La utilización de la fuerza pública para desalojar a los paristas y restaurar las actividades de la Universidad Nacional Autónoma de México sería una solución sumamente grave y lamentable" que el resto de las instituciones de educación superior condenaría, porque consecuentemente llevaría a una escalada de violencia y al recrudecimiento de los problemas, sentenció el rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en la zona sur, César Morales Hernández.

El rector también reprobó la opinión de la dirigencia nacional de Coparmex en cuanto a un cierre temporal de la institución, "Con todo respeto para quienes sostienen esa teoría, las universidades privadas ni siquiera tendrían el cupo suficiente para esto, además de que la solución deberá desprenderse del interior de la UNAM y no involucrar a otros organismos ajenos". Además no es posible imaginar a México con su máxima casa de estudios cerrada, ni suspendidos todos los proyectos de investigación, y en aras de evitar eso "la conciliación interna es el único camino viable", reiteró Morales Hernández.

Entrevistado en el aeropuerto de Veracruz, el recto del ITESM enumeró dos situaciones que actualmente obstaculizan la solución del conflicto en la UNAM, que rebasó los cien días de paro de actividades, que deben ser superadas para no extender el conflicto hasta el año 2000.

El primer obstáculo es la politización de la huelga que se pretende tomar como "bandera electoral" por parte de algunos partidos políticos, y "dentro del contexto de precampañas se presta a confusión".

Morales Hernández también señaló la falta de voluntad, tanto de estudiantes paristas como de las autoridades universitarias, para sentarse a dialogar. "La UNAM tiene gente pensante muy valiosa, y eso definitivamente deberá conducir a la negociación y a solucionar el conflicto de la manera más conveniente para todos".

El rector de la zona sur del ITESM se manifestó en contra de la utilización de la fuerza pública para desalojar a los alumnos huelguistas, porque "ya se ha visto en otras ocasiones que este tipo de medidas trae el recrudecimietno de los problemas y la escalada de violencia", dijo.

Una decisión de tal envergadura será reprobada por toda la sociedad y el resto de instituciones de educación superior, pese a que la actual inactividad de la UNAM "entristece a todos".

El rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, advirtió el pasado 31 de agosto que los "esfuerzos de conciliación" para solucionar el conflicto tienen un límite y "estamos dispuestos" a defender a la Universidad con las armas de la prudencia, la tolerancia y el uso de la razón, "pero también, si no queda otra alternativa, por la vía del derecho".

Después de encabezar en Los Pinos la reunión de un grupo de académicos y estudiantes con el presidente Ernesto Zedillo, el rector acudió al mitin convocado en la explanada del Auditorio Nacional, donde ya se habían reunido desde las diez de la mañana cerca de 4 mil personas. Ahí dijo: "No podemos ir más allá de lo que nos permiten la defensa de nuestros principios académicos y la preservación del marco legal en que se sustenta la existencia misma de la institución. Se seguirá buscando una solución que permita conciliar nuestras diferencias, con base en la razón, la tolerancia y el respeto".

El mitin estuvo perfectamente coordinado por sus convocantes. No sólo estuvo vigilado por personal de seguridad de la UNAM, sino que en las inmediaciones del centro de espectáculos se abrieron los estacionamientos públicos. Acudieron integrantes de facultades, colegios de Ciencias y Humanidades, del Colegio de Directores, institutos de investigación y centros de educación superior. El maestro de ceremonias fue el antropólogo Jaime Litvak.

En decenas de mantas se leían los nombres de las escuelas participantes; también había algunas dirigidas a las autoridades: "Zedillo, despierta, la UNAM debe estar abierta"; "Para ser rector hay que tener valor" y "Zedillo y CGH, ¿nos ven?".

En su intervención, Mariano López Haro, del Centro de Estudios de Energía, hizo un llamado para que los asistentes se adhirieran a la propuesta de los ocho profesores eméritos y pidió que en la Universidad se "reinstales la legalidad".

El estudiante de Derecho Edwin Ramírez dijo ante una explanada repleta de personas de saco y corbata: "Así como nosotros cumplimos como estudiantes, pedimos que nuestras autoridades cumplan con su mandato constitucional de conservar y preservar el estado de derecho".

En este tenor se sucedieron varias intervenciones, hasta que el recto, después de haberse reunido con el Presidente y ya avanzado el mitin, tomó la palabra.

