ABISUA-5 La reserva Forestal Imataca y los Pueblos Indígenas

Venezuela

La Reserva Forestal IMATACA y los Pueblos Indígenas

  El 14 de Mayo de 1997 El Consejo de Ministros de Venezuela aprobó el PLAN DE ORDENAMIENTO Y REGLAMENTO DE USO DE LA RESERVA FORESTAL IMATACA, presentado por el Ministerio del Medio Ambiente. Lo aprobó después que el Gobierno Nacional convocó a una reunión en Puerto Ordaz el 7 de Mayo pasado para presentar el borrador de dicho plan ante la opinión pública. Allí había acordado que se disponía hasta el 30 de Mayo para presentar las observaciones a que hubiere lugar. Es así evidente que nos encontramos ante una burla a la sociedad civil, ante una manipulación de intereses a espaldas de la población venezolana, con el oscuro propósito de explotar las valiosas riquezas naturales de la Reserva Forestal de Imataca, para el beneficio de una minoría.

El Plan de Ordenamiento y Reglamento de uso de la Reserva Forestal Imataca presenta las siguientes deficiencias y omisiones:

  1. Contraviene las disposiciones del Decreto Presidencial Nº 2.214, sobre las "Normas para la Administración de las Actividades Forestales en Reservas Forestales, Lotes Boscosos, Areas Boscosas bajo protección y Areas Boscosas en terreno de propiedad privada destinadas a la Producción Forestal".
  2. Ignora los derechos territoriales y otros derechos fundamentales de las comunidades indígenas que habitan desde tiempos ancestrales partes de ese territorio.
  3. Excluye el establecimiento de áreas protegidas donde no se permita la actividad forestal o minera.
  4. Constituye una amenaza cierta a la biodiversidad y a la estabilidad ecológica de la zona.
  5. Excluye la participación de la sociedad civil organizada en los mecanismos de seguimiento y control.
Sin embargo, es bien conocido que la Reserva Forestal de Imataca es un territorio particularmente frágil y especialmente rico, no sólo en oro y otros minerales, sino en recursos hídricos, energéticos, culturales, forestales, y en su enorme diversidad de formas y de asociaciones de vida, cuya protección y conservación es asunto de interés nacional.

TERRITORIOS INDIGENAS
Sorprendentemente no contempla ni reconoce los territorios Indígenas, a pesar de ser esta una región habitada ancestralmente por las etnias Warao hacia el Norte, Kariña en la parte media, Pemón y Akawaio hacia el Sur. El tratamiento de los derechos de las comunidades indígenas localizadas en ese territorio es vergonzosamente deficiente, limitándose a su importancia como atractivo turístico y como mano de obra para los "desarrollos" propuestos. El Plan de Ordenamiento reparte más de tres millones de hectáreas para actividades comerciales, incluyendo derechos para el establecimiento de infraestructura para la explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales de la Reserva. Pero a los indígenas, habitantes tradicionales de este territorio, cuyos derechos serían reconocidos en cualquier país civilizado en la actualidad, no sólo se les ignoran sus derechos territoriales, sino que se les impide explícitamente la expansión de las actividades de subsistencia que actualmente realizan [Artículo 64]. De esta manera, las comunidades indígenas quedan condenadas a convertirse en prisioneros en su propio territorio. Sólo podrían, teóricamente, mejorar sus condiciones de vida, si se incorporan como mano de obra a los procesos de "desarrollo" concebidos desde Caracas, destinados primordialmente a la explotación forestal y minera, y sin consultarlos con la anticipación y el respeto que se merecen.

El nuevo Plan es un paso atrás en el esfuerzo de Venezuela para alcanzar un modelo de desarrollo realmente sostenible en el tiempo, donde se reconozcan y respeten los derechos de generaciones actuales y futuras a una vida mejor.

De no incorporarse medidas efectivas para delimitar racionalmente las áreas dedicadas a la actividad minera en la Reserva Forestal de Imataca, para minimizar los efectos adversos tanto al medio natural como a la población humana, y para supervisar eficientemente estas actividades, la minería acentuará la devastación de los delicados y valiosos recursos biológicos allí existentes, así como sus efectos adversos sobre las poblaciones indígenas y los asentamientos humanos localizados aguas abajo. Son bien conocidas las prácticas anárquicas y predatorias que han caracterizado la actividad minera en la zona, y el escaso respeto que ha demostrado tanto por sus efectos ambientales como por sus efectos sociales.

Es también conocida la incapacidad y falta de coordinación de los diferentes entes del Estado Venezolano encargados de supervisar la actividad forestal y minera, y de controlar sus efectos destructivos. Los costos ambientales y sociales de estas actividades están siendo transferidos inescrupulosamente al Estado y a la sociedad civil. Mientras que el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas mantienen un enfrentamiento absurdo, derivado de un conflicto de competencias, que minimiza la ya escasa efectividad de sus acciones, y profundiza uno de los principales problemas de la zona: la falta de Gobierno.

