La crisis de las tarifas de los servicios públicos
Por Félix Herrero
El actual gobierno, cada vez más un ejemplo mundial de sometimiento al Fondo Monetario Internacional (FMI), sigue con graves dificultades porque los grupos económicos concentrados en los servicios públicos le exigen que les actualicen sus tarifas. No vaya a ser que el pueblo argentino, que sufre la más grave caída de su nivel de vida, se salve de pagar los efectos de la exagerada devaluación a la que se llegó, por falta de políticas económicas claras y previsoras.
El último enojo de Anoop Singh se produjo porque hay tardanza en beneficiar a los grupos económicos concentrados. Acaba expresarlo sin tapujos que si no se produce la suba tarifaria "la situación de estas empresas podría deteriorarse aún más" (ver los diarios del domingo 9 de junio). El FMI considera que el gobierno es lento e irresoluto porque tardó en dictar la ley que castiga los delitos económicos para beneficiar a uno de los principales gestores de la banca norteamericana y liberar a la corrupción en general, fue lento en cambiar la ley de quiebras para favorecer a dicha banca, se demoró en actualizar las tarifas, etcétera.
El conflicto entre los distintos grupos de lobbing viene provocando problemas en el gobierno desde la retención a los hidrocarburos (ver las ediciones de LINEA de abril y mayo), con el incumplimiento de la Ley de Emergencia Económica ya que prohibía la suba de todas las tarifas pero se aplicó -con silencio en complicidad- a las llamadas subas estacionales. Sigilo, en un caso, y aprobación, en el otro, por parte de las autoridades reguladoras de electricidad y de gas, como así también por la secretaría de Energía y el propio ministerio de Economía.
El gobierno de Duhalde comenzó un triste camino con la designación y anulación inmediata de un representante gubernamental en el directorio de YPF (triste y pobre derecho residual de la acción dorada del Estado), y luego con la creación de una Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos, presidida en primer lugar por un ex gerente de planificación y director de la empresa concesionaria que atiende los subterráneos y una línea ferroviaria. Con posterioridad a la ida de Remes Lenicov se designó al doctor Alberto Biagosh como evaluador del proceso renegociador, que acaba de terminar su misión con un informe crítico con respecto a la renegociación como al intento de incrementar las tarifarias. El texto completo de esta larga nota se puede leer en la sección Documentos de esta misma edición.
Por último, el sector de Lavagna sufrió otra crisis porque su segundo y ex permanente miembro del directorio del ente regulador eléctrico se adelantó a afirmar que las empresas ya se beneficiarían de las subas "en el día de mañana". Mientras tanto, el proceso sigue con la designación en la primera semana de junio de un nuevo negociador tarifario perteneciente al grupo de Remes Lenicov.
En primer lugar, el informe que mencionamos critica la conformación de la Comisión Renegociadora de las tarifas porque no incorpora a los usuarios (en los cuatro sectores, o sea energía, transporte, comunicaciones, y agua y servicios sanitarios) como así a los senadores y diputados. La integración que se propone garantizaría más transparencia a las negociaciones, donde las empresas concentradas quieren continuar aplicando, como siempre, una política oculta, cuando no clandestina. El método es el que ha facilitado los alto niveles de acción corruptora de los grandes grupos económicos utilizado en las privatizaciones.
Además, en el texto se expresa que el mejor mecanismo de participación de los usuarios es la Audiencia Pública, a la que los grupos concesionarios que tanta ganancia obtuvieron con las sobornizaciones (o privatizaciones, como afirma Joseph Stiglitz) temen, sobre todo ahora cuando los sectores de usuarios y vecinos se han dado nuevas formas de organización de la población.
También se critica que la secretaría de Obras Públicas propone un aumento del 18 por ciento para las obras de ingeniería y del 28 por ciento para las obras de injerencia. Biagosch constata que dichos porcentajes superan los observados en el índice de la construcción. ¿Cuál es la interpretación que puede tener cualquier consumidor o ciudadano, por desinformado que esté, de esta singular propuesta?
En el largo documento comentado (fechado y presentado en membrete del ministerio de Economía, lo que evidencia su carácter oficial) se afirma que el "poder adquisitivo de los salarios alcanza la mitad del que se registraba en 1974", y que la actual situación "hacen hoy impensable un aumento de tarifa con carácter general sin que, previamente, se recomponga el salario real". Esta es, sin duda, la afirmación principal del documento y que lleva, a las actuales autoridades (con miedo de incrementar las tarifas a pesar del deseo de hacerlo), a la actual crisis de la renegociación tarifaria.
El informe agrega un concepto importante al señalar que el valor de la moneda es fijado por el Estado Soberano y no por el Estado concedente, por lo cual no se puede liberar a los grupos económico concentrados de los efectos de la devaluación y decidir que sea el pueblo el único que los sufra.
Por último se critica con razón al Banco Mundial, que con su Misión de apoyo propone al gobierno que la renegociación tarifaria se canalice exclusivamente a través de la Comisión Ad Hoc existente (este sólo hecho ya la hace sospechosa, como así a cada uno de sus miembros, de estar capturada por el organismo internacional). Para financiar la captura corruptora el Banco Mundial propone (¿exige?) que el Estado argentino pague a los técnicos de la Comisión renegociadora ya existente con honorarios que van desde 14.900 a 81.000 por mes, además de cinco abogados de estudios jurídicos extranjeros a los que Argentina les debe pagar 119.900 mensuales durante 12 meses, para que, ¡obviamente! asesoren en contra de la población argentina. Además se impone que los técnicos recibirán 40 computadoras nuevas.
Es realmente inadmisible que uno de los socios de Aguas Argentinas (el Banco Mundial) conforme un grupo de trabajo que no beneficie a la empresa de la que es parcialmente dueña de la propiedad (con el 5% de las acciones). Quizás el Banco Mundial ya entiende que con los sucesivos gobiernos privatizadores no hace falta solamente incumplir con las leyes; el venir por más también signifique que ni las formas externas sean necesario respetar.
Por último, aunque no es la única conclusión importante del informe Biagosch, explícitamente se reconoce la nulidad de la renuncia de la propia jurisdicción que se hizo en las privatizaciones del sector público productivo: En este sentido se puede leer en la nota que "Para el caso de los contratos de concesión que contienen cláusulas de prórroga de jurisdicción por los cuales los litigios atinentes a la prestación de servicios públicos en territorio argentino, efectuados por el Estado argentino con empresas prestatarias, serán dirimidos en tribunales extranjeros, DEBEN CONSIDERARSE NULAS por carecer de razonabilidad y ser lesivas a la soberanía nacional. El interés nacional inherente a tales contratos de concesión hace necesario que pleitos de esa naturaleza se ventilen ante tribunales argentinos".
--------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Revista Linea