En un discurso preparado del cual se repartieron decenas de fotocopias, Barnés afirmó que se debe llegar a una solución que concilie diferencias. "Nos hemos congregado para manifestar que todo esfuerzo de conciliación necesariamente tiene límites. No podemos esperar indefinidamente a que se modifiquen las actitudes intransigentes que han impedido hasta ahora la posibilidad de un acuerdo satisfactorio".

Los universitarios, dijo, buscan defender los "más caros valores de la universidad pública mexicana. El derecho de todos los estudiantes a recibir una educación de calidad, independientemente de su ideología, su posición social o su capacidad económica".

Después, el moderador Jaime Litvak informó a los asistentes que ya se había realizado la reunión entre una comisión de académicos y estudiantes con el presidente Ernesto Zedillo en Los Pinos, en la cual habían entregado al mandatario dos cartas. En ellas, resumió, se llamó al mandatario a que "ayudara a recuperar la Universidad" y a que la casa de estudios volviera a su vida académica.

Una hora después de escuchar a ocho oradores, los asistentes decidieron marchar a Los Pinos, donde los esperaba una valla resguardada por policías vestidos de civil. Los granaderos nunca aparecieron.

Caminaron por Chivatito para regresar por el mismo camino a Reforma y un pequeño grupo que se detuvo algunos minutos frente a la valla pidió hablar con el Presidente. Al darse cuenta de que no pasarían de esa línea, las consignas no se hicieron esperar: "Zedillo no llamó y no nos recibió"; "Aquí estamos los pasivos", "A ver, Zedillo, ¿quién es el pasivo?"; "No somos paristas ni somos selección, por eso Zedillo no nos recibió", gritaban molestos mientras se retiraban.

El director de la Facultad de Contaduría, Arturo Díaz Alonso, acompañado de un grupo de estudiantes y maestros de esa área, hizo un último intento por que lo recibieran en la residencia presidencial, y luego de esperar 20 minutos sin respuesta decidió retirarse, no sin antes instar a que se resuelva el conflicto universitario, pues cada vez aparecen más factores que agravan la situación.

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM entregaron el pasado 31 de agosto por la tarde una carta en la Presidencia en la que confían "firmemente" en que el mandatario Ernesto Zedillo promueva y garantice el respeto a los derechos humanos de quienes participan en el movimiento estudiantil y en su órgano de representación, el Consejo General de Huelga (CGH).

En el documento, suscrito también por 89 estudiantes de Medicina y diversas organizaciones, los universitarios dicen al primer mandatario que "una salida violenta al conflicto sería producto de la violación, cerrazón, inconsciencia e ignorancia de los derechos humanos por todos aquellos que se pronuncia y presionan por el uso de la fuerza, no por el diálogo".

El escrito precisa además que los integrantes del CGH "no son delincuentes, son defensores de los derechos humanos, por lo que no es aplicable la medida de fuerza del Estado".

El que el rector Francisco Barnés de lCastro haya encabezado la manifestación del 31 de agosto por la mañana en el Auditorio Nacional es una respuesta "agresiva a la señal conciliadora que ha lanzado el CGH" afirmó el docto en educación Hugo Aboites, quien precisó: "queda claro donde está la culpa de este conflicto, la responsabilidad y la dificultad en resolverlo".

Para el académico la presencia del rector, si no fuera por su investidura, podría interpretarse como "conspiración contra la Universidad, pero bueno, tendremos que llegar a la conclusión, tarde o temprano, de que el mismo rector está empeñado en hacer trizas la Universidad.

Entrevistados por separado en una asamblea de padres de familia, estudiantes y maestros por el derecho a la educación y contra el examen único, efectuada frente a la Dirección General de Profesiones, la coordinadora de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública Sección México, María de la Luz Arriaga Lemus, apuntó que este recto es el primero que en una huelga convoca a la confrontación.

La también profesora de la Facultad de Economía agregó que la postura de las autoridades universitaria en el sentido de tratar de forzar una solución a través del Consejo Universitario sin considerar al CGH es "un error".

El director general de l Instituto Politécnico Nacional (IPN), Diódoro Guerra Rodríguez, se manifestó por "revisar la actual legislación de la educación superior en México para evitar que se puedan volver a presentar" conflictos como el de la UNAM.

