Muy estimados colegas universitarios:

Complejos y difíciles los tiempos actuales. Asediada nuestra institución por quienes insisten en subordinar la educación superior a las leyes del mercado, por un lado; y por movimientos oscurantistas que pretenden aparecerse como progresistas, por el otro, nos revelan condiciones que amenazan, una vez más, lo esencial de la Universidad: su autonomía, su carácter público, su composición plural y su derecho irrenunciable a la libre expresión de las ideas en un ámbito de respeto y tolerancia.

Intento fallido el de clausurar nuevamente a la Universidad por quienes a fuerzas de querer destruirla como opción educativa han contribuido, como pocos, al auge de la educación pagada. Pero, gracias a la voluntad inquebrantable de la comunidad universitaria y al respaldo social expresado de diversas maneras, que mucho apreciamos, la Universidad está abierta y funcionando en su totalidad.

Máxima es nuestra Universidad, por la calidad profesional y humana de sus maestros e investigadores. Nadie la agravia más que quienes los ofenden. Lo ocurrido el martes pasado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es un hecho inédito e inadmisible. Que no se confundan los gestos de prudencia y conciliación con signos de indiferencia ante la afrenta a la dignidad de quienes son miembros distinguidos de la comunidad universitaria.

Guardar silencio ante tal ignominia pesaría gravemente en nuestras conciencias y sentaría un precedente fatal en la vida de la Universidad.

Es por ello que las actas elaboradas con los testimonios de los agraviados han sido remitidas ya al Tribunal Universitario, para que las analice y dictamine lo conducente, tal y como lo establece la legislación universitaria.

La Comisión de Honor del Consejo Universitario podrá revisar las resoluciones del Tribunal a solicitud de cualesquiera de los interesados, como lo señala claramente el artículo 100 del Estatuto General de la Universidad.

Nuestros maestros ejercen con libertad la cátedra en sus diversos planteles, escuelas, facultades, institutos y centros, y defienden, legítimamente, sus espacios, porque saben bien que son los mejores que este país ha construido para la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura.

La nuestra es una institución que es y debe seguir siendo plural, combativa, reflexiva y tolerante; pero debe también ser una institución comprometida con una cultura de legalidad, de la dignidad y del respeto.

La Universidad está abierta y trabajando en su totalidad, porque ese ha sido el veredicto de la comunidad universitaria. No hay otra explicación.

Toca ahora acelerar, hasta donde sea posible, la realización del Congreso en el que –subrayo- deberán tener cabida todos los universitarios, sin excepción, que tengan una idea que esgrimir o una verdad que defender. Pero el Congreso no puede realizarse en medio del escarnio.

Quienes se oponen al Congreso, tratando de escalar nuevamente la violencia en la institución, sólo pretenden alargar indefinidamente un conflicto, para mantener una supuesta identidad sin contenido ideológico y menos aun académico; y la academia es lo único que le da sentido a la Universidad y a la vida de los universitarios. No vacilaré en defenderla.

Compañeras y compañeros universitarios:

Hace tan sólo unas cuantas semanas decíamos que este año sería definitivo para la Universidad. Lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Nadie puede llamarse a sorpresa. Tiempos en verdad, difíciles y complejos que nos ponen a prueba una vez más.

Sigamos actuando con inteligencia, con prudencia siempre, pero también con firmeza cuando sea necesario y con un genuino compromiso por concentrarnos nuevamente en nuestras tareas sustantivas. Sigamos haciendo realidad, todos los días, el enorme reto que implica mantener a nuestra Universidad como un espacio libre para el debate de las ideas, para la expresión de todas las ideologías, sin ataduras ni dogmas ni imposiciones, pero siempre compatible también con nuestra vida académica que no puede, ni debe, volver a detenerse.