(Extractos de la carta abierta de 17 de mayo de 1997, dirigida al Presidente Rafael Caldera, firmada por diversas organizaciones y personalidades ambientalistas de Venezuela)
Declaración de la Federación de Indígenas del Estado de Bolivar y del Consejo Nacional Indígena de Venezuela (CONIVE)

En un país que se autodefine corno democrático, abierto a la participación de sus ciudadanos en los planes gubernamentales donde haya plena cabida a sus propuestas y a su participación de acuerdo a sus situaciones concretas, el grupo minoritario de la sociedad venezolana representado por los indígenas, sigue siendo el mas atropellado en sus derechos fundamentales y primigenios, toda vez que ha sido relegado de todo beneficio que debe brindarle el propio estado

Mientras la inmensa mayoría de la población tiene que seguir sufriendo los estragos de la política económica por la alarmante alza de la tasa de inflación, el gobierno actual representado por Rafael Caldera negocia territorios estratégicos con transnacionales extranjeras, donde están asentadas comunidades indígenas, no conforme con la venta de empresas básicas del Estado, lo cual seguirá causando no pocos e irreversibles impactos negativos en su cultura y en el medio ambiente, que sumara mas daños a la golpeada población autóctona por invasiones, despojos, etc. a los que ha sido sometida por siglos.

La reciente aprobación, en Consejo de Ministros, del Decreto del plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de la Sierra de Imataca, reafirma una vez mas la política discriminatoria y violatoria de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas por parte del estado venezolano, Decreto que cambia totalmente la figura de la reserva forestal de Imataca constante de 3.700.000 Has. dándole apertura así a la explotación minera, turística, industrial, forestal y poblamiento, sin consulta e información alguna a los principales afectados que son los pueblos indígenasWarao, Arawako, Karinia, Akawaio y Pemon.

En el ano 1961 se sobrepuso el ABRAE a los territorios indígenas, luego en 1963, en su Decreto de Aprobación nuevamente fue desconocida la existencia de estos seres humanos habitantes de esta área boscosa, convirtiendose en traba para la consecución de títulos de propiedad sobre los territorios tradicionales indígenas, y no así para la explotación minera y forestal que ha venido devastando sistemáticamente las tierras y cultivos indígenas.

Igualmente, el Sistema de Transmisión Eléctrica del Sur del Estado Bolivar, proyectado hasta la República de Brasil, atraviesa las tierras tradicionales indígenas sin ninguna información, lo que, sin lugar a dudas, va a causar impactos negativos de grandes magnitudes no solo a los indígenas, sino también al medio ambiente, al igual que el caso de la Sierra de Imataca.

De igual forma esta sucediendo en el Delta del Orinoco, donde habitan los Waraos donde la Apertura Petrolera ha ocasionado la muerte de 120 indígenas, a finales del año 96 y principios del presente año (Diario Católico La Religión, Caracas, miércoles 12 de febrero de 1997), como consecuencia de la exploración y explotación de hidrocarburos en los caños del Delta del Orinoco en el Estado Amacuro, que ha hecho surgir diversas enfermedades que van mermando a los pobladores, quienes a la vez están siendo desplazados de sus tierras, viéndose en la necesidad de mendigar en ciudades cercanas, incluso en la capital del país, en deplorables condiciones humanas, ya indefensos y atónitos ante la desaparición de su medio de subsistencia que son los morichales, además de estar expuestos a ser atraídos por los supuestos "beneficios" del narcotrafico. A esto se agrega la aniquilación de la biodiversidad allí existente.

Se ha de señalar igual que la explotación petrolera ha afectado los pueblos indígenas de la Guajira del Estado Zulia: Wayu, Bari, Paraujanos y Yucpas, dejando a los últimos en peores condiciones. Actualmente los mismos pueblos están siendo desplazados de sus tierras debido a la explotación del carbón en la Sierra de Perija, lo cual los coloca en una situación difícil y de correr la misma suerte que los Waraos. Aquí se incluyen los indígenas Karinias del Estado Anzoategui y Monagas que han sufrido las incidencias del petróleo en su cultura y su medio ambiente.

En el Estado Amazonas, de igual modo, el Gobierno esta interesado en permitir la explotación de madera, oro y otros recursos, en perjuicio de las comunidades indígenas, que representan la población mayoritaria en dicho Estado.

Esto significa que gran parte del Area Amazónica comprendido por los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, así como la Sierra de Perija (occidente del país) y parte de los estados centrales como Anzoategui y Monagas están expuestos a sufrir impactos agresivos de alto grado, que se traduciría, una vez mas, en una violación flagrante de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que contradicen el espíritu de los Convenios, Declaraciones, Acuerdos, suscritos a nivel internacional por Venezuela.

Los Pueblos Indígenas hacemos del conocimiento público, que nos encontramos en una situación de emergencia y denunciamos a nuestro gobierno por la violación de nuestros Derechos Humanos por la política desarrollista que catalogamos como etnocida y genocida; en consecuencia demandamos el apoyo y la solidaridad de todas las personas y ONGs que crean en el respeto a la vida y dignidad humana, así como el derecho de decidir su propio destino como pueblo.

El apoyo y solidaridad puede manifestarse a través de diferentes modos y medios, que nos permitan luchar por nuestra existencia física y cultural como humanos y Pueblo Indígena.

Enviar comunicaciones donde se exponga el rechazo a la política desarrollista del gobierno venezolano que va en nuestro perjuicio y del medio ambiente, solicitando la derogación del Decreto de fecha 14 de mayo de 1997 referido al Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca, que da apertura a le explotación minera, turística, forestal industrial y poblamiento en la Sierra Imataca, en perjuicio de los pueblos indígenas; e igualmente donde se fije una posición sobre el Tendido Eléctrico (Sistema de Transmisión del Sur del estado Bolívar) que pasara por territorios indígenas pemon y el Parque Nacional Canaima, en Venezuela, y tierras indígenas en Brasil.

(Para más información contactarse a: Julio Cesar Centeno, E-mail:JCenteno@ciens.ula.ve o a COICA, E-mail:coica@uio.satnet.net )