Los cárteles mexicanos se abren camino en el narcotráfico
mundial
Agosto 97
A lo largo de la década de los ochenta y los noventa, los traficantes
colombianos controlaban la entrada de drogas ilegales en Estados Unidos.
Sin embargo, durante los últimos años, las bandas de narcos
mexicanas se han hecho con este negocio y ahora son responsables de un
75% de la cocaína que se introduce en el país. Más
de la mitad de la marihuana y cantidades crecientes de heroína y
metanfetamina, conocida en inglés como speed o meth, también
proviene de los cárteles mexicanos.
Los líderes de estos sindicatos son narcotraficantes tan ricos
como para poder comprar protección del gobierno mexicano y tan violentos
como para intimidar o matar a cualquiera que se interponga en su camino.
Su influencia está muy implantada en Estados Unidos, donde tienen
redes de distribución y comercialización, además de
violentas bandas urbanas. En una declaración ante el Congreso de
Estados Unidos en febrero de 1997, Thomas Constantine, director de la DEA
(Drug Enforcement Administration), calificó los sindicatos de la
droga mexicanos como "la principal amenaza que existe hoy contra el
sistema legal estadounidense".
El gobierno mexicano comparte esta preocupación. El presidente
Ernesto Zedillo Ponce de León ha declarado que el narcotráfico
es "el primer problema de seguridad nacional" de su país.
El crimen y la corrupción asociados con el tráfico de drogas
han perjudicado seriamente las instituciones políticas, legales
y judiciales. Desde 1993, los narcos han estado relacionados con más
de veinte crímenes importantes, entre los que se incluyen los asesinatos
en 1994 del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta y en 1993
del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, involucrado en la lucha
antidroga. El consumo de estupefacientes, antes poco frecuente en México,
está aumentando al tiempo que hay cada vez más personas expuestas
al narcotráfico.
Finalmente, el surgir de México como el primer proveedor ilegal
de drogas a Estados Unidos ha complicado las relaciones entre ambos países,
obstaculizando el intento de asentar un control conjunto y dañando
los lazos diplomáticos. Como consecuencia, la intervención
de México en el narcotráfico continuará siendo un
punto álgido en los esfuerzos para consolidar y aumentar los lazos
comerciales y culturales entre los dos países.
El crecimiento del narcotráfico mexicano Hace cuarenta años,
el tráfico de drogas en México estaba relegado en gran parte
a la zona occidental de Sierra Madre, donde los granjeros pobres habían
cultivado siempre marihuana y opio, con el contrabando establecido como
una actividad familiar. El primer aumento del tráfico de drogas
mexicano coincidió con el estallido de popularidad de la marihuana
en Estados Unidos en la década de los sesenta.
Una gran parte de los pioneros del tráfico de drogas mexicano
comenzaron en la década de los setenta, al surgir las organizaciones
para comercializar marihuana. Amado Carrillo Fuentes, que después
se convertiría en el máximo traficante de drogas mexicano,
empezó pesando y contando bolsas de marihuana para su tío,
fundador de uno de los primeros cárteles creados en los alrededores
de la ciudad mexicana de Guadalajara. De igual modo, Juan García
Ábrego, el primer traficante de drogas incluido en la lista de "Los
Diez Más Buscados" del FBI (Federal Bureau of Investigation),
formaba parte de una familia de contrabandistas del Golfo de México.
Su tío se dedicaba a enviar whisky a la otra orilla del río
Grande, que forma una parte de la frontera mexicana en Texas. Al llegar
la década de los ochenta, los traficantes mexicanos de marihuana
ya obtenían beneficios de millones de dólares al año.
Sin embargo, aún no participaban en la parte más lucrativa
del sector.
