Al contrario de lo que nos hacen creer los medios de comunicación, la sacrosanta justicia no es igual para todos: todavía, 25 años después de la muerte de Franco, las continuas acciones violentas de grupos de extrema derecha son minimizadas y castigadas con penas ridículas, mientras que los grupos antifascistas son tratados como el verdadero enemigo, perseguidos y criminalizados incluso por acciones no violentas o legales.

Todos recordamos la represión en la Sevilla de la Expo ‘92. En esa ocasión la policía disparó con fuego real para disolver una manifestación pacífica de cincuenta jóvenes, hiriendo a tres personas. Una de ellas, una joven que salía de misa. En el juicio, los jóvenes fueron condenados a multas elevadas y algunos a penas de cárcel, mientras que los policías responsables de los disparos fueron absueltos.

En cambio, cuatro nazis que golpearon a un magrebí en Balaguer, fueron puestos en libertad dos días después sin ni siquiera declarar ante el juzgado de guardia; dos semanas después, otro magrebí fue atacado en la misma ciudad: el nazi que detuvieron estaba en la calle sin cargos al día siguiente. En Sevilla, todas las agresiones denunciadas han terminado sin condena o cargos de importancia para los ultraderechistas.

Sin embargo, en la manifestación anti-fascista del barrio de Sants en Barcelona (12-Oct-99), la policía envió provocadores para criminalizar esta acción, relacionando a los organizadores con Jarrai para endurecer los cargos y las posibles condenas.

En Tenerife, el joven gitano Francisco Romero fue condenado a ocho años por robar 10.000 ptas. Recientemente en la comarca de El Ejido, la consigna de no intervención que partía del Ministerio del Interior animó a los vecinos más exaltados y provocó tres días de asedio continuado a los inmigrantes con heridos y destrozos materiales. Sin embargo, ningún responsable de Interior o policial ha sido citado a declarar. 

En los casos de auto-defensa contra agresiones nazis, hemos podido comprobar cómo la justicia se ha mostrado mucho más severa, dejando ver su parcialidad. No es casualidad que esto ocurra así: un informe de SOS Racismo advierte que un significativo número de los miembros de organizaciones de ultraderecha pertenecen a las fuerzas de seguridad del estado (policía, ejército, guardia civil...) o tienen relación familiar directa. 

No debemos olvidar que hay jueces, comisarios de policia , etc... que con la democracia no fueron purgados ni removidos de sus cargos. Pero sobre todo, no debemos pasar por alto que tanto policías como jueces forman parte del aparato del estado que defiende los intereses de la clase capitalista (grandes empresarios, banqueros, etc...). 

Todos sabemos que el dinero manda, y no nos engañemos: los grupos de ultraderecha, con toda su propaganda anti-democrática y anti-capitalista, no hacen más que seguirle el juego al sistema y atacar a aquellos que el sistema considera “indeseables”, “peligrosos” o “molestos”, como pueden ser inmigrantes –en momentos en los que no hace falta tanta mano de obra barata- y luchadores obreros o estudiantiles.

Lo que esta claro es que la justicia del patrón no nos sirve, sólo la organización y acción conjunta de la clase obrera y la juventud puede protegernos efectivamente contra las agresiones del fascismo y el capitalismo.