PROYECTO DE LEY 024/04/S

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

La salud es uno de los parámetros fundamentales para establecer el desarrollo humano de los pueblos y determina las realizaciones que todo gobierno debe implementar como compromiso con su comunidad. Para que la salud pueda ser real, es necesario que participen diferentes sectores sociales que funcionando armónicamente logren obtener el máximo nivel esperado en la promoción, la prevención de las enfermedades, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de síntomas y secuelas que las patologías puedan ocasionar; siendo aquí donde la atención en salud y completa su razón de ser.

Debido al desarrollo cada vez mayor del conocimiento en las ciencias relacionadas con la medicina, el acto médico puede considerarse como la aplicación creciente de conocimientos, tecnología y métodos científicos de áreas complementarias que van de lo general a lo especializado. Para responder a estos grandes cambios científicos y tecnológicos, se debe aumentar la producción del conocimiento, la creación de grupos de excelencia en investigación, organizar un adecuado entorno político y social para establecer y evaluar continuamente en la práctica, la aplicación de estos conocimientos en un marco ético, científico, jurídico y social, y disponer de esta forma de un recurso humano altamente calificado y de excelentes calidades humanas.

En 1991 Colombia enfrentó la promulgación de su nueva Constitución Política. Con ella se daría inicio a una serie de reformas sociales, económicas y políticas que, en el caso de los sectores salud y educación, se vieron plasmadas en las Leyes 100 de 1993 y 30 de 1992, respectivamente.

En el caso de salud, la Ley 100 de 1993 venía a sumarse a la Ley 60 del mismo año y a la Ley 10 de 1990, las cuales habían iniciado un proceso de transformación del actuar del sector. Bajo los principios de equidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad en la prestación de servicios y participación social, el sector se reorganizaba para dar paso a un Sistema de Seguridad Social autosostenible y enmarcado en un ambiente de mercado que le permitiría brindar, mediante una sana competencia, los servicios que la comunidad necesitara de acuerdo con su perfil epidemiológico.

Se pasaba de un esquema de subsidios a la oferta a uno más eficiente de subsidios a la demanda. Las instituciones recibirían los recursos financieros según la venta de servicios que lograran entre sus comunidades. Los recursos financieros del sistema se manejarían mediante encargo fiduciario a través de cuatro cuentas encargadas de realizar el proceso de redistribución entre las entidades aseguradoras de la población, esquema redistributivo y solidario por el cual Colombia se hizo merecedor en el año 2000 a la mención por parte de la Organización Mundial de la Salud como el modelo de sistema de salud más equitativo entre todos los países comparados.

El Plan de Beneficios sería el paquete de intervenciones en promoción, prevención y tratamiento compuestos por el Plan Obligatorio de Salud y el Plan de Atención Básico. Los servicios serían prestados a través de las Instituciones Prestadoras de Servicios, contratadas por las Entidades Promotoras de Salud, encargadas de administrar los recursos del aseguramiento. Adicionalmente se sumaba al Sistema de Salud lo correspondiente a Riesgos Profesionales y Salud Ocupacional, ítem que hasta el momento había sido manejado marginalmente por el Sistema.

Otro hecho paralelo al naciente Sistema de Seguridad Social en Salud, tuvo que ver con la promulgación en el sector de la educación, de la Ley 30 de 1992. Mediante esta, se abrió la posibilidad de generar una mayor cantidad de programas académicos amparados en la premisa de la universalización de coberturas por parte de la educación superior. Bajo la bandera de la autonomía universitaria expuesta en la Constitución Política de 1991, se vio nacer una gran cantidad de programas en todas las áreas de conocimiento con un impacto notorio en Salud.

Con todo este nuevo esquema, resultaba evidente que había necesidad de estudiar qué ocurría con lo que sería el motor de la nueva reforma, el Recurso Humano de la Salud, el cual bajo el nuevo modelo, debería responder a una prestación de servicios eficiente y con calidad, además de estar capacitado para llevar a cabo funciones clínicas y administrativas.

A finales de 1994, al año de promulgarse la Ley 100, el gobierno colombiano firmó un acuerdo con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard con la finalidad de realizar un estudio sobre los requerimientos necesarios para poner en práctica la ambiciosa reforma del sistema de salud que planteaba la ley. Al año siguiente el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo para financiar un conjunto de proyectos orientados a fortalecer algunas de las principales áreas de desarrollo del sistema entre las que se incluían políticas de salud, fortalecimiento institucional y el desarrollo del recurso humano. En el informe "Plan maestro para la implementación de la reforma" entregado por Harvard en 1996 se encuentran puntualizadas las recomendaciones para llevarla a cabo.