La cocaína, extraída de las hojas de la planta de la
coca, es una de las drogas ilegales más rentables. La coca se cultiva
fundamentalmente en tres países latinoamericanos: Perú, Bolivia
y Colombia. La materia prima de la que se obtiene, denominada base de cocaína,
se refina para producir la droga en laboratorios clandestinos situados
en la selva, la mayoría de ellos en Colombia. Desde allí,
el producto final se empaqueta y se envía de contrabando a Estados
Unidos.
Durante muchos años los colombianos han dominado el comercio
de cocaína, especialmente las organizaciones criminales situadas
en Medellín y Cali. Estos grupos, conocidos con el nombre de cárteles,
consisten en grupos de traficantes individuales han unido sus recursos
para reducir sus riesgos y aumentar sus ingresos. En la década de
los ochenta, el cártel de Medellín controlaba el tráfico
de cocaína, pero la violencia de sus tácticas llevó
a confrontaciones con el gobierno colombiano. La mayor parte de los líderes
del cártel fueron detenidos o asesinados y la influencia del grupo
decreció. Al llegar la década de los noventa, el cártel
de Cali, cuyos componentes funcionaban más a base de sobornos que
de verdadera violencia, logró eclipsar al cártel de Medellín,
hasta entonces la mayor organización colombiana dedicada al tráfico
de drogas.
A mediados y finales de la década de los setenta y principios
de los ochenta, los cárteles colombianos enviaban sus cargamentos
directamente a Florida y otros destinos en Estados Unidos. La situación
cambió a mediados de la década de los ochenta, cuando las
autoridades de Estados Unidos empezaron a incrementar su lucha contra el
narcotráfico en el Caribe. Los colombianos comenzaron rápidamente
a buscar otras rutas de entrada en el mercado estadounidense. Los traficantes
mexicanos, dada su experiencia en el comercio de drogas y en cruzar la
frontera, se convirtieron en socios naturales de los colombianos.
El cártel de Cali fue el primero en desarrollar un contacto
con los mexicanos. Transportaban la cocaína por barco o avión
al centro o al sur de México, donde los traficantes pasaban el producto
al otro lado de la frontera por un precio medio de unos 1.000 dólares
el kilo. Los métodos variaban. Unas veces se atravesaba la frontera
a pie; otras, la mercancía viajaba en compartimentos ocultos en
camiones y otros vehículos. En Estados Unidos, la cocaína
era recibida por colombianos que se encargaban de su distribución.
Al delegar el contrabando -la parte más arriesgada del tráfico
de cocaína- en otras personas, los traficantes de Cali podían
volcar su atención en otros aspectos de su negocio.
Carrillo Fuentes fue uno de los mexicanos que ocupó un lugar
importante en el cártel de Cali. Su especialidad era la organización
del transporte aéreo. Al desmembrarse el cártel de Guadalajara
a finales de la década de los ochenta, Carrillo trasladó
su infraestructura a los alrededores de Ciudad Juárez, al norte
de México. Al contar con la experiencia de Carrillo Fuentes, los
traficantes de Cali y sus socios mexicanos empezaron a transportar toneladas
de cocaína desde Colombia directamente a la zona fronteriza del
norte de México.
Al tiempo que los colombianos se hacían cada vez más
dependientes de sus socios mexicanos, éstos últimos procuraron
afianzar su papel. García Ábrego, que ya era el jefe de su
propio cártel situado en el golfo de México, hizo a los colombianos
una oferta especialmente osada. De acuerdo con datos obtenidos por las
agencias de investigación gubernamental estadounidense y mexicana,
garantizó una entrega de cocaína en cualquier lugar de Estados
Unidos a cambio de un cincuenta por ciento de los beneficios. Al obtener
sus pagos en mercancía en vez de dinero, García Ábrego
se posicionó como uno de los grandes traficantes de cocaína
de todos los tiempos. Los colombianos aceptaron sus condiciones, y al poco
tiempo, todas las grandes organizaciones narco mexicanas empezaron a pedir
como pago una parte de la mercancía. El acuerdo favorecía
a ambas partes, y los beneficios de los narcotraficantes mexicanos ascendieron
vertiginosamente.