"Creo que es una experiencia que no debe repetirse, y de la que hemos obtenido resultados no favorables, en el que un pequeño grupo pudo, mediante diferentes artilugios, sobreponerse a la voluntad de la mayoría, lo cual va contra la democratización de todos los procesos sociales que se están dando en el país".

¡¡¿¿Acaso se referirá a la minoría conformada por el rector y sus compinches, quienes impusieron el aumento de cuotas a una mayoría universitaria a la que se le negó siempre el diálogo y la libertad de expresión; que además con artilugios como sesionar en otro recinto que no fue la torre de rectoría y evitando que los consejeros que podrían presentar resistencia no pudieran llegar a la sesión??!! Esto solo por mencionar sólo uno de esos artilugios a los que yo creo que se refiere Diódoro Guerra.

Guerra Rodríguez consideró que el conflicto universitario "ya está en los límites de lo que puede esperarse de un problema de esta naturaleza en cuanto a lo que es la prudencia, la tolerancia, y los límites jurídicos y académicos, lo que nos lleva a pensar en la necesidad de replantear soluciones inmediatas para el problema de la universidad".

Precisó que primero "es importante revisar la urgencia de que el conflicto se resuelva por los procedimientos que ya se han definido de diálogo, de respeto, pero sobre todo de aceptación por las partes de que ya encontraron una solución al conflicto con la propuesta de los eméritos".

Hace algunos años estuve estudiando en el Politécnico y había un maestro que siempre nos decía que el estudiante del politécnico no sabía leer, expresarse y mucho menos podía hacer una correcta interpretación de lo que leía, ni podría tener una conciencia social sólida, no por que careciera de capacidad, sino porque ese era el currículum oculto que manejaba la institución. Gracias profe, porque esas palabras me sirvieron más de lo que usted pensó y ya ven, ahora estoy aquí en la Universidad, lástima que hay personas que todavía siguen en las mismas, como Diódoro Guerra y Ernesto Zedillo.

Guerra, agregó que es necesaria "la revisión a fondo de lo que sucede", porque en su opinión "muestra el estado de indefensión en el que se encuentran las instituciones de educación superior ante embates de grupos que, con intereses oscuros, políticos y de otra naturaleza, pueden afectar la vida académica y dañarla de manera muy seria en perjuicio de todo los que sí quieren estudiar".

¡¡¡Vientos Diódoro!!!, seguramente te estás refiriendo a los grupos de porros pagados por el PRI y que están al servicio de personas como tú y Barnés, al fin y al cabo lo mismo, y que efectivamente afectan la vida académica porque los que sí quieren estudiar viven aterrorizados por dichos grupos, impidiéndoles la libertad de expresión, asociación y tránsito, quedando indefensos ante sus tropelías.

Integrantes del Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico (CLEP), que agrupa a más de 15 escuelas, se deslindaron públicamente de las amenazas de paro total en este centro de estudios formuladas por dirigentes de la Federación de Estudiantes Politécnico (FEP) identificados como porros, quienes encabezaron el secuestro de camiones en LA Ciudadela el último fin de semana de agosto.

En conferencia de prensa, hicieron énfasis en que la comunidad politécnica por la parte estudiantil respalda incondicionalmente los acuerdos a los que llegue el Consejo General de Huelga universitario, y que en el caso de que sus miembros fueran sujetos de represión, las asambleas que se realicen en cada escuela del Politécnico decidirán las formas de apoyo y solidaridad con los paristas de la UNAM.

"Vamos a defender la huelga de la universidad – puntualizaron – porque en ella se incorporan principios básicos que atañen al Politécnico, en cuanto a la gratuidad de la educación y la transformación de las instituciones públicas de educación superior y sus formas de gobierno. Por ello convocamos a un debate público y abierto para la transformación del IPN".

En referencia al secuestro de camiones y microbuses de pasado 25 de agosto, que estuvo encabezado por Sergio Vázquez, de la FEP, aclararon que esa agrupación afiliada a las juventudes priístas lleva bajo amenaza principalmente a alumnos de vocacionales, e incluso ahora cobran a los estudiantes que no tuvieron acceso al IPN con la promesa de un servicio que no podrá realizarse.

En ese sentido apuntaron: "No hay suficiente peso moral en la FEP para que planteen un posible estallamiento de paro en la comunidad politécnica".

Una medida de este tipo, aclararon, "será decisión de la comunidad politécnica; no son ellos un grupo para estallar un movimiento de este tipo, pero sí tienen la fuerza del respaldo institucional que les permite hostigar y maltratar sobre todo a estudiantes de algunas vocacionales".

