participación indígena. Queremos que nos escuche y tome en serio nuestros pedidos y que no simplemente busque imponer su idea. Queremos que nos respete como indígenas, pero no como su idea de los indígenas.

28 de octubre de 2000,

Kanohis (Cañaveral), Santa Victoria Este, Salta.