Un factor decisivo en el desarrollo del comercio de cocaína
mexicano fue el duro golpe sufrido por el cártel de Cali en 1995
y 1996. La policía asesinó o detuvo a los máximos
dirigentes, lo que los mexicanos aprovecharon para hacerse con el control
del narcotráfico. Empezaron a comprar la mercancía directamente
a los proveedores en Latinoamérica, sin tener en cuenta en absoluto
a los cárteles colombianos.
El traficante con actitud más empresarial fue el mexicano Carrillo
Fuentes. Según datos obtenidos por el gobierno estadounidense, Carrillo
Fuentes adquirió un avión y empezó a enviar enormes
cargamentos de cocaína desde Latinoamérica a bases situadas
en México, método por el que se le bautizó "El
señor de los cielos". En el año 1996, se había
convertido en el traficante más poderoso de México.
En solo unos años, los traficantes mexicanos evolucionaron desde
simples "correos" hasta jefes de cárteles y redes de distribución.
A mediados de la década de los noventa se crearon varias organizaciones
mexicanas, cada una con su propio área de responsabilidad. Los hermanos
Arellano Félix -Ramón, Benjamín y Javier- controlaban
el área en torno a Tijuana, ciudad situada en la parte noroccidental
de México. Los alrededores de Guadalajara y el estado mexicano de
Sonora pertenecían a los hermanos Quintero, Rafael y Miguel. Carrillo
Fuentes y los suyos dominaban la zona de Ciudad Juárez, mientras
García Ábrego era el rey de la costa del Golfo.
Una vez establecidos, los cárteles mexicanos se diversificaron.
En la década de los noventa empezaron a dedicarse a la metanfetamina,
un estimulante sintético ilegal. El primer paso consistía
en introducir efedrina (principal componente de la metanfetamina) en Estados
Unidos y montar laboratorios simples donde manufacturaban metanfetamina
en polvo, que puede fumarse, esnifarse, inyectarse o tragarse.
"Narco-dinero", "narco-tráfico", "narco-poder"
En enero de 1996, las autoridades mexicanas arrestaron a García
Ábrego y le extraditaron a Estados Unidos, donde se le juzgó
y condenó a once cadenas perpetuas por sus actividades relacionadas
con el tráfico de drogas. Sin embargo, este tipo de detenciones
han sido la excepción, no la norma. García Ábrego
fue detenido después de quedar marginado y sin aliados en el mundo
del narcotráfico. En general, los traficantes importantes mexicanos
siempre habían logrado llevar a cabo sus operaciones sin encontrar
obstáculos por parte del gobierno de su país.
La persecución de los grandes jefes narcos ha supuesto una tarea
difícil para el sistema legal y judicial mexicano, insuficientemente
desarrollado. El sistema policial y los tribunales nunca han sido independientes,
ni del todo profesionales. El funcionariado, sobre todo el cuerpo policial
y el judicial, llevan años utilizando los sobornos. Por otra parte,
los políticos y amigos daban por hecho que debían hacerse
"favores" unos a otros. Curiosamente, a pesar de que la corrupción
era flagrante, normalmente estaba relacionada con transacciones de poca
monta.
Esta situación varió conforme el tráfico de drogas
se iba transformando en un inmenso negocio de miles de millones de dólares.
Los traficantes menores se convirtieron en jefes de cártel mientras
los hombres de negocios con conexiones políticas y protección
gubernamental empezaron a participar en el narcotráfico. Cuanto
mayor y más lucrativo se hacía el negocio, más afectaba
a los círculos de poder mexicanos. Tanto el propio gobierno mexicano
como el estadounidense dieron la voz de alarma sobre la posibilidad de
que la corrupción relacionada con el fortalecimiento de los cárteles
mexicanos pudiera destruir el sistema político.