Los integrantes del Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico denunciaron que no solamente los porros tienen carta de impunidad en el IPN, sino también un grupo al que se conoce como "Seguridad Politécnica", dedicado a intimidar a estudiantes y profesores.

A este respecto detallaron una secuencia de actos de agravio e intimidación a golpes contra integrantes del CLEP – por repartir volantes, pasar a los salones a informar o cuando pegan sus comunicados – en los que han participado porros, en algunos casos, y personal de "Seguridad Politécnica" en otros, como en el perpetrado frente a la Biblioteca de Ciencia y Tecnología Víctor Bravo Ahúja, el pasado 12 de agosto, en presencia del director general del IPN, Diódoro Guerra, de directores de escuelas y de algunos representantes de medios de comunicación.

Gracias por darme la razón de lo que dije en el anterior artículo, pero de verdad, compañeros, es hora de poner sobre la mesa toda la podredumbre de las autoridades.

Integrantes de por lo menos 25 organizaciones populares sindicales se sumaron desde temprana hora del miércoles 1º de septiembre, a los grupos estudiantiles que resguardan los accesos a la Ciudad Universitaria, sin que se registrara incidente alguno. Menos tensa que en la noche del martes, la atmósfera de expectación y especulaciones se mantuvo todo el día.

Estudiantes que participaron en la detención de dos "sospechosos" que fueron expulsados del campus universitario el pasado 30 de agosto, entregaron los planos de instalaciones universitarias que les fueron "decomisados".

Se tata de croquis similares a los planos arquitectónicos, en los que se identifica con claridad cada uno de los sitios que conforman los inmuebles respectivos, particularmente los puntos de acceso.

Incluso uno de ellos, el de la dirección general de la Escuela Nacional Preparatoria, tiene una acotación sobre la existencia de una barda de tres metros, a la que se puede acceder "sin mayor problema".

Por momentos los papeles se invertían, y en no pocas ocasiones los grupos estudiantiles preguntaban a los reporteros: "¡Creen que intervenga la Policía Federal Preventiva?".

Alrededor de las 16 horas, las organizaciones sociales en defensa de la UNAM dieron a conocer un comunicado de prensa en el que manifestaron su "firme rechazo al trato que el gobierno ha dado al movimiento huelguístico"; lo responsabilizaron "del origen y alargamiento de la huelga e hicieron patente su repudio a los "ultimátum, amenazas, agresiones, provocaciones y la permanente campaña de difamación a que ha recurrido, con la intención de forzar la rendición de los estudiantes".

En una reunión entre el rector Francisco Barnés de castro y el Colegio de Directores se planteó una serie de propuestas para la conclusión de la huelga; entre ellas, fijar un límite de tiempo a los a los paristas para la devolución de las instalaciones, así como "provocar un rompimiento" entre los huelguistas mediante la publicación de un listado en el que aparezcan nombres de los activistas que participaron en las clases extramuros y se reinscribieron.

Durante una reunión que se prologó por más de seis horas, algunos de los directores también expresaron al rector Barnés que la propuesta de los ocho profesores eméritos ha logrado un gran consenso entre la comunidad universitaria, por lo que, de alguna manera, existe el mandato moral para que el Consejo Universitario (CU) apoye la iniciativa.

Otros de los directivos de la máxima casa de estudios plantearon fijar plazos para que los estudiantes en paro devuelvan las instalaciones. No obstante, trascendió que ninguno de los planteamientos formó parte de algún acuerdo.

Otra de las propuestas fue la de "provocar un rompimiento" entre los estudiantes paristas, haciendo pública una lista en la que aparezcan los huelguistas que participaron en clases extramuros y realizaron sus inscripciones.

Fuentes universitarias indicaron que el mencionado listado, en el que , inclusive, aparecen los nombres de algunos estudiantes de la ultra, no se quiere dar a conocer a la opinión pública, por ser información interna de la máxima casa de estudios.

Por otra parte, se propuso que entre en funcionamiento el Tribunal Universitario, para dar trámite a las demandas contra los activistas que han cometido ilícitos al interior del campus.

También, algunos directores plantearon fortalecer la autoridad del Consejo Universitario, con el propósito de que no exista duda en que es el órgano supremo de la UNAM, por lo que no se pueden aprobar iniciativas por encima de éste.