José Galán
De los 745 paristas detenidos durante el llamado operativo UNAM realizado el pasado domingo, ayer salieron en libertad 579, incluyendo 75 menores de edad, por falta de elementos y porque "las autoridades universitarias se desistieron de la querella", informaron fuentes judiciales.
Luego del operativo, arresto y posterior libertad de esos paristas, quedaron internados dos menores en el Consejo Tutelar, considerados como reincidentes por los sucesos en la embajada de Estados Unidos en diciembre pasado, y 164 mayores de edad en el Reclusorio Norte que, sumados a los estudiantes capturados en los hechos de la Preparatoria 3, a principios de mes, suman en total 269 detenidos, puestos a disposición de los juzgados segundo y sexto de distrito en materia penal, con sede en ese mismo centro penitenciario.
Sobre los liberados "no se encontraron elementos que permitieran acreditar su presunta responsabilidad, ya que el hecho de que estuvieran el 6 de febrero en la UNAM, en una asamblea o transitando por allí, no acredita que hayan participado en la comisión de algún delito de despojo", informó la Procuraduría General de la República. Del total de detenidos, 36 de ellos incluyendo a Alejandro Echevarría Zarco, El Mosh; Alberto Pacheco, El Diablo, y Mario Flavio Benítez deben responder a las órdenes de aprehensión en su contra giradas por la juez segunda de distrito en materia penal, María del Carmen Pérez Cervantes, así como otros 53, a quienes se les acreditó "de manera fehaciente" el delito de despojo, y arrestados en flagrancia, además que, sostuvo la PGR, se tenía evidencia que "habían instigado, organizado o ejecutado" ese delito.
"En un macroproceso como este, el derecho de defensa queda casi abolido por las cargas de trabajo", afirmó Bernardo Bolaños, del equipo de defensores. "A pesar que estamos contrarreloj debido a las cargas de trabajo, estamos haciendo todo lo posible por liberar a los muchachos, presos como resultado de un estado de excepción impuesto de manera inconstitucional en la UNAM, donde prácticamente se estableció el toque de queda", agregó.
La PGR sostuvo que se dejó en libertad a los 579 paristas no sólo por el hecho de que, al estar en una asamblea o caminando por CU, "no significa que necesariamente hayan participado en la comisión del delito de despojo", sino porque también "se procedió, como en todos los casos, a hacer un análisis fundado y motivado de cada presentado ante el MP".
"Por otra parte, la UNAM, a través de su representante legal, ha reiterado ante el MP la petición del rector, en el sentido de que las personas presentadas ante esta representación social, en virtud del cumplimiento del mandato judicial de restitución de bienes inmuebles, reciban un trato justo y benevolente en la debida aplicación de la ley", agregó la PGR en un comunicado de prensa.
Sin embargo, para Bernardo Bolaños, del equipo de la defensa, "hay claramente un estado de excepción que no se borra con medidas benevolentes, luego de la violación a la autonomía universitaria y de los derechos humanos y civiles de los detenidos". Consideró que en la UNAM "hubo toque de queda", que se refleja en el cierre, el domingo y lunes pasados, de las principáles arterias que comunican a Ciudad Universitaria, incluyendo las avenidaa Insurgentes y Revolución.
"Este estado de excepción se demuestra, además, con el enjuiciamiento en serie; hubo medidas inconstitucionales, como impedir que volaran sobre CU los helicópteros para filmar lo que sucedía al momento en que entró la policía, además que no hay ninguna individualización de las pruebas y las acusaciones", agregó.