En cuidados intensivos
POR LUIS CARLOS
AVELLANEDA TARAZONA*
EL TIEMPO
09-JUN-06
El
Congreso perdió una oportunidad para un cambio de fondo en el modelo.
Luego de dos años de discusiones
en el Congreso, el proyecto que buscaba reformar el Sistema General de
Seguridad Social en Salud fue archivado en la Cámara de Representantes.
Al contrario de lo que se piensa, fuera de unos limitados avances en el control
de la integración vertical y en el financiamiento del sistema, la
reforma se habría constituido en un retroceso, al profundizar el modelo
de aseguramiento actual, que se soporta sobre las teorías del mercado,
las cuales favorecen la intención de lucro de EPS y ARS sobre el derecho
a la salud de los colombianos, y desconocen los principios constitucionales de
universalidad, solidaridad, eficiencia e igualdad.
¿Qué condujo a que se
frustrara un proceso que generó tantas expectativas? En la legislatura
iniciada en el 2004 se presentaron 12 proyectos de ley, que reflejaban las
diferentes posiciones expuestas por los actores del sistema ante la
Comisión VII del Senado. Todos fueron acumulados en el proyecto
gubernamental 052. La ponencia oficialista fue aprobada en la Comisión
VII del Senado en diciembre del 2004, y en plenaria en septiembre del 2005.
El texto aprobado no reflejó
ningún avance estructural que corrigiera los hallazgos negativos
identificados. Por el contrario, trasladaba el nefasto modelo de
intermediación financiera, operado por las EPS en el régimen
contributivo, al subsidiado, modelo que ha llevado a que tales empresas se
constituyan en unas de las de mayores ingresos del país, mientras
hospitales, clínicas y centros de salud no cuentan con recursos
suficientes.
En cuanto a la universalidad de la
cobertura, la ponencia renunciaba a dicho fin, al evitar definir con claridad
una fecha en la cual fuese alcanzada. Esto a pesar de que los cerca de 20
billones de pesos que actualmente son empleados en el sector son suficientes
para dar cobertura a los 44,5 millones de colombianos, en condiciones de
equidad, y brindar a todos los afiliados al régimen subsidiado los
mismos contenidos del actual POS del régimen contributivo.
Gran parte de esta frustración se
debe a la falta de compromiso social del Gobierno, que, además de no
cumplir con su aporte, también ha congelado cerca de 3,6 billones de
pesos del Fosyga, con los cuales ha financiado la deuda pública, en
detrimento de la salud de los colombianos; deuda social que, sin embargo, no ha
sido óbice para que, ante la propuesta de destinar el impuesto de 4 por
mil al financiamiento del sector salud, este se niegue a aceptarlo.
La salud pública sufriría
un duro golpe al continuar centrando la responsabilidad de las acciones de
promoción y prevención en las EPS y ARS, ya que estas entidades
han sido incapaces de establecer programas que logren un real impacto sobre los
estados de salud de sus afiliados.
Uno de los pocos avances que se
alcanzaban era el de la limitación a la integración vertical,
estrategia empleada por las EPS para aumentar su lucro mediante la
destrucción de la red pública, de las IPS y consultorios
particulares, y subyugar así a los trabajadores y profesionales del
sector salud, coartándoles su autonomía profesional,
presionándolos a violar sus códigos de ética y ejerciendo
control sobre la formulación de medicamentos, tiempos de consulta,
remisiones a especialistas y programación de cirugías que estos
hagan.
Queda claro que el Congreso perdió
una oportunidad para realizar un cambio de fondo en el actual modelo de salud,
al transformar los anhelos más altruistas de la sociedad en tan solo la
defensa de los intereses de las diferentes fuerzas de los poderes dominantes
del sistema, entiéndanse EPS, ARS, asociaciones de IPS privadas y
Gobierno, con el único fin de regular un negocio que les permita
acrecentar sus ganancias y maquillar indicadores sociales, por encima de la
salud y la vida de millones de colombianos.
http://eltiempo.terra.com.co/opinion/colopi_new/columnas_del_dia/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-2940376.html
* Senador de la República