10 de Junio de
2006
EL TIEMPO - EDITORIAL
Las EPS ganaron la mano
El
entierro de tercera que se dio a la reforma de la Ley 100 es un revés para los
usuarios del sistema de salud y un retroceso para el país.
Más de dos años de discusiones en el
Congreso, que debían concluir esta semana con la aprobación de la anhelada
reforma del sistema nacional de salud, tuvieron el miércoles pasado un epílogo
que, por esperado, no deja de ser muy perjudicial para los colombianos: el
hundimiento de la reforma de la Ley 100 de 1993, una iniciativa que el Gobierno
presentó al Legislativo en julio del 2004 y, desde entonces, fue víctima de
toda suerte de presiones adversas y maniobras dilatorias, que al final dieron
al traste con ella.
El tortuoso trámite de este proyecto de ley
no deja bien parados a los congresistas que lo tuvieron en sus manos, y en
especial a los miembros de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes,
donde se le dio un entierro de tercera. Ahí sí aparecieron los parlamentarios
que se habían ausentado de debates anteriores, precisamente para ayudar a
hundirlo.
Tampoco deja bien parado al Gobierno
Nacional, que en la primera vuelta del proyecto en el Senado lo impulsó a
fondo, pero cuando llegó a la Cámara se desentendió de él. Muestra fehaciente
de esto es que el presidente Álvaro Uribe convocó a la bancada gobiernista a
Palacio el 19 de septiembre del 2005 –víspera del segundo debate en el Senado–
para urgir su aprobación, y esta se produjo al día siguiente sin ninguna
dificultad. Pero en el trámite que se inició después en la Cámara, el Ejecutivo
no manifestó un interés parecido. En la sesión decisiva del miércoles pasado,
en la que se jugaba la suerte de la reforma, ni siquiera estuvo presente el
ministro de la Protección Social, Diego Palacio, que se encontraba en el
exterior.
Ante este fracaso, algunos de los
senadores que impulsaron el proyecto en su primera vuelta han anunciado que lo
presentarán de nuevo en la próxima legislatura. El Gobierno, por su parte, ha
dicho que adoptará por decreto algunas de las disposiciones que contenía. Esto
es algo que está por verse, pues uno de los principales obstáculos que
surgieron a última hora fue el que planteó el ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, sobre las fuentes de financiación de la más ambiciosa de sus
metas: la ampliación de la cobertura del régimen subsidiado –el que ampara a la
población más pobre del país– para llegar al aseguramiento universal que se
ofreció desde la promulgación de la Ley 100 y que el presidente Uribe volvió a
prometer durante la campaña de su reelección. Los ponentes del proyecto habían
propuesto destinar a este fin los 2,4 billones de pesos que genera el impuesto
del 4 por mil a las transacciones bancarias y el 5 por ciento de los 72 mil
millones que recibe el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), pero a esto se
opuso el ministro Carrasquilla con el argumento de que el cuatro por mil no es
un impuesto permanente y que esos recursos cubren otros gastos del Gobierno.
Además de la ampliación del régimen
subsidiado, la reforma buscaba limitar la llamada ‘integración vertical’ –o
compra de servicios que las empresas promotoras de salud (EPS) hacen a sus
propias redes de clínicas y hospitales– y fijar tarifas mínimas para dichos
servicios. Con ello se pretendía evitar concentración indebida, favorecer a la
red pública hospitalaria y asegurar transparencia en la prestación de los
servicios.
Algunos críticos del sistema de salud,
dentro y fuera del Congreso, consideraban tímida la reforma porque no fijaba un
plazo para alcanzar la cobertura universal, ni fortalecía el sistema de
inspección y vigilancia del sistema de salud –algo que médicos y usuarios
reclaman insistentemente–, ni adoptaba normas para impedir que el derecho a la
salud sea sustituido por un negocio en beneficio de unos particulares, dueños
de las EPS.
Aun así, la oposición de estas últimas se hizo sentir desde el primer día, y a ella se atribuye en buena parte el lánguido final que tuvo la reforma. Esas empresas, agrupadas en la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), se resistieron, sobre todo, a la restricción que la ley buscaba imponer al uso de sus propias redes de clínicas, por considerarla lesiva del derecho de libre escogencia de sus usuarios y de ellas mismas. En defensa de esta posición hicieron un lobby cuya eficiencia salta a la vista, pues rindió sus frutos con creces. Es obvio que las EPS ganaron esta batalla. El que perdió fue el país.
http://eltiempo.terra.com.co/opinion/reda/2006-06-10/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-2940325.html