Desde hace mas o menos tres años, como un susurro, y desde el 2001, de manera enfática, se viene forjando la idea de reformar la Constitución para poder reformar el país reduciendo el número de provincias, con el fin de "eliminar el gasto superfluo, o el gasto político".

Primero fue el neo conservador Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA), a través de su rector, Carlos Rodríguez, quien propuso el extremo de organizar políticamente el país en "cinco o seis regiones", reducir el Parlamento bicameral a una sola cámara de mas o menos 35 diputados eliminando el Senado, porque "a estos los manejan los gobernadores", y así reducir el gasto político que según el economista ascendía a 11.000 millones de pesos/dólares en 1999.

Palabras mas, palabras menos, así se reducía el planteo fiscalista de quienes manejaron las finanzas públicas entre 1996 y 1999 de la mano del entonces ministro de Economía, Roque Fernández, momento en que el déficit fiscal trepó a niveles inusitados.

Claro que la idea del economista neo-conservador sonaba como mínimo "pintoresca" o "extravagante", para no brindar calificativos peyorativos desde temprano, allá por fines del 99 y comienzos del 2000, cuando la llegada al gobierno de la Alianza UCR-Frepaso convocaba a recrear el Estado a través de la ética y un manejo racional de los escasos recursos.

La inoperancia de esta unión electoral (que daría para todo un libro) hizo, entre otras cosas, que esta idea fuera tomando cuerpo a partir de dos ejes: El primero, el abultado déficit de las cuentas públicas y, el segundo, el descrédito en que fue cayendo rápidamente la clase política en general.

En este marco de caída económica y de representación política, el planteo original fue ganando espacio como algo serio y que no solo se podría implementar sino que debía hacerse. Para eso los impulsores de la reforma contaban con la inigualable ayuda de toda una clase política que ha medrado desde el poder. Como ejemplo, uno de los tantos, los diputados de la legislatura de Formosa ganaban 12.000 pesos/dólares en una de las provincias más pobres del país.

El año pasado, desde la casa quinta de Armando Gostanían, el ex detenido, y ex presidente, Carlos Menem, propuso a través de una carta de lectores al diario La Nación este cambio en la división política del país. Pero fiel a su espíritu "renovador" el ex presidente avanzó algo mas y planteó la necesidad de reducir "a la mitad" el número de diputados, y eliminar el tercer senador por la minoría que el incorporó, en alianza con su antecesor Raul Alfonsín, en la reforma constitucional de 1995.

Para fines del 2001, cuando la crisis se avecinaba de manera galopante, el planteo de reducción del gasto público a través de una menor representación se fue mejorando, tomando cuerpo, como una masa que levaba y se acrecienta. Así apareció "el modelo Chileno", aquel que a comienzos del 90 pregonaba el periodista y operador de prensa Bernardo Neustadt, como ejemplo económico a seguir, pero ahora en el plano político. Así se señala que la división del país en regiones mas grandes no solo conllevará la reducción del número de gobernadores y legislaturas, sino que les dará a estos territorios un mayor peso económico en el cual podrán lograr el tan ansiado equilibrio fiscal.

Por último, y para no caer en el tedio, el analista político Mariano Grondona propuso desde su columna de opinión el pasado 25 de mayo "Refundar la república" a partir de esta subdivisión.

La pregunta obvia es "¿qué encierra esta reforma?", desde yá que nadie medianamente sensato puede creer que sea necesario una reforma constitucional en torno a la representación para reducir el déficit fiscal. Para bajar el tan meneado gasto político, del cual hay cifras divergentes, no es necesario reducir el número de diputados o de senadores a nivel nacional, solo basta reducir, vía ley de Presupuesto, el monto que se les asigna, procedimiento que se podría extender a cada provincia.

Lo que encierra este sofisma, ya que no se puede calificar de otra forma, es la concentración en pocas manos del poder político y reducir lo más posible la opción electoral, afectando a los partidos chicos. Este planteo no es casualidad. La debacle económica aceleró los tiempos. Los grandes grupos económicos, que no actúan de manera unívoca, quieren menos interlocutores para negociar con el poder político e imponer de manera mas fácil sus líneas de acción. Pelear con senadores, algunos de los cuales no responden a los gobernadores, para que aprueben tal o cual ley es un gasto inútil.

Para estos grupos económicos, de los cuales el eje CEMA-Carlos Menem es sólo una de sus expresiones, esta es la hora para lograr esta concentración política, que si hasta ahora no se llevó a cabo es porque la propia clase política no quiere ver afectada su supervivencia.

¿Quién puede creer que el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirschner va a dar su apoyo a un proyecto por el cual pierda su poder a manos del radicalismo de Chubut o de Río Negro, o Adolfo Rodríguez Saá su reinado en San Luis por las provincias cuyanas.

Sí puede llegar a prosperar -por desgracia- la reducción del número de diputados, ya que concentraría aún más el poder de representación del peronismo, como fuerza dominante, y del radicalismo, como alternancia, relegando a los díscolos terceros partidos que amenazan el protagonismo del partido de Alem e Yrigoyen.

Hay que recordar que en el 99 eso era una idea pintoresca y  hoy es un tema de discusión.

* Fabián Quintá es sociólogo y periodista de la agencia de noticias Télam entre otros temas.