La corrupción relacionada con las drogas alcanzó cotas
insospechadas durante el mandato presidencial de Carlos Salinas de Gortari.
Según el gobierno estadounidense y las agencias de investigación
mexicanas, los jefes de cártel pagaban decenas de millones de dólares
a miembros de alto nivel del gobierno de Salinas. Una gran parte del dinero
se canalizaba a través de Raúl Salinas de Gortari, el hermano
mayor del presidente, y Mario Ruiz Massieu, fiscal general del Estado designado
por el propio Salinas como jefe de la lucha contra el narcotráfico.
Ambos fueron detenidos en marzo de 1995.
La corrupción ha tenido consecuencias serias, incluso mortales.
En marzo de 1994, justo dos meses después de lanzar una campaña
centrada en la desintegración de los cárteles, el candidato
presidencial Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado durante un mitin electoral
en Tijuana. El asesinato no se ha resuelto. En septiembre de 1994, José
Francisco Ruiz Massieu, hermano de Mario Ruiz Massieu y secretario general
del PRI (Partido Revolucionario Institucional), fue asesinado en Ciudad
de México. Su hermano Mario, encargado de investigar el caso, fue
relevado después de saberse que había ocultado información
que relacionaba a Raúl Salinas, entre otros, con el tráfico
de drogas.
Al tiempo, la lucha contra el narcotráfico estaba seriamente
comprometida. En agosto de 1996, el fiscal general de Zedillo declaró
que hasta un 80% del cuerpo policial del país no era de fiar. El
porcentaje se consideraba aún más elevado en las zonas fronterizas.
Al testificar ante el Congreso de los Estados Unidos en 1997, Constantine,
director de la DEA (Drug Enforcement Administration), afirmó que
casi un 90% de los policías, fiscales y jueces de Tijuana y del
estado de Baja California estaban en la nómina del narcotráfico.
"En resumen", declaró Constantine, "no existe ni
una sola institución legal en México con la que la DEA tenga
una relación de confianza total".
En 1996, el gobierno de Zedillo delegó la responsabilidad de
las operaciones antidroga al ejército, con la idea de que el estamento
militar era menos corrupto que la policía. El máximo responsable
en la lucha contra el narcotráfico, director del INCD (Instituto
Nacional para el Combate a las Drogas), pidió ayuda al general Jesús
Gutiérrez Rebollo, ex alto mando del ejército que había
llevado a cabo varios asaltos contra traficantes en la zona de Guadalajara.
Pero a los dos meses de su reclutamiento, las autoridades mexicanas concluyeron
que el general también estaba en la nómina de Carrillo Fuentes.
El gobierno declararía posteriormente que varios de los asaltos
más impresionantes llevados a cabo por Gutiérrez Rebollo
habían sido orquestados por el propio Carrillo Fuentes para debilitar
a sus rivales. Gutiérrez fue detenido en febrero de 1997.
Esta detención acercó a la policía al entorno
de Carrillo Fuentes, que en julio de 1997 ingresó en un hospital
de Ciudad de México para someterse a una cirugía plástica
con la idea de eludir a la policía al transformar su aspecto. Durante
el postoperatorio, sufrió un ataque cardiaco y murió.
La muerte de Carrillo Fuentes produjo poca satisfacción a los
fiscales antidroga. Su imperio había realizado sus operaciones con
una impunidad considerable, y la infraestructura estaba en pleno crecimiento.
Los miembros de la DEA predijeron que el flujo del narcotráfico
desde México hacia Estados Unidos continuaría ininterrumpido.
La lucha antidroga estadounidense contra el narcotráfico mexicano
El uso y el abuso de drogas están entre los problemas sociales más
acuciantes a los que se enfrenta el gobierno estadounidense. Según
los resultados preliminares emitidos en un informe oficial llevado a cabo
por la SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration),
en 1996 había 13 millones de usuarios ilegales de drogas en Estados
Unidos. Aproximadamente unos 10,1 millones eran consumidores de marihuana
o hachís y 2,6 millones consumían cocaína. El resto
ingerían heroína, alucinógenos y otras drogas, tales
como la metanfetamina.
