CONSIDERANDO :
Que la corrupción es un problema complejo de múltiples variables con efectos altamente dañinos para Chile, y que reducirla requiere de políticas preventivas y represivas permanentes, así como del compromiso consciente de toda la comunidad nacional.
Que sólo un esfuerzo serio y sostenido permitirá disminuir los índices y modalidades de corrupción que registra actualmente el país.
Que los diversos estudios y experiencias conocidas señalan que la transparencia del sector público y el ejemplo de sus autoridades y funcionarios, son indispensables antídotos para la aplicación efectiva de las medidas específicas que se adopten orientadas al desarrollo de un sistema nacional de integridad y a la promoción de una cultura de valores de transparencia y probidad en todos los sectores del país.
El Capítulo Chileno de Transparencia Internacional recomienda las siguientes medidas:
Primero - Segundo - Tercero - Cuarto - Quinto
Sexto - Séptimo - Octavo - Noveno - Décimo
Debe hacerse un reestudio y actualización de las 41 recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Ética Pública de 1994 las que, junto a las medidas anunciadas por el actual gobierno, deben ser objeto de permanente seguimiento y evaluación. Además debe delimitarse la aplicación que se hace del articulo 57 de la Constitución Política de la República.
La Reforma del Estado -actualmente en marcha y de urgente necesidad nacional- deberá asegurar una administración eficiente y ágil al servicio efectivo de las personas y la independencia de sus funciones en el ejercicio del cargo.
La profesionalización y el concurso público deben prevalecer en el ingreso a la Administración del Estado, para obtener el personal más calificado en condiciones de mercado, a lo que debe agregarse una reducción sustancial de los funcionarios de confianza del gobierno correspondiente y las facultades de éstos en la designación de personal inferior. Asimismo, debe hacerse una revisión integral y clara de las remuneraciones de autoridades y funcionarios, incluidos los de los directivos de las empresas públicas. Ellas deberán ser transparentes y de público conocimiento, eliminándose las gravísimas distorsiones que hoy exhibe en esta materia el funcionamiento de los poderes y de la Administración del Estado.
Las Licitaciones y contratos del Estado deberán regirse por la más estricta transparencia e igualdad.
Al momento de asumir funciones públicas, toda autoridad y funcionario deberá declarar su patrimonio, incorporándose tales declaraciones a las web correspondientes, como la efectiva aplicación del delito de enriquecimiento ilícito, que deberá legislarse.
Debe regularse el uso de los gastos reservados, como lo propusiera la Comisión Nacional de Ética Pública en 1994.
Regular adecuadamente el financiamiento de la política, separar con claridad la relación entre política y negocios y enfrentar con decisión los conflictos de intereses.
Debe regularse razonablemente la relación entre función pública y las actividades privadas y establecer un régimen más estricto de incompatibilidades o inhabilidades para los miembros del ámbito público, sean de representación o designación. Ello permitirá limitar los tráficos de influencia que se producen al asumir o abandonar las funciones públicas y los conflictos de interés, todos los cuales pueden afectar la autonomía funcionaria en la toma decisiones.
El ejercicio de la libertad de expresión, así como las denuncias públicas y parlamentarias, son indispensables como herramientas fiscalizadoras y no deben restringirse por razón alguna a fin de combatir eficazmente la corrupción. Sin embargo, como toda fiscalización, debe ejercerse dentro de parámetros éticos y responsables, ya que de lo contrario puede provocar más daño que la corrupción misma.
Deben realizarse esfuerzos para que las leyes internas y las Convenciones Internacionales contra la corrupción y el soborno -preventivas y represivas- tengan efectiva aplicación. Al efecto, deben reforzarse las instituciones que las aplican, particularmente los órganos fiscalizadores como la Contraloría General de la República.
El Capitulo Chileno de Transparencia Internacional ofrece todo su apoyo para concretar a la brevedad un compromiso conjunto y formal de integridad nacional. Este compromiso – suprapartidista, entre gobierno, dirigencia política, empresarios y sociedad civil- debe hacerse con visión de país, considerando los diversos aspectos que inciden en el problema de la corrupción y, sobre todo, estableciendo un mecanismo de monitoreo sostenido y regular de las medidas que se adopten