El denominado "Proyecto Harvard" dio lugar a lo que después sería el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud, el cual inicia en 1996 con la firma del crédito, pero solo a principios del año 2000 se consolidaría para dar inicio al desarrollo de proyectos relacionados con los temas de prestación de servicios de salud, el aseguramiento, la vigilancia y control del Sistema, el Sistema integrado de información de salud y los proyectos de Recursos Humanos.

Los análisis realizados por el grupo de investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, concluyeron que había falta de algunos tipos de recursos humanos; mala distribución en el país; baja utilización de médicos en el primer nivel de atención; falta de información sobre muchos de los aspectos y ausencia de una institución encargada de la planeación de los recursos humanos y de su adecuada capacitación. Fue evidente en este estudio que la reforma necesitaría de un recurso humano capacitado en áreas empresariales y administrativas cuyos servicios repercutieran en la eficiencia y calidad de la prestación del servicio. Igualmente que la formación clínica debía ajustarse al manejo de las afecciones que representan la mayor carga de enfermedad en Colombia.

Una vez conformado el Programa de Apoyo a la Reforma en el entonces Ministerio de Salud, con los antecedentes mencionados y con el fin de dar respuesta a preguntas sobre cantidad formada y por formarse para el Sistema de Salud, requerimientos del Sistema en cuanto a Recurso Humano, tipo de recurso según el perfil epidemiológico, tipo de formación requerido, estándares para acreditación profesional e institucional y tipo de estímulos planteados para lograr calidad en la prestación de servicios, el Programa en 1999 (octubre, noviembre), contrató mediante concurso, el estudio de recursos humanos distribuido de la siguiente forma:

·         ·         ·          Estudio de oferta y demanda de Recursos Humanos en Salud, Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.

·         ·         ·          Plan de Largo Plazo para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Recursos Humanos, unión temporal conformada por Cendex de la Universidad Javeriana, Family Health Foundation de la Universidad de Texas y Fedesarrollo.

·         ·         ·          Modernización de la Educación, Capacitación y Entrenamiento en Salud, CHC Consultoria i Gestio S.A. (Consorcio Hospitalario de Cataluña) y el Instituto de Salud de Barcelona.

·         ·         ·          Sistema de Acreditación de Instituciones Educativas en Salud, unión temporal conformada por Ascofame, Assalud, CES (Facultad de Medicina), Asociación Internacional de Programas Universitarios en Administración de Salud, Aupha.

Los dos primeros se focalizaron sobre aspectos de planificación y gestión del personal de salud, el tercero sobre elementos cualitativos de los programas de educación en pregrado, posgrado, educación continua y edu cación no formal. El cuarto abordó el establecimiento de un modelo de acreditación de programas educativos en salud. Se ejecutaron entre febrero de 2000 y junio de 2002. Los hallazgos, que se resumen a continuación, se agrupan en cuatro áreas problemáticas: a) Modulación, articulación y regulación; b) La planificación del recurso humano; c) La gestión del recurso humano y d) formación del personal de salud.

- Modulación, articulación y regulación: Poca o ninguna articulación intersectorial; divorcio marcado entre formación y trabajo; débil integralidad en la información que poseen los diferentes actores y falta de análisis de la misma; asimetría de información entre los diferentes actores relacionados con los recursos humanos; falta de articulación y concertación para el desarrollo de políticas encaminadas al desarrollo y regulación del recurso humano; exceso, inconsistencia, contradicción, obsolescencia y/o superposición de normas y un incipiente mecanismo de inspección, vigilancia y control.

- Planificación: Ausencia de planeación por inexistencia de un organismo de conducción; escasa planeación de los actores de los mercados educativo, laboral y de servicios; falta de coherencia entre el nuevo rol del Estado y el nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Todo lo anterior ocasionado por una mala distribución geográfica tanto por disciplina como por categoría del personal de salud.

- Gestión: Distorsión de roles del Recurso Humano en Salud por las nuevas funciones originadas en el SGSSS lo que ha ocasionado errores en la producción y una baja productividad. También se muestran cambios en la vida laboral con tercerización, flexibilización, disminución salarial, aumento del desempleo y una deserción del personal del sector salud.

- Formación: Incoherencia entre el perfil formado y las necesidades de la población; divorcio entre formación y trabajo que ha conducido a la falta de pertinencia de contenidos y distorsión de la oferta educativa. Se observa la carencia en la investigación, el énfasis en la instrucción, la ausencia de la educación continua y de las políticas de reentrenamiento.

Adicionalmente se muestra la no existencia de una planificación de la oferta educativa y la ineficiencia del Estado para inspeccionar, vigilar y controlar, lo cual ha ocasionado un crecimiento acelerado de la misma con una tendencia desmedida a la especialización. La falta de estándares para evaluar la calidad de las instituciones de docencia-servicio, se suma a la incipiente cultura de la calidad, donde solo 9.9% de los programas se encuentran acreditados. Esto es indicativo del deterioro de la educación en salud.

Con estos hallazgos se hicieron las siguientes recomendaciones:

Sobre disponibilidad y distribución de las diferentes categorías y profesiones en el ámbito nacional, mediante un modelo dinámico de información, se mantendrían actualizados los registros y datos de la información correspondiente. De igual forma se propone el otorgamiento de incentivos para la redistribución geográfica de los recursos humanos existentes y recomendaciones para la planeación del Recurso Humano en Salud. (Proyecto de oferta y demanda).

Sobre actividades que realizan los diferentes grupos de profesionales, con base en el análisis funcional de tareas, las propuestas y recomendaciones se orientan a profundizar en la definición de competencias, como base de la reasignación de funciones y como referencia para los programas de formación de las diferentes categorías de personal. Se analizan los mercados laboral, de servicios y educativo, para plantear intervenciones sobre ellos en una visión de escenarios proyectados a 20 años (Proyecto Plan de Largo Plazo).

Sobre las características cualitativas de los programas de educación, capacitación y entrenamiento, de las diferentes categorías de profesionales, técnicos y auxiliares que trabajan en el sistema de servicios de salud, las conclusiones y recomendaciones se consolidan en el Plan para la Modernización de la Educación en Salud y en un Plan de Incentivos (Proyecto Plan de Modernización de la Educación).

Con el fin de incentivar la calidad en la formación del personal de salud, el Proyecto de "Apoyo a la acreditación de las instituciones de educación y entrenamiento en salud" diseñó un modelo especializado de acreditación para las áreas de la salud coordinado con el Modelo de Acreditación propuesto por el Consejo Nacional de Acreditación, y un sistema de información para los posibles aspirantes a la educación superior en el área de la salud.

Los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones generadas por estos cuatro proyectos, constituyen un acervo de información relevante sobre diferentes aspectos de la situación actual de recursos humanos en salud y sobre proyecciones y propuestas de desarrollo, en las esferas educativa y laboral. En conjunto, y sumados a eventos recientes macroeconómicos, los resultados de estos estudios conforman una plataforma de información que permitirá adoptar líneas innovadoras de política en materia de formación de personal y de revisión y ajuste de sus funciones para una mejor utilización de recursos en el SGSSS.

 

Proyecto de Ley de Recursos Humanos

 

Con todo el andamiaje anterior, se desarrolla el Proyecto de Ley de Recursos Humanos, el cual comienza por definir qué se entiende por recursos humanos para la salud en Colombia y las características que debe reunir para prestar un servicio idóneo dentro de la comunidad, que permita cumplir con los principios y enunciados de la Constitución Política de Colombia y la Ley 100 de 1993.

El Estado, como responsable de la salud de la población, debe garantizar que exista calidad en los programas de formación en salud y en sus escenarios de práctica, lo cual se traducirá en la calidad del recurso humano formado. Para tal efecto, es indispensable la articulación de los sectores de la salud y la educación, frente a lo cual se establecen los mecanismos de interacción entre los ministerios correspondientes. De igual forma, consciente de los cambios científicos y tecnológicos que se llevan a cabo dentro de las profesiones de la salud y teniendo en cuenta el recambio en conocimientos, establece mediante observación y comprobación, los vacíos en conocimiento y por consiguiente, los requisitos de educación continua que necesita el país y la forma en la cual el recurso humano responderá ante tales cambios.

Concientes de que la atención en salud en zonas aisladas del país recae en un 65% en recurso humano auxiliar y que por medio del análisis funcional de tareas, este es un recurso que cada vez se ve más enfrentado a realizar mayores actividades, la educación no formal no puede seguir girando cual rueda suelta dentro del sistema de formación del recurso humano. Por esta razón se diseñan los mecanismos para la creación y vigilancia de los programas de Educación No Formal en condiciones similares a los programas de educación formal.

Conocidas las cifras sobre el crecimiento de la oferta educativa y lo que ha generado dentro del sect or salud, el Estado debe intervenir el mercado con la finalidad de garantizar que el recurso humano formado responda a una necesidad y pueda ejercer aquella profesión u oficio en la cual se ha capacitado, ya sea de manera independiente o como empleado de alguna institución. De tal forma, el Estado controlará la cantidad de programas, su proporcionalidad y pertinencia de los mismos frente a los nuevos contextos en los cuales se desenvuelva la salud, ya no solo en un ambiente nacional sino en un mercado que trascienda las fronteras.

Uno de los problemas serios en la realización del estudio de recursos humanos fue la consecución de información sobre el recurso existente. Para evitar tal problema se establece el registro único nacional del Recurso Humano que permitirá mantener actualizadas las cifras sobre su cantidad, ubicación y área de desempeño.

Con la apertura económica global y la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio, el Estado debe establecer mecanismos que permitan identificar la población que viene a ejercer al país. Cuando se realizaron los cálculos de prospectiva sobre la migración de recursos hacia Colombia, era evidente que los profesionales no veían a Colombia como un objetivo para el ejercicio profesional, pero con las nuevas políticas sobre seguridad y las condiciones económicas más estables de nuestro país con respecto a los vecinos, Colombia se transforma en un posible objetivo como escenario de práctica. En los tratados internacionales se consagra que los países no podrán pedir a los miembros extranjeros condiciones distintas a las que se exige a sus profesionales. De esta forma se establecen, tanto para nacionales como para extranjeros, los criterios para ejercer en el país. Entre ellos se contemplan requisitos académicos, el Registro Unico Nacional y el cumplimiento con programas de recertificación, que redundarán en la calidad de la atención a la población. Adicionalmente al recurso humano se le exigirá que realice un ejercicio con ética, calidad, racionalización, pertinencia, y sujeción a guías y normas de atención.

Uno de los aspectos que tanto ha golpeado al recurso humano es la recuperación de la inversión en su educación. Los cálculos mostraron que la recuperación promedio se encontraba en 12 años siempre y cuando se dieran unas circunstancias muy favorables para conseguir empleo. En este sentido, las tarifas en prestación de servicios que llevaban a asignar salarios a los profesionales de la salud marcaban una pauta y mostraban un bajo nivel. Mediante el proyecto de ley el Estado regulará las tarifas y diseñará los estudios necesarios para ajustar tarifas de acuerdo con los recursos existentes, el plan de salud y la cobertura esperada.

Es evidente la concentración de recursos humanos en las grandes metrópo lis con un énfasis marcado en la región central, especialmente Bogotá. Bajo un esquema de conflicto armado en el cual el recurso de salud fue considerado objetivo militar, resultaba imposible generar desplazamiento profesional hacia aquellas áreas desprotegidas. Con las nuevas políticas de seguridad democrática, sumadas a la creación de incentivos, estímulos, programas de becas crédito y apoyo a la investigación, se pretende ampliar la cobertura con recurso humano capacitado en lugares donde la prestación de servicio se hace compleja y difícil. De igual forma, el diseño de un servicio social obligatorio que tenga impacto en varias áreas de conocimiento permitirá llegar con recurso administrativo y clínico a una mayor cantidad de poblaciones.

Posiblemente el recurso humano ha sido el último de enterarse de lo que acaece en su sector. Su concentración en el ámbito clínico lo ha llevado a marginarse de procesos decisorios tan importantes como lo fue el de la Ley 100 de 1993. Por esta razón se crean órganos de apoyo a lo que será la articulación de políticas de recursos humanos. Entre ellas se contará con el Consejo de Recursos Humanos en Salud, el observatorio de recursos humanos y los colegios profesionales, entes todos encargados de velar por los valores del recurso humano de la salud que le permita ejercer sus derechos y sus deberes.

El proyecto de ley planteado sobre recursos humanos hace evidente la necesidad de contar con actores profesionales, técnicos y auxiliares, que entiendan la naturaleza y alcances de los paradigmas del nuevo Sistema de Seguridad Social, que se comprometan y hagan suya su implementación, y le impriman una dinámica propia con la que se comprendan y aprendan a manejar las nuevas modalidades de inserción e interacción con el nuevo mercado laboral.

El cambio implica ir mas allá de las modificaciones legislativas y de normalización, significa crear un nuevo sistema de gestión en la política social, nuevos esquemas de producción de los servicios de salud, nuevos modelos de organización del trabajo y por supuesto de relaciones laborales, en las que los actores del sistema incorporan de manera efectiva nuevas formas de pensamiento, comparten y traducen en acciones concretas, las convierten en formas de comportamiento y desempeño habituales, y exaltan los valores y las normas que sustentan los nuevos paradigmas del sistema de salud.

 

Dilián Francisca Toro Torres, Dieb Maloof Cusé, Eduardo Benítez, Senadores de la República; Carlos Ignacio Cuervo, Representante a la Cámara.

 

SENADO DE LA REPUBLICA

Secretaría General
(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 21 del mes de julio del año 2004 se radicó en este despacho el Proyecto de ley número 24 de 2004, con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales, por los honorables Senadores Dilian Francisca Toro, Eduardo Benítez, Dieb Maloof.

El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.

SENADO DE LA REPUBLICA

SECRETARIA GENERAL

Tramitación de Leyes

Bogotá, D. C., julio 21 de 2004

Señor Presidente:

Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley número 24 de 2004 Senado, por la cual se dictan disposiciones en materia de los Recursos Humanos en Salud, me permito pasar a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría General. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley, es competencia de la Comisión Séptima Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Otero Dajud.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPUBLICA

Bogotá, D. C., julio 21 de 2004

De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el proyecto de ley de la referencia a la Comisión Séptima Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el fin de que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Luis Humberto Gómez Gallo.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Otero Dajud.