EL FRACASO DE LA REFORMA DE LA LEY 100
Otros 3 años perdidos
POR CARLOS F. FERNÁNDEZ M.D. *
EL TIEMPO 09-JUN-06
¿Qué hace falta
para que el Gobierno y el Congreso se pongan serios con la salud de los
colombianos?
¿La debacle de la red pública hospitalaria? Esa ya se dio. ¿La crisis de la salud pública? También tocó fondo con el resurgimiento de enfermedades evitables, la caída en los índices de vacunación y las cifras vergonzosas de desnutrición infantil y embarazo en adolescentes. ¿El desbarajuste administrativo del sector? Es un caos: la carencia de un sistema de información y la desactualización de más de diez años de los perfiles de morbimortalidad son claros ejemplos de esto. ¿La mala calidad de los servicios de salud? Ahí están para demostrarlo los paseos de la muerte y la infinidad de tutelas interpuestas para solicitar beneficios obligatorios.
En este país, señores del Gobierno y del Congreso, hay afiliados de primera, de segunda y de tercera en el sistema de salud, con planes de beneficios distintos, como si las enfermedades no fueran las mismas para todos. Ni qué decir del 40 por ciento de colombianos vinculados que aún mendigan atención en los hospitales.
El colmo en un país que gasta cerca de 19 billones de pesos anuales en salud, que permitirían proveer más servicios para la población, si no terminaran desviados para financiar lucro particular, construir hospitales privados, apoyar campañas políticas y alimentar la corrupción.
El Gobierno lo sabe y lo ha denunciado, pero le queda grande controlarlo. Y para la muestra está el trámite kafkiano de casi tres años del proyecto de reforma de la Ley 100. Todos coincidieron en que era necesario, a su turno todos participaron en su discusión, desde el Presidente para abajo, todos. Era un tema que merecía un trato digno. Pero pudo más el interés particular.
El hundimiento del proyecto era previsible, como lo anunciaron algunos congresistas después de su aprobación en plenaria del Senado el 20 de septiembre del 2005. El paso a la comisión VII de la Cámara, donde se radicó en octubre, fue el comienzo de múltiples maniobras dilatorias para evadir el debate.
Fueron muchas las denuncias de presiones y la presencia constante de las empresas privadas monitoreando debates, circulando documentos y convocando reuniones para informar sobre el peligro que representaban para ellas el paso del proyecto y otras medidas anunciadas por el Gobierno.
Todo eso desembocó, entre otras cosas, en el saboteo descarado del quórum de algunos representantes de esa Comisión VII que, sin ruborizarse, se retiraban de las sesiones momentos antes de las votaciones, a pesar de la angustiosa insistencia del Ministro de la Protección Social y de las súplicas de los interesados en el proyecto. ¿Quién controló eso? ¿Dónde quedaron los códigos de ética parlamentaria? ¿Dónde las autoridades?
El proyecto finalmente sufrió un entierro como el que ha tenido la salud de los colombianos: de tercera.
A manera de remiendo, el Gobierno propone un plan B por la vía ejecutiva. Es evidente, con lo sucedido, que los enemigos de la reforma repetirán su actuación para frenar cualquier intento.
Mientras tanto los problemas de regulación, de vigilancia y control, de verticalización, de falta de defensa de los usuarios, de cobertura incompleta, de la explosión de ofertas de instituciones de garaje y tecnologías recicladas seguirán el rumbo que llevan y que amenazan con aniquilar la escasa credibilidad que aún tiene el sistema de aseguramiento de este país. La salud perdió otros tres años.
* Asesor médico de la Casa Editorial EL TIEMPO