El pasajero, uruguayo, despacha sus valijas, hace los trámites de documentación y pasaje en la oficina de pluna-Varig, paga la tasa de embarque y, a su tiempo, acude con su esposa al llamado de embarcar. Ante el mostrador de Migraciones, una funcionaria le dice al pasajero que no puede viajar porque está requerido. Ante sus protestas acude una superiora y le informa que hay contra él una orden de captura del Juzgado Militar de Primer Turno. El pasajero protesta: un civil no puede estar requerido por un juzgado militar. Pero no puede probar que es civil. La esposa llama por teléfono a un abogado y el pasajero consigue que se consulte telefónicamente a la Dirección de Migraciones. A esa altura los funcionarios de Interpol, en el mostrador contiguo, le dicen que ellos no tienen ninguna orden contra él, con una tranquilidad que sugiere que escenas similares ocurren con frecuencia. Entre los comentarios que circulaban, el pasajero registró que hace p Gonzalo de Toro, la víctima de esta historia, recordó durante el viaje los últimos 26 años de su vida. En 1971 fue detenido por participar en una movilización estudiantil. Pasó a juez y se le dio la opción de salir del país. Se fue a Chile en enero de 1972 y quedó exiliado durante trece años y medio. En 1979, cuando se extendió la orden de captura en su contra, él era jefe de ventas en una sucursal de Olivetti en España. En octubre de 1985 regresó a Uruguay, y desde entonces salió y regresó más de seis veces, sin problemas. Y además entró a trabajar en Antel por concurso, se divorció, se casó, inscribió un hijo en el registro civil, compró una casa en Montevideo y otra en un balneario, esta última la vendió, cambió el auto... todo, por supuesto, sin que le estorbara la condición de "requerido". Los abogados lo disuadieron Todos los juzgados envían sus órdenes de detención a Migraciones, para evitar la salida del país de los ciudadanos que tienen asuntos pendientes con la justicia, y el subdirector del Departamento de Servicios Inspectivos de dicho organismo, consultado por BRECHA, aseguró que así lo hacen también los juzgados militares. Lo que ocurrió en este caso puede ocurrir en otros: nadie es borrado de las listas hasta que el juzgado correspondiente no da la orden. Y eso ocurre pocas veces. "Los abogados de Migraciones están haciendo, desde hace unos meses, una recorrida por todos los juzgados del país, para ver si las listas que nosotros manejamos están vigentes -informó el subdirector-. A este señor De Toro se le dio de baja inmediatamente de las listas, porque en el momento del incidente se consultó al juzgado correspondiente y allí se informó que la orden estaba levantada."