El consumo de drogas está relacionado con un gran número
de problemas sociales. Influye en las cifras de personas sin hogar, en
las tasas de abandono escolar y en otros problemas sociales, además
de ser una de las conexiones más evidentes entre el narcotráfico
y el crimen. Según la DEA, aproximadamente un tercio de los actos
violentos y la mitad de los asesinatos cometidos en Estados Unidos están
relacionados con las drogas.
A principios de la década de los noventa, la prioridad fundamental
de Estados Unidos en relación con México fue asegurar la
consolidación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América
del Norte), que creaba un área de libre comercio entre Canadá,
México y Estados Unidos a partir de su entrada en vigor en 1994.
El gobierno estadounidense ha reconocido desde entonces que la lucha conjunta
antidroga había recibido menos atención durante este periodo.
En 1993, el gobierno de Salinas exigió el control total sobre el
programa antidroga para México y rechazó la asistencia de
Estados Unidos. El gobierno de Clinton, ansioso por asegurar la aprobación
mexicana del TLCAN, aceptó la "mexicanización"
del problema antidroga.
Como resultado, las detenciones relacionadas con el narcotráfico
disminuyeron casi en un 65% durante los siguientes tres años, la
incautación de partidas de cocaína disminuyó a la
mitad y el flujo de drogas ilegales por la frontera entre Estados Unidos
y México aumentó drásticamente. Es posible que una
parte de este aumento fuera un efecto lateral del TLCAN, que facilitó
el contrabando al incrementar el tráfico fronterizo.
Tras la entrada en vigor del TLCAN, la embajada de Estados Unidos en
Ciudad de México convirtió la lucha antidroga en una prioridad
fundamental. El gobierno de Zedillo, que entró en el poder en diciembre
de 1994, también ha dedicado un esfuerzo mayor al combate contra
el narcotráfico y el gobierno estadounidense tiene esperanzas de
que se continúe en esta actitud. Estados Unidos y México
han establecido lo que se ha denominado "Grupo de Contacto de Alto
Nivel" que reúne periódicamente a las autoridades de
ambos países para planificar actividades antidroga conjuntas. Ambos
países también han establecido una serie de fuerzas bilaterales
conjuntas con el objetivo de fortalecer el control en la zona fronteriza.
Asimismo se han creado programas de entrenamiento para policías
mexicanos y esfuerzos de cooperación para mejorar la vigilancia
por radar de la frontera meridional mexicana.
A pesar de estos esfuerzos, sin embargo, en 1997 el gobierno estadounidense
se ha planteado la posibilidad de abandonar a México como aliado
en la lucha contra el narcotráfico. Un proceso anual permite al
presidente de los Estados Unidos imponer sanciones comerciales a los países
que no cooperen plenamente en las actividades antidroga. Debido a la importancia
de México como socio comercial, el presidente Bill Clinton finalmente
descartó la medida, pero el Congreso votó en contra de la
decisión del presidente en marzo de 1997. La medida sería
posteriormente rechazada de nuevo en el Senado, pero no antes de haber
logrado enfurecer a los líderes mexicanos, que lo consideraron insultante.
Desde el punto de vista mexicano, los culpables de la existencia del
narcotráfico son los consumidores estadounidenses. Como declaró
el gobierno mexicano en un informe de mayo de 1997, "El tráfico
de drogas en México está enfocado principalmente a satisfacer
la demanda en los Estados Unidos".
En una cumbre con Clinton en mayo de 1997, Zedillo confirmó
su compromiso con los tratados antidroga bilaterales, pero futuros esfuerzos
conjuntos podrían verse complicados a tenor de los resultados obtenidos
en las elecciones mexicanas del 6 